Sarayaku, Ecuador. Marlon Santi, kichwa de la comunidad amazónica de Sarayaku, defensor del territorio de larga trayectoria contra las empresas petroleras y actual director nacional del movimiento Pachakutik, fundado hace 23 años como brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), el movimiento indígena más representativo del país, habla en entrevista sobre los retos políticos que enfrentan luego de que el Paro Nacional de octubre pasado los colocó como principales protagonistas de la revuelta.
El reto más grande ahora, dice sin titubeos, es “llegar a gobernar el país”. La gobernación, explica, “necesita aceptar los distintos estratos sociales y las distintas culturas que existen en Ecuador. Quizás en la fundación de la República los criollos o los hijos de los conquistadores lo veían como un Estado único, porque nuestra ciudadanía era ecuatoriana, pero con el avance nuestro planteamiento se fundamenta en que nuestro Estado es plurinacional, que estamos muchas nacionalidades y muchos pueblos originarios que existían antes de las conquistas y antes de las fundaciones de las Repúblicas. Hemos logrado que nuestra Constitución consolide ese planteamiento del movimiento indígena, que es el Estado plurinacional”.
–¿Pero en la práctica en qué se ha traducido el reconocimiento del Estado plurinacional?
–En la práctica casi no se traduce en nada. Está escrito en la Carta Magna pero en la práctica la aplicación de esto aún no se consigue. Aspiramos y vamos a trabajar para que en un momento Ecuador tenga que reconocer la diversidad y las naciones originarias. Yo quisiera que mi cédula de identidad sea modificada a nacionalidad kichwa, ciudadano ecuatoriano.
Esa es una connotación bien grande.
La aplicación de este concepto debe traducirse en que los indígenas seamos parte de las políticas públicas con los planteamientos más avanzados: protección a la Madre Tierra, protección al derecho del ser humano como parte integral de la Pachamama, y cambiar algunas formas de gobernanza que maneja sólo la élite. Las leyes hasta ahora sólo están hechas para el poder económico del país, para un grupo que ha gobernado durante 200 años.
Tiene que haber un transfondo de cambio de este sistema, un Ecuador que repercuta en la pluralidad, que nos devuelva los derechos que no tenemos. Que el país sea para todos y que se reconozca la economía rural, que no se obedezca a una economía estándar del capitalismo y de los bancos que están con corporaciones grandes y que hegemonizan para maltratar al ser humano y a la Pachamama. Esa es la lucha que tenemos.
–El plurinacionalismo en Ecuador fue llevado por un mestizo, mientras que en Bolivia por un indígena, pero los resultados parecen los mismos. ¿Cuál es tu opinión?
–Ecuador es un país nefasto en la aplicación del Estado plurinacional. Bolivia avanzó en una parte, pero la matriz económica es el mismo sistema perverso que manda con las corporaciones financieras multinacionales. Creo que ahí Bolivia tuvo un error, pues se seguía una política agresiva contra la Madre Tierra, aunque Evo Morales tuviera un discurso en los foros internacionales, como Naciones Unidas o las COPs, de que él era un protector de la Pachamama, pero en la práctica no lo era.
El Ecuador no tiene ni siquiera nada de eso. El formato de seguirse enriqueciendo por la explotación de la naturaleza es más grave aquí y (el expresidente Rafael) Correa lo aplicó en su máxima expresión porque concesionó 40 por ciento del territorio ecuatoriano a las grandes mineras. Y actualmente se están ejecutando megaproyectos que violentan la Constitución, la soberanía y el derecho al Sumak kawsay.
–¿Cuál es el saldo de estos gobiernos llamados progresistas en los territorios indígenas?
–Yo diría que no ha habido la aplicación de una política pública que reivindique el mandato de los pueblos indígenas, sino la implementación contradictoria de esto. En Ecuador pasó lo de Yasuní, que lo entregaron a grandes corporaciones sabiendo que ahí hay pueblos indígenas en aislamiento voluntario o pueblos libres, como los llamamos nosotros. Entró petróleo, minería. Y por lo que yo conozco en Bolivia pasó igual, pues Evo obedeció la misma lógica del capital en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro- Sécure (TIPNIS), por ejemplo.
–¿Qué tendría que pasar para que un gobernante indígena gobernara a favor de los pueblos?
–Tiene que haber una refundación de las Repúblicas.
Esto que planteamos nosotros es un Ecuador nuevo con leyes creadas con el pueblo, que reconoce su historia de origen como un país latino y democrático, una República que acepta la historia verdadera y no esas historias falsas de independencias. Las independencias han sido un cambio de patrón.
No queremos leyes encerradas en cuatro paredes con ministros que son los mismos empresarios. Tiene que haber una ley recíproca, que recoja a todos los sectores. La utopía para el movimiento indígena ya no existe, porque cuando hay leyes que violentan derechos civiles, los pueblos indígenas somos los más afectados. Los pueblos hemos reclamado y hemos hecho movilizaciones grandes.
Ha habido una experiencia con todos los gobiernos, pero el gobierno más nefasto ha sido el del socialismo del siglo XXI con Rafael Correa y su continuidad. Todos los líderes fuimos perseguidos con cargos sublimes, como el sabotaje, el terrorismo, desestabilización del país. Nuestra dignidad fue pisoteada, pero a pesar de eso no nos hemos callado. Al menos yo, cuando me enjuiciaron por sabotaje y terrorismo, tenía que demostrarle al mundo y al país que era una vil mentira del gobierno, que sólo quería callar la vocería, porque él era en verdad el que estaba saboteando al país y quitando la soberanía a los pueblos del Ecuador y a los ciudadanos ecuatorianos.
