Editorial La Jornada
Apartir de 2015 y hasta que el gobierno
de Lenín Moreno lo expulsó en un acto de vergonzosa sumisión a
Washington en abril de este año, Julian Assange fue continuamente
espiado en la embajada de Ecuador en Londres por la empresa española de
defensa y seguridad privada Undercover Global, contratada por Quito para
proteger su sede diplomática. De acuerdo con la investigación de un
diario español, la compañía –propiedad de David Morales– instaló
micrófonos y otros dispositivos de espionaje en distintos puntos de la
legación, mediante los cuales obtuvo audio y video de las reuniones de
Assange con sus abogados, colaboradores y miembros de la legación
ecuatoriana, todos los cuales eran entregados a Estados Unidos por
conducto de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).
La comprobación de los temores manifestados por Assange acerca de que
fue espiado durante su estancia en la embajada ecuatoriana revela, en
primer lugar, la absoluta despreocupación del gobierno estadunidense y
sus instancias de inteligencia para pasar por encima de la legalidad
internacional en su cruzada persecutoria contra la libertad de expresión
y el derecho de las sociedades a conocer la manera en que operan sus
gobernantes. Esto, que no resulta en modo alguno sorpresivo, pone de
relieve una vez más la importancia crucial de la labor emprendida por el
fundador de Wikileaks, dedicada precisamente a exponer a la
luz pública los atropellos a los derechos humanos perpetrados por
Washington y sus aliados.
A la ilegalidad debe sumarse el cinismo: en el contexto actual, es
inevitable vincular las relaciones entre la CIA y Morales (empresario
cercano a Sheldon Adelson, magnate de los casinos y amigo del presidente
Donald Trump) con los continuos ataques del mandatario estadunidense
contra empresas chinas por el presunto espionaje que éstas realizan para
Pekín. Es decir, lo que reflejan los temores esgrimidos por la Casa
Blanca no son la actuación de las compañías chinas, sino sus propias
prácticas de convertir empresas locales o extranjeras en parte de su
aparato de infiltración.
Por otra parte, la inescrupulosa actuación de Undercover Global es
demostración palmaria del peligro en que se ponen los estados al delegar
en empresas privadas labores estratégicas, ya se trate de la
explotación de sus recursos naturales, la operación de los transportes y
las telecomunicaciones o, como sucedió en este caso, la protección de
sus instalaciones diplomáticas. Como quedó en evidencia, la soberanía de
las naciones queda seriamente comprometida cuando su integridad se pone
en manos de entidades regidas por la búsqueda de ganancias.
Cabe esperar que la Audiencia Nacional española, encargada de
investigar los actos ilegales de Undercover Global, emita una sanción
ejemplar en un caso que es señal de alarma no sólo para Ecuador, sino
para todos los países que confían en este tipo de compañías para velar
por sus intereses. Pero, ante todo, es imperativo que los juzgadores
británicos que evalúan la extradición de Assange a Estados Unidos tomen
en cuenta el precedente de los oscuros designios de Washington en contra
del comunicador.
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