La CONAIE de Ecuador
Quizá una imagen que
condensa el acontecimiento creado en el Ecuador durante las jornadas de
protesta en contra de varias medidas de ajuste, tomadas al tenor del
acuerdo con el FMI, sea aquella de la noche del domingo 13 de octubre de
2019, en donde negociaban la paz, de una parte y en representación del
pueblo del Ecuador (y no se trata de ninguna exageración), la dirigencia
del movimiento indígena y, justo frente a ellos, todos los poderes del
Estado: el Presidente de la República, el Presidente de la Asamblea
Nacional, el Presidente de la Función de Participación Ciudadana y
Control Social, la Presidenta del Consejo Nacional Electoral, la
Fiscalía General del Estado, el Contralor General.
Esa imagen
resume, concentra y proyecta el momento político del Ecuador porque
constituye al movimiento indígena en interlocutor e interpelante no solo
de una política económica del gobierno, sino de una forma de
construcción del Estado, su sistema político y económico. Es la
representación más pura y más icónica de lo que significa el Estado
Plurinacional.
Para llegar a ese momento, fue necesaria una
movilización social inédita, al menos desde los años cuarenta del siglo
pasado, y eso es mucho decir en un país que ha destituido por la vía de
la movilización social a varios presidentes de la república.
El
detonante de esa movilización fue el Decreto No. 883 que liberó el
precio de los combustibles y, de esta manera, eliminó el subsidio a la
gasolina extra y al diésel, en conformidad con los compromisos asumidos
con el FMI en marzo del mismo año. Siempre será una incertidumbre que
desafía al sentido común, tratar de comprender cómo un gobierno que no
tenía casi ningún capital político y ninguna base de sustentación
social, pudo haber tomado una medida de consecuencias sociales tan
importantes como aquella.
Entre la presión de su equipo
económico por cumplir las prescripciones establecidas por el FMI y el
principio de realidad que le decía que esas políticas económicas no
tenían ninguna posibilidad de ejecutarse, y que además no eran
necesarias en términos fiscales y macroeconómicos, el régimen optó por
la esquizofrenia de negar lo evidente: no tenía ningún espacio de
maniobra para imponer las condicionalidades del acuerdo con el FMI y,
como los esquizofrénicos, escuchó voces que provenían de su propio
sentido de realidad para tratar de legitimar y justificar la
irracionalidad de sus propias decisiones.
De esta forma y ante
un hecho concreto que ameritaba respuestas concretas, el régimen acudió
al expediente de culpar al anterior gobierno y convertirlo en adversario
e interlocutor de la crisis que él mismo generó.
Se trató de
un regalo de los dioses para los responsables del anterior gobierno que
tenían que vérselas con varias denuncias ante la justicia, que no tenían
casi ninguna capacidad de movilización social, y cuyo capital político
se deterioraba a una velocidad imparable, pero que de pronto se
convirtieron en el centro de un debate del cual, hasta ese momento, no
habían tenido nada que ver.
El régimen resignó cualquier
posibilidad de enmarcar la crisis dentro de la política, porque había
desalojado de esa esfera toda posibilidad de resolverla, ya que había
colocado en su centro a sus propios enemigos personales, en la
ocurrencia, a los cuadros políticos del anterior gobierno, en especial
el expresidente y ex-aliado Rafael Correa.
Mientras el país
literalmente se incendiaba, el régimen se enfrascó en una guerra contra
sus propios fantasmas, y se aferró como el náufrago en mar gruesa, y por
increíble que pueda parecer, a la teoría de la conspiración. El régimen
pensó que al adscribir la movilización social a la teoría de la
conspiración de sus enemigos políticos podía deslegitimar la protesta
social al tiempo que destruir a sus enemigos más inmediatos y ganar
gobernabilidad. Esta estrategia se validaba desde esa esquizofrenia de
inventar una realidad que solo existía en su propio delirio.
Así, en ese vacío político, la conducción y gestión de la crisis salió
de la política y se refugió en el cuarto de guerra del Ministerio de
Defensa. Lo que pudo y debió haber sido una negociación política y el
reconocimiento que las medidas de ajuste del FMI siempre implican
conflicto social, se convirtió, para el Ministerio de Defensa, en una
guerra contra el pueblo, que no veía manifestantes y organizaciones
sociales sino combatientes.
