CELS
| El Centro de Estudios Legales y Sociales emitió un documento en el marco de un nuevo aniversario del ataque en el cual fallecieron 85 personas |
El jueves 18 de
julio se cumplen 25 años del atentado a la AMIA. Ochenta y cinco
mujeres, hombres y adolescentes murieron ese día; más de trescientos
fueron heridos. Desde entonces, aunque en cada aniversario se hacen
anuncios grandilocuentes, el atentado permanece impune: no hay verdad,
ni justicia.
No se trata de una casualidad: una estructura
política, judicial y de inteligencia hizo posibles años de encubrimiento
y la impunidad del atentado. Esta compleja trama aún no fue
desentrañada por completo y sus peores rasgos se acentuaron en los
últimos años.
En estas más de dos décadas, un grupo de familiares
y víctimas nucleados en Memoria Activa y otras agrupaciones lucharon
por memoria, verdad y justicia, casi siempre en soledad. El desvío de la
investigación llevó a que, en 2004, se anulara el único juicio que hubo
por el atentado. Recién en 2019, el Poder Judicial confirmó que la
investigación estuvo orientada desde el principio por intereses
geopolíticos distintos a la identificación y sanción de los culpables.
Veinticinco
años después, el gobierno instrumentaliza el caso para mostrar al país
alineado internacionalmente en la “lucha contra el terrorismo”, lo que
puede tener consecuencias muy serias. Invocando la memoria de las
víctimas, el Poder Ejecutivo se muestra activo para definir un
alineamiento estratégico con Estados Unidos e Israel respecto a Medio
Oriente. Se trata de una decisión que sumerge a la Argentina en un
escenario que no controla, al que ingresa como el partícipe más débil.
Esta posición en el plano internacional no tiene correlato con las
acciones que se requieren en materia de justicia e inteligencia para
terminar con la impunidad y desentrañar el encubrimiento. Además, el
mismo gobierno deshizo algunos de los pocos pasos que en ese sentido se
habían dado tardíamente.
Después de un cuarto de siglo del
atentado, y de manera similar a lo que ocurrió en 1994, el gobierno
nacional sobreactúa alineamientos internacionales para no ser
cuestionado por la falta de resultados concretos.
Incumplimiento internacional
Memoria
Activa recurrió al sistema internacional de protección de los derechos
humanos, el 16 de julio de 1999, con nuestro patrocinio. El 12 de julio
de 2005, el Estado argentino reconoció la responsabilidad internacional
del Estado por la violación del derecho a la vida y a la justicia y
formalizó con el decreto 812/2005 los compromisos de una posible
solución amistosa. Ese proceso quedó trunco.
A 25 años de los
hechos, el caso está incumplido por: 1) Falta de investigación del
atentado. 2) Falta de investigación de un tramo del encubrimiento. 3)
Falta de reparación a las víctimas. 4) Falta de las reformas
institucionales, entre ellas la del sistema de inteligencia,
comprometidas en el decreto 812/05.
En este contexto, la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos estaría en condiciones de
decretar la responsabilidad internacional por las violaciones de
derechos humanos reconocidas por el Estado y enviar el caso a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos.
Sistema de inteligencia
Desde
que asumió, el gobierno de Mauricio Macri, producto del alineamiento
con la agenda de Estados Unidos e Israel, promovió el juicio en ausencia
y puso en duda que haya existido un encubrimiento con fines políticos
del atentado. A nivel interno, el ministro de Justicia apoyó a personas
actualmente condenadas por haber participado de esas maniobras y el
gobierno utiliza una y otra vez la firma del Memorándum con Irán para
llevar hacia allí la atención pública. En los últimos días, además, se
anunció que la Argentina confeccionará un registro de organizaciones y
personas identificadas como terroristas.
El desvío de la
investigación del atentado fue un antecedente de las peores prácticas
judiciales, las que distorsionan el debido proceso y politizan las
causas penales con operaciones de inteligencia y mediáticas. El tribunal
que juzgó el encubrimiento confirmó que existieron causas mellizas,
legajos secretos, información de inteligencia sin sustento, arrepentidos
falsos o extorsionados, pagos ilegales y detenciones arbitrarias.
Pero
estas tramas del caso AMIA aún están presentes y explican muchos de los
problemas que preocupan en la actualidad. No se rompieron los pactos
entre los sectores judiciales, políticos, de inteligencia y mediáticos
que construyeron la impunidad del atentado, ni se transformaron sus
prácticas. De este modo, después de todos estos años rigen el secreto y
la falta de control de los fondos reservados de inteligencia y rige el
acuerdo subterráneo para que la justicia federal sostenga sus vínculos
con las redes de inteligencia.
El compromiso con la verdad, la memoria y la justicia exige que estos pactos, finalmente, se rompan.
Compromisos
El
jueves 18 de julio, a las 9.30, las y los familiares organizados en
Memoria Activa convocan a un acto en la Plaza Lavalle, enfrente de los
Tribunales. Como hace 25 años, piden que el Estado cumpla con sus
obligaciones de investigar la verdad y sancionar a los responsables.
Desde hace 25 años, buscan algo más: el compromiso de todos, de la
sociedad y del sistema político, para que nunca más sea posible tanta
impunidad.
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