Uruguay
Brecha
| Consideraciones generales sobre la sección seguridad del anteproyecto de la ley de urgente consideración |
En el amplio
conjunto de los temas nacionales y en el extenso abanico de los
problemas públicos de la sociedad uruguaya, la seguridad interna ocupa
un lugar crucial. No hace falta ingresar en el terreno de las
estadísticas para demostrarlo. Hace tiempo que nadie pone en duda que el
delito común y el crimen organizado (en particular el tráfico de
drogas) han aumentado significativamente en los últimos años, aunque no
se puede perder de vista que el crecimiento del conjunto del delito
común se rastrea desde finales de la década del 80.
En los
últimos tres lustros de gobiernos frenteamplistas, a pesar de la batería
de políticas sociales, las reformas en materia de vigilancia, control y
reinserción (en la Policía Nacional, en el Instituto Nacional de
Rehabilitación, en la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado, en el
Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, con el nuevo Código
de Proceso Penal, con la ley de violencia hacia las mujeres basada en
género, etcétera), y el endurecimiento de la política criminal y de
castigo (para muestra, dos botones: las decenas de operativos Mirador y
el crecimiento constante de la población adulta privada de libertad, que
rasguña las 12 mil personas), no se ha contenido el crecimiento de la
criminalidad.
En este contexto, sintetizado brevemente y de
forma lineal, la coalición de partidos políticos que gobernará el país
presentó el anteproyecto de la ley de urgente consideración (Aluc), que
pretende, al decir del próximo ministro del Interior, “poner rápidamente
quinta, porque no hay tiempo para perder en el tema seguridad”.(1) La
metáfora automovilística de Jorge Larrañaga (Partido Nacional) se
refleja con claridad en el Aluc. En un total de diez secciones, la
primera refiere a la seguridad pública. El 20,5 por ciento de los
artículos (94 en 457 artículos) y el 18,5 por ciento de las páginas (48
en 259 páginas de contenido) están reservados a la seguridad pública. La
quinta parte del documento propone, siguiendo con las certezas de la
máxima autoridad ministerial, “que la batalla entre la Policía y los
delincuentes la gane la Policía, porque, si no, pierde la gente y pierde
la sociedad”. (2) El anteproyecto no se presentó en un momento
cualquiera, sino, metódicamente, cuando el Frente Amplio andaba (anda)
en modo avestruz, metido en sus conflictos internos y ensimismado con la
candidatura para la intendencia montevideana.
La lectura
integral de los 94 artículos de la sección de seguridad pública deja en
claro que en la etiología del delito del próximo gobierno no hay
condicionamientos estructurales ni factores de riesgo sociales,
económicos, culturales y de salud asociados a la criminalidad. La
apuesta es a la “hiperintimidación” de la ciudadanía a través de una
inflación de la amenaza punitiva. Este es un enfoque que sobredimensiona
la capacidad disuasiva de la pena, el arresto y el poder de fuego, y,
como correlato, desprotege las fuerzas de seguridad.
La potencia
punitiva del Aluc, posiblemente anticonstitucional, según los
entendidos, radica en la configuración combinatoria del articulado. El
combo podría iniciarse con la propuesta de que el próximo gobierno
“triunfará” con el endurecimiento de las penas a través del aumento de
la duración de la privación de la libertad, para diversos delitos, en
adultos y adolescentes –a pesar de los resultados de los últimos años en
adolescentes–. (3) Si el aumento del castigo no resulta efectivo, se
apartará a la “no gente”, por más tiempo, en las instituciones
penitenciarias que ya sabemos que no están cumpliendo su promesa
higienista cimentada en la “rehabilitación”. La disuasión delictiva a
través del endurecimiento de las penas se complementa con la extensión
del dominio de uso de las armas de fuego para la ciudadanía, el personal
policial en retiro (con las mismas facultades legales que el personal
policial en actividad) y las fuerzas de seguridad. Para ello, se
“protegerá” a los tenedores de armas de fuego con la presunción de
inocencia policial y la ampliación de la legítima defensa objetiva y,
sorpresivamente, subjetiva.(4) Ello se combina con la ampliación de las
posibilidades policíacas destinadas al control de la identidad, el
registro, la detención y la investigación de hechos de “apariencia
delictiva” sin la obligación de informar a la Fiscalía durante las
primeras cuatro horas. Esto es, sencillamente, una bomba discrecional
que desprotege al detenido, pero también expone al funcionario policial a
la escalada de la resistencia y a perder el control de la situación.
Además, la transparencia es una garantía para todos, no solamente para
la persona arrestada.
Sabemos que al futuro ministro del
Interior no le gusta que le vayan con “la sanata y con el verso del
gatillo fácil, del gatillo duro”, (5) pero parece sensato pensar que el
combo de propuestas puede derivar en discrecionalidades gravísimas, con
consecuencias inversas a la protección de toda la sociedad. En un país
con un arma de fuego cada tres personas, donde alrededor del 60 o el 70
por ciento de los homicidios son cometidos por este medio, no parece
razonable incrementar las armas de fuego y su dominio en el espacio
público. El robustecimiento del poder de fuego está potencialmente más
cerca de incrementar la tasa de homicidios –incluidos los de policías–
que de neutralizar a los “delincuentes” con la intimidación. En las
relaciones sociales que se erigen ancladas en la masculinidad hegemónica
(caracterizadas por la figura del macho, el valiente, etcétera), como
sucede con quienes cometen delitos y quienes intentan detenerlos, no
siempre es factible dejarse intimidar y evitar el peligro. Por esta y
otras razones, atender el delito implica, necesariamente, un abordaje de
género, que se ausenta en el anteproyecto.
El Aluc se nos
presenta neutral, pero no hay un solo artículo que anuncie que se les
“terminará el recreo” al lavado de dinero, a la defraudación tributaria,
a la estafa, a las maniobras de aspecto ilegal de las actividades
profesionales no financieras designadas y a otros delitos que no son
característicos de la clase trabajadora. Es más, todo apunta a que el
futuro gobierno desmontará los candados que el Frente Amplio le fue
poniendo a la plaza financiera nacional, enceguecida por los activos
extranjeros y sin miramiento alguno por la fuente generadora del
capital.
No hay que ser ningún ilustrado para comprender quiénes
conocerán de cerca la “sanata del gatillo fácil” que a Larrañaga le
fastidia escuchar. Probablemente, buena parte de ellos padecerá la
detracción de los bienes y servicios del Estado, y el cambio en la
orientación de las políticas laborales y sociales. No es de extrañar,
por lo tanto, que la intensificación de la capacidad punitiva del Estado
recaiga, especialmente, en aquellos sectores que tendrán motivos para
movilizarse y manifestar su descontento.
Notas
2) Ibíd.
3) Gabriel Tenenbaum, “¿Dónde está la causa de todos los problemas de la criminalidad nacional?”, Brecha, 6-IX-19.
4) Informe del doctor Óscar López Goldaracena. En: https://elecodigital.com.uy/
Gabriel
Tenenbaum. Doctor en Ciencia Social por El Colegio de México, magister y
licenciado en Sociología por la Universidad de la República (Udelar),
docente e investigador en la Facultad de Ciencias Sociales. Junto a
Nidia Viscardi, coordino el libro Juventudes y violencias en América
Latina. Sobre los dispositivos de coacción en el siglo XII, CSIC/Udelar,
Montevideo 2018.
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