Katu Arkonada
En una Sudamérica atravesada por el golpe de Estado en Bolivia, las protestas en Chile y Colombia, el lawfare
contra el correísmo en Ecuador, o la guerra económica contra Venezuela,
los gobiernos vecinos de Argentina y Brasil, que cumplen dos meses en
el caso del ejecutivo que encabeza Alberto Fernández y 13 meses en el de
Jair Bolsonaro, se convierten en la cara y la cruz de una misma moneda,
la de la crisis de un modelo económico y social en descomposición que
genera monstruos.
En la Argentina de Alberto y Cristina, el desastre social macrista ha
dejado claras las prioridades: el combate a la pobreza y el hambre en
un país que en 2019 superó 53 por ciento de inflación y que debe al
Fondo Monetario Internacional 57 mil millones de dólares.
La política social y la economía serán por tanto las prioridades del
gobierno kirchnerista y peronista durante los próximos cuatro años.
Gobierno que se regirá por una de las máximas de Néstor Kirchner:
La gente no es enferma de la política como nosotros. Quiere que cada semana sea un poquito mejor que la anterior y que el fin de semana pueda olvidarse de quién la gobierna.
Y para que cada semana sea un poquito mejor que la anterior, es
fundamental la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que
declara la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal,
administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, y
faculta al ejecutivo aprobar leyes y decretos en todas esas áreas.
A partir de esta ley, el gobierno ha aprobado el plan
Argentina contra el hambreenfocado a garantizar el acceso a la canasta básica de alimentos; un bono de emergencia para jubilados; la obligación de indemnización por despido sin causa por 180 días; un aumento salarial para privados y estatales que cobren hasta 60 mil pesos (alrededor de mil dólares); el congelamiento de las tarifas de gas y electricidad durante 180 días; la reducción de 8 por ciento en el precio de los medicamentos, y la suspensión de cualquier aumento de tarifas en trenes, colectivos y peajes.
Todas estas medidas económicas y sociales de emergencia deberían
desahogar los niveles de desigualdad y pobreza (los más altos en 10
años), y poner de nuevo a la Argentina de pie. Además, se han adoptado
medidas políticas como el restablecimiento de los ministerios de Salud,
Ciencia y Tecnología, Trabajo y Cultura, que el macrismo había
desaparecido, y se ha creado el Ministerio de las Mujeres, Géneros y
Diversidad, además de restituir el protocolo de aborto no punible
(primer paso para la legalización) o derogar el protocolo macrista de
uso de armas de fuego con fines represivos.
Mientras tanto, el Brasil de Bolsonaro, que el primero de enero
cumplió un año de gobierno, recorre el sentido contrario a la Argentina y
profundiza el modelo neoliberal revestido con un discurso de odio,
racismo, homofobia y misoginia, discurso legitimador de la tortura y la
dictadura militar.
Los objetivos del país más grande, en tamaño y PIB, de Sudamérica,
también están claros, tanto en lo económico como en lo social.
En el área económica, 2020 será el año de profundización de las
privatizaciones iniciadas en 2019. La apuesta es clara y pasa por el
achicamiento del Estado y por la privatización de empresas estatales. En
2019 pasaron a manos privadas cinco empresas estatales y la intención
en 2020 es hacerlo con otras 17, entre ellas Correos o Eletrobras.
Paulo Guedes, el ministro de Economía formado en la ultra neoliberal
Universidad de Chicago, no ha conseguido que el crecimiento brasileño
supere uno por ciento en 2019, y ya prepara un nuevo paquetazo
que pasa por aumentar el recorte en el Instituto Brasileño del Medio
Ambiente y de los Recursos Renovables y una nueva Ley de Pensiones que
quiere ahorrar más de 200 mil millones de dólares en 10 años recortando
las pensiones por jubilación.
En lo social, la intención del gobierno de Jair Bolsonaro de reducir
30 por ciento los fondos para educación superior han sido frenados, de
momento, por las movilizaciones estudiantiles de mayo, agosto y
septiembre, lo que ha repercutido en que la aprobación del gobierno baje
hasta un patético 29 por ciento.
La reciente renuncia del ministro de Cultura por copiar en un video
la estética y el discurso de Joseph Goebbels, ministro de Propaganda de
Hitler, y la anterior renuncia del ministro de Educación por querer
redefinir en los libros de historia la dictadura militar como
un régimen democrático de fuerza, desnuda a la perfección el proyecto de fascismo social bolsonarista, proyecto que no podría ponerse en marcha sin el evangelismo de derecha que le sigue haciendo el trabajo sucio en las favelas y entre las y los más pobres.
Pero la liberación de Lula y la reciente nominación a los premios Óscar del documental Al filo de la democracia ( Democracia em vertigem)
de Petra Costa, han supuesto duros golpes para Bolsonaro. La
articulación de diferentes luchas, desde el movimiento de trabajadores
campesinos sin tierra (MST) y el de pobladores urbanos (MTST), al
movimiento feminista o afrodescendiente, van a suponer un freno al
proyecto bolsonarista, que tiene, al igual que el PT y el movimiento
popular, un desafío en las elecciones municipales de octubre.
Brasil y Argentina son de esta manera dos caras opuestas de una misma
moneda, la de la crisis del modelo neoliberal ante la que se construyen
alternativas posneoliberales o se generan monstruos populistas de
ultraderecha allá donde la izquierda no ofrece alternativas a las
mayorías sociales.
* Politólogo vasco-boliviano, especialista en América Latina
No hay comentarios:
Publicar un comentario