Jorge Durand
La migración mexicana
y centroamericana se sustentó, por más de medio siglo, en un acuerdo
tácito de tolerancia a la mano de obra irregular que iba a trabajar a
Estados Unidos. Después de los Convenios Braceros, la política
migratoria estadunidense optó por la irregularidad, ilegalidad según
ellos, como la manera más cómoda, sencilla y eficiente de contar con
mano de obra disponible y desechable en cualquier momento.
Es en ese contexto en el que México se convierte en país de tránsito
para los distintos flujos centroamericanos y sudamericanos. El tránsito
por México era tolerado en la mayoría de los casos y en otros, donde los
migrantes eran capturados por el Inami, se otorgaban los famosos
permisos de salidapor alguna de las fronteras o puertos de salida, que irremediablemente estaban en la frontera norte o simplemente eran deportados a sus países de origen.
Con base en acuerdos formales o informales, México regulaba el flujo
de personas en tránsito hacia Estados Unidos y a esto se le ha llamado
el trabajo sucio que se realiza en el patio trasero del imperio. De los
cuatro millones de centroamericanos que radican en Estados Unidos, 90
por ciento pasó por México de manera irregular.
El asunto migratorio empezó a complicarse hace un par de décadas con
el incremento de los flujos, pero sobre todo por la incorporación del
crimen organizado en el tráfico y la trata de personas en tránsito. La
tradicional mordida a los funcionarios y policías ya no era suficiente,
ahora se estila la extorsión, el secuestro y las medidas violentas en
sus variadas formas.
De ahí que los migrantes optaran por viajar en grupo para apoyarse y defenderse; fue la época de La Bestia,
en la que miles de migrantes viajaban en el lomo de trenes de carga.
Luego vendrían las caravanas de migrantes, primero las de Semana Santa y
luego los grandes éxodos hondureños de octubre de 2018 y los primeros
meses de 2019, todos tolerados, de una u otra forma.
La intolerancia en Estados Unidos tiene distintas fases, primero se
cierran las puertas a la migración laboral irregular en la frontera, se
criminaliza a las personas en tránsito, se les persigue al interior del
país y se trata de limitar su acceso a refugio, un resquicio legal
descubierto por los centroamericanos, especialmente si eran menores de
edad o viajaban en familia. La intolerancia mayor, que se haya
registrado, fue la separación de familias, realizada de la peor forma,
sin registros y mínima responsabilidad.
Pero el primero de junio del año pasado, la intolerancia tomó
dimensiones inusitadas e implicó a México bajo la forma de chantaje y la
amenaza de imponer aranceles. El futuro político de la Cuarta
Transformación estaba en jaque y esto implicaba el fin del TMEC (Tratado
México, Estados Unidos y Canadá) y de la posible tabla de salvación de
la economía mexicana.
De la noche a la mañana, México tomó conciencia de que era no sólo país de tránsito, sino
el último país de tránsito, condición geopolítica que hasta junio no había sido tomada en serio. La respuesta gubernamental la conocemos todos: la Guardia Nacional se encargó de la contención del flujo, que disminuyó de 140 mil en junio a 30 mil en diciembre.
Los 4 mil migrantes de la caravana de enero pasado bien podrían
formar parte de esos 40 mil considerados flujo normal mensual. La
diferencia es que viajan en caravana y exigen el mismo trato que les dio
el gobierno a los de hace un año: salvoconductos o visas humanitarias;
es decir, visas de tránsito.
El discurso oficial ha cambiado radicalmente en menos de un año.
Resulta que no hay ningún respaldo de la legislación mexicana a las
visas de transito, disfrazadas de visas humanitarias y a los
salvoconductos, conocidos como permisos de salida, que otorgan 20 días
para abandonar el país por la frontera norte.
México seguirá siendo país de tránsito, pero, sobre todo, país de
tráfico y trata. Como en todo, la prohibición es la mejor manera de
fomentar las mafias. De ahí que además de la contención, que se ha
justificado por las amenazas del imperio y nuestra condición de
último país de tránsito, habría que pensar seriamente en el combate frontal a las mafias de tráfico de personas y la trata laboral y de blancas.
Y en este aspecto hay una deuda pendiente. Por décadas, el tráfico y
la trata han sido enfrentados con tibieza. En la actualidad hay noticias
de que se está trabajando, de que se descubren casas de seguridad, que
se detiene a tractocamiones con migrantes, que se captura a traficantes,
pero no hay ningún informe sistematizado y serio al respecto.
Otra deuda pendiente es con las organizaciones civiles y religiosas
que han dado la cara para atender y humanizar la migración de retorno y
en tránsito. Paradójicamente han sido tratados con indiferencia y en
ocasiones han sido acosados. Recordemos el caso de Las Patronas que
fueron acosadas por funcionarios y ahora cumplen 25 años de servicio.
Los defensores de los derechos humanos de los migrantes en su mayoría
son voluntarios y llevan a cabo tareas que en realidad conciernen al
Estado, incapaz de atender la situación crítica generada por sus
políticas del presente y el pasado.
La cero tolerancia se debe enfocar a combatir el tráfico y la trata,
que de manera consecuente genera las propias medidas de contención y
prohibición.
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