Si,
finalmente, la demanda ciudadana se abrió paso. El Presidente Martín
Vizcarra, acorralado por la mafia fuji-aprista, resolvió el lunes 30,
disolver el Congreso de la República y convocar a nuevos comicios
parlamentarios para el próximo 26 de enero.
Esta acción,
considerada enteramente legítima y racional en España, Inglaterra, o
Francia es objetada en estos lares por los núcleos más reaccionarios, y
calificada como “chavista”. Y por eso, en lugar de admitirla, sus pares
de aquí, resolvieron imitar a la contra venezolana y proclamaron una
versión peruana de Guaidó, ungiendo como “Mandataria” a Mercedes Araoz,
una personalidad de antecedentes repudiables. “Mis Bagua” le dicen.
Es
bueno decir que esta crisis se veía venir. La obsesiva voluntad de la
mafia por apoderarse, a cualquier precio, de todos los resortes del
Poder doblegando a la mala toda resistencia, debía tener un límite. Y
así lo entendió el pueblo. Por eso, desde un inicio, en calles y plazas
de toda la República, vino demandando el fin del ciclo, y el cierre del
Parlamento Nacional.
En las últimas semanas, la crisis
tomó mayores proporciones. El Congreso se propuso liberar a Keiko
Fujimori destinada a permanecer en prisión preventiva hasta el juicio
que habrá de condenarla próximamente, y copar definitivamente el
Tribunal Constitucional mediante un procedimiento considerado “exprés” y
que se tramitó en apenas 30 minutos. Y cuando se creía que ya tenía
humedecida la pólvora y agotadas sus municiones, resolvió simplemente
archivar al proyecto de adelanto de elecciones planteado por el
Ejecutivo.
Esta última acción resultó decisiva por el
fondo y por la forma. El fondo, incluía el rechazo a una salida sensata y
constitucional a la crisis planteada. Y la forma, dejaba al desnudo el
descaro de parlamentarios ensoberbecidos y asustados que, en lugar de
emitir un dictamen y ponerlo razonablemente a disposición del Pleno del
Congreso para que lo debata, optaron por “archivar” la iniciativa con el
voto de 13 de los 130 congresistas. Esta decisión por sí sola bastaría
para ilegalizar dicho acuerdo. No obstante, buscaron implementarlo a
contra mano de la realidad.
La decisión del Presidente
Vizcarra responde, por eso, a una necesidad planteada en la lucha contra
la corrupción, pero también a la demanda masiva de la población. Por
eso fue saludada por casi un millón de peruanos que virtualmente en
todas las ciudades del país se lanzaron a la calle al inicio para exigir
la medida, y luego a aplaudirla con entusiasmo creciente.
La
medida es buena. Y merece activo respaldo ciudadano. Pero no cabe
hacerse ilusiones con ella. Es un paso indispensable en la lucha contra
una mafia envilecida y en derrota que hoy cuenta apenas con el respaldo
de la CONFIEP -los empresarios agrupados y puesto siempre al servicio de
sus propios intereses- pero no es la solución a los problemas que hoy
agobian al país. Ellos, por cierto, son infinitamente más graves; y sólo
podrán encararse cuando seamos realmente capaces de transformar
radicalmente la estructura de dominación vigente.
Tres
retos están planteados en la perspectiva más o menos inmediata: la
vigencia de la írrita Constitución de la Dictadura, que nos fuera
impuesta por el fraude y las armas; la adhesión incondicional al
“modelo” neoliberal que hace crisis por todos los costados; y el
cumplimiento de una política exterior dictada desde Washington y que
presupone la renuncia a nuestra independencia y soberanía.
Las
demandas populares que se orientaron a la lucha por el cierre del
Congreso están preñadas de estas exigencias. Y ellas habrán de hacer luz
por la maduración del movimiento. Implicarán, entonces, la preservación
de nuestra estructura productiva, la defensa de nuestros recursos
energéticos y el uso de las potencialidades de nuestro país en beneficio
del desarrollo y el progreso nacional. Todo ello habrá de pasar.
Necesariamente, por una Asamblea Constituyente que elabore una nueva
Carta Magna acorde a las exigencias de nuestra realidad.
Aún
la mafia piensa que puede aletear. No está dispuesta a darse por
vencida. Buscará no sólo recuperar las posiciones perdidas, sino también
anhelará vengarse de quienes la derrotaron. Por lo pronto, ahora
llamará a la OEA. Espera que el señor Almagro venga a darle la razón. Y
que desde otras latitudes, gobiernos despistados -o de su mismo signo-
“reconozcan” a la señora Araoz como “Presidenta de la República”.
El
telón aún no ha caído. La función no ha terminado. La lucha de nuestro
pueblo seguirá un derrotero abierto con coraje y sacrificio
https://www.alainet.org/es/articulo/202428
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