Prensa Latina
La noticia es de la
semana pasada (julio/2019): la Corte de Apelaciones de Roma, Italia,
condenó a cadena perpetua a 24 jerarcas militares y represores de
Bolivia, Chile, Uruguay y Perú, comprometidos directamente en la
“Operación Cóndor”. Entre los condenados están los chilenos Hernán
Jerónimo Ramírez, Rafael Ahumada Valderrama, Pedro Octavio Espinoza
Bravo, Daniel Aguirre Mora, Carlos Luco Astroza, Orlando Moreno Vásquez y
Manuel Abraham Vásquez Chauan; los bolivianos Luis García Meza y Luis
Arce Gómez.
A ellos se suman los peruanos Francisco Morales
Bermúdez, Pedro Richter Prada, Germán Ruiz y Martín Martínez Garay; y
los uruguayos Jorge Troccoli, Juan Carlos Blanco, Ricardo Eliseo Chávez,
Pedro Mato Narbondo, Juan Carlos Larcebeau, José Ricardo Arab, José
Horacio Gavazzo, Pedro Antonio Mato, Luis Alfredo Maurente, Ricardo José
Medina, Ernesto Avelino Ramas Pereira, José Sande Lima, Jorge Alberto
Silveira, Ernesto Soca y Gilverto Vázquez. Otros acusados, como los
fallecidos dictadores Jorge Videla y Emilio Massera, de Argentina, no
lograron tener una sentencia formal, por algunas trabas en el proceso.
Hoy se conoce sobre la “Operación Cóndor” por los documentos
desclasificados de la CIA y otras referencias, como los “archivos del
terror” descubiertos en Paraguay. A partir de 1973, cuando se derrocó al
presidente Salvador Allende (1970-1973), por las gestiones de Manuel
Contreras, Jefe de la Inteligencia chilena, se logró armar el Plan
Cóndor con la internacional dictatorial en el Cono Sur latinoamericano,
constituida por los gobernantesAugusto Pinochet (Chile), Hugo Bánzer
(Bolivia), Alfredo Stroessner (Paraguay) Joao Figueredo (Brasil), Jorge
Rafael Videla (Argentina) y el civil Juan María Bodaberry (Uruguay),
manejado por los militares. El propósito del plan fue perseguir y
desaparecer a los “marxistas”, “comunistas” y líderes “izquierdistas” en
todos los países.
¿Por qué los militares se involucraron en una
guerra sucia que apuntaló a los Estados terroristas levantados en la
década de 1970? La explicación tiene raíz histórica.
Tras la
Segunda Guerra Mundial (1939-1945), al desatarse la “guerra fría” y en
el marco del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR,
1947), las fuerzas armadas de los países latinoamericanos
progresivamente fueron entrenadas y preparadas por los EEUU para
“colaborar” y frenar cualquier avance “comunista” en la región, a través
de becas para oficiales, visitas técnicas y pasantías en distintas
bases o centros militares.
El más famoso fue el Instituto del
Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad, conocido también
como “Escuela de las Américas”, donde se graduaron más de 60.000
militares y policías latinoamericanos, algunos de los cuales han
recibido la condena italiana.
La Revolución Cubana de 1959
aceleró la preparación de las fuerzas armadas latinoamericanas para el
enfrentamiento y liquidación de las “guerrillas”, que en la década de
1960 surgieron en varios países, sobre la base de intentar reproducir el
camino cubano. El “comunismo” pasó a ser el enemigo a derrotar en todo
el continente y se volvieron “sospechosos” una amplia gama de sectores:
militantes de los partidos de izquierda, intelectuales marxistas,
académicos críticos, profesionales reformistas, sindicalistas, líderes
campesinos e indígenas, dirigentes populares, estudiantes, activistas y
ciudadanos con alguna conciencia social.
Es increíble la
cantidad de recursos empleados durante años para las labores de
“inteligencia” a cargo de militares y policías, movilizados por los
hilos ocultos de la CIA, el Pentágono y las estrategias imperialistas.
También se generalizó en América Latina la “Doctrina de la Seguridad
Nacional”, originada en institutos militares del Brasil. De acuerdo con
ella, además de los posibles enemigos externos, había en los países,
ante todo, “enemigos internos” a quienes era necesario liquidar. Y
resultó que casi los únicos enemigos de semejante importancia eran los
“comunistas” e “izquierdistas” de todo tipo.
Dictaduras guiadas
por militares anticomunistas educados en la ideología de la seguridad
americanista, hicieron de las suyas: la Operación Cóndor dejó un saldo
conocido de 50.000 muertos, 30.000 desaparecidos, y unos 400.000 presos.
Se trató de crímenes de lesa humanidad y verdaderos genocidios por odio
político. Los gobernantes militares que implantaron el terrorismo de
Estado, creían realizar una labor protectora, de seguridad y salvadora
de lo que ellos consideraban la “libertad” y la “democracia” que,
paradójicamente, quedaban destruidas.
