Perú
El referéndum del
pasado 9 de diciembre no FUE un hecho intrascendente, como aseguran
algunos, incluso desde la vereda de la izquierda; pero tampoco ha sido
inútil. Es verdad que no tenia incidencia notable en el escenario
constitucional -largamente el más importante- y no habría de generar
tampoco modificaciones sustantivas en la vida de nuestro pueblo; pero
tenía otras connotaciones y ribetes. Era el colofón de una dura lucha
contra la corrupción y, en particular, contra la Mafia Keiko-Alanista,
que ha resultado severamente castigada.
Objetivamente era la primera
confrontación electoral desde el 2016, cuando por apenas 40 mil votos
de diferencia fue posible evitar la victoria de la Mafia. Se requería,
entonces, que el país registrara las mutaciones que se han venido
procesando en los últimos dos años, y que han expresado una voluntad que
luce irrebatible: el Apra y el Fujimorismo, son hoy dos magras
expresiones de un pasado vencido, al que la inmensa mayoría de los
peruanos no quiere volver.
La votación ha concluido con una
derrota estruendosa que algunos no quieren entender. La írrita “mayoría
parlamentaria” ha sido virtualmente borrada del escenario nacional; y
los viejos carcamanes que aun la representan, han perdido desde el honor
hasta la vergüenza. Todo se ha definido como se esperaba: ha ganado el
pueblo gracias a su instinto de clase y a su inclaudicable voluntad de
lucha
Pero esta victoria, más que triunfo material y concreto,
se proyecta ahora como aliento para nuevas batallas. La brega por una
nueva Constitución, toma fuerza, y exige trabajo definido en diversos
segmentos de la sociedad. Hay que ganar la conciencia de millones –y eso
es posible ahora- para lograr una nueva Carta Magna que archive el
“modelo” Neo Liberal, restituya el papel del Estado en la economía,
afirme la participación ciudadana, asegure una verdadera democracia
social, preserve las riquezas del país a fin que sirvan para el
bienestar de millones, garantice los derechos de las grandes mayorías,
elimine los privilegios de la clase dominante y proyecte una política
exterior independiente, soberana y plenamente solidaria con los pueblos
de nuestro continente. En otras palabras, una Constitución acorde con
las ansias liberadoras que asoman en la víspera del bicentenario de la
Independencia.
Conscientes de eso, dijimos desde un inicio que
el Referéndum, ni de lejos agotaba las metas de nuestro pueblo. Al
contrario, las colocaba en un nivel más alto y perfilaba nuevos
derroteros que hoy asoman con mayor precisión.
Hace algunos
días tuvo lugar en Lima un evento convocado por los organismos
vinculados al sector financiero, al Banco Mundial y al Fondo Monetario.
Estuvieron en él, funcionarios de distintos organismos del Estado,
convocados para conocer nuevos elementos referidos a la realidad de hoy.
¿El tema global? Los 25 años de la aplicación del “Modelo” gracias a la
Constitución del 93 y el oscuro maridaje entre AFF y el FMI En la base
del certamen estuvo por cierto la CONFIEP y los organismos patronales
aún en boga.
La orientación entregada en esa circunstancia,
partió de la gravedad de la crisis que remece las bases de la sociedad
peruana, y la necesidad de enfrentarla con nuevos “ajustes” del mismo
signo de los ya aplicados. Para superar esa etapa -se dijo de modo
general- hay que “aplicar mejor” las viejas recetas fondomonetaristas.
Combatir la corrupción, claro, y no dejar que en nombre de la lucha
contra ella, se empinen “recetas populistas” o “socializantes”.
Tres áreas preocuparon a los promotores de la cita: la educación, la salud y la problemática laboral.
En el primer ítem, el mensaje fue categórico: hay que culminar el
proceso de privatización de la educación a través de diversas
modalidades. Se tomó conciencia, claro, que en el Perú hoy el 50% del
“servicio educativo” se brinda con fines de lucro. Y eso, desde la
Escuela Básica hasta la Universidad, pasando por todos los niveles.
