Guatemala
"Gracias a Dios los echamos y nunca más debemos esperar ni permitir que quieran venir a pisotearnos"
Presidente Jimmy Morales refiriéndose a la Cicig
I
La
Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala -Cicig- se ha
ido. Hay mucho que decir al respecto, y de hecho, ya se ha dicho
muchísimo, tanto penando su salida, como festejándola. La presidencia de
Jimmy Morales se encargó a la perfección de lograr un marcado espíritu
anti Cicig, disfrazando la crítica (¿el miedo a ser investigado?) con
una pretendida defensa de la soberanía, contrariando la presunta
"injerencia" foránea con un acendrado espíritu de unidad nacional y
patriotismo (al mismo tiempo que se arrodilla deshonroso ante la Casa
Blanca aceptando un ignominioso acuerdo para mantener migrantes en el
territorio guatemalteco impidiendo que lleguen a Estados Unidos).
La
Comisión era un órgano independiente de carácter internacional,
financiada por el Sistema de Naciones Unidas. Comenzó a trabajar en el
país por acuerdo suscripto entre esa instancia internacional y el
gobierno nacional a partir de diciembre de 2006. Su cometido era apoyar
al Ministerio Público así como a la Policía Nacional Civil y otros entes
del Estado en su lucha contra los delitos cometidos por integrantes de
los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad,
los cuales perduraron después de la finalización del conflicto armado
interno con una considerable cuota de poder, y contribuir con acciones
que tendieran al desmantelamiento de estos grupos. En otros términos:
trabajar contra la impunidad, tal como su nombre lo estipula.
A
lo largo del tiempo de su permanencia en el país, pasó por distintas
fases. Con un par de comisionados antes de la llegada del tercero y
último, el colombiano Iván Velásquez (primero Carlos Castresana -2007,
2010-, luego Francisco Dall’Anese -2010, 2013-), su perfil no fue
especialmente alto en términos de impacto político en la mayor parte de
su actuación. Mediáticamente no tuvo el lugar que cobró en el año 2015,
luego del caso que quizá fuera el más notorio de toda su permanencia: la
desarticulación de la banda criminal La Línea, capitaneada por el
entonces binomio presidencial de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti. De
todos modos, aunque sin el impacto alcanzado allí, siempre molestó a
los grupos de poder que se sintieron perseguidos debido a su inveterada
práctica corrupta y la posibilidad de ser descubiertos.
De esa cuenta, y solo a modo de ejemplo, el Comisionado Castresana pudo decir en el 2010: "Grupos
criminales que están enfrentados entre sí han cerrado filas contra la
Comisión porque han entendido que el peligro era compartido y común (…)
y la forma que encontraron para detener la acción de la Cicig fue
destruir mi imagen, recuperar los espacios perdidos y la filtración de
estructuras criminales en las instituciones de justicia". Algo
similar hicieron todos los grupos tocados por las investigaciones a lo
largo del tiempo, siempre buscando desacreditar a la organización,
generando escándalos mediáticos contra sus directores, bombardeándola de
distintas maneras, llegando al colmo, en agosto del 2018, de cercar su
edificio con vehículos militares como muestra de profundo descontento y
provocativa amenaza.
De todos modos, si bien la Cicig procedía a
impulsar el trabajo contra la impunidad y la corrupción, tal como era
su mandato, no tuvo durante varios años el impacto que alcanzaría en su
último período. Comenzó a tomar especial notoriedad durante la
presidencia demócrata de Barack Obama en Estados Unidos. Allí, en 2014,
tuvo lugar un boom mediático con la gran cantidad de niñas y niños
migrantes no acompañados provenientes de los países centroamericanos,
detenidos en la frontera sur del país norteamericano. Ello trajo como
consecuencia la iniciativa de Washington de intentar frenar esos enormes
flujos migratorios, por lo que surge la idea de un plan específico para
paliar, al menos en parte, esas salidas masivas. Dicho de otro modo:
minimizar los factores expulsores.
