El Salvador
Diario Co Latino
Eduardo Escobar, de Acción Ciudadana
hace un llamado al Ejecutivo y Legislativo a mantener la calma y a
analizar los problemas prioritarios del pueblo salvadoreño; además
condenaron el intento de golpe de Estado del pasado domingo. Foto Diario
Co Latino/Fernando Velásquez.
Un grupo de treinta
organizaciones sociales condenó el intento de golpe de Estado ocurrido
el pasado 9 de febrero, en el que el presidente de la República (Nayib
Bukele) militarizó la Asamblea Legislativa para presionar a los
diputados para que aprobaran un millonario préstamo para financiar el
plan de seguridad.
Javier Castro, director del Departamento de
Estudios Legales de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo
Económico y Social (FUSADES) externó preocupación por el “atropello” a
la institucionalidad del país y el rompimiento del orden constitucional.
“Es
una afrenta grave a la institucionalidad democrática y a la
Constitución, esperamos que esos hechos no se repitan. Atentados a la
democracia como los que vivimos el 9 de febrero nos parecen lamentables y
repudiables. Vemos que fue un intento de golpe (de Estado) y eso es
preocupante, esperamos que esas prácticas no se repitan y que prevalezca
el respeto a la institucionalidad”, aseveró Castro.
Al respecto,
Rubén Zamora (analista político) consideró que con las acciones
ejecutadas por el presidente Bukele existe un “retroceso frente a los
Acuerdos de Paz”, ya que el objetivo principal de los mismos era la
desmilitarización de la vida política de El Salvador, que por años fue
dominada por las Fuerzas Armadas en el Gobierno.
“El intento de
golpe de Estado de este fin de semana lo que nos muestra claramente es
una voluntad de retroceder frente a esos objetivos que costaron tanta
sangre al país y tantos esfuerzos”, afirmó Zamora.
Las
organizaciones condenaron que se recurra a amenazas y al uso de fuerza
militar y pública para obtener la aprobación de un préstamo y otros
propósitos, justificándose en la interpretación errónea y conveniente de
la Constitución de la República.
Además, para las organizaciones
hubo un claro irrespeto a la separación de poderes, los que la
Constitución determina como base de la República y que son necesarios
para el balance de poder y para el correcto funcionamiento del sistema
democrático salvadoreño.
“Nos resulta preocupante la situación
porque como nación habíamos logrado entender que las diferencias se
resolvían por las vías institucionales, por la vía de la legalidad, y se
habían abandonado estas prácticas que implicaban el uso de la fuerza.
Debemos de volver a los canales institucionales para resolver cualquier
controversia”, declaró Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción
Ciudadana. Escobar explicó que no es cierta la dicotomía planteada por
el presidente Bukele, en la que sostiene que se está en contra de la
lucha contra la criminalidad por exigir que se respete la Constitución
de la República.
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