Andrés Manuel López Obrador resistió durante un tiempo los embates de Donald Trump. Sin embargo, el acuerdo migratorio firmado por México y Estados Unidos no está en sintonía con la posición que venía adoptando el presidente progresista de México.
Entre el asilo y el rechazo
Durante su campaña electoral, el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó repetidamente que «la política interior es la mejor política exterior». Si bien como presidente electo y en su toma de posesión recibió a numerosos mandatarios, se ha abstenido de viajar al exterior ya como presidente en funciones, para concentrarse en sus programas prioritarios y enviar un mensaje de austeridad. En el caso de los mexicanos en el exterior, dio instrucciones a los consulados en Estados Unidos y en el resto del mundo de que la defensa y protección de los derechos sobre todo de los trabajadores migratorios sería una alta prioridad de su gobierno. Pero esto sucedió hasta que Donald Trump le rompió el guión.
El 7 de junio, con la amenaza de Trump de imponer aranceles a las importaciones de productos mexicanos, el presidente de México vio que un imperativo de política exterior prevalecía sobre su propósito inicial de privilegiar una política migratoria humanitaria y un programa de cooperación para el desarrollo integral de Guatemala, El Salvador y Honduras. Y ese imperativo era simple: mantener buenos términos con el presidente del país al que se dirigen casi el 80% de las exportaciones mexicanas y del que provienen casi 60% de sus importaciones.
La Casa Blanca hizo saber que esta amenaza estuvo antecedida por sendas advertencias de la entonces Secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, y de Jared Kushner, yerno del presidente Trump. Frente a ellas, el gobierno mexicano, no había acusado recibo en plenitud, ni cambiado su política migratoria que incluyó el otorgamiento de tarjetas de visita humanitaria a los migrantes centroamericanos que quisieran atravesar su territorio para pasar a Estados Unidos. Esto, al menos, fue lo que sostuvieron voceros de Washington.
Con ese anuncio inicial de una política migratoria humanitaria se produjo un «efecto llamada» que se escuchó hasta Camerún, Mali, el Congo y Nigeria. Es decir, migrantes extra-continentales cuyo número se ha incrementado sustancialmente. Y por supuesto, en Centroamérica se interpretó como fronteras abiertas y libres. Aunque no era esto lo que afirmaba el gobierno de México, la desesperación hizo que muchos lo escucharan así.
Sin embargo, hubo también otro «efecto llamada» mucho más poderoso: se corrió la voz de que la política de asilo estadounidense hace imperativo que si una familia con niños alega tener miedo creíble y también peligro inminente contra su vida de permanecer en su país y solicita asilo, la legislación mandata que su caso sea escuchado y procesado. No necesariamente anticipa un desenlace favorable, pero le compra tiempo al solicitante para ver de qué manera le permiten quedarse en suelo estadounidense.
Con la amenaza trumpista, el pragmatismo político le ganó la partida a la solidaridad internacional. La instrucción a la delegación mexicana encabezada por el canciller Marcelo Ebrard fue contundente: evitar a toda costa que se impusieran los aranceles. Aunque no se tenía la certeza de que Trump pudiese salvar la oposición de numerosos empresarios y actores políticos estadounidenses incluso dentro de su propio partido, el gobierno mexicano quiso disipar de inmediato cualquier asomo de aranceles.
Las felicitaciones de Trump
AMLO marcó temprano en su mandato el contraste respecto a la administración anterior, emprendiendo una política migratoria humanitaria, expidiendo tarjetas de visita a centroamericanos y prometiendo un respeto absoluto a los derechos humanos. Sin embargo, en sus primeros siete meses, México expulsó a 82.132 personas, 22.000 más que en el mismo periodo en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Tras el chantaje de Trump el 7 de junio de 2019, las deportaciones de centroamericanos aumentaron un 37%, incremento que perfiló ya un elogio de Trump. El 1 de julio alabó las «medidas sin precedentes» tomadas por el presidente López Obrador para contener a los migrantes centroamericanos: «Lo aprecio y quiero darles las gracias por ello: tienen 6,000 tropas en su frontera sur, es muy difícil entrar ahora».
El historiador Carlos Bravo Regidor se preguntó en un artículo titulado «Elogios que son insultos» publicado en el periódico Reforma hace pocos días, si AMLO, una vez en la presidencia de México, es el mismo que en campaña presidencial le mandó decir a Trump: «que no maltrate a los mexicanos, no queremos racismo ni discriminación, queremos respeto mutuo».
En vez de resistir a Trump, numerosos mexicanos adoptaron sus prejuicios e hicieron suyo su lenguaje. Bravo Regidor, profesor en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), afirma: «El problema, en última instancia, no es López Obrador. Él es un presidente mexicano que está actuando como a veces actúan los presidentes mexicanos frente a las presiones de Estados Unidos, haciendo de la necesidad virtud. El problema es esa mayoría de mexicanos que está apoyando tan decididamente la política migratoria que nos impuso bajo amenaza, Trump. No queríamos pagar por el muro, pero encantados nos estamos convirtiendo en él. Que Trump elogie a México no deja de ser un insulto, pero es un insulto que la mayoría de los mexicanos está dispuesto a recibir (no como a los migrantes centroamericanos) con los brazos abiertos».
