Uno
de los problemas centrales de la actividad política en Colombia tiene
que ver con su financiamiento ilegal que es facilitado por la
arquitectura institucional que existe en el país que no solo la tolera
sino que la encubre. Y este financiamiento ilegal no es reciente vine de
muchos años atrás. Desde los años setenta sectores ligados al
narcotráfico han financiado las campañas electorales. Las denuncias
abundan y sin embargo es una práctica que sigue permeando las campañas
políticas tanto regionales como nacionales. Quizás el mayor escándalo de
ese financiamiento ilegal se presentó en la campaña presidencial del
año 1994 que dio como ganador a Ernesto Samper Pizano, lo cual dio
origen a un proceso judicial que en Colombia se denominó el proceso 8
mil y que finalmente condujo a la condena de una decena de
parlamentarios. Fue probado en los estrados judiciales que esa campaña
recibió dineros provenientes del cartel de Cali y la Comisión de
Acusaciones de la Cámara de representantes, que es el organismo
competente para investigar y establecer las responsabilidades de los
presidentes de la República, terminó exonerando de toda responsabilidad
al presidente Samper quien siempre alegó que dicho financiamiento había
sido realizado a sus espaldas, es decir, sin su conocimiento y su
consentimiento.
Más recientemente fue reconocido por el
gerente de la campaña de Juan Manuel Santos a la presidencia de la
República, que la firma corrupta brasilera Odebrecht financió la campaña
electoral a la presidencia de la República en el año 2010 con más de un
millón de dólares a través de una firma panameña supuestamente para
financiar una encuesta que se dice finalmente fue para financiar afiches
y propaganda electoral y esto fue reconocido abiertamente por Roberto
Prieto quien fue su gerente para dicho año. Y lo reconoció públicamente
pese a que en Colombia las empresas extranjeras no pueden legalmente
financiar campañas electorales pues lo prohíbe expresamente la
legislación electoral. El reconocimiento de Prieto no tuvo ninguna
consecuencia pues las ilegalidades electorales, como en este caso el
financiamiento por empresas extranjeras prescribe a los cinco años. Así
Prieto reconoció que habían entrado recursos provenientes de Odebrecht
sin que esto acarreara ninguna consecuencia pues habían pasado más de
cinco años cuando se hizo este reconocimiento. Santos se pronunció
públicamente señalando que no tenía conocimiento de esta irregularidad y
allí paro el asunto pues el Consejo Nacional Electoral señaló que
habían pasado más de cinco años y que ya no era competente para conocer
esas presuntas irregularidades pues de haberse cometido ya habían
prescrito pues habían pasado más de cinco años de su ocurrencia.
Ahora
vuelve y juega el tema del financiamiento ilegal de las campañas
presidenciales. Se dice que en la campaña presidencial de 2014 entraron
dineros de forma ilegal de la firma brasilera Odebrecht tanto a la
campaña presidencial de Oscar Iván Zuluaga que habría sido financiada
con 1.5 millones de dólares para pagar al estratega publicitario Duda
Mendoza. Y se dice que a través de las empresas de Odebrecht y de Luis
Carlos Sarmiento Angulo conformadas para llevar adelante la construcción
de la vía que comunica al centro del país con la Costa caribe llamada
la Ruta del Sol II, se habrían entregado dineros para financiar la
campaña para la reelección de Santos. A través de empresarios
vallecaucanos se giraron recursos por cerca de 4 mil millones de pesos
que se entregaron a políticos liberales ligados a la campaña de Santos.
