Varios lectores de
mi artículo del lunes pasado, observaron que al referirme a la tragedia
que causó el fuego en Australia, África, Rusia y Estados Unidos, no cité
los miles de incendios que asolaron la Amazonia. Tienen razón. Desde
finales de julio el pulmón verde del mundo registró más de 72 mil, de
tal magnitud que algunos estados de Brasil declararon emergencia. Fueron
83 por ciento más que los de 2018. El humo de los siniestros oscureció
la ciudad de Sao Paulo. También incendios sin precedente afectaron a la
parte amazónica de Paraguay y Bolivia. En éste ardieron más de 1.7
millones de hectáreas, especialmente en la zona de Santa Cruz de la
Sierra. Aunque varias organizaciones le pidieron al entonces presidente
Evo Morales que declarara emergencia nacional, no lo hizo alegando que
ya había expedido un decreto similar a principios de 2019.
El motivo fundamental para que el fuego acabe con una selva milenaria
es abrir espacios a la agricultura comercial, en especial de soya para
exportación, y a la ganadería extensiva. Muy distinto piensa el
presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Sugirió que detrás de los
siniestros se escondían organizaciones no gubernamentales que
llevan a cabo acciones criminales para atraer la atención en mi contra. En Naciones Unidas negó que la selva estuviera siendo devastada o en llamas. Después dijo no necesitar la ayuda extranjera de países, como Noruega y Francia. Al gobierno del primero le recomendó que el dinero que ofrecía para combatir los incendios se lo diera a la canciller Angela Merkel para
reforestar Alemania. Tales desfiguros diplomáticos fueron rechazados hasta por los gobernadores de los estados de la Amazonia que recalcaron la importancia de la ayuda externa.
Durante su campaña electoral, Boslonaro dijo que, como Trump, sacaría
a Brasil del Acuerdo de París, el cual busca atacar el cambio
climático. Mas poco antes de las elecciones, dio marcha atrás, pero
siempre y cuando la soberanía de Brasil en la Amazonia no se viera
amenazada. Asunto que nadie cuestiona, pero sí que la extensa selva tropical sea devastada por los efectos adversos que tendría para el clima global y para quienes viven en ella. Y porque a mayor deforestación más posibilidades hay de incendios.
La culpa de lo que ocurre en Brasil es fundamentalmente de un
gobierno que duda del cambio climático y concede al crecimiento
económico mayor prioridad que al cuidado del ambiente, que actuó muy
tarde para luchar contra las llamas y detener a menos de 100 personas
que intencionalmente provocaron incendios, cuando fueron muchas más. Las
multas por los daños a la naturaleza fueron irrisorias.
Otra prueba de la política destructiva del gobierno brasileño es el
reciente proyecto de ley que abre las tierras de las comunidades
indígenas a las actividades agropecuarias, mineras y de generación de
energía. Esas comunidades no desean que los grandes intereses económicos
locales y extranjeros implanten su modelo en la selva tropical más
importante del mundo. Al enviar al Congreso el polémico proyecto,
Bolsonaro dijo que era la culminación de un
sueñoque acabará con la minería ilegal.
Y al afirmar que en el Congreso brasileño va a tener
presionesde los ambientalistas, afirmó que
a esa gente ligada al medio ambiente, si un día pudiese los confinaría en la Amazonia. Confía en que el proyecto lo aprueben sus fieles congresistas y los voceros de los agronegocios. Y para presionar a las comunidades indígenas, nombró a Ricardo Lopes, antropólogo y misionero evangélico, al frente del organismo que se ocupa de los
indios aislados y de contacto reciente. Estos tuvieron la protección del máximo organismo indígena del país, a fin de respetar un aislamiento cada vez más amenazado por las actividades madereras y agropecuarias. En el pasado, Lopes promovió la evangelización de los habitantes originarios de la Amazonia. La organización Survival International afirmó que confiarle a este sujeto la responsabilidad de los pueblos indios aislados era como
meter a un zorro dentro del gallinero.
Los líderes indígenas calificaron el proyecto de ley como
etnocida y ecocida. El pueblo de Brasil y todos los interesados en el futuro de la Tierra debemos protestar por este nuevo despropósito del presidente brasileño.
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