En esa lógica es que la Casa
Blanca decide pedir/exigir un mayor compromiso de los Estados
centroamericanos en la atención de los satisfactores mínimos y
elementales de sus poblaciones, buscando así que la gente no emigre en
forma tan multitudinaria hacia el supuesto "sueño americano". La
estrategia consistió en fomentar un mayor compromiso de los gobiernos de
los países de la región (Guatemala, Honduras, El Salvador) en la
recaudación fiscal, a partir de la cual poder desarrollar planes
sociales que hicieran más tolerable la vida en estos lares. Dicho de
otro modo: generar más oportunidades de trabajo y mejorar las tan
durísimas condiciones de vida de las poblaciones (reformas en salud,
educación, vivienda, acceso a tierras cultivables, acceso a
microcréditos). Surge así el Plan para la Prosperidad del Triángulo
Norte de Centroamérica. Su condición: bajar los índices de corrupción de
los Estados para que los mismos estén en condiciones de ofrecer mejores
servicios, en el entendido de que aquélla es el factor principal que
obstaculiza el bienestar.
En esa dinámica, la Cicig en
Guatemala, y engendros similares en Honduras y en El Salvador, fueron la
punta de lanza para llevar adelante esa iniciativa. Washington exigió,
sin miramientos, que la Comisión se quedara en Guatemala cuando estaba
por expirar su mandato, y profundizara su lucha contra la corrupción.
Para ello vino el por entonces vicepresidente estadounidense, Joe Biden,
torciéndole el brazo al reacio Pérez Molina -operador de uno de esos
grupos criminales-, quien no quería renovar un nuevo período de la
instancia internacional, para forzarlo a "aceptar" la continuidad de la
Cicig. Por supuesto, donde manda capitán, no manda marinero. Y la Cicig
se quedó y agigantó.
II
Es en esa perspectiva
política que el gobierno de Estados Unidos levantó exponencialmente el
perfil de la Cicig en el país, siendo el representante de Washington, el
por ese entonces embajador Todd Robinson, el virtual "mandamás" que
lideró la lucha contra la corrupción. "Toca al gobierno y a la gente
de Guatemala luchar cada día contra la corrupción y el crimen
organizado. Me da rabia francamente la situación acá. Toca al gobierno,
toca a las autoridades locales cambiar su situación. Nosotros podemos
ayudar pero ellos tiene que cambiar su situación", declaró en alguna
oportunidad en una precaria escuela rural en el departamento de Izabal,
mostrando que la corrupción (¡y no la injusticia estructural!) es la
causa de las penurias de la población. ¿Estados Unidos preocupado por la
corrupción en Centroamérica? Dudoso, sin dudas. Se jugaba ahí el
proyecto de detener las migraciones masivas y no otra cosa.
Allí,
entonces, se agiganta la figura del Comisionado Iván Velásquez y de la
entonces Fiscal General y jefa del Ministerio Público Thelma Aldana.
Para el 2015, esa "lucha" frontal contra la corrupción alcanza su pico
máximo, se visibiliza mediáticamente como no se había hecho hasta
entonces, y la Cicig es su abanderada. Las sabatinas movilizaciones
urbanas completaron el cuadro (no entramos a analizarlas aquí porque es
indemostrable, en principio, hasta dónde la estrategia estadounidense
-perfiles falsos de redes sociales mediante- jugó un papel básico en ese
despertar ciudadano). Lo cierto es que el sentimiento anti-corrupción
inundó el país. Y el binomio Pérez Molina-Baldetti fue a parar a la
cárcel. Curioso y digno de no olvidar nunca: el mismo ex presidente, ya
preso, dijo que esa medida era "política" (y en un sentido no se
equivocaba), pues se detuvo a La Línea 1 (los operadores directos de la
red mafiosa), pero no a la que llamó "Línea 2" (empresariado beneficiado
y nunca tocado). Es evidente que esa "lucha", esa cruzada
anti-corrupción, tenía más de propaganda mediática que de intención real
de mejorar las condiciones estructurales del país.
