Miguel Tinker Salas y April Mayes*
La Jornada
México enfrenta una crisis
humanitaria sin precedente histórico. Mientras los medios tradicionales
se enfocan en la frontera norte, la realidad es que el límite con
Guatemala se ha convertido en la frontera entre los países del sur
global, México y Estados Unidos. En Tapachula, se encuentran inmigrantes
de la mayoría de las naciones de África, del sur de Asia, de toda
Centroamérica, de Haití y de Cuba. Desde junio de 2019, cuando México
acordó con el gobierno de Donald Trump, para evitar la imposición de
aranceles, la situación para los migrantes ha empeorado dramáticamente,
agudizándose la crisis en la frontera sur. Como respuesta, México ha
militarizado su frontera, con la presencia de la Guardia Nacional, la
Policía Federal y oficiales del servicio del Instituto Nacional de
Inmigración que detienen a cualquiera que intenta entrar al país.
Lamentablemente, la situación en la frontera sur es paralela a lo que
Estados Unidos impulsó en su propia frontera con México. A partir de la
década de los años 80, Washington comenzó a militarizar la frontera con
México de forma decisiva. La administración de Bill Clinton optó por
construir murallas entre ciudades fronterizas como Tijuana y San Diego,
obligando a los migrantes a buscar rutas alternas a través del desierto o
a contratar con coyotes en el empleo del crimen organizado
para poder cruzar a Estados Unidos. Estos dos resultados aumentaron la
vulnerabilidad de los migrantes y ocasionaron la muerte de cientos de
personas en el desierto entre Sonora y Arizona.
La crisis humanitaria en el sur de la República tiene dos facetas: la
primera es la respuesta militar a la migración y la otra es el colapso
del sistema administrativo que debería atender las necesidades de los
migrantes. Al igual que en la frontera norte, la militarización de la
sur y el cierre de los pasos tradicionales entre México y Guatemala
obliga a los migrantes a buscar nuevas rutas en territorios inhóspitos y
los entrega al crimen organizado que opera en estas zonas. En
anticipación de la visita del secretario de Estado estadunidense, Mike
Pompeo, la Secretaría de Relaciones Exteriores anunció que México había
logrado reducir el cruce de indocumentados en 40 por ciento. Esta cifra
se utiliza sin considerar que no existe una base de datos anteriores o
sin tomar en cuenta que los migrantes podrían estar utilizando otras
rutas.
En términos de lo administrativo, la propia Comisión Mexicana de
Ayuda a Refugiados (Comar) admite que hasta la fecha ha recibido 31 mil
peticiones de asilo y que al final de 2019 serían más de 80 mil. Las
instituciones mexicanas han sobrepasado su capacidad de responder en
forma expedita a las necesidades de los migrantes. Diariamente cientos
de ellos hacen filas interminables en las oficinas de la Comar sin poder
ser atendidos de forma ágil. Esto lo confirman los defensores de
migrantes que reportan nunca antes haber visto un aumento tan dramático
de solicitudes para refugiados. También confirman que en los trámites
los migrantes son explotados por supuestos
licenciadosque les prometen agilizar sus gestiones y les cobran cifras extraordinarias. Esto implica que los migrantes se encuentran en un limbo jurídico, que aumenta su vulnerabilidad y donde pueden ser deportados. Esto ocurre en un momento donde las redadas contra ellos han crecido espectacularmente, y no sólo enla zona fronteriza, sino también en refugios para migrantes como recién sucedió en Saltillo.
México enfrenta una crisis tanto en su frontera norte como en la sur.
La migración no va a detenerse. Para muchos, quedarse en su país de
origen ya no es una opción viable. La violencia perpetrada por el crimen
organizado y el Estado, la crisis económica y el cambio climático
expulsan a cientos de miles de personas de todo el mundo.
En el corto plazo México debe agilizar los mecanismos de
regularización y así sacar a los migrantes del purgatorio en que se
encuentran. Debe detener las redadas y deportaciones que buscan sembrar
el miedo entre ellos. En el largo plazo México debe buscar soluciones en
América Latina, el Caribe, e incluso en Naciones Unidas, y no sólo ver
hacia Washington, donde en plena campaña presidencial Trump seguirá
exigiendo más y más de México, continuará atacando a los migrantes,
incluso los mexicanos y mexicanas y no va honrar ningún acuerdo, ya que
el ataque a migrantes es la piedra angular de su política nacional.
La migración en sí es un derecho humano. México es una nación de
migrantes y depende de ellos para su propia economía. La migración no es
una crisis humanitaria, la crisis la causa la respuesta del Estado ante
las y los migrantes. La militarización no puede ser la respuesta a la
migración.
* Profesores de la Facultad de Historia, Pomona College
Twitter: @mtinkersalas
Twitter: @kiskeyalinda
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