Para los halcones de la guerra, la
política se soluciona siempre y en todo momento con dosis heurísticas de
violencia, miedo y terror. Ellos están convencidos que si incrementan
más que proporcionalmente esa dosis, el enemigo, tarde o temprano,
terminará rindiéndose. Y esa metodología fue la que aplicaron en el
Ecuador desde el momento en el que empezó la crisis, de ahí la cantidad
increíble de heridos, prisioneros y asesinados. Con cada minuto que
pasaba, se incrementaba la violencia a niveles que rozaban el terrorismo
de Estado y los crímenes de lesa humanidad.
Sin embargo, a
medida que esa violencia se incrementaba, empujaban cada vez más a
sectores sociales a unirse a las protestas y a tomar partido. Desde el
inicio de la crisis, la convergencia de sectores sociales hacia la
movilización social en contra del ajuste económico crecía de forma
significativa, y la movilización se transformaba, no solo en una
exigencia por la derogatoria del Decreto 883, sino también en una
apelación unánime por la paz y el cese de la violencia. Todos ellos
reconocían en la CONAIE la legitimidad de la conducción estratégica de
la movilización y su vocería.
Así, los halcones provocaron el
efecto inverso al que buscaban: la exacerbación de la violencia dio más
espacio de maniobra, más legitimidad, más apoyo y más fuerza al
movimiento indígena y sus aliados, y transformó la demanda por justicia
económica en una lucha por la paz. Por eso, las negociaciones con el
gobierno, fueron negociaciones por la paz.
Mientras el gobierno
renunció al sentido común y se enfrascó en una guerra con sus
imaginarios enemigos políticos y no se movió de las coordenadas de su
propia teoría de la conspiración, y dejó en manos de los halcones la
resolución del conflicto social, la CONAIE hizo exactamente lo
contrario: situó las coordenadas del conflicto dentro de la política,
del modelo de acumulación y de los acuerdos con el FMI. Esto marcó una
asimetría de interpretación, de conducción, de estrategia, de táctica y
de discurso entre el gobierno y el movimiento indígena que tuvo
consecuencias importantes y que explica y contextualiza la derrota del
gobierno.
La CONAIE había aprendido de la historia que era más
fácil cambiar de presidente de la República que alterar el modelo
económico. En esta coyuntura, el movimiento indígena apuntó al centro
del problema: el acuerdo con el FMI que se expresaba en las medidas
económicas como aquella de la liberación del precio de los combustibles.
Si se lograba la derogatoria de esa medida, la maquinaria neoliberal
comenzaría a fallar. Su colapso ulterior dependería de las futuras
acciones que emprenderían el movimiento indígena y sus aliados.
Lo prioritario, para la CONAIE en esta coyuntura, no pasaba de ninguna
manera por el cambio de presidente de la República, que además es apenas
una ficha en el tablero real del poder, sino por alterar las
condiciones de la dominación económica que esta vez tenían en el
neoliberalismo su marco de referencia y su condición de posibilidad. La
CONAIE, de esta forma, se sustrajo de la maniobra que pretendía
involucrarla en un conflicto entre el gobierno y sus enemigos
personales. Para la CONAIE el objetivo era derogar el Decreto 883 para
empezar a desmontar el engranaje neoliberal. Nunca estuvo en sus
prioridades ningún cambio de gobierno ni mucho menos.
Pero el
gobierno resignó toda posibilidad de dar una lectura política a sus
propias decisiones, creyó en sus propios simulacros y empezó a generar
gestos de desesperación como trasladar la sede del gobierno a la ciudad
de Guayaquil, e insistir en un complot internacional en su contra.
Mientras la CONAIE planteaba y posicionaba un debate político-económico
y sumaba cada vez más adhesiones y más aliados, y su espacio político
crecía de manera inversamente proporcional al espacio político que
perdía el gobierno, los aliados políticos del régimen, en especial la
derecha, las cámaras empresariales y los grandes medios de comunicación
se perdían en el laberinto de sus propias contradicciones.
No
acertaron, ninguno de ellos, a comprender ni a interpretar de forma
correcta la coyuntura. Hicieron de corifeos y sicofantes de los
argumentos del gobierno y resignaron posiciones que comprometían su
legitimidad en el largo plazo y su margen de maniobra en el corto plazo.