Corrupción e
impunidad son una constante que marca la historia de Guatemala. Son
prácticas culturales absolutamente entronizadas. Claudia Paz, la
anterior Fiscal General, declaró que en el momento de recibir ese cargo
en 2010, el 98% de los ilícitos quedaban impunes. A su salida del cargo,
ese porcentaje había bajado a 75. Más allá del buen trabajo realizado
por ese Ministerio Público bajo su mandato, tales prácticas definen la
historia nacional, y se ven muy (¡pero muy!) difíciles de erradicar. La
corrupción, en tal sentido, no es la causa de los problemas sino un
efecto de la forma en que se desenvuelve la sociedad. El problema de
fondo es un capitalismo agroexportador dependiente y subdesarrollado,
manejado por unos pocos grupos económicos que hacen del país una gran
finca. Su administrador de turno es el presidente -desde hace unos 30
años: civiles elegidos democráticamente; anteriormente: militares, pero
en esencia, poderosos grupos oligárquicos decidiendo todo, junto al
gobierno estadounidense-. Esa cultura de corrupción e impunidad
atraviesa la sociedad toda y se instaura como modelo dominante. Por eso
un ciudadano de a pie, pobre y excluido, también repite prácticas
corruptas (el soborno es una institución cultural, por ejemplo). Si "los
de arriba" lo hacen -con inconmensurables cuotas de impunidad-, ¿por
qué no lo repetirían "los de abajo" en la escala que les es posible?
La Cicig lideró esa mediáticamente "monumental" lucha contra la
corrupción en el 2015, llegando a rozar incluso a esos grupos
históricamente intocables; el caso de Aceros de Guatemala, gran empresa
perteneciente a poderosos capitales nacionales, lo evidenció. Los rozó,
pero quienes terminaron presos: funcionarios públicos, militares,
operadores políticos, nunca fueron los reales "peces gordos". Pérez
Molina y su equipo son "de abajo", y la lógica política del momento
permitió quemarlos. La oligarquía nunca fue tocada. Pero también se puso
nerviosa. De todos modos, el accionar de la Comisión molestó
profundamente a todos esos factores de poder, crimen organizado
incluido. Durante su accionar, este ente investigador ayudó a
desarticular más de 70 estructuras criminales, acusando a 1,540 personas
(entre funcionarios de gobierno, diputados, algunos empresarios, jueces
y civiles), de las cuales 670 fueron procesadas, lográndose 400
sentencias, 100 solicitudes de retiro de inmunidad a funcionarios y
apoyando más de 30 iniciativas de ley que fomentaron la
transparentización del Estado y de las prácticas jurídico-políticas en
general.
Ante todo ello, tanto los tradicionales como los nuevos
grupos de poder (alto empresariado, militares, casta política, nuevos
ricos ligados a prácticas criminales como narcotráfico y contrabando,
jueces corruptos, estructuras que crecieron a la sombra del Estado
contrainsurgente), todos resultaron tocados, o posibles de ser tocados.
Incluso un personaje como Álvaro Arzú, multimillonario y principal
factótum de la política nacional, ex presidente y eterno alcalde
capitalino, tembló. Por lo que se ve, nadie está libre de culpa; todos,
de un modo u otro, tienen "cuentas pendientes". La evasión fiscal, por
ejemplo, es un delito. Y en Guatemala, quien más evade son, justamente,
los grandes oligopolios tradicionales.
Si bien es cierto que la
más rancia oligarquía no se vio directamente afectada, también se
sacudió ante las investigaciones impulsadas por la Cicig. Es moneda
corriente en el país desde tiempos inmemoriales que el poder se ejerce
impunemente, sin límites, con criterio casi de señor feudal (en las
fincas más recónditas aún permanece un virtual derecho de pernada del
"patrón"). Las fortunas -las tradicionales y las nuevas- se hacen
siempre sobre la base de una brutal impunidad: salarios de hambre (el
sueldo básico, que cobra solo un tercio de los trabajadores, cubre
apenas la tercera parte de la canasta básica), fabulosa evasión
impositiva (Guatemala es el segundo país de Latinoamérica en menor carga
fiscal, con apenas un 10% del PBI, mientras que la media de la región
ronda el 25%, y los ahora olvidados Acuerdos de Paz fijaban un piso de
12%, para crecer luego gradualmente), represión abierta (pese a la Firma
de la Paz Firme y Duradera en 1996, nunca se detuvo la ejecución de
líderes comunitarios y activistas del campo popular), criminalización de
la protesta social, un discurso dominante todavía absolutamente
empapado de los valores de la Guerra Fría. Dicho sea de paso: el
anticomunismo visceral sigue campeando altivo, llegándose a ver como una
"amenaza bolchevique" a las Naciones Unidas, a la Cicig, al actual Papa
Francisco, al ex embajador estadounidense Todd Robinson, a cualquier
atisbo de reivindicación social como los movimientos feministas, o por
la diversidad sexual, o por el aborto o la legalización de la marihuana.
