El gobierno dictó el
decreto 489/2019 para crear un registro de “terroristas”, clasificación
que correrá a cargo de fiscales, investigadores de la UFI o los
organismos internacionales hoy sometidos a Trump y su grupo de
delirantes anticomunistas y guerreristas.
Será “terrorista” el
que a los Servicios de Inteligencia de la Argentina (hoy conocidos
popularmente como la cloaca), pero también los de los EEUU, Israel o
Colombia, les interese.
Por simple opinión pueden abrir investigación y ser causal de inscripción en el Archivo.
El
decreto reglamenta Leyes votadas en el periodo anterior (a las cuales
nos opusimos férreamente) como la modificación del Código Penal del año
2007, la ley 26734 del 2011 y el decreto 918 del 2012. Uno peor que el
anterior.
Las leyes represivas se adoptan para reprimir y las y
los que las votaron hoy deberían reflexionar sobre su responsabilidad en
la creación de este monstruo totalitario que puede registrar como
“terrorista” a cualquier persona física u organización social por el
simple trámite de que un fiscal considere pertinente una investigación
sobre cualquiera: “ARTÍCULO 25.- INFORMACIÓN A INSCRIBIR. Deberá
inscribirse en el Registro la información correspondiente a: a. Toda
persona humana, jurídica o entidad sobre la que haya recaído resolución
judicial o del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL que le impute o admita la
formalización de una investigación por alguno de los delitos cometidos
con la finalidad específica del artículo 41 quinquies o alguno de los
delitos del artículo 306 del CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN, o aquellos
delitos equivalentes vigentes con anterioridad a la sanción de la Ley Nº
26.734. b. Toda persona humana, jurídica o entidad incluida en las
listas elaboradas de conformidad con la Resolución 1267 (1999) y
sucesivas y concordantes del CONSEJO DE SEGURIDAD de las NACIONES
UNIDAS. c. Toda persona humana, jurídica o entidad sobre la cual la
UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF) haya ordenado el congelamiento
administrativo de activos previsto en el artículo 6°, último párrafo, de
la Ley N° 26.734 y el presente decreto.”
El decreto no
solo consolida el “delito” de pensar distinto sino que sepulta de una
puñalada cualquier atisbo de presunción de inocencia: “…del MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL que le impute o admita la formalización de una investigación por alguno de los delitos cometidos…”
Al
aceptar como válido e indiscutible el listado del Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas se pretende dar una pátina de legalidad al
esperpento, adjudicando seriedad a un órgano que no ha podido, ni
querido, impedir todas las guerras desatadas en nombre de la lucha
contra el “terrorismo” desde la Invasión de Irak hasta la actual Guerra
Integral (de cuarta generación por la totalidad de medios que se usan)
contra Venezuela.
En 1902, el Estado Argentino inauguró la larga
serie de leyes represivas y anticomunistas (“comunismo libertario”
decía entonces para referir a lo que ahora llaman terrorismo y en los 70
del siglo pasado era directamente ley 17401 de represión al comunismo);
el pretexto ha sido siempre el mismo: combatir enemigos externos
infiltrados en la sociedad argentina a los que hay que extirpar
violentamente.
Mientras tanto, en esta larga historia, el
Ejército Argentino encabezó los golpes de Estado de 1930, 1943, 1955,
1962, 1966 y 1976 cometiendo una y otra vez miles de violaciones de los
derechos humanos en nombre del sagrado interés nacional hasta llegar al
Genocidio de 1974/1982. Los crímenes de Santiago Maldonado, Luciano
Arruga, Rafael Nahuel o la desaparición de Julio López, por el contrario
nunca han generado el menor signo de preocupación o siquiera cristiana
compasión.
La inscripción de Hezbolla, como primer registro “a
medida” de la política de guerra de los EE.UU. contra Irán (en la que se
inscribe descaradamente la llamada “causa Memorandum Irán”) confirma lo
grotesco del procedimiento, nos conecta con un grave conflicto armado
en el Medio Oriente y solo augura problemas para todas y todos.
Nuestra
experiencia de más de ochenta años, nacimos para luchar contra estos
crímenes en 1937, nos genera la mayor preocupación. Casi siempre, luego
de estos anuncios legales, ha venido un periodo de mayor restricción a
las garantías y espacios democráticos. Haremos todos los esfuerzos para
que esta vez no suceda.
Sobre nuestras posiciones históricas contra la ley antiterrorista pueden leer:
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