Una gran ola xenofóbica
se ha levantado en Panamá. Cuando parecían pasados los conflictos por
la masiva llegada de venezolanos, porque el flujo migratorio de ese país
ha disminuido notablemente desde que se impuso la visa hace 2 años, la
diputada del Partido Revolucionario Democrático (PRD), y primera
vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, Zulay Rodríguez Lu, ha vuelto
a levantar la xenofobia con más bríos por medio de un anteproyecto de
ley draconiano contra los migrantes pobres.
Una campaña plagada de mentiras
Para justificar las propuestas de endurecimiento de la legislación
migratoria se ha lanzado una campaña masiva por los medios formales y
alternativos para crear un ambiente propicio cimentado de falacias y
mentiras descaradas. La campaña se sustenta en afirmaciones como que los
inmigrantes, sobre todo venezolanos, ofenden a los nacionales, nos
irrespetan y desprecian nuestras leyes. A lo que se suma el mito de que
“nos quitan los puestos de trabajo” y que el creciente número de delitos
es producido por extranjeros.
La diputada Rodríguez, en una
entrevista en un canal televisivo internacional, llegó a afirmar que en
Panamá había 1 millón de extranjeros, pero los mismos medios xenófobos
estiman, sin confirmación oficial, la reciente ola migratoria en unas
140 mil personas, lo que apenas representaría el 3,5% del total de la
población del país. Es poca gente, pero sirve para distraer a los
incautos respecto a los verdaderos responsables que permanecen
intocables de las disparidades sociales. Así que los migrantes pobres se
han convertido en chivos expiatorios.
El “enemigo” son los migrantes pobres
Parece que Panamá se ha vuelto una sucursal de los Estados Unidos de
Donald Trump, o de la Alemania de Hitler, en la que los migrantes de los
países hermanos deben andar con temor, ya que a diario se producen
incidentes.
La diputada Rodríguez Lu, quien es descendiente de
inmigrantes chinos por la vía materna, y los grupos organizados de
xenófobos que la apoyan, se han ocupado de focalizar la campaña contra
el migrante trabajador y pobre, y expresamente defienden la inmigración
empresarial (“vienen a invertir”), e indirectamente de europeos blancos,
contra la que no se dice nada, pese a un aumento significativo de
españoles que llegan a Panamá.
Una ley draconiana
El anteproyecto de ley consta de 17 artículos que reforman la
legislación vigente y la hacen muy difícil de cumplir para el migrante
trabajador. En el artículo 1 deja claro el interés de ciertos grupos de
abogados que, en los últimos diez años, han combatido el programa
denominado “Crisol de Razas” porque les quitó el negocio de tramitar los
papeles de residencia y los permisos laborales para extranjeros, ya que
se ha estado realizando de manera casi gratuita directamente por las
autoridades de migración. Se obliga en ese artículo a la regularización
“a través de abogado idóneo”.
El artículo 2 crea el Servicio
Nacional de Migración y lo adscribe al Ministerio de Seguridad Pública.
El art. 4 crea la llamada Unidad Migratoria de Acción de Campo (UMAC)
como una especie de corporación cuasi policial que vigile el
cumplimiento de la legislación por los migrantes y persiga a los
migrantes que no cumplan con las normas.
En 6 meses, desde la
entrada en vigencia de la nueva ley el migrante deberá entregar:
“comprobante de domicilio”, que consiste en contrato de arrendamiento o
factura de servicio público; permiso de trabajo; comprobante legal de su
fuente de ingreso no menor al salario mínimo; Paz y Salvo nacional de
rentas; inscripción como asegurado en el sistema de la Caja de Seguro
Social que compruebe pago mínimo de 6 cuotas (mensuales). Todo lo cual
debe actualizarse anualmente (Art. 5).
Quien conoce las
difíciles condiciones de vida y trabajo de un migrante sabe que
conseguir el cúmulo de requisitos que se pretenden pedir es casi
imposible. Muchos son superexplotados por los empresarios, no reciben el
salario mínimo legal, o sufren la inestabilidad laboral siendo
constantemente despedidos y recontratados, o directamente los patrones
les roban sus cuotas del seguro social.
Así que es fácil
vaticinar que la nueva legislación conseguirá lo contrario del fin que
se propone expresamente, la regularización de los inmigrantes, los
cuales en su mayoría cumplen con los actuales requisitos y están
inscritos por la vía del programa Crisol de Razas. A menos que el
objetivo oculto de la ley sea justamente que no puedan cumplir con la
nueva normativa para justificar su expulsión, piensan algunos.
El incumplimiento involuntario de estos requisitos, que además deben
tramitarse con abogado de por medio y sus “honorarios”, y quien no posea
la documentación actualizada, acarrea una multa de 500 dólares (Art.
