Honduras: Órdenes de captura contra quienes defienden la tierra y los bienes comunes
LINyM
Este 22 de septiembre
fue detenida María Concepción Hernández, pobladora del caserío de Puerto
Sierra, colindante con Playa Blanca, una de las 11 comunidades de la
península de Zacate Grande en el sur de Honduras.
María
Concepción, quien después de la detención fue trasladada al Juzgado de
Letras del municipio de Amapala (Isla del Tigre), está siendo acusada
por daños continuados y agravados en perjuicio del terrateniente Jorge
Luis Cassis Leiva.
Antecedentes
La
situación económica de las familias de Puerto Sierra es muy precaria y
las personas sobreviven fundamentalmente de la agricultura y la pesca.
Limpiar un predio abandonado y acondicionarlo como estacionamiento
vehicular para las personas que en temporada de verano visitan las
playas, fue entonces una forma para complementar los escasos ingresos.
A
partir del 2015 los veraneantes comenzaron a llegar a parquear sus
vehículos. Las cosas iban bien para las 45 familias que se habían
involucrado en el pequeño proyecto, hasta que Cassis Leiva decidió
demandar por usurpación y daños a algunos dirigentes comunitarios.
Tras
guardar prisión durante más de cien días, en 2017 Abel Pérez y Santos
Hernández fueron sentenciados a 5 años y un mes. Actualmente están
esperando la audiencia de casación (lean reportaje completo de Alba Sud).
Meses
más tarde, María Veneranda Cruz, Oneyda Cárdenas Flores, Jessica Cruz
Cárcamo y Jacinto Hernández Cruz fueron acusados, por el mismo Cassis
Leiva, de haber derribado un muro que él hizo construir para delimitar
su propiedad y que, de hecho, cercaba el caserío impidiendo el acceso a
sus viviendas a más de 60 familias (lean reportaje completo de Alba Sud)
En
agosto del año pasado, los cuatro pobladores de Puerto Sierra,
acompañados por la Red de Abogados del MASS-Vida y la Asociación por el
Desarrollo de la Península de Zacate Grande (Adepza), se presentaron al
juzgado y lograron que se retirara la orden de captura. La primera
audiencia, reprogramada en varias ocasiones, se llevó a cabo entre el 20
y el 22 de noviembre de 2018, pero los resultados no fueron los
esperados.
La jueza del Juzgado de Letras de lo Penal de Amapala
dictó sobreseimiento definitivo para María Venerada Cruz y auto de
formal procesamiento en contra de las otras tres personas.
Lo
más grave fue que, a solicitud del Ministerio Público, la jueza
aceptara la ampliación del requerimiento fiscal en contra de Abel Pérez,
actualmente presidente de la ADEPZA, Santos Hernández y María
Concepción Hernández, contra los cuales giró orden de captura por daños
continuados y agravados.
Acoso y represión
Durante
una entrevista realizada en septiembre de 2018 por Alba Sud, María
Concepción Hernández alertaba sobre el constante acoso que sufría la
comunidad.
"Aguantamos de todo. Llegaban los seguidores de Cassis
armados a presionarnos, hostigarnos, amenazarnos. Para asustar a los
turistas que dejaban sus vehículos les entregaban fotos de los
compañeros encarcelados, diciendo que éramos todos unos delincuentes.
Este
mismo señor -continuó- nos ofendió a las cuatro (mujeres). Nos dijo que
éramos un atajo de ladronas, unas usurpadoras sinvergüenzas porque le
habíamos robado su tierra. Hasta nos tildó de prostitutas".
En
abril de este año, Cassis Leiva presentó otra denuncia contra unos seis
o siete pobladores por haber trabajado en el predio durante Semana
Santa. Unos meses antes, Santos Hernández fue atacado por un empleado de
Cassis y tuvo que ser trasladado a un hospital debido a las heridas.
Explotación
La
ubicación geográfica de Zacate Grande es estratégica. La península es
parte del Parque Nacional Marino “Archipiélago del Golfo de Fonseca”
(PNMAGF), que en 1999 fue declarado como un área natural protegida e
integra el Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras (SINAPH).
Además,
en estos lugares se instalará la primera Zona de Empleo y Desarrollo
Económico (ZEDE), popularmente conocida como ciudad modelo (charter
city). Se trata de espacios territoriales con condiciones especiales
otorgadas a inversionistas extranjeros para implementar actividades
económicas. Las ZEDE estarán sometidas a reglas diferentes del resto del
país y gozarán de total autonomía en cuanto a política fiscal,
aduanera, laboral, judicial y de seguridad. También podrán establecer
sus propios sistemas de salud, educación y seguridad social.
No
es para extrañarse, entonces, si las familias más pudientes del país,
corporaciones y grupos económicos nacionales, terratenientes y empresas
transnacionales han puesto sus ojos en esta zona. Es justamente aquí
donde el gobierno pretende implementar un plan estratégico de
'desarrollo', a través de inversiones multimillonarias en el sector
energético, minero, turístico y en infraestructuras.
Según el estudio Zacate Grande: una comunidad que persiste en la defensa por el derecho a la tierra,
realizado por el Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), en
Honduras existen más de cinco mil campesinos y campesinas procesados
judicialmente. La mayoría de esos casos remontan al período sucesivo al
golpe de Estado del 2009 e involucran a unas mil mujeres. Adepza
registra más de 70 personas criminalizadas en Zacate Grande.
Este
23 de septiembre podría llevarse a cabo la audiencia de presentación de
imputado. Miembros de Redehsur, Adepza y Cofadeh estarán acompañando a
María Concepción Hernández y piden a organizaciones nacionales e
internacionales estar alerta ante lo que pueda pasar en las próximas
horas.
* Nota escrita con material publicado en Alba Sud y Defensores en Línea
Fuente: LINyM
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