Guatemala
Como es de público
conocimiento, ha comenzado el proceso de diálogo y discusión en torno a
las reformas de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), del
cual surgirán elementos para que el Tribunal Supremo Electoral (TSE)
formule una propuesta que deberá ser sometida a consideración del
Congreso de la República.
Tal y como quedó decidido en las
reformas de 2016, el proceso electoral de 2019 debe ser evaluado con el
fin de determinar el tipo de reformas necesarias para resolver las
deficiencias y vericuetos legales que impiden que las elecciones sean
democráticas. En esa dirección, un conjunto de organizaciones e
instituciones civiles y políticas han presentado propuestas que se
refieren a la inscripción y a la democracia interna de los partidos
políticos, a la representación y participación política, a la
organización de distritos electorales, a las características y al
financiamiento de campañas electorales, a la justicia electoral y al
órgano electoral que mostró serias deficiencias y vulnerabilidades en
las pasadas elecciones.
Más allá de la discusión técnica, sin
duda habrá una enconada discusión y disputa política para concretar
cambios regresivos o progresistas a la normativa. Algunos actores, con
buenas intenciones, perseguirán reformas que impacten positiva y
democráticamente en el sistema de partidos políticos y en los procesos
electorales venideros. Sin embargo, otros pretenderán reformas que los
blinde para continuar con el financiamiento millonario y así mantener el
control del sistema de partidos, tal y como lo han hecho desde los años
80. O, en su defecto, perseguirán que nada o muy poco cambie. Quienes
se encuentran en este segundo bloque, alejados de cualquier principio
democrático y búsqueda de bien común, son grupos de poder tradicional o
emergente que desde ya intentan determinar que sus operadores se
conviertan en magistrados del TSE y mermar la capacidad fiscalizadora y
sancionatoria de este. Así las cosas, independientemente de lo que surja
como propuesta del TSE, la verdadera contienda ocurrirá en el Congreso
de la República, ámbito en el cual dominan las presencias e influencias
de tales intereses espurios.
Como ha sucedido en los procesos
electorales anteriores, en las elecciones de 2019 pudo constatarse que
existen hechos fraudulentos y antidemocráticos: campañas anticipadas,
flujo de financiamientos indeseables por vías legales e ilegales,
orientaciones editoriales y pautas noticiosas y comunicacionales de
medios de comunicación masiva que fueron favorables a unos candidatos y
desfavorables a otros, inscripción y participación de candidatos no
idóneos e impedimentos para que unos partidos políticos pudieran
competir con las mínimas condiciones o similares a las de los partidos
dominantes. Los resultados electorales se traducen, además, en la
continuidad del estado de cosas, que impide avanzar en perspectiva
democrática. Así, por ejemplo, se constata nuevamente la escasa
representación de pueblos indígenas, clases trabajadoras, mujeres y
jóvenes, respecto a lo cual existen demandas de importantes movimientos
sociales para subsanar estas exclusiones históricas.
Sigue siendo
una constante que el sistema de partidos políticos no garantiza la
representación, intermediación y agregación de intereses de segmentos
mayoritarios de la población guatemalteca debido a que son los grupos de
poder económico, mediático, militar y político, con fuerte presencia de
estructuras al margen de la ley, los que predominan durante los
procesos electorales y como resultado de estos. Hoy mismo vemos cómo
tales grupos dominan en el Congreso, en alcaldías importantes y en los
principales ministerios y organismos gubernamentales. Asimismo, se
observa cómo algunos personajes están siendo nombrados como funcionarios
de alto nivel sin importar los señalamientos sobre su falta de
idoneidad profesional y técnica, con antecedentes de ser miembros de
redes políticas reñidas con la ética, excontratistas del Estado y
tránsfugas consuetudinarios.
En ese sentido, una reforma de la
LEPP que no considere la erradicación de tales relaciones de poder y
prácticas que determinan que se impongan intereses minoritarios,
corruptos y mafiosos muy probablemente será insuficiente para lograr que
el sistema de partidos y los procesos electorales se democraticen y
garanticen, como resultado, una verdadera representación e
intermediación de los intereses de aquellos segmentos mayoritarios de la
sociedad históricamente excluidos.
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