Editorial La Jornada
Puerto Rico vivió ayer su
undécima jornada de protestas multitudinarias en exigencia de que el
gobernador Ricardo Rosselló presente su dimisión. La furia social contra
el político estalló después de que el sábado 13 de julio el Centro de
Periodismo Investigativo (CPI) de la isla divulgara casi 900 páginas de
un chat grupal en el que el mandatario y 12 hombres cercanos a él se
expresan en términos homófobos y sexistas, calumnian a otros miembros
del gobierno, así como a políticos y periodistas, además de mostrar una
absoluta insensibilidad hacia las víctimas mortales del huracán María, que devastó la isla en septiembre de 2017.
Antes del escándalo por sus conversaciones privadas, Rosselló ya
enfrentaba un creciente descontento ciudadano, debido al manejo que hizo
de la crisis económica que heredó –y lo obligó a declarar la bancarrota
del estado a menos de seis meses de haber asumido el gobierno–; a su
pobre respuesta ante la todavía no superada destrucción que dejó el
meteoro hace casi dos años, y a diversos casos de corrupción, el más
notorio de los cuales es el presunto desvío de 15 millones de dólares
destinados por el gobierno federal a paliar la situación tras el paso de
María.
Ejemplo de los problemas que ya enfrentaba el gobernador es que días antes del denominado chatgate varios ex integrantes de su gabinete fueron arrestados por acusaciones de corrupción.
Las expresiones vertidas por Rosselló, así hayan tenido lugar en una
conversación privada, vuelven insostenible su permanencia en La
Fortaleza.
Sin importar las excusas que el académico argumente, resulta obvio
que ha perdido todo rastro de legitimidad para mantenerse al frente de
la isla, por lo que debe poner su cargo a disposición, a fin de
restaurar la normalidad y evitar que las protestas sigan su escalada
hasta un punto en el que haya incidentes de los que arrepentirse. Es
lamentable que la crisis política de Puerto Rico se vea contaminada por
un factor indeseable: la condición de Estado libre asociado –es decir,
de colonia con eufemismos– en que la nación caribeña se encuentra desde
1898.
De esta manera, la resolución de un trance, que no debería involucrar
sino a los ciudadanos puertorriqueños, queda atravesada por las
decisiones tomadas en Washington y por las luchas de poder que ahí
tienen lugar.
En la actual coyuntura, el yugo colonial deja a Puerto Rico atrapado
entre un liderazgo local insostenible y el embate del no menos
impresentable presidente Donald Trump, quien aprovecha la turbulencia
para atacar a su adversario Rosselló, pero ha negado de manera
sistemática los recursos que la isla necesita con urgencia para superar
el declive generalizado que la azota desde hace más de una década.
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