La Paz. El magistrado Petronilo Flores dijo ante una comisión de la Cámara de Diputados que carece de
relevancia jurídicaun pronunciamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional (TPC) en que se basó Jeanine Áñez para asumir la presidencia de Bolivia tras la renuncia del mandatario Evo Morales en noviembre pasado.
Es un comunicado que no tiene ninguna relevancia jurídica, dijo Flores, miembro del TPC, luego de que el diputado Walter Roque le preguntó si el pronunciamiento que dio legitimidad al mandato de Áñez tiene valor legal o vinculante, informó ayer el diario El Deber.
En medio de una crisis político-electoral, y luego de que el ejército
sugirió al Morales renunciar a la presidencia, la opositora Áñez, en
funciones como vicepresidenta del Senado, se basó en una declaración
constitucional de 2001 para proclamarse mandataria
interina, lo que fue sustentado por el TPC en un comunicado y no en un pronunciamiento formal.
La línea sucesoria trazada por la Constitución para asumir la
presidencia inmediatamente eran el vicepresidente, Alvaro García Linera,
y el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, pero
renunciaron a sus cargos junto a Morales.
Áñez se proclamó el 14 de noviembre pasado en una sesión legislativa sin quorum, ungida por militares golpistas y una Biblia
en las manos. La presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, anunció su
renuncia, pero nunca la presentó formalmente, lo que le daba derecho
constitucional para asumir la presidencia interina y convocar a
elecciones, pero los opositores nunca la dejaron tomar el cargo.
El magistrado Petronilo Flores indicó que
el comunicado del TPC no avala en concreto a ningún nombre. No es vinculante, es una comunicación informativa a la ciudadanía frente a la situación de crisis en la que nos encontrábamosen esos momentos.
Destruye la economía
Morales tuiteó: “Lo que habíamos afirmado está
comprobado, el comunicado utilizado por la autoproclamada no tiene
ningún valor legal. El régimen de facto violó la CPE (Constitución), masacró al pueblo y destruye nuestra economía”.
El ministro de Justicia, Álvaro Coimbra, dijo a El Deber que
la única forma que tuvo de pronunciarse de manera oficial, fue a través de un comunicado y ese comunicado estableció una línea jurídica.
Afp
Periódico La Jornada
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