SG da a conocer estudio
Carecen de acceso a servicios de salud, vacaciones y aguinaldo
▲ Oficiales de la Patrulla Fronteriza de EU devuelven migrantes a México por el puente de Nuevo Laredo.
Miles de guatemaltecos cruzan cada año a México para
trabajar y aunque la mayoría ingresa de manera regular –o legal– sus
condiciones laborales son de explotación y/o desprotección. Destaca la
situación desfavorable de las trabajadoras domésticas y los jornaleros
agrícolas.
Lo anterior se desprende de una investigación difundida esta semana
por la unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación
(SG), elaborada por Mónica Martínez de la Peña y Juan Bermúdez Lobera.
Los especialistas anticipan que
un análisis serio y responsable de tal entorno negativopuede repercutir favorablemente en propuestas de cambio hacia una migración segura, ordenada y regular.
Si bien la mitad de los trabajadores detectados en esta investigación
obtuvo de sus patrones alimentos y 46 por ciento hospedaje, casi todos
los consultados carecían de acceso a servicios de salud, vacaciones y
aguinaldo.
Estas prestaciones siguen
desdibujadas, advierte el estudio, toda vez que sólo 0.9 de los guatemaltecos en referencia reportaron algún esquema de atención a la salud, apenas 1.2 dijo tener algún periodo de vacaciones pagadas y 1.8 por ciento recibió gratificación de fin de año, aun cuando tales derechos se encuentran incluidos en la Constitución y la Ley Federal del Trabajo de mexicanas. Esta realidad adversa se encuentra frecuentemente en los subsectores agropecuario, del transporte y los servicios domésticos.
En cuanto a las características de esta población migrante transfronteriza, destaca su bajo nivel de escolaridad.
El origen de esta movilidad es antiguo y en un principio estuvo
vinculada a la plantación del café, pero luego se diversificó y a
finales de 1990 se afianzó el trabajo doméstico como actividad frecuente
de los guatemaltecos en la frontera sur mexicana.
Los migrantes se asientan principalmente en Chiapas, una de las entidades más pobres y con menor índice de desarrollo del país.
Hace algunos años se dio a guatemaltecos y beliceños alternativas de
ingreso a partir de tarjetas de visitante o de residente temporal,
algunas con vigencia de un año para realizar incluso actividades
remuneradas. Apenas el año pasado estos beneficios se extendieron a
otras naciones de Centroamérica.
Según una encuesta retomada por los autores de la investigación, de
los 263 mil cruces en 2018 de migrantes guatemaltecos, en 98 por ciento
de los eventos registrados declaró haber trabajado en México durante la
anterior estancia.
Es decir, a pesar de esta dinámica anual y frecuente, los empleos
continúan siendo precarios, según los datos presentados en el estudio.
Del flujo laboral transfronterizo en estudio, 43.5 por ciento trabajó
en el campo, 20 por ciento en fábricas, 21.2 en la construcción, 15.7
por ciento en el comercio, 4.7 en el transporte, 7.7 por ciento como
empleado doméstico y el resto en servicios diversos.
Asimismo, 40 por ciento de estos trabajadores migrantes son varones
jóvenes y 37.2 por ciento de 30 a 44 años. Casi todos con estudios de
primaria o secundaria, ya sea completa o trunca, y algunos sin ningún
tipo de instrucción.
Los sueldos son bajos, en promedio entre dos y tres veces el salario
mínimo, pero los peor pagados son los campesinos y el servicio
doméstico, donde se concentra la mayoría de las mujeres. En este último
rubro, sólo 8 por ciento dijo tener estímulos como alimentos y
hospedaje, pero es ahí, en el sector servicios,
sobre todo en los domésticos, donde se observan jornadas más largas: cuatro de cada 10 empleadas domésticas tienen una jornada mayor de ocho horas.
Además, 60 por ciento de este flujo transfronterizo trabaja seis días
a la semana, pero se observan jornadas aún más largas en los rubros
agropecuario, servicios domésticos y comercio.
Se concluye que
el Estado mexicano debe respetar los derechos de todas las personas que habitan y transitan por territorio nacional en el marco de su soberanía y con el debido respeto a sus leyes internas.
Foto Ap
Fabiola Martínez
Periódico La Jornada
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