Los escenarios políticos analizados a fines de junio por el Grupo de Economistas y Asociados (GEA) e Investigaciones Sociales Aplicadas (ISA) registran un panorama poco halagador respecto de la decisión mexicana de ceder ante la amenaza y endurecer la política migratoria. Es mayor el número de encuestados que piensan que prevalecieron los intereses del presidente de Estados Unidos (48%) frente a quienes ven que prevaleció la dignidad de México (40%). Asimismo, un 54% de los encuestados cree que el gobierno mexicano debe impedir la entrada a centroamericanos, frente a un 28% que favorece enfrentarse comercialmente a Washington. Una mayoría (51%) postula que el gobierno mexicano debe deportar a los migrantes centroamericanos que entran por México, mientras que solo 29% sostiene que se debe permitirles el paso a Estados Unidos. Finalmente, una abrumadora mayoría se muestra escéptica sobre las posibilidades de éxito del acuerdo: mientras solo 15% piensa que se resolvió el problema con Trump, un 77% plantea que Trump seguirá presionando y atacando.
El escenario pesimista
Transcurridos 45 días del plazo establecido por Trump para constatar que el flujo migratorio hacia el norte ha disminuido sustancialmente, el 22 de julio vendrá otro forcejeo entre México y Estados Unidos. Incluso es previsible que el gobierno de México adelante los plazos, con la expectativa de satisfacer la exigencia trumpista de la contención migratoria, y así retirar la espada de Damocles sobre su cabeza.
El problema es que Trump ya midió que México está preparado para ceder una y otra vez, y nos dejará ver una vez más que es insaciable. Para él, que su rival ceda no es un gesto de conciliación, sino una muestra de debilidad.
Lo que es seguro es que la respuesta a la amenaza de Trump marcará al gobierno de López Obrador. Tal como escribió Rodrigo Morales Elcoro en el diario Reforma el 3 de julio: «El mismo día de la amenaza, sin tomar tiempo para evaluar respuestas alternas ni de conformar un equipo de decisión, AMLO envió al mandatario estadounidense una carta que establecía de inicio que no quería la confrontación. Desde la óptica perversa de Trump, ello presagiaba la rendición. Los americanos supieron que habían ganado cuando se envió intempestivamente al Canciller a Washington». Y el analista continúa diciendo: «¿Cómo responder al próximo chantaje? Se deberá mostrar que México está dispuesto a perderlo todo…se deberá conformar un equipo deliberativo capaz de reaccionar, procesar información, adoptar un proceso de acción ordenado, responder oportunamente, y aprovechar la buena voluntad en segmentos de la clase política americana…dada la incapacidad del gobierno de funcionar estratégicamente hasta hoy, existen razones para el pesimismo».
Lo único previsible hacia adelante es que Donald Trump continuará presionando al gobierno de México con nuevas embestidas chantajistas. Lo ha hecho ininterrumpidamente desde julio de 2015, cuando empezó su precampaña para alcanzar la candidatura Republicana a presidente de Estados Unidos. Continuará haciéndolo porque ha constatado una y otra vez dos cosas fundamentales. La primera es que no paga costo político alguno por insultar o hacer bullying a los mexicanos. La segunda es que, por el contrario, la base electoral de Trump se energiza cuando ataca a México.
El arsenal de Trump no tiene límite. Si se termina la excusa de los aranceles porque enfrenta oposición de su propio partido y de sus legisladores, así como de la Cámara Estadounidense de Comercio (United States Chamber of Commerce), entonces tendrá a la mano algún otro chantaje, como detener el flujo de drogas de México hacia Estados Unidos, propósito que tendría que abordarse fundamentalmente desde el lado de la demanda, representada por los ávidos consumidores estadounidenses que registran adicciones múltiples, y que constituye un grave problema de salud pública.
El viraje estratégico.
En contraste con el escenario anterior, podría ocurrir que el presidente de México le volteara el tablero a Trump y decidiera hacerle frente con una estrategia que combine resistencia y negociación. En esta tesitura optaría por la imposición quirúrgica de aranceles a los productos estadounidenses, destinada a afectar principalmente a sus electores en los estados que le dieron la victoria en 2016, es decir Michigan, Pennsylvania y Wisconsin, donde ganó por 107.000 votos, menos de uno de cada mil sufragios. O también podrían aplicarse a productos originados en estados campos de batalla como Florida, donde el desenlace favoreció a Obama en 2008 y 2012, pero se inclinó por Trump en 2016.
Otra característica de este viraje es el llamado bypass por el cual México diversificaría su política de alianzas externa para darle la vuelta a Trump sin confrontarlo, ruta que ya ha empezado a recorrer Canadá en sus diferendos comerciales con la Casa Blanca.
Como lo ha expresado la ex embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson (designada por Obama, quien permaneció en su cargo durante el primer año del cuatrienio de Trump): a AMLO le va a llegar muy pronto el momento en que tenga que decidir si va a seguir haciendo espacio para complacer a Trump o va a tener que confrontarlo forzado por las circunstancias.
La llamada «crisis migratoria» es una fabricación de Trump, un invento que no se sostiene pues las ciudades más seguras de Estados Unidos son precisamente las ubicadas en los estados fronterizos con México: San Diego, El Paso, San Antonio, Austin, entre otras.
A final de cuentas, no estamos ante una pelea arancelaria ni ante una negociación migratoria. Se trata de una disputa política. Asistimos al inicio de la campaña electoral de Donald Trump para reelegirse el martes 3 de noviembre de 2020. La calidad del análisis, de la estrategia y de las alianzas del gobierno de México dependen de un buen diagnóstico y de una comprensión plena de que para Estados Unidos, paradójicamente, toda la política sigue siendo local. Tal como nos advierte Jorge Durand Arp-Nisen,«las medidas actuales de control migratorio forzado, de concesiones extraordinarias en la relación bilateral y de sometimiento a la política del garrote, llegaron para quedarse».
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