Cuando el presidente
J M Santos aquel fatídico 11 de noviembre del 2011, asesorado por el
advertido “advaisor“ Hector Riveros, tomó la decisión más difícil de su
vida (según su propia confesión, ver revista Semana N° 1.925, marzo.
2.019 y que reproduce parte de su reciente libro) de ordenar la muerte
del máximo Comandante de las Farc-EP Alfonso Cano, también sabía por los
informes de la inteligencia militar conjunta colombo-estadounidense,
que no solo se quitaba de encima el mayor obstáculo para llevar a feliz termino la negociación (sic) dada la solidez política, moral y mental del “antropólogo de la nacional”(sic) sino que además
conocía que por las estrictas reglas guerrilleras “quien” lo iría a
remplazar. Pero por sobre todo, tenía completa información sobre la
educación, la moral, el compromiso político ideológico y especialmente
el estado de salud del “reemplazante” de aquel a quien iba a ordenar
neutralizar. Y esa fue la apuesta sangrienta del frio “ludópata”, que
hoy tiene a Colombia ad portas de un nuevo ciclo de violencia política y
social, y, en la pendiente irreversible de la reactivación paulatina
del llamado conflicto colombiano.
¿Por qué?
Porque
el Comandante Cano, desde el complejo proceso de paz con el presidente
Betancur (1982-1986), siempre, ojo, siempre sostuvo firmemente la
opinión del “secretariado” de la organización de la cual formaba parte
junto con Jacobo Arenas y Marulanda Vélez, de concluir mediante una Constituyente, amplia, democrática y autónoma, cualquier proceso de paz con el régimen dominante, instalado como revolución pasiva de larga duración,
a partir del pacto anticomunista del bipartidismo de 1.957 firmado en
Sitges, por los dos capitostes del tadicional anticomunismo colombiano:
el religioso de Laureano Gómez y el tecnocrático estadounidense de la
guerra fría de Alberto Lleras que ya comenzaba a instalarse en el país.
Esta
firmeza por legitimar y legaliza adecuadamente mediante una
Constituyente un proceso constituyente de paz en Colombia, fue el
obstáculo insalvable que el “advaisor” Riveros, junto con Chucho
Bejarano y Humberto de la Calle (a quien Santos no menciona en sus
confesiones) encontraron en Caracas en el proceso de paz frustrado de
1.990 durante el gobierno de Cesar Gaviria. Y esta fue la “razón de
Estado” para ordenar quitar de en medio “el obstáculo”. Su punto de mira
estratégico.
¿Por qué?
Porque dentro del Bloque de
Poder dominante (cuya supraestructura hegemónica es la
Contrainsurgencia) es de amplio conocimiento que un proceso popular constituyente así
concebido; implica una serie de trasformaciones profundas en el Estado
(tanto en la Hegemonía como en la Coerción, al decir de Gramsci) es
decir, conlleva cambios en la correlación de fuerzas políticas y
sociales que se expresan o están representadas en la Constitución que
rige en ese momento.
Esta fue la famosa “linea roja” defendida inflexiblemente por el Todo institucional, con el argumento peregrino y leve de que “en una constituyente cualquier cosa pude pasar”,
y ante la cual el endeble “reemplazante de Cano”, inexplicablemente
cedió tan fácil, pasando autoritariamente por sobre las observaciones
que un sector crítico de la organización guerrillera hiciera
oportunamente al respecto y, aceptando sumisamente substituir la
Constituyente final como mecanismo de refrendación del Acuerdo de Paz,
por un referendo (al mejor estilo del plebiscito de Laureano y Lleras
Camargo en diciembre de 1957), el cual se sabía de antemano iría a ser
derrotado como en efecto sucedió aquel recordado y “enverracado” 02 de
octubre 2016.
Derrotado el plebiscito, perdón, “el referendo por
la paz de Colombia”, como se llamó, y perdida la legitimidad del Acuerdo
de Paz de la Habana, comenzó una enredada y agobiante carrera
“legalista” para darle cierta legalidad, que finalmente la Corte
Constitucional mediante la Sentencia C-630/17 agregó a la Constitución
vigente en Colombia, el acto legislativo 02 del 11 de mayo de 2017, con
lo cual se pretendió dar estabilidad y seguridad JURIDICA al Acuerdo de
la paz de la Habana.
Obtenida así una cierta “legalidad pero sin la legitimidad de las urnas ”,
se inició la manipulación política de esta contradicción por los
adversarios de la fracción oligárquica rival de la dirigida por JM
Santos, para “hacer trizas ese maldito papel que llaman Acuerdo de Paz”,
como lo sentenció el orate contrainsurgente Londoño Hoyos; a la par que
se le dio vía libre a la ofensiva militar contrainsurgente que a la
fecha lleva más de 500 lideres sociales fusilados y más de 130 ex
guerrilleros reinsertados “neutralizados”, con el fin de allanar o
limpiar el camino, mediante el Terror del Estado, el triunfo electoral
en las elecciones del próximo octubre. Confirmándose una vez más que en
Colombia las cosas son, no al revés, sino al contrario: La política es la guerra por otros medios, que invierte la famosa y tan citada sentencia del general prusiano von Clausewitz de la guerra como política por otros medios.
Nadie
con sentido común o mejor en sano juicio, puede estar en contra de un
Acuerdo de paz como el alcanzado con tantas dificultades en la Habana en
2016. Lo que la ciencia política y ese mismo sentido común están
indicando a las personas que hacen política racional en y para
Colombia; es que algunos textos adulterados de ese Acuerdo de paz del
2016, que como un chicle masticado se le ha pegado a la mesa de la
Constitución colombiana por mandato de de unos seres humanos
(parlamentarios unos, magistrados de la Corte Constitucional otros)
puede y debe ser corregido también por hombres de carne y hueso, antes
de llegar al borde de la pendiente que deslizará a Colombia
irremediablemente hacia un nuevo ciclo de violencia y conflicto interno
de duración impredecible.
Así las cosas, la coyuntura actual
necesariamente va a continuar dándole la razón a los viejos luchadores
de la resistencia popular, imponiendo la necesidad de legitimar ese Acuerdo de paz mediante una Constituyente amplia, democrática y popular que lo incorpore legítimamente a
la Constitución vigente, para que las nuevas fuerzas que están pujando,
desde abajo y desde hace tanto tiempo, por ser representadas en esa
Constitución tengan expresión legal. Y esa Constituyente debe
incluir a todas, ojo, a todas las fuerzas de la movilización social y
popular que con reivindicaciones políticas existentes actualmente en
Colombia, y, eso se llama Solución Política al conflicto interno de Colombia. Con el convencimiento claro, de que no hay solución militar posible y menos contrainsurgente para tal conflicto en Colombia.
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