Los primeros 6 meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador han registrado avances significativos. Aun así, las complejidades coyunturales y estructurales del país representan un desafío mayúsculo. Se avanza no sin tropiezos
Se cumplió 1 año de la victoria
electoral de Andrés Manuel López Obrador en México. Dicha elección
terminó con más de 75 años de poder hegemónico del Partido de la
Revolución Institucional (PRI) y de gobiernos neoliberales, entre el PRI
y el Partido Acción Nacional (PAN). En estos 6 meses de gobierno, López
Obrador recibió un Estado con profundas dificultades derivadas del
neoliberalismo: militarización, narcotráfico, desempleo y corrupción,
por mencionar sólo algunas [1]. Este legado indica que no será fácil
reorientar el rumbo de México, al tiempo que demuestra la decisión
política de un sector de la sociedad para salir del pantano neoliberal
que hundió a uno de los países más grandes de Latinoamérica.
El gobierno enfrentó problemáticas
ausentes en la agenda política de las últimas décadas: inició el combate
contra al robo de combustible, propuso la denominada “austeridad
republicana”, se orientó al fortalecimiento de Petróleos Mexicanos
(Pemex), la reestructuración de programas sociales, propendiendo por la
estabilidad macroeconómica [2]. Esto implica un cuestionamiento a los
sectores de poder y las élites políticas tradicionales entrelazadas con
la corrupción, considerando que el PRI y el PAN vivieron de los recursos
sustraídos al Estado con sofisticadas formas de distribución del poder
entre sus copartidarios, configurando un modelo de saqueo estatal
administrado desde las esferas del poder político y económico [3].
En este contexto, algunos de los
compromisos establecidos en campaña avanzan lentamente, con críticas
desde distintos grupos sociales y políticos (de izquierdas y derechas),
que se han visto sacudidos por las medidas de gobierno. La centralidad
de la agenda política es López Obrador quien, con su gobernabilidad,
tiene en el escenario futuro el desafío de modificar el Estado y el
proyecto económico de México, así como restituir derechos con políticas
públicas para la redistribución de la riqueza y generar las condiciones
de seguridad que exige la sociedad.
Salir de 30 años de neoliberalismo
Andrés Manuel recibió un país con una
crisis multidimensional del Estado. México arrastra desde la década de
1980 un modelo económico en constante crisis, como se demostró con el
“error de diciembre” de 1994 (conocido como el “efecto tequila”) y con
la debilidad estructural que le impidió soportar la crisis mundial de
2008. El pantano neoliberal de México dejó al país con tasas de
crecimiento por debajo del 2% anual del PIB, y con una crisis social y
política de estructuración y de representación, con un sistema
bipartidista decadente que se turnó en el poder entre el PRI y el PAN
desde el año 2000.
El neoliberalismo, tierra fértil para
las economías ilegales, como el narcotráfico, experimentó crisis
económicas recurrentes. En 2007, el expresidente Felipe Calderón impuso
una copia del Plan Colombia denominado Iniciativa Mérida, apoyada por
Estados Unidos que deja hasta ahora más de 35 mil desaparecidos, más de
270 mil asesinatos y miles de desplazados por la violencia [4]. Se
configuró un neoliberalismo de guerra, como lo denominan varios
analistas mexicanos [5], que a través de “reformas de ajuste
estructural” beneficiaron a un pequeño grupo económico y político, que
incrementó sus ganancias a costa de reformas laborales devastadoras para
el poder adquisitivo de la clase trabajadora mexicana, que se mantiene
con los niveles salariales más bajos de la región, según la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) [6]. Además de
acentuar la dependencia estructural hacia Estados Unidos, derivada del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) –ahora Tmec:
Tratado México-EstadosUnidos-Canadá– [7], país con el cual tiene un
comercio casi del 80 por ciento del total de sus exportaciones.Compromisos de gobierno
En campaña, Andrés Manuel López Obrador
presentó un programa de gobierno para desarrollar a lo largo de los 6
años de mandato. Entre los compromisos cumplidos en los primeros 6 meses
se pueden destacar: la anulación de la reforma educativa neoliberal
impuesta por el gobierno del expresidente Peña Nieto; la reducción de
los salarios para los altos funcionarios; el desarrollo de un programa
para el apoyo a personas con capacidades diferentes de escasos recursos y
de adultos mayores; el establecimiento de programa de empleo para
jóvenes, la fusión de Diconsa y Liconsa para crear Seguridad Alimentaria
Mexicana (Sagalmex) [8]; y la estabilización del precio de las
gasolinas. En materia fiscal, el gobierno no incrementó ni creó nuevos
impuestos, se respetó la autonomía del Banco de México, la prohibición
de gastos innecesarios en el extranjero y el respeto a la libre
autodeterminación de los pueblos, retomando parte de la política
exterior que caracterizó la historia política mexicana, abandonada por
los gobiernos neoliberales.