8). Y otros 500 dólares para el nacional o extranjero que se haya hecho
responsable por el migrante que incumpla la legislación, incluida la
inhabilitación (¿de funciones públicas?) hasta que pague (Art. 7). Lo
cual dificultará que nacionales decidan respaldar a algún migrante.
El Artículo 9 sanciona al migrante que practique “directa o
indirectamente el ejercicio de una profesión liberal reservada según la
Constitución Política, para los nacionales panameños”.
La apelación al patrioterismo mientras se entrega el país a intereses imperialistas
El Artículo 13 llega al paroxismo xenofóbico cuando en su acápite 7 dice: “Aquellos extranjeros que manifiesten públicamente ofensa e insultos hacia la nacionalidad panameña”, los equiparan con quienes delincan y no cumplan la legislación, “… serán deportados inmediatamente del territorio nacional”.
¿Qué se entiende por “ofensa o insulto”? Entramos al terreno de las
subjetividades, pues la queja más usual que se escucha es de los
venezolanos que reclaman atención correcta y eficiente en almacenes y
lugares de atención al público. Queja que compartimos muchos nacionales,
dada una cultura de la grosería por parte de algunas personas. ¿Un
migrante no podrá quejarse jamás de algo que no le satisfaga?
El Artículo 14 establece que “el extranjero que haya sido deportado no podrá ingresar al país en un lapso de diez a quince años”. Sin mediar consideración, reconsideración, ni apelación alguna, ni siquiera que tenga familiares en la República de Panamá.
Ningún artículo del anteproyecto de ley de la diputada Zulay Rodríguez
va contra los intereses de grandes capitalistas extranjeros que
controlan un alto porcentaje de nuestra economía y someten al saqueo
nuestros recursos.
No hay que olvidar que fue un gobierno del
partido de la diputada Rodríguez el que desnacionalizó las empresas
públicas y las entrego a empresas transnacionales. La electricidad y la
telefonía nacionalizadas por Omar Torrijos en los 70, fueron
privatizadas por el partido que fundó, irónicamente. Por supuesto,
contra esos empresarios extranjeros no va el anteproyecto xenofóbico,
sino contra los migrantes de la clase trabajadora.
La xenofobia en Panamá es de vieja data
En el pasado nuestro país ha sufrido otras oleadas xenofóbicas. Un año
después de que Estados Unidos nos separara de Colombia para construir el
canal controlado por el Pentágono, se emitía la Ley 6 de 1904, que
impedía el ingreso al país de “norteafricanos, turcos y orientales o
asiáticos”. Es probable que los antecesores de la diputada Rodríguez Lu
fueran víctimas de aquella ola xenofóbica. Ironías de la historia.
El diputado Pablo Arosemena, el xenófobo de entonces, intentaba impedir
la entrada de chinos principalmente, a la vez que intentaba promover la
llegada de europeos blancos para lograr un “cruzamiento” que “cambiaría
las condiciones físicas del pueblo del porvenir” (Pizzurno, P. Memorias e imaginarios de identidad y raza en Panamá. Siglos XIX y XX. Colección Ricardo Miró. Premio Ensayo 2010).
En los años siguientes las víctimas de la ola xenofóbica pasaron a ser
los negros antillanos de habla inglesa que se quedaron a vivir en el
Istmo después de terminada la construcción del Canal de Panamá. En los
años 20, 30 y 40 se organizaron diversos movimientos que buscaban la
expulsión de los migrantes antillanos. El Movimiento de Acción Comunal y
la posterior Doctrina Panameñista, elaborada por el ex presidente
Arnulfo Arias llevaron esa política racista y xenofóbica al máximo,
aunque fracasaron.
La Constitución Política de 1941 declaró a
los negros de habla inglesa y a los chinos como “razas indeseables”. A
los chinos principalmente se les expropiaron negocios y se les prohibió
el comercio al detal. Las deportaciones de antillanos no se realizaron
porque Arias fue depuesto por los norteamericanos que controlaban el
país por sus simpatías hacia Hitler (no por racista, que no es lo
mismo).
La izquierda y el movimiento popular deben tomar posición frente al problema
Frente a la ola xenofóbica, con ribetes facistoides, semejante a la que
recorre Europa y Estados Unidos, la izquierda y las organizaciones
populares deben elaborar una respuesta unitaria y contundente. Al igual
que en otros países, en Panamá muchos trabajadores han sido manipulados
para convencerles de que sus enemigos son sus hermanos de clase de
origen extranjero.
Hay que corregir la falsificación ideológica
que pretende convertir la xenofobia contra humildes trabajadores como
si se tratara igual que la lucha por la soberanía contra Estados Unidos
en la Zona del Canal. Por el contrario, los políticos que aúpan la
actual histeria xenófoba son los que promueven la entrega del país al
capital transnacional.
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