–¿Cuál es la valoración que hacen después del Paro Nacional de octubre pasado?
–Nuestra agenda ha sido la lucha antiminera, antipetrolera y antiextractivista, así como contra las políticas neoliberales implementadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI). El Paro tuvo esa detonación. El movimiento indígena salió a las calles porque ya eran más de doce años de represión y de estar aguantándonos todo el dolor. El Paro tuvo su consonancia y repercutió no sólo en Ecuador, sino también en toda Latinoamérica.
Después del Paro, los ecuatorianos comunes y corrientes, la clase media, la gente del pueblo, que es del rostro diario, tienen confianza en los representantes y en el movimiento indígena. Hay una reserva moral del movimiento indígena. Si hoy yo camino por una calle de Quito, me saludan. Recibe respeto el movimiento.
Pero después del Paro también hay gente que nos odia. Ha salido a brillar el racismo que existe y esa es la guerra sin tregua que hay desde hace siglos. Nos han tratado de todo. La prensa comercial también se ha volteado contra nosotros, pero llegamos porque tenemos que hablar la verdad. En Ecuador hubo doce muertos, y eso no se puede quedar en el silencio. Hubo una campaña maliciosa que decía que somos unos salvajes, pero fue el gobierno nacional el que mató a seres humanos. Aspiro a que lo más pronto posible, en estos meses, llevemos a la Corte Penal Internacional (CPI) estos casos, porque no podemos permitir eso en el siglo XXI.
–¿Qué riesgos hay en que los líderes indígenas pasen a formar parte del poder político con las reglas del mismo sistema? ¿Qué debería pasar en la dinámica diaria para que no se tuerzan con el poder?
–Nuestro principio básico como dirigentes es obedecer al pueblo. Si tú no obedeces al pueblo, el pueblo te castiga. Yo sé que va a haber una fuerte campaña contra nosotros. El papel fundamental del gobernante es obedecer, pero no todos somos iguales, somos distintos hasta en la forma de convivir. Distintas culturas, distintos pensamientos, todo eso lo debe aglutinar el gobernante.
Nuestras lógicas de pensamiento tienen que aterrizar en una Carta Magna, un nuevo orden jurídico, constitucional y político. Para mí, que vengan aquí con un programa es un paliativo para gente de escasos recursos, y eso no es un bien, es una forma de hacer callar a toda esa gente. Las políticas públicas son recíprocas. Nosotros necesitamos salvaguardar el territorio para seguir existiendo como pueblos originarios.
Te dan cien dólares, pero en el fondo lo que quieren es esa riqueza natural.
El gobierno está equivocado. El futuro presidente, si es un indígena, tiene que obedecer el mandato del pueblo. Mandar obedeciendo, como dicen los zapatistas, porque tú no eres poder, el pueblo te lo da, y el pueblo en algún momento se cabrea y te quita del poder. Si llegas a un conflicto de que tu pensamiento, tu lógica de política que estás implementando, tiene que ser tal como tú quieres, eso se llama dictadura. Muchos gobiernos de la República se han equivocado. Es mentira que en Ecuador no hay plata. En Ecuador hay los suficientes recursos si se administran bien. El poder económico del país lo ha robado y la plata de Ecuador está en los paraísos fiscales. Ellos quieren el poder para seguir robando. El indígena, un representante, si nos dan la voluntad popular y la de la Pachamama, tiene que devolver eso que generamos, la soberanía a los pueblos, la libertad, la justicia para vivir en paz. Yo no puedo vivir tranquilo porque 90 por ciento de mi territorio está concesionado a una empresa petrolera. Yo no puedo garantizar de esa forma el futuro de mi hijo. Los gobiernos latinoamericanos progresistas se han equivocado y obedecen a otros.
–¿Qué ha pasado con las organizaciones y movimientos sociales durante los gobiernos progresistas?
–Las organizaciones sociales tenemos una visión crítica y de propuestas constructivas para el país, pero si el gobierno hace una política de captar a esas organizaciones para el servicio de una agenda de gobierno, se jodió la cosa. Las organizaciones sociales no estamos para eso, sino para luchar y reivindicar derechos, y que los planteamientos el gobierno los reenvíe con políticas públicas, obedeciendo. Sería un error que un gobernante indígena dijera, «Conaie, Confeniae, vengan, co-gobernemos». Es un error eso, porque la agenda de las organizaciones se convierte en una agenda de co-gobernanza, y entonces todos se callarían aunque el presidente hiciera barbaridades. Yo no quiero ese gobierno.
Indígena o no indígena, el gobernante tiene que respetar y tener en cuenta la autonomía de las organizaciones, captar las propuestas y devolverlas con hechos. El movimiento indígena y no indígena tendrían que mantener su autonomía. Nosotros no podemos ser parte de ningún gobierno, sea indígena o no, porque vamos a caer en un error. Eso es lo que pasó en Bolivia.
Si hemos luchado durante siglos y nuestras propuestas son la vanguardia de la humanidad, entonces esas propuestas tienen que estar vigilantes si el gobierno capta. Pero no podemos ser parte del gobierno.
–¿Es el momento de los pueblos indígenas?
–Es el momento de los pueblos indígenas. Como responsables de las elecciones que vienen, vamos a tener mucho trabajo durante este año. En mayo o junio nosotros vamos a definir internamente a un candidato, cueste lo que cueste, pero en alianzas con otros sectores, que son gente igual que nosotros pero de otros estratos sociales. Vamos a lanzar al candidato, sea hombre o mujer, y en mi mente está llegar siquiera a unos 20 legisladores.
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