Cinco motivos y una reflexión estratégica que
sustentan la propuesta de poner en marcha una empresa pública de
fabricación de medicamentos
Nueva Tribuna
La frecuente situación de desabastecimiento farmacéutico (el ultimo ejemplo es la escandalosa actuación de Aspen)
y el elevado gasto en medicamentos, que tiene un muy preocupante
crecimiento (14% entre 2014 y 2017 y el 22,7% solo en farmacia
hospitalaria) obliga a la búsqueda de soluciones para hacer sostenible
esta situación a la vez que se garantiza a todas las personas el acceso a
los medicamentos que necesitan. En este contexto se ha planteado la
idea de poner en marcha una empresa pública de fabricación de medicamentos,
y por eso me gustaría señalar al menos 5 motivos concretos y una
reflexión estratégica que a mi entender sustentan esta propuesta.- Para garantizar la seguridad de los medicamentos. El reciente caso del Valsartan ha puesto de relieve como con frecuencia las farmacéuticas intentan maximizar los beneficios mediante la “externalización” de la producción de los medicamentos, en países conde los controles de calidad son menos rigurosos, y eso produce potenciales riesgos sobre los usuarios. Una industria pública permitiría que los criterios económicos no se impusiesen sobre la seguridad de los enfermos.
- Para acabar con los desabastecimientos. Los grandes beneficios de la farmacéutica se complementan con la desatención de aquellos medicamentos que aun siendo efectivos tienen una baja rentabilidad (se ha denunciado en España el desabastecimiento de 170 medicamentos, cuyo suministro no se asegura por las farmacéuticas porque tienen precios muy bajos y/o porque han desarrollado alguna alternativa de eficacia similar pero de mayor precio), lo que evidencia, una vez más, la preocupación de las farmacéuticas solo por sus extraordinarios beneficios y no por la salud de la población. El caso de Aspen de utilizar el desabastecimiento para presionar en la consecución de aumentos de precios es el ultimo escándalo conocido al respecto. Una de las tareas de una empresa pública es acabar con estas situaciones garantizando la accesibilidad de todos los medicamentos de eficacia probada aunque no tengan rentabilidad empresarial, eliminando de paso las maniobras especulativas de las farmacéuticas.
- Para reenfocar la investigación. Es bien conocido que las farmacéuticas dirigen una parte muy sustancial de la investigación hacia por un lado áreas de gran rentabilidad económica, no necesariamente social, y hacia modificaciones poco significativas de moléculas preexistentes que les permitan nuevas patentes a precios muy superiores sin añadir un valor terapéutico significativo. Una industria publica valdría para reenfocar esta situación y potenciar la investigación hacia enfermedades prevalentes desatendidas, y hacia áreas ahora casi abandonas por sus elevados costes y escasa rentabilidad (el mejor ejemplo es la búsqueda necesaria de nuevos antibióticos ante la utilización inapropiada de los mismos).
- Mejorar la transparencia. Las empresas farmacéuticas frecuentemente distorsionan el acceso a las informaciones sobre efectos adversos, limitaciones, etc, de sus medicamentos, una empresa pública serviría para garantizar la transparencia de todas las actuaciones, problemas y efectos adversos relacionados con la producción y utilización de los medicamentos.
- Favorecer el control de los precios. Una empresa pública podría mejorar la relación entre los precios reales de producción y dispensación, tanto por los precios de sus productos, como por su influencia sobre los competidores no públicos. Conviene recordar que una de las propuestas iniciales del denominado Obamacare era precisamente el establecer un aseguradora pública que pudiera ejercer esta función de moderación de los precios de los mismo (se calculaba que lograría rebajas en torno al 15%) Otro ejemplo, en Brasil recientemente una iniciativa empresarial pública proponía la producción de Sofosbuvir a un precio 5,81 veces inferior del que factura Gilead (que por cierto vende el producto en ese país a 16.000 reales, unos 4.000€ al cambio).
La reflexión estratégica tiene que ver
con el punto anterior. La presencia de una empresa farmacéutica pública
daría un gran margen de negociación al gobierno a la hora de acordar y/o
pactar precios y condiciones con las farmacéuticas, un margen hasta
ahora inexistente, debido en gran parte en la ausencia real de
alternativas. Imaginemos que el Gobierno en su día hubiera decidido en
el caso del Sofosbuvir la “quiebra de la patente”ante
una necesidad de salud pública, al día siguiente se hubiera encontrado
en la misma situación de no poder atender la demanda asistencial, porque
ninguna otra empresa estaría dispuesta a fabricar el producto por miedo
a las consecuencias (legales, boicoteo de productos, etc.). Solo la presencia de una industria pública farmacéutica convierte a esa alternativa en una realidad factible.
Finalmente habría que hacer otras consideraciones suplementarias. En primer lugar podría
pensarse que el elevado numero de medicamentos existentes (mas de
70.000 patentes de medicamentos en el mundo), seria un obstáculo
difícilmente salvable. No obstante conviene recordar que la ultima
lista de medicamentos esenciales actualizada por la OMS en junio de 2017
recoge solo 433 medicamentos, y que ese elevado numero de patentes
incluye toda la variedad de “pseudo medicamentos” presentes en el
mercado, que ninguna industria pública seria tendría el menor interés en
producir. Incluso admitiendo que la lista de la OMS es probablemente
demasiado restrictiva, no tiene interés la producción pública de mas de
1.000 o 1.500 medicamentos distintos, y por supuesto cualquier intento
consistente de poner en marcha una industria pública, debería de
comenzar por un listado mucho mas limitado, porque se trata de un sector
que precisa inversiones y experiencia para poder desarrollarse que no
pueden improvisarse de la noche a la mañana.
La segunda es el conocido problema de las patentes y los sistemas internacionales que las protegen,
una realidad incuestionable, que debería de cambiarse y que solo es
factible hacerlo a escala internacional, precisando de actuaciones
coordinadas y muy complejas, en las que por supuesto hay que ir dando
pasos. Ahora bien, fiarlo todo a este cambio en las relaciones que
regulan el comercio y la investigación en el ámbito global, me parece
una actitud demasiado pesimista, porque es improbable que se consiga a
corto y medio plazo. Algunas cosas pueden y deben hacerse aquí y ahora,
propiciar un industria pública farmacéutica es una de ellas, y por
cierto nada fácil de conseguir, porque va contra la tendencia neoliberal
de privatizar y adelgazar el estado, y se encontrara con una gran
resistencia de ese poderoso “lobby” que es Farmaindustria.
La
tercera tiene que ver con la existencia de un dispositivo público en
nuestro país, el Centro Militar de Farmacia de la Defensa que posee
instalaciones y personal cualificado para constituir un embrión de esta
empresa pública farmacéutica y que a día de hoy se encuentra totalmente
infrautilizado.
Entiendo que hay razones suficientes para poder avanzar en esta iniciativa, que puede ser clave para garantizar la sostenibilidad de la Sanidad Pública en nuestro país.
Marciano Sánchez Bayle es médico y portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública
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