Entrevista a Alberto, miembro de la Red Latinoamericana de Iglesias y Minería
Mario Hernandez
Rebelión
M.H.: El compañero Alberto es miembro de la Red latinoamericana de iglesias y minería. Estuvimos en la Plaza de Mayo acompañando a Mirta Baravalle. ¿Qué te trajo a la Argentina?
A.: Un primer hecho fue la 4ª asamblea de la Red Iglesias y Minería, que fue aquí en Argentina, nos hemos reunido en Brasil, Colombia, Lima y ahora en Buenos Aires. También el acto de Mirta y la presentación de su Hábeas Corpus que tuve la oportunidad de acompañar.
M.H.: ¿Qué es la Red Latinoamericana de Iglesias y Minería?
A.: Es un espacio de encuentro de personas del mundo de las Iglesias que de alguna manera están enfrentando el desafío de la minería y el extractivismo. En diferentes países de América Latina la megaminería, la minería ilegal y el extractivismo están causando desastres ambientales y sociales.
Yo vengo de Colombia, soy parte de una organización que tiene relación desde hace mucho tiempo tanto con Madres de Plaza de Mayo, con Hijos y el Serpaj. Da la casualidad que se da la asamblea de la red y puedo compartir con estos amigos y amigas de muchas luchas, porque además hemos sido visitados en Colombia por los Hijos y las Madres, sobre todo por Mirta y Adolfo (Pérez Esquivel) que nos han apoyado en causas muy importantes. La Red es ese espacio, hay gente de diferentes Iglesias y el objetivo es acompañar comunidades.
Hay una campaña muy grande que comienza ahora, se trata de una campaña de desinversión, invitar a las comunidades religiosas, a las iglesias a sacar la inversión que puedan tener que ver con empresas mineras. Estamos también en una campaña fuerte de incidencia al interior de las iglesias para evitar que el lobby de las grandes empresas sobre la Iglesia católica en Roma, sobre la Comunión de Iglesias anglicanas, sobre la Federación Luterana Mundial, donde buscan que las iglesias sean como el puente para llegar a las comunidades, entonces estamos tratando de informar sobre lo que hay detrás, porque es una apuesta que solo va a dejar ríos acabados, agua contaminada y destrucción de recursos naturales.
M.H.: En Plaza de Mayo mencionaste al ex Presidente Uribe. Hoy estuve haciendo alguna investigación al respecto: 261 procesos, de esto no se habla, acá se hace mucho barullo respecto de Cristina Kirchner, sus funcionarios, pero esta cantidad de procesos es una cifra más que significativa. Más de 10.000 asesinatos de dirigentes sociales en sus dos gobiernos, entre 2002 y 2010. Desplazamiento de millones de familias campesinas y mencionabas que había sido llamado a los efectos de responder por algunas de estas situaciones por la Justicia superior colombiana.
A.: Es importante aclarar dos cosas, una son los procesos contra el ex Presidente Uribe, el último por el cual ha sido llamado por la Corte Suprema de Justicia se debió a una denuncia que él presentó contra Iván Cepeda que en un debate parlamentario había mencionado sus nexos con el paramilitarismo y entonces Álvaro Uribe lo denuncia por manipulación de testigos.
La Corte Suprema empieza a investigar y se encuentra con que Uribe llamaba a gente vinculada al proceso, es decir, la Corte no estaba investigando a Uribe pero intercepta a las personas vinculadas al proceso y se da cuenta que había llamadas constantes de parte de Uribe. Esto llevó a concluir la investigación contra Iván Cepeda y abrir una contra Álvaro Uribe justamente por lo mismo que acusaba, por manipulación de testigos.
Pero además hay una serie de denuncias en muchos aspectos. La otra cosa de la que hablábamos es el juicio contra Santiago Uribe Vélez, hermano de Álvaro Uribe Vélez, por la creación del grupo paramilitar denominado “Los doce apóstoles” que en la década de los ´90, hasta el ´98 asesinó en una región que se llama Región de Chorros Blancos en Choromal, Antioquia, a 533 personas, entre campesinos y miembros de las mismas autodefensas, personas que llamábamos en Colombia “limpieza social” o como dicen aquí “gatillo fácil”. Se llamó a investigación a Santiago Uribe Vélez.
En 2009/2010 el mayor Juan Carlos Meneses que fue Director de la policía en ese entonces, en 1994, que fue miembro del grupo y que está en la cárcel por el asesinato de una persona contó lo que había pasado. Lo hizo aquí en Argentina con el apoyo de Pérez Esquivel y de un grupo de juristas, lo que permitió reabrir el caso, animó a otros testigos que empezaron a decir lo que conocían y por primera vez se logró que este proceso avanzara.
En este momento está en alegatos finales, creo que ya no tiene posibilidad de acción legal y esperamos que sea en estos próximos meses. Lo cual nos parece que es un paso muy importante, porque el problema no es sólo lo que hizo Álvaro Uribe, sino también lo que hizo su hermano. Este grupo paramilitar llamado “Los doce apóstoles” operó durante un tiempo largo mientras él era el gobernador de la misma región.