El argumento orientado a sustentar la idea , es simple: El Estado no
está en capacidad de brindar una educación eficiente a la población. Hay
que recurrir, entonces a la inversión privada. Y como se requiere
acelerar ese proceso, entonces hay que tomar medidas para degradar aún
más la educación pública: no construir ni modernizar escuelas, no
dotarlas de tecnología de punta, desalentar la carrera docente.
Básicamente, afirmar la idea que la educación no puede ser sólo
atribución de un Estado que “nos se da abasto” para enfrentar la tarea.
En contrapartida, y para alentar la educación privada, hay que mantener
sus privilegios tributarios y otorgarle nuevas facilidades operativas.
Asegurar que sea “un negocio rentable”.
El mismo esquema, e
idénticas consideraciones, se usaron en el área de la salud. Los
presupuestos requeridos son demasiado altos –dijeron- y no pueden ser
considerados obligación del Estado. También los servicios de salud
requieren de la inversión privada, y eso pasa por atraer inversiones,
otorgando nuevas concesiones y beneficios a los interesados. Para eso,
hay que acabar con la consigna populista que asegura que “no se puede
lucrar con la salud”. Esa formulación, debe ser definitivamente
desterrada.
El capital privado debe hacer empresa en todas las
áreas. Y debo hacerlo también, por cierto, en el área social “regulando”
los llamados costos laborales de las empresas. Hoy en día las empresas
–se dijo- no están en capacidad de mantener gruesas planillas, ni cargas
tributarias excesivas, ni satisfacer las demandas de los trabajadores
organizados, ni pagarles beneficios “adicionales” a su salario que, por
lo demás, no puede ser “castigado” con aumentos constantes otorgados por
las autoridades de trabajo. Todo eso, debe ser morigerado, fue el
criterio predominante en la cita.
Y, naturalmente, en este
marco, resultaría indispensable complementar las cosas con una política
exterior crecientemente sometida a Washington. De ahí que el Canciller
Popoliizio haya salido, una vez más, con la misma monserga: “hay que
romper con Venezuela”. Una manera de “hacer méritos” ante la Casa Blanca
para fortalecer aquí el manejo anti bolivariano.
A nadie se le
ocurrió, sin embargo, reparar en el hecho que afectar la educación, la
salud y las conquistas laborales de los trabajadores; generaría un
agravamiento extremo de la crisis y colocaría al gobierno que impulsara
esas medidas en el extremo del más franco rechazo popular. Pareciera que
, precisamente con esa idea , es que se alienta un programa de “ajuste”
como el sugerido. A los empresarios no les parece mal la idea que el
gobierno caiga en el juego y, finalmente, se desprestigie y pierda en un
solo haz, todo lo que ha ganado.
Daría la impresión que lo que se busca es ahuyentar a los trabajadores y enfrentar
a los sindicatos con el gobierno. Bloquear la posibilidad de cualquier
“acercamiento” entre ambas fuerzas, por cuanto esa alianza, sería letal
para el modelo en boga. Y sería más bien “caldo de cultivo” para el temido “populismo chavista”, que aterra aquí a la Clase Dominante.
En pocas ocasiones como en éste, la Clase Obrera y sus vanguardias
tienen que tener las cosas claras. Una cosa es luchar a brazo partido
contra la repudiable y purulenta mafia Keiko-Alanista; y otra, defender
resueltamente los intereses del país y de los trabajadores combatiendo
contra el modelo Neo Liberal y su secuela. Es la lucha de clases en su
más pura expresión.
Por el lado de los trabajadores, haciendo
honor al legado de José Carlos Mariátegui y al imperecedero ejemplo de
Pedro Huilca, será indispensable izar muy en alto banderas democráticas,
patrióticas y anti imperialistas, al lado de los históricos estandartes
de clase. No hay otro camino.
Por el lado del gobierno, mucho
cuidado. Sus adversarios, quieren que pierda el Santo y la Limosna. Pero
no es fatal que le haga el juego a los empresarios. Tiene otro camino.
Gustavo Espinoza M. Colectivo de dirección de Nuestra Bandera.
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