O, todavía más, a una propuesta muy tímidamente socialdemócrata como
quien llegara recientemente a la segunda vuelta electoral, Sandra
Torres. El espíritu conservador se amalgama perfectamente con la
impunidad y la corrupción.
III
El ¿fallecido?
Álvaro Arzú (hay quien dice que para evitar ser investigado fraguó su
muerte), conspicuo representante de la más añeja oligarquía y uno de los
principales actores políticos del país en los últimos 30 años, fue el
primordial adversario de la Cicig. Con la presidencia de Jimmy Morales y
el cabildeo realizado por los grupos mafiosos guatemaltecos en Estados
Unidos con los sectores más conservadores de la administración Trump, se
logró prácticamente desarticular el accionar de la Comisión. El
ofrecimiento que hiciera la administración de Jimmy Morales a principios
de 2018 de trasladar la embajada guatemalteca en Israel de Tel Aviv a
Jerusalén haciendo el coro a Washington, fue una rastrera -y
desesperada- medida para lograr el favor del imperio en cuanto a quitar
el apoyo a la Cicig. De ahí que ésta, en su informe final, pudo decir: "En
los últimos años, más concretamente desde 2016, Cicig ha enfrentado una
fuerte reacción que se ha generado desde grupos empresariales y
políticos afectados por las investigaciones lideradas por el MP y la
CICIG, atacando la labor de la comisión en tres áreas: 1) acciones de
lobby internacional para minar el apoyo político y financiero a la
Comisión, incluyendo la difusión de noticias falsas; 2) campañas de
desprestigio y difamación de la Comisión y sus funcionarios en redes
sociales; y 3) acciones directas para entorpecer las operaciones de la
decisión".
Retirada ya la Cicig desde septiembre, pueden
sacarse al menos dos conclusiones: 1) el Estado sigue cooptado por
grupos de poder que se manejan mafiosamente (10% del PBI está
representado por una "economía caliente" -narcoactividad, contrabando,
contratos dudosos con los gobiernos de turno-, según pudo establecer el
PNUD, mientras que los poderosos grupos tradicionales siguen evadiendo
impuestos a sus anchas), siendo que la corrupción es parte fundamental
del accionar político-empresarial, por lo que seguirá impune, y 2) lo
que sucede en el país está siempre monitoreado / autorizado / impulsado
por el principal factor de poder en estas tierras: Washington.
Los
sectores económicamente bien posicionados (tradicionales y advenedizos,
los que crecieron después de la guerra) manejan a discreción el Estado.
Ello siempre fue así, desde la colonia hasta hoy, y cualquier intento
de modificación es duramente castigado. La llamada "primavera
democrática" de 1944-1954, intento de modernizar el país, siempre en la
lógica capitalista pero con un posicionamiento más social, más en favor
de las mayorías históricamente excluidas, terminó con un sangriento
golpe de Estado, dirigido en muy buena medida por la CIA de Estados
Unidos, que hacía su debut como organización con esa bien planificada
intervención.
La Cicig, si bien no tocó especialmente a la gran
oligarquía, era una molestia. Los operadores políticos que funcionan
como agentes públicos moviendo las palancas de ese Estado, el alto
empresariado y sus grupos adláteres (los partidos políticos financiados
siempre con dineros dudosos), todos juntos en eso que se dio en llamar
el "Pacto de Corruptos", estaban muy nerviosos con estas averiguaciones
"molestas". Allí cualquiera podía caer, porque todos los factores de
poder (empresarios, políticos, militares, incluso rectores de la
universidad pública) tienen historias "comprometedoras". Solo para
ejemplificarlo: ¿quién mató al militar Byron Lima, detenido en cárcel de
ultra lujo? ¿Qué podía decir esta persona si abría la boca? Doce
matones fuertemente armados irrumpieron en su prisión y lo acribillaron.
