“No son 30 pesos, son
30 años”. Esta consigna, levantada entre cientos de pancartas durante
unas movilizaciones que tienen perplejo al país, expresa un clima, una
percepción temporal. A casi una semana del estallido del 18 de octubre,
que algunos artistas y creadores han comenzado a llamar la Revolución de
Octubre, vemos pasar en nuestras conversaciones, en las lecturas y
declaraciones, los procesos e incidentes políticos y económicos de los
últimos 30 años. En una semana han caído máscaras, ídolos con pies de
barro, el discurso del mercado como el dogma religioso de un orden que
ha cruzado generaciones y demuestra, minuto a minuto, su impudicia y
falsa moral. El modelo de mercado, aquel dios ritualizado, parece yacer
derribado y humeante.
Hasta el momento, hay no pocos elementos que
hacen pensar que se trata de una movilización que expresa el rechazo a
un orden, a una institucionalidad degradada, y la demanda de mutaciones
radicales, de cambio de ciclo y de régimen. La fuerza y las demandas
públicas no apuntan a a reivindicaciones puntuales, lo que ha quedado en
evidencia tras la indiferencia y rechazo de la población al paquete de
medidas que ofreció Sebastián Piñera a inicios de este semana.
De ser así, y es muy probable que lo sea, a partir de estos días la
sociedad organizada debiera poner en marcha una estrategia para la
canalización de las fuerzas y elevarlas desde la acción social a la
política. Un primer paso ha sido la oportuna presencia e intervención de
las principales organizaciones sociales y sindicales bajo coordinadoras
y plataformas que este miércoles llamaron a manifestaciones en las
principales plazas del país y este jueves a jornadas de organización con
la creación de asambleas y cabildos que en un primer momento tienen un
carácter comunal y territorial. Juntas de vecinos, centros culturales y
barriales, clubes deportivos están convocados para recoger las
principales demandas de la población. La respuesta ha sido enorme pero
no incluye a todos ni se compara con la expansiva multitud en marchas y
concentraciones.
Junto a la incipiente instalación de asambleas
y trabajos de organización, las demandas han iniciado un proceso de
orden bajo la Mesa de Unidad Social, que agrupa a las mayores centrales
sindicales y organizaciones sociales. En este proceso inicial, qué es lo
fundamental se pregunta la población. Por qué parte comenzar el
desmantelamiento del orden de mercado.
De partida, levanta
Unidad Social, y con carácter de urgencia, fin de estado de excepción,
retiro de los militares de las calles, más una larga lista de soluciones
a problemas sociales básicos, que va desde el fin de las AFP, la
reducción de la jornada de trabajo, la congelación de todos los
proyectos de ley enviados por el gobierno que favorecen a las élites,
como la contrarreforma tributaria, hasta la instalación de una asamblea
constituyente para la redacción de una nueva constitución. Y hay también
otra demanda en crecimiento, que es la renuncia de Piñera que toma
cuerpo en estos días como acusación constitucional. En redes sociales y
en las calles la consigna que lidera a todas las otras es el retiro o la
renuncia del mandatario.
A una semana del estallido asistimos a
un gobierno que observa, reprime y parece esperar que la multitud se
calme por sí misma. Así como ha sido incapaz de evaluar y anticipar la
explosión social, tampoco en estos días sabe cómo reaccionar. Ante un
pueblo indignado, que crece en sus niveles de agitación y masividad,
Piñera no logra ni respuesta ni entregar una señal política que conduzca
a una mínima calma.
En este momento, en un país en plena
ebullición, hay al menos tres escenarios probables. Eso, en la medida
que la correlación de fuerzas continúe en ascenso y nuevos grupos y
sectores comiencen a sumarse. Este jueves, por ejemplo, hubo una
protesta de camioneros en Valparaíso que se repetirá el viernes para
demandar el fin de las AFP y los abusivos peajes de las carreteras
concesionadas.
En este momento cambiante, y sin cursos claros,
el doctor en Ciencia Política Juan Carlos Gómez Leyton, observa, en una
primera instancia, un gobierno que aumenta el autoritarismo y avanza
hacia una dictadura de corte similar a la que desarrolló durante la
última década del siglo pasado Alberto Fujimori en Perú. Con la excusa
de neutralizar a la delincuencia y a los vándalos, Piñera podría
imprimirle más fuerza a la limitación de libertades. En ese escenario,
se pueden suprimir mucho más los derechos civiles, como censura a la
información y prohibición de reunión. Este sería un acuerdo con los
partidos de derecha y algunos hoy en la oposición que podrían apoyarlo
con la excusa de la gobernabilidad.
Un segundo escenario es que
sin alterar el orden constitucional actual se hagan reformas que
satisfagan algunas de las demandas de algunos sectores. Sobre la base de
la división, del aislamiento de los sectores más radicales, se
fragmenta el movimiento y Piñera logra mantenerse en el gobierno. Este
escenario es probable si las protestas entran en un proceso de
rutinización en tanto el gobierno gana tiempo para cansar a los líderes y
en especial a los manifestantes más esporádicos y no organizados.
Un tercer escenario consiste en un aumento de las movilizaciones hasta
que Piñera y su gobierno caiga. Esto sería lo que Gómez Leyton llama
“golpes civiles ciudadanos”. Una insurrección ciudadana, que no es una
insurrección revolucionaria, aclara, que no busque tomarse el gobierno
sino simplemente derribar al mal gobernante y a través de un gobierno
provisional se convoque a nuevas elecciones.
Precipitación de
hechos, pero plena incertidumbre en todos los actores involucrados. Una
gran confusión envuelve al gobierno, que desde el estallido ha entregado
señales confusas y contradictorias, toda la clase política y la
población, que responde en estos momentos en un proceso que puede
avanzar a cualquier parte. No hay en Chile hoy ni analista, ni gurú
político que pueda anticipar los hechos. El juego es día a día, incluso
hora tras hora.
Se puede afirmar que el gobierno de Piñera ha
terminado y que el orden neoliberal, sino ha colapsado, sí está
arruinado. El riesgo país, la fuga de capitales, la caída brutal de los
precios de las acciones, la salida de inversionistas es un hecho. Pero
el mayor golpe se lo ha dado la población, que solo se moverá si el
gobierno accede a sus demandas, todas abiertamente contrarias a la
doctrina neoliberal. Cualquiera de las principales demandas, como, por
ejemplo, desde subir las pensiones, elevar el salario mínimo, a
estatizar los servicios públicos, son un golpe mortal a las políticas de
libre mercado.
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