El gobierno de López Obrador decidió
enfrentar el hurto continuado de combustible (“huachicol”), logrando
bajar el robo de gasolina de 15 mil barriles a 2 mil barriles diarios
[9]. Se orientó por cancelar la construcción del nuevo aeropuerto en la
Ciudad de México, como lo exigían comunidades y grupos ambientales, y
propuso la readaptación de la base militar de Santa Lucia como
aeropuerto. La proyección de la creación de una refinería en Veracruz y
los dos megaproyectos en el sur de México: el Tren Maya y el tren
transístmico. Medidas de gobierno que impactaron en la sociedad y
tuvieron un cierto grado de aceptación entre la población, pero también
fuertes críticas, sobre todo los dos megaproyectos y el nuevo aeropuerto
en Santa Lucía. Cosecha dichas críticas por el debate ambiental desde
la perspectiva de algunos grupos sociales, y por la ansiedad que provoca
en las derechas al ver afectados sus intereses [10].
Entre los compromisos programáticos no
iniciados en estos primeros 6 meses están la cancelación de estancias
infantiles y el programa de 100 universidades. En Ciencia y Tecnología
no se ha presentado aun el Plan Nacional para la Innovación que estaría a
cargo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y, por
último, no se han cancelado fideicomisos del gobierno federal. Falta aún
evaluar los proyectos de protección al patrimonio cultural, la
cobertura universal de salud, la construcción de caminos en el sureste
mexicano, el fomento a la actividad pesquera y la transferencia a las
comunidades mineras del impuesto que se cobra por las actividades
extractivas, las cuales registran altas ganancias en las últimas décadas
[11].
Claroscuros
Uno de los temas que ha generado fuertes
críticas al gobierno actual es la creación de la Guardia Nacional, que
le da continuidad a la estrategia de seguridad del sexenio anterior. Un
desafío importante para el progresismo latinoamericano, no sólo para
López Obrador, pues se debe enfrentar la problemática de la seguridad en
contravía del modelo neoliberal y de la fuerte agenda de injerencia de
Estados Unidos sobre el tema. Es decir, construir una política soberana
que no se subordine a la fallida “guerra contra las drogas” de Estados
Unidos.
La cancelación del nuevo aeropuerto
generó desconfianza en algunos grupos económicos nacionales, y confrontó
por primera vez a las principales cámaras empresariales nacionales con
el gobierno. Por otro lado, la estrategia de fortalecimiento de Pemex y
la paralización de las licitaciones energéticas no fueron bien recibidas
por las empresas transnacionales participantes, hecho que se sumó a las
calificadoras internacionales que bajaron la puntuación de Pemex y de
la deuda nacional [12].
Otro de los puntos centrales está en los
órganos autónomos del Estado. Estos órganos fueron creados en los
últimos sexenios y ya son visibles sus consecuencias: la delegación y
pérdida del poder del Estado, la contradicción en la aplicación de la
política pública y la falacia de la autonomía de estos órganos, pues
muchos se encuentran ligados a empresas internacionales, como la
Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos,
el Instituto Federal de Telecomunicaciones, por mencionar algunos.
Además, el enfrentamiento que tuvo con el Poder Judicial deja ver el
poder político que concentran los magistrados en el país, después de la
aplicación de reformas jurídicas.
