La ONG Alianza por la
Solidaridad alerta de la gravísima situación humanitaria que se vive en
Haití debido a la crisis política y económica en la que se encuentra
sumido el país desde hace meses. Más de dos millones y medio de personas
necesitan ayuda para mejorar su alimentación, mientras la moneda local,
el gourda, está experimentando una inflación que impide el acceso a
productos básicos. Según los últimos datos de la FAO, el 49,3% de los
haitianos no reciben la nutrición suficiente.
La situación ha
empeorado desde que comenzaron las protestas el pasado mes de mayo,
cuando salió a la luz un informe que relaciona al actual presidente,
Jovenel Moise, con un caso de corrupción con fondos de la compañía
petrolífera venezolana Petrocaribe. Con el aumento de las movilizaciones
sociales de rechazo y la represión, se ha incrementado la violencia
callejera, hasta el punto de que muchos días resulta difícil salir de
casa para hacer compras imprescindibles, según fuentes de personal de
Alianza por la Solidaridad en el terreno.
Datos de Naciones
Unidas indican que más de medio millón de personas en el país requieren
ayuda humanitaria ‘urgente’, mientras la escalada de precios en
alimentos de primera necesidad empeoran la situación día a día. Entre
abril y junio, más de cinco millones de haitianos no han podido llevar
alimentos a su mesa, informa la Dirección General de Protección Civil
Europea y Operaciones de Ayuda Humanitaria (ECHO).
En este
contexto, también se complica el trabajo de las organizaciones
humanitarias que trabajan en Haití. La movilidad desde las ciudades a la
zona rural tiene que realizarse con medidas de seguridad extremas para
evitar asaltos, mientras que las cosechas sufren los efectos de sequías y
huracanes, cada vez más virulentos por efecto del cambio climático.
Pese a las dificultades, Alianza por la Solidaridad ha iniciado la
distribución de ayudas a pequeña escala, con un programa del Programa
Mundial de Alimentos (PAM), en toda la zona sudeste y noreste. Gracias a
este programa se está atendiendo a unas 2.000 familias, a las que se
distribuye arroz, aceite, judías y dinero en efectivo, fundamentalmente
para personas en más riesgo de desnutrición, como discapacitados o
mujeres embarazadas. Además, gracias a un convenio con la Agencia
Española de Cooperación al Desarrollo (AECID) también en el sudeste, se
ha puesto en marcha otro programa destinado a 725 familias vulnerables
en las que se reparte dinero por la realización de trabajos comunitarios
semillas, útiles agrícolas o formación.
Según el personal en el
terreno, la situación es una ‘bomba de relojería’ que puede estallar en
cualquier momento porque son recurrentes las huelgas de funcionarios
que no cobran, como docentes, policías o agentes de protección civil.
Además, las fuerzas de paz de Naciones Unidas, la misión de apoyo a la
justicia Minusjusth, acaba su estancia en Haití el próximo mes de
octubre, cuando tienen previsto abandonar el país. Tras 14 años de
presencia en el país, serán sustituidos por una oficina de apoyo a la
buena gobernanza llamada ‘BINUH’, con un alto representante al frente.
Su objetivo será ayudar en la convocatoria de elecciones, formación
policial en derechos humanos o reforzamiento de la justicia, entre otras
cuestiones.
Para Alianza por la Solidaridad, pese a que existen
otros focos de emergencia humanitaria, es fundamental seguir apoyando a
la población haitiana en la difícil situación que atraviesan. “La
comunidad internacional no puede olvidar a Haití. Son casi 11 millones
de personas en una situación crítica con riesgo de que aumente la
violencia y las ayudas no están llegando en niveles aceptables”, señalan
los representantes en el país.
En este sentido, cabe recordar
que el plan para brindar asistencia de emergencia a más de 1.3 millones
de personas vulnerables solo se financió al 16%, a fecha de comienzos de
julio de 2019, con 20,6 millones de dólares conseguidos de los 126
millones necesarios.
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