Pero hay otro elemento
adicional a considerar: las dictaduras terroristas del Cono Sur contaron
con el respaldo de las burguesías nacionales que, como en el caso de
Chile, evidenciaron igualmente su conciencia genocida. La dictadura
pinochetista operó, en esencia, a su favor, exterminando “comunistas” y
edificando un país capitalista y neoliberal, que se convirtió en ejemplo
“exitoso” de modernización económica y en ideal para las burguesías de
otros países latinoamericanos.
Contrariando lo que ocurría en el
Cono Sur, en Ecuador la dictadura del general Guillermo Rodríguez Lara
(1972-1976) no fue, propiamente, “anticomunista”, como lo había sido la
Junta Militar (1963-1966) una década atrás. Ejecutó un proyecto
reformista, desarrollista y hasta “populista”, que pretendió seguir el
ejemplo del gobierno “socialista” deJuan Velasco Alvarado en Perú
(1968-1975).
El Consejo Supremo de Gobierno (1976-1979) que le
sucedió, quiso inscribirse bajo el “ejemplo” pinochetista chileno, algo
que felizmente para los ecuatorianos no se logró, aunque el “Plan
Cóndor” sí llegó al país. La muerte del presidente Jaime Roldós
(1979-1981) en un accidente de aviación que nunca quedó bien
esclarecido, ha convencido a investigadores como el intelectual Jaime
Galarza Zabala, que se trató de un asesinato orquestado en el marco del
Plan Cóndor.
Pero hay otro régimen que tiene su propio lugar
histórico en el anticomunismo de la misma época: se trata del gobierno
del empresario y millonario guayaquileño León Febres Cordero
(1984-1988), quien fuera auspiciado por el Partido Social Cristiano y
las derechas políticas de entonces. Durante ese mandato se impuso, con
arbitrariedad, autoritarismo y represión, el modelo empresarial
inspirado en el neoliberalismo, que sirvió de base a los sucesivos
gobiernos ecuatorianos hasta 2006. A pretexto de combatir al movimiento
armado “Alfaro vive, carajo” (AVC), la persecución a todo izquierdismo
formó parte de las políticas de Estado.
Dos décadas más tarde,
en enero de 2008, el presidente Rafael Correa (2007-2017), mediante
decreto, conformó la “Comisión de la Verdad” para investigar las
violaciones a los derechos humanos por parte del régimen
febrescorderista. Estuvo integrada por cuatro miembros: el sacerdote
Luis Alberto Luna Tobar, la defensora de derechos humanos Elsie Monge,
el padre de dos jóvenes asesinados en aquella época, Pedro Restrepo, y
como presidente de la misma, un reconocido jurisconsulto, Julio César
Trujillo, quien hasta hace poco presidió el Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social transitorio (CPCCS-T), que impuso los cambios
institucionales del Ecuador actual, cumpliendo las consignas de la
“descorreización” del país.
Trujillo, quien falleció en mayo
del presente año, ha pasado a ser considerado por los círculos políticos
e intelectuales del anticorreísmo, como un ejemplo de virtudes, un
respaldo moral de la nación y un hombre digno de los altares por su
ética política. Así lo han dicho y sobre él han escrito múltiples
editorialistas que recuerdan su figura y su papel en la CPCCS-T. Con
esos antecedentes nadie dudará del Informe que elevó en 2010 como
miembro y presidente de la Comisión de la Verdad.
Dicho Informe
consta de cinco tomos. Examinó violaciones a los derechos humanos
producidas en un amplio período ubicado entre 1984 y 2008, que incluyen
privación ilegal de la libertad personal, tortura, desapariciones
forzadas, atentados contra el derecho a la vida, ejecuciones
extrajudiciales, violencia sexual, discriminación, arbitrariedades en la
lucha contra el “terrorismo”. Concluyó que el 68% de las víctimas de
semejantes violaciones se produjo en apenas cuatro años, entre
1984-1988; y señaló, en forma contundente y clara: “la Comisión de la
Verdad confirmó que se cometieron delitos de Lesa Humanidad durante el
gobierno de León Febres Cordero”.
Como puede comprenderse, en la
historia contemporánea de América Latina han sido las izquierdas las
que han sufrido el peso central de la persecución y las violaciones a
los derechos humanos. Siempre representan un “peligro” para el
capitalismo como sistema y para las fuerzas económicas y políticas que
son sus beneficiarias. A pesar de ello, los procesos históricos de la
actualidad también tienen sus momentos de reacción frente a los
atentados contra los seres humanos. De modo que las sentencias en Italia
o la verdad otrora descubierta en Ecuador, representan la recuperación
del sentido de la dignidad personal y social, pero, sobre todo, del
valor supremo de la vida.
Artículo original en Firmas Selectas de Prensa Latina: https://bit.ly/2M3636z
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