El empresario esteban Moreno habría sido el enlace entre la corrupta
firma brasilera Odebrecht y la campaña para la reelección de Juan Manuel
Santos. Esta financiación ilegal había sido denunciada en el año 2017
en carta a la Fiscalía General, a la Comisión de Acusaciones y a la
Corte Suprema de Justicia por parte de los expresidentes Álvaro Uribe
Vélez y Andrés Pastrana. En esta carta se señalaba que los dineros
entraron a la campaña de Santos a través del señor Esteban Moreno,
representante de la firma Logistic Soluciones Integrales SAS. Pastrana y
Uribe en la comunicación señalaron que en nueve entregas habrían
ingresado estos recursos, la primera dicen en su comunicación, se habría
efectuado el 9 de junio de 2014 –once días antes de la segunda vuelta
presidencial- por 3.894 millones de pesos y las otras ocho “con el fin
de saldar cuentas pendientes de la campaña mencionada”, en pagos
parciales por 490 millones de pesos entre marzo y noviembre de 2015.
Sobre
estos mismos hechos en diciembre de 2018 el senador Armando Benedetti
señaló que en la recepción y reparto de esos recursos habrían
participado tanto el exvicepresidente Germán Vargas Lleras como Néstor
Humberto Martínez quien fuera elegido posteriormente como Fiscal general
de las Nación y quien como era lógico no adelantó ninguna acción
judicial al respecto. La investigación nunca avanzó a pesar de la
contundente denuncia de los expresidentes. Precisamente el nombramiento
de Martínez Neira tendría como uno de los propósitos precisamente el de
encubrir no solo este sino otros hechos irregulares como la aprobación
de la construcción de la vía Ocaña Málaga sin ningún proceso licitatorio
de la cual fueron beneficiarios tanto Odebrecht como Corficolombiana de
Luis Carlos Sarmiento Angulo. Así se pagan con recursos públicos y con
concesión de obras los ilegales financiamientos electorales.
Este
financiamiento ilegal había sido denunciado por el Controller de la
Ruta del Sol II Jorge Enrique Pizano desde el año 2015 y lo había dado a
conocer a Martínez Neira desde esas fechas cuando este fungía como
abogado de las firmas de Luis Carlos Sarmiento Angulo. Pizano murió en
circunstancias extrañas aún no esclarecidas como también su hijo
Alejandro en el mes de noviembre de 2018. Ambos murieron por una ingesta
de cianuro. Las investigaciones vinieron a avanzar solo cuando la Corte
Suprema de Justicia apartó a Martínez Neira de tres líneas de
investigación por hechos relacionados con la firma Odebrecht y nombró un
fiscal ad hoc para esas líneas de investigación. Ahora esas
investigaciones siguen en la Fiscalía General de la Nación y en la
Comisión de Acusaciones ya sin Martínez Neira al frente pero con un
fiscal puesto por Martínez Neira al momento de su renuncia.
Como
hemos señalado hay pocas esperanzas de que se vaya al fondo de esta
trama de corrupción, dado que la arquitectura institucional existente la
favorece. El Consejo Nacional Electoral es un organismo politiquero
nombrado por los propios partidos políticos para que los vigile y
eventualmente los castigue por irregularidades como el financiamiento
ilegal de las campañas electorales. Este organismo nunca ha investigado
esas irregularidades como tampoco la Comisión de Acusaciones de la
Cámara de Representantes que son los organismos competentes. Y la
Fiscalía General de la Nación responsable por las investigaciones
penales tampoco lo ha hecho.
Entre tanto la Misión de
Observación Electoral, MOE, ha señalado que hay un riesgo enorme sobre
las campañas electorales en curso para elegir alcaldes y gobernadores
que se efectuará este 27 de octubre. En concreto la MOE ha señalado que
en 130 municipios del país hay serios indicios y riesgos de
financiamiento ilegal y alianzas de sectores políticos con grupos
criminales ligados al narcotráfico y a la minería ilegal. Las alarmas
están prendidas pero dudamos que se actúe, con la contundencia
necesaria. Y es que mientras no haya una verdadera reforma política que
modifique las instituciones electorales, que las independice de los
partidos políticos y las dote de herramientas en la lucha contra la
corrupción, estas prácticas seguirán su curso.
Bogotá 18 de julio de 2019.
-Pedro Santana Rodríguez es director de la Revista Sur (Colombia)
https://www.alainet.org/es/articulo/201066
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