¿Impunidad? Todos, absolutamente todos los factores de poder estaban
preocupados porque un día la Cicig tocara a su puerta. De ahí que, con
el gobierno republicano de ultra derecha de Donald Trump -que frenó el
Plan para la Prosperidad de Centroamérica prefiriendo erigir un muro
fronterizo- esos sectores se sintieron envalentonados y desarmaron todo
lo avanzado en la lucha contra la corrupción, festejando la salida de la
Cicig como un verdadero triunfo. Ya se le habían cerrado puertas en el
último tramo del gobierno de Jimmy Morales, prácticamente
desmantelándola y prohibiendo la entrada al país luego de un ocasional
viaje al extranjero del Comisionado Iván Velásquez. Ahí comenzó la
batalla final. Se la desacreditó, presentándola como una "misión
comunista que venía a polarizar a la sociedad guatemalteca, creando
divisiones y malestares". El discurso caló, haciendo que más de alguna
persona repitiera esa visión, creándose un clima anti Cicig bastante
extendido.
Ahora, con su finalización oficial, esos sectores
poderosos bailan de gozo. Ya no habrá "investigaciones molestas", y las
cosas vuelven a la "normalidad". Sin ninguna vergüenza el Presidente
Jimmy Morales pudo decir un par de días antes del final de la misión: " Gracias a Dios los echamos y nunca más debemos esperar ni permitir que quieran venir a pisotearnos ".
"La lucha contra la corrupción queda debilitada. (…) La justicia y la independencia judicial no son temas que interesen a muchos en el gobierno"
declaró, no sin consternación, Haroldo Vásquez, juez pesquisidor que
llevó varios casos apoyados por la Cicig y presidente de la Asociación
de Jueces por la Integridad, ante el retiro del ente internacional. El
futuro presidente, Alejandro Giammattei, que asume en enero del próximo
año, no ha mostrado el más mínimo interés por pedir una comisión
internacional similar. De momento hay una vaga idea de una estructura
nacional que se encargaría del problema de la corrupción. Valga decir
que Giammattei pasó diez meses en prisión por un caso de "limpieza
social" cuando fue Director del Sistema Penitenciario, evento también
denunciado por la Cicig.
La derecha, ese Pacto de Corruptos que
ahora domina ampliamente las distintas instancias del aparato estatal:
Poder Ejecutivo, Congreso, Poder Judicial, Contraloría de Cuentas,
Superintendencia de Administración Tributaria, con el aval de Washington
y sin un campo popular y una izquierda que sean realmente alternativas
de poder en este momento, seguramente comenzará a pasar factura a
quienes "osaron" levantar las tapas del infierno y denunciar la
podredumbre reinante. Amparado en el anonimato, un ex funcionario
público, detenido a partir de una investigación llevada adelante por la
Cicig, dijo a la agencia noticiosa Reuters: "Ahora ya tenemos la
lista de los investigadores y fiscales que nos la van a pagar por haber
sido tan mala gente con todos nosotros".
La reciente detención de la ex candidata Sandra Torres por
financiamiento electoral ilícito (igual que todas las fuerzas políticas)
y el anuncio de prohibición de su partido Unión Nacional de la
Esperanza -UNE-, tibia -muy tibia- oposición política (¡Sandra Torres no
es de izquierda!), muestra lo que se viene, allanando el camino para el
primado absoluto de la corrupción y la impunidad. A casi 23 años de
finalizada la guerra interna, con un raquítico proceso de paz, el retiro
de la Cicig deja ver que nada ha cambiado en lo sustancial en el país,
aunque exista una formal democracia y no haya combates en las montañas.
La consigna, definitivamente, sigue siendo: "El que manda, manda. Y si
se equivoca… ¡vuelve a mandar!"
Blog del autor: https://mcolussi.blogspot.com/
No hay comentarios:
Publicar un comentario