Sin duda alguna, el epítome del grado cero de inteligencia y
perspicacia política lo representa el exalcalde de Guayaquil, Jaime
Nebot y, hasta ese momento, el candidato más fuerte de la derecha
política para la presidencia de la república. En una jugada rocambolesca
que no tenía significación alguna para el momento político que vivía el
país, y en plena efervescencia de la movilización social en contra del
ajuste neoliberal, Nebot organizó una marcha en la ciudad de Guayaquil,
supuestamente para defender la ciudad (¿de quién?), pero que únicamente
sirvió para inmolarse políticamente y perder, en pocas horas, todo el
capital político que había acumulado en años. De esta manera, deja sin
capacidad de representación importante a la derecha en el sistema
político.
Lo mismo sucedió con los grandes medios de
comunicación que no entendieron que en la sociedad de la información y
de las redes sociales, ya no existe ni el privilegio ni el monopolio de
la información. Los referentes para construir una interpretación más
objetiva del mundo y de la política, ya no pasan por la pantalla del
televisor, ni por las páginas de los periódicos, sino por la democracia
de las redes sociales.
El desgaste y la desesperación del
gobierno producto de sus errores, en un contexto en el que pasaban los
días y la movilización social se fortalecía cada vez más, así como la
incapacidad de resolver el conflicto por parte de los halcones que
llevaron la violencia al clímax, los llevaron a tomar iniciativas que
evidenciaron su debilidad: en los primeros momentos de la resistencia
social se intentó desmovilizar al pueblo a través de la declaratoria del
Estado de excepción, y luego de más de diez días de movilización
nacional, se decretó el toque de queda. Fue en ese preciso momento, que
la CONAIE comprendió que había ganado la partida, lo demás era cuestión
de tiempo.
En efecto, horas después del toque de queda y del
repudio de la ciudadanía a esta medida, el gobierno imploraba por el
diálogo a la dirigencia indígena. Había aceptado derogar el Decreto 883,
pero quería enmascarar su derrota con algo de dignidad perdida:
elaborar conjuntamente con la dirigencia indígena un nuevo decreto y
tratar de salvar in extremis el acuerdo con el FMI. Se trataba de una
maniobra que le permitía comprar un poco de tiempo, pero la partida
había sido jugada ya, y el movimiento indígena, conjuntamente con el
pueblo, la habían ganado. Bajo ningún concepto y circunstancia, el
movimiento indígena y sus aliados iban a transigir con el modelo
neoliberal, menos aún luego de su victoria. El gobierno lo sabía mas, a
pesar de ello, persistía.
La derrota del gobierno le obligó a la
catarsis y no encontró otra salida que arrimarse al filo del abismo:
judicializa a los dirigentes sociales, persigue y criminaliza a todos
aquellos a quienes considera sospechosos. Busca a las víctimas
propiciatorias de sus propios errores. No obstante, su margen de
maniobra disminuye a niveles dramáticos y su capacidad de gobernabilidad
se reduce al mínimo. En realidad, es un gobierno zombie. Pero un
gobierno acorralado y sin margen de maniobra puede ser aún más
peligroso, y el movimiento indígena está perfectamente consciente de
ello.
La CONAIE emerge en esta circunstancia como el sujeto
histórico más importante en la historia contemporánea del Ecuador. Su
capacidad de movilización fue puesta a prueba y demostró un alto nivel
de coordinación nacional y un elevado grado de disciplina de toda su
estructura organizativa. Demostró una renovación de sus cuadros
dirigentes que respondieron a las exigencias de la coyuntura con
solvencia, integridad moral y compromiso con su proyecto histórico. No
existe en el Ecuador, una organización social a ese nivel. Su discurso
político es coherente y demuestra un proceso de aprendizaje y
elaboración conceptual que se armoniza con su tiempo histórico. Su
capacidad de generar convergencias y articular estrategias con otras
organizaciones sociales es también importante.
Los errores del
gobierno, de la derecha política y de los medios de comunicación,
transforman radicalmente el escenario del sistema de representación
porque reducen, quizá como pocas veces en la historia política reciente,
la capacidad política de la derecha y abren el espacio de posibles
históricos para un proyecto progresista, democrático, y plurinacional.
El pueblo ecuatoriano ha escrito una de las páginas más importantes de
la historia contemporánea que marca un hito en la resistencia en contra
del neoliberalismo. Se trató de una rebelión popular que encendió una
chispa y permitió comprender que el neoliberalismo puede ser derrotado y
que otro mundo es posible, y que ha empezado ya su camino.
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