Ángel Guerra Cabrera
El asalto a la Asamblea
Legislativa de El Salvador el 9 de febrero por el presidente Nayib
Bukele, a la cabeza de un destacamento militar, fue un intento,
frustrado por ahora, de autogolpe de Estado. Además de ocupar el
Parlamento portando fusiles de asalto, policías fueron desplegados por
igual en el centro de la ciudad. Diputados de los partidos hasta hace
poco hegemónicos: Arena (derecha) y FMLN (ex guerrilla, izquierda)
denunciaban haber sido objeto de órdenes verbales de uniformados que les
llamaban a obedecer el mandato de Bukele. Hechos de extrema gravedad en
un país martirizado por una cruenta guerra civil hasta 1992 y en que la
centralidad del ejército como brazo armado de la oligarquía y de
Estados Unidos ha formado siempre parte fundamental de la historia. Un
retroceso respecto de los modestos avances en la frágil
institucionalidad democrática del país logrados después de los acuerdos
de paz.
Apelando a una retorcida interpretación de la Constitución, Bukele
pretendía imponer al Legislativo, a mano armada y con la presión de sus
seguidores convocados a los alrededores del Parlamento, la aprobación de
un préstamo por 109 millones de dólares para la fase tres de un
programa de combate a las maras (pandillas), conocido como Plan
de Control Territorial. Si se considera lo que esa cantidad representa
comparada con los 129 mil millones que vale la economía salvadoreña y
que las maras, aunque hacen mucho daño son un mal crónico que
no será erradicado con el préstamo, es evidente que su no aprobación es
sólo un pretexto de Bukele, quien con este espectáculo ha dejado claro
su objetivo de subordinar a los partidos políticos y con el apoyo del
ejército apoderarse del control del país.
Para lograr su propósito, el presidente promovió una campaña en Twitter que dividía a los salvadoreños entre “amigos de las maras” –quienes adversan su proyecto– y
amantes de la patria, obviamente los que lo apoyan. Valiéndose del artículo 167 constitucional, que postula la posibilidad de que el presidente y el consejo de ministros puedan
convocar extraordinariamente a la Asamblea Legislativa, cuando los intereses de la república lo demanden, el mandatario citó a los miembros del Legislativo para el domingo con la intención de forzarlos a presentarse y luego, apoyado por
un puebloque estaría congregado a las afueras de la sede parlamentaria, obligarlos a votar el préstamo. Es evidente que la convocatoria a la Asamblea Legislativa mediante el artículo 167 está reservada a situaciones de suma gravedad, que no se configuran por el simple hecho de que los representantes populares formulen cuestionamientos, aunque sea a un tema relativo a la seguridad pública. La convocatoria a sus partidarios la basó en el artículo 87 constitucional, que establece el derecho del pueblo a la insurrección para
el solo objeto de restablecer el orden constitucional, que Bukele consideraba roto por los parlamentarios. Ocurre que ni la actitud de los legisladores da para una interpretación de ese tamaño ni ese artículo constitucional está concebido para ser usado por el gobierno, sino únicamente por el pueblo en el caso citado.
La intentona golpista fracasó debido a que muchos factores se unieron
contra la maniobra de Bukele. En primer lugar, apenas concurrió pueblo a
su convocatoria, lo que demuestra que, no obstante la popularidad de 78
por ciento que le dan las encuestas, ni sus partidarios aprobaron su
forma de actuar. El hecho fue condenado como
intento de golpepor el conservador presidente del Legislativo, Mario Ponce, en nombre de los 84 asambleístas, incluidos los de la alianza que postuló al presidente. También recibió una fuerte censura de la Corte Suprema que ordenó a Bukele:
se abstenga de hacer uso de la fuerza armada en actividades contrarias a los fines constitucionalmente establecidos y poner en riesgo la forma de gobierno republicano, democrático y representativo, el sistema político pluralista y de manera particular la separación de poderes. También ordenó al ministro de defensa y al jefe de la policía: que
no ejerzan funciones y actividades distintas a las que constitucionalmente y legalmente están obligados. La intentona también recibió una dura condena de las organizaciones populares. Bukele dijo el lunes que acataría el veredicto de la Corte. Ya el día antes, al verse sin apoyo popular y sin apenas diputados presentes cuando entró al recinto legislativo con el ejército, se echó a llorar y supuestamente se comunicó con Dios, quien le ordenó dar una tregua de una semana a los diputados. No creo prudente hacerse ilusiones con una rectificación de Bukele. Es amiguete de Almagro, por cuya relección en la OEA prometió votar, rompió con la Venezuela bolivariana, reconoció al autoproclamado Guaidó y ha probado su obsecuencia hacia el imperio yanqui. Forma parte de la hornada derechista de Piñera a Duque, pasando por Bolsonaro y la dictadora Áñez. Como el PAN en México, no se atiene a la ley y al orden democrático. Al contrario. Lo considera su enemigo.
Twitter: @aguerraguerra
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