El gobernador estaría negociando su dimisión
▲ Manifestantes afuera de La Fortaleza, residencia oficial del
gobernador Ricardo Rosselló, quien habría prometido renunciar ayer.
San Juan. Un comité legal concluyó ayer en un informe que
el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, incurrió en cinco
delitos que abren la puerta a un juicio político tras casi dos semanas
de protestas multitudinarias para exigir su renuncia por el llamado chatgate.
El mandatario, en consecuencia, prometió renunciar a las 5 de la tarde
(hora local)del miércoles, pero al cierre de esta edición, no se había
pronunciado ni presentado la dimisión.
Rosselló llegó a un acuerdo con el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Johnny
Méndez, a quien prometió su renuncia para detener el proceso de juicio
político en su contra, informó el portavoz de la mayoría en el cuerpo
legislativo, Gabriel Rodríguez Aguiló, a la cadena CNN y al diario
puertorriqueño El Nuevo Día.
El gobernante prometió dirigir un mensaje al país, pero sin precisar
la hora. Pasadas las 10 de la noche locales, Rosselló no había dado tal
mensaje ni renunciado a su cargo.
Manifestantes junto a periodistas esperaron en La Fortaleza, sede de
gobierno, tras ser convocados a una rueda de prensa para la
comparecencia y posible renuncia de Rosselló.
Horas antes, Luis Rodríguez-Rivera, uno de los tres juristas que integran el comité especial a cargo del análisis, detalló a El Nuevo Día que Rosselló incurrió en tres posibles delitos que violan el Código Penal, así como la ley de ética gubernamental.
Dichos delitos son malversación de fondos públicos, negligencia en el
cumplimiento de su deber y aprovechamiento ilícito de trabajos y
servicios públicos, por lo que recomendó al Senado proceder con
el juicio de gobierno, indicó el abogado Enrique Colón Santana.
Con la evidencia que examinamos concluimos que, efectivamente, nuestra recomendación al cuerpo que le corresponde es que se proceda con el juicio de gobierno, que es la presentación de un documento de acusación para que continúen los procedimientos en la cámara que corresponde, que es el Senado, explicó Colón.
El comité evaluó el contenido publicado a principios de julio en el
chat grupal de Telegram, revelado por el Centro de Periodismo
Investigativo, en el que Rosselló y 11 miembros de su círculo planeaban
operaciones para manipulación de la opinión pública, conversación en la
que intercalaban bromas y comentarios en los que se calumnia a
funcionarios, políticos y periodistas, y se expresa un lenguaje
denigrante hacia mujeres, obesos y homosexuales.
En ese chat uno de sus colaboradores hizo burla de las víctimas del huracán María, el peor que ha afectado la isla en un siglo y que en 2017 arrasó con parte de Puerto Rico con saldo de casi 3 mil muertos.
La función del comité consistió en evaluar el chat y estudiar
posibles pruebas de la comisión de delito por parte de Rosselló que
durante casi dos semanas han provocado protestas multitudinarias para
exigir la renuncia del gobernador.
El enojo ciudadano comenzó por el escándalo del chatgate,
aunque a éste se suma que el 10 de julio la fiscalía ordenó el arresto
de seis funcionarios acusados de malversación de más de 15 millones de
dólares de fondos federales para la recuperación tras el paso de María.
El domingo pasado, Rosselló renunció a la jefatura de su partido y
dijo que no buscaría la relección en 2020 –intención que había anunciado
en marzo–, pero sus críticos lo consideraron insuficiente.
Según la línea de sucesión del gobierno de la isla, en caso de que
renuncie Rosselló, sería remplazado por Wanda Vázquez, secretaria de
Justicia desde enero de 2017.
Vázquez es integrante del Partido Nuevo Progresista y fue nombrada
por Rosselló. Trabajó como abogada especializada en violencia doméstica y
sexual, antes de su nombramiento para el puesto más alto del
Departamento de Justicia de Puerto Rico. En 2010 fue designada para
dirigir la Oficina de la Procuradora de las Mujeres.
Foto Afp
Notimex y Afp
Periódico La Jornada
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