La migración
La doctrina de Trump contra las
migraciones, y los anuncios xenófobos antimexicanos, constituyen un
verdadero desafío para López Obrador. La posibilidad de construcción del
muro-Trump y de las leyes de expulsión de migrantes mesoamericanos, han
puesto a México en una situación de contradicción: o se convierte en un
Estado tapón y gendarme de la migración, como pretende Estados Unidos
–línea planteada con la Iniciativa Mérida–, o construye una política
progresista junto con los países del “Triángulo Norte” de Centroamérica:
Guatemala, Honduras y El Salvador, en miras de superar las causas
estructurales que obligan a las personas a migrar. Una tarea nada fácil,
por las presiones de Estados Unidos para militarizar, aún más, la
región, y por la crisis política que atraviesan Honduras y Guatemala,
donde los gobiernos alineados con Trump están al borde de producir
dictaduras militares o enfrentar nuevas formas de guerra civil.
Es preciso recordar el lacónico papel
del expresidente Peña Nieto para enfrentar la agresiva política de Trump
en la campaña presidencial (2016), en la que el exmandatario mexicano
terminó reuniéndose con el entonces candidato republicano, como una
forma velada de aceptar la bochornosa idea de construir el muro y de
expulsar mexicanos de Estados Unidos. Resolver esa situación migratoria
para México y los países mesoamericanos es un desafío de compleja
resolución en el corto plazo. Es una problemática que incluye delitos
transnacionales como el tráfico de personas, el tráfico de drogas y de
armas, que son parte de dinámicas económicas en las que están implicadas
redes de poder con asiento, justamente, en los Estados Unidos, donde
todo indica que la guerra contra las drogas no se está librando y el
tráfico de personas y armas, no tiene éxito alguno. Una situación
contraria al lavado de dinero, que deja sumas considerables en
territorio estadunidense [13].
Resulta interesante el encuentro de
Andrés Manuel con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, realizado
en territorio mexicano y del cual surgieron compromisos concretos de
ambos gobiernos para iniciar la creación de políticas públicas y
proyectos para invertir recursos tendientes a generar empleos de calidad
en territorio salvadoreño [14]. Una acción de incidencia para apoyar en
sus territorios a trabajadores del pequeño país centroamericano. Este
proyecto es parte de la estrategia planteada por López Obrador de
cooperación para el desarrollo hacia el Triángulo Norte de Centroamérica
como forma de frenar la migración. En la reunión del G20, realizada los
días 28 y 29 de junio en Japón, el secretario de Relaciones Exteriores
mexicano, Marcelo Ebrard, presentó el Plan de Desarrollo Integral
Centroamericano (PDI), que contiene una fuerte inversión para generar
empleos y condiciones dignas para la población centroamericana que
disminuyan el flujo migratorio [15].
Otro de los rubros más importantes es la
ratificación del Tmec entre Estados Unidos, Canadá y México. El acuerdo
fue firmado por Peña Nieto y constituye la expansión del capitalismo
estadunidense sobre México, que ha convertido al país en una plataforma
de maquila, aprovechando la cercanía, la mano de obra barata y la
infraestructura entre ambos países. El Tmec podría constituir una gran
camisa de fuerza para los proyectos de desarrollo en México y, también,
una gran problemática jurídica en caso de que el gobierno actual
mexicano decida contravenir al Tmec. Por ejemplo, en el tema energético
desde Estados Unidos se esperan controversias legales, y no es menor que
Trump haya decidido proponer a Cristopher Landau como embajador en
México, pues es experto en solución de controversias internacionales
[16].
Como podemos ver, el gobierno de López
Obrador se encuentra en una encrucijada, heredando problemas de larga
data como la falta de seguridad, la corrupción en todos los niveles del
Estado, el bajo crecimiento económico y la migración. Las demandas de
justicia social, redistribución de la riqueza, crecimiento económico y
mayor seguridad son y serán rubros que continuarán en la agenda
nacional. Como mencionó Andrés Manuel López Obrador al iniciar su
sexenio, este gobierno está preparando terreno para el siguiente, y
poder continuar trabajando para desmontar 30 años de política
neoliberal, de estrategia fallida contra el narcotráfico y, sobre todo,
revitalizar las empresas paraestatales como Pemex y la Comisión Federal
de Electricidad (CFE). Por otro lado, se enfrenta también a los poderes
fácticos que históricamente se han beneficiado de las reformas
estructurales neoliberales y que siguen teniendo un gran poder económico
y político para incidir en las decisiones de política pública.
Notas
Aníbal García Fernández* y Javier Calderón Castillo**/Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag)
*Maestro en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México
**Maestro en sociología por la Universidad de Buenos Aires
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