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miércoles, 23 de octubre de 2019

Argentina: en primera, sin balotaje



Buenos Aires. ¡Jelou! ¿Donald? ¡Soy yo, Mauricio! ¿Estás ahí? Jelou. ¿Donald? Jelou. Populism is coming back! Please. Donald? Jelou! I beg you, dear friend! Just give me a call! Jelou, jelou. Help!
Nada. Macri arrojó el teléfono por una ventana de la Casa Rosada, pegó una puteada que hizo cimbrar la histórica Plaza de Mayo, y le dijo a Sri Sri Ravi Shankar, su gurú personal: ¡Pensá en algo, boludo!
Mientras, en las calles, desfilaban jóvenes en solidaridad con los pueblos de Chile y Ecuador. Miguel Ángel Pichetto (candidato a vice de Macri) y Patricia Bullrich (ministra de Seguridad) declararon que en las manifestaciones hubo venezolanos y cubanos infiltrados (sic). Y que si el domingo entrante el peronismo ganaba las elecciones, Argentina caería en el caos.
La desesperación del presidente era comprensible. Porque después de que en las primarias de agosto el binomio Alberto Fernández/Cristina Fernández de Kirchner (Frente de Todos) barrió al de Macri-Pichetto cosechando 16 puntos de diferencia (48.25/32.49 por ciento), el balotaje se tornaba en una meta imposible de alcanzar.
El voto peronista se impuso en las 23 provincias del país. Santiago del Estero (75.66 por ciento) y Formosa (69.90) registraron el caudal más abultado. Santa Fe (43.66 por ciento) y Mendoza (40.48), el menos caudaloso. El promedio nacional de sufragios peronistas fue de 59.42 por ciento.
Entonces, Macri tomó un calmante, y recibió a un equipo de expertos en justicia electoral, que aguardaba en la antesala de su despacho. Mejor que me traigan algo novedoso, les advirtió. Temblando, los expertos explicaron: “Mire, señor presidente… Si usted nos autoriza a desdoblar los certificados del escrutinio –de manera que haya dos hojas en lugar de una, como hasta ahora, y una de ellas sea exclusiva para la elección presidencial– podemos instalar la confusión en los medios, y luego presionar para exigir el balotaje”.
Con más de 100 causas penales que lo esperan en la justicia, Macri respondió: ¿Y si sale mal? Las encuestas señalan que Alberto y Cristina nos sepultarán con 15 puntos de diferencia. Y concluyó: ¡Ni siquiera Smartmatic puede salvarnos de la humillación!
En efecto, la firma Smartmatic, promotora del voto electrónico (que no prosperó, aunque fue contratada por el macrismo para procesar los resultados), puede cometer fraude si la diferencia es mínima. Pero con 3 millones 800 mil votos en contra, la cosa está difícil.
Sin embargo, el ingeniero en telecomunicaciones Ariel Garbarz advirtió que el macrismo “está preparando todo para que haya fraude, y que este fraude no deje huellas. Pareciera que el gobierno se ha puesto de acuerdo con la Cámara Nacional Electoral. El fraude –alertó– ya está organizado: controlan el software (al que no tuvo acceso la oposición), lo que indica que van a manipular la transmisión electrónica”.
Conclusión similar a la del politólogo Rubén Armendáriz, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico de Uruguay: “El macrismo –aseguró– optó por la comunión entre servicios de inteligencia, Poder Judicial y medios de comunicación: extorsiones, coacciones, carpetazos, causas y abogados falsos para exigir dinero a ciudadanos para armar y dirigir causas judiciales, con el apoyo de organismos estatales estadunidenses y quizá también israelíes”.
Este es un recurso que ofrece el software contratado a la trasnacional Smartmatic, y que pretendía suspender el telegrama electoral, que es la única garantía de transparencia en la transmisión electrónica de los datos, desde las escuelas y establecimientos donde se emiten los votos al Centro de Cómputo.
Smartmatic tiene el software Election-360, desarrollado por la empresa, que se usa para registrar, controlar y contar los votos en las propias elecciones. Cuando se escanea el acta de cierre de la votación, y antes de llegar al Centro de Cómputo, la información pasa por un punto intermedio que está a disposición del contratante. O sea, el gobierno que lo compró.
Los medios hegemónicos insisten en que Smartmatic es una empresa venezolana, y que gracias a ella los gobiernos chavistas lograron sumar sucesivas victorias desde 1999. Pero la realidad, aclara Armendáriz, es que Smartmatic no opera en Venezuela, ya que el dueño de la empresa es un lord inglés llamado Mark Malloch-Brown, asesor de las campañas presidenciales del prófugo de la justicia boliviana Gonzalo Sánchez de Losada (1989), de Mario Vargas Llosa (1990) y contratado en Chile y Colombia.
Para las elecciones legislativas de 2017, el gobierno argentino decidió adjudicar el operativo electoral provisorio al Correo Argentino, dirigido por un ex gerente de Socma, empresa de la familia Macri.
Desolado, Macri sacudió al gurú. ¿Ya pensaste en algo? Pero el maestro, experto en optimismo y alegría, viró los ojos en blanco y guardó un silencio sabio, desconcertante y profundo.

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