Además se da otro elemento importante, en esa región se desarrolla después un megaproyecto que es la Hidroeléctrica Hidroituango que está por reventarse, que ha generado un daño ambiental muy grande y en esa zona hay más de dos acres, con más de 200 víctimas en masacres favoreciendo ese mega proyecto que está en la zona de incidencia de este grupo llamado “Los doce apóstoles” que operó entre 1990 y 1998 cuando cambia de nombre, no se desarticula. El grupo paramilitar operaba en una finca de la familia Uribe llamada La Carolina. Esas son las dos cosas que están saliendo a la luz. El papel jugado por Adolfo Pérez y un grupo de juristas argentinos fue muy importante para reabrir el proceso.
En Colombia hay 8 millones de hectáreas tomadas a más de 7 millones de desplazados
M.H.: Alberto también es miembro de la Comisión intereclesial de Justicia y Paz. Y hablando de paz, desde los acuerdos suscriptos el 26 de noviembre de 2016 han sido asesinados más de 700 líderes sociales y ex guerrilleros de las FARC. Según Indepaz, 726. A eso tenemos que sumarle los miles de colombianos que viven en el exterior y particularmente en los últimos 12 meses del gobierno de Duque, cuando en realidad se dice que Duque es una figura, pero por detrás está Alvaro Uribe, se cuentan 229 líderes sociales asesinados y 55 desmovilizados de las FARC. ¿Qué nos podés comentar al respecto?
A.: Tenemos una realidad muy dolorosa, en muchos sentidos, por un lado por las vidas que se están perdiendo, dolorosa porque el Acuerdo de paz y el tiempo durante el cese bilateral y durante los primeros meses del primer año del acuerdo, se vivió un momento de esperanza de la superación del conflicto armado y hay muchas zonas en las que han mejorado las condiciones, pero esto está poniendo en riesgo no solo las ganancias que se han tenido sino el Acuerdo de paz y con un problema serio, los incumplimientos de parte del gobierno, la oposición de un sector de extrema derecha del gobierno a los acuerdos, en lo que tiene que ver con el desarrollo rural integral. Y el segundo punto, que era la democratización, lo que tiene que ver con el cuarto punto que era la solución al problema de las drogas, que implicaba por una parte tratar a los campesinos con una política social, a las personas productoras de hoja de coca, y a los droga dependientes como un problema de salud pública más los ataques al 5º punto del acuerdo (reparación para las víctimas).
Entonces hay un ambiente que estimuló la deserción de muchos miembros de las FARC. Algunos de ellos se han ido al ELN que ha recuperado fuerzas en muchas partes del país. Y por otro lado el fortalecimiento de los neo-paramilitares, ya sean las AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia), que son los más organizados, los autodenominados de esta manera. Esto pone en riesgo la vida de los campesinos y la vida de los defensores de la tierra y el medioambiente.
En Colombia hay 8 millones de hectáreas tomadas a los más de 7 millones de desplazados. Eso explica la razón del conflicto y cuando uno observa los acuerdos descubre que el sistema del establecimiento le dio duro al desarrollo rural, bloqueó el segundo punto sobre la apertura democrática y está bloqueando el tratamiento distinto al problema de los cultivos de uso ilícito, porque el problema no es el cultivo de la hoja de coca, sino la transformación en cocaína y lo que está alrededor de ello y los ataques al 5º punto.
Estamos en una situación complicada que genera temor de volver a etapas anteriores. Los acuerdos han generado avances en otros aspectos, por ejemplo, en los ´80 todo lo que ocurría en Colombia era responsabilidad de Pablo Escobar, y muchas cosas lo eran, después bajó la intensidad y resulta que esas acciones, que se decía que eran de Pablo Escobar, muchas eran de los paramilitares, o estaban incluso miembros de la fuerza pública detrás.
Luego vino la etapa de “Todo es culpa de las FARC” y el único problema en Colombia eran las FARC. Cuando en realidad eran responsables de un número muy reducido de desapariciones forzadas, desplazamientos, asesinatos; estaban los muertos en las confrontaciones armadas, mientras que se silenciaba la cantidad enorme de personas desaparecidas, desplazadas y asesinadas a manos de paramilitares.
Entonces, cuando las FARC entregan las armas, la gente se da cuenta de que los problemas siguen, entonces no todo era responsabilidad de las FARC. Por eso hubo una votación muy alta en las pasadas elecciones a favor de Gustavo Petro. Pero son elementos para el análisis, para entender la gravedad, no solo por las vidas de quienes están asesinando, por el riesgo de los acuerdos, sino por la posibilidad de una transformación social más de fondo.
M.H.: He consignado algunos hechos, octubre, noviembre y diciembre de 2018 movilización estudiantil, marzo 2019 minga de indígenas y campesinos del Cauca, bloqueo por 34 días de la carretera Panamericana entre Cali y Popayán, el 25 de abril paro nacional y el 26 de julio jornada contra los asesinatos. Las expresiones de la resistencia, de un movimiento popular a pesar de las cifras que estamos dando, 726 líderes sociales y guerrilleros desmovilizados de las FARC asesinados. ¿Qué expresan estos hechos?
A.: Antes que eso quiero decir una cosa muy simple, la de Colombia es la democracia más antigua de América, pero es una democracia genocida y Colombia tiene una historia muy dolorosa, los gobiernos han pactado, hecho acuerdos, incumplir dichos acuerdos y asesinar a quienes los firmaron. Eso pasó hace 100 años, pasó luego en los 50/60 y en los 90.
Qué expresan esos despuntes sociales, más el paro campesino de 2013/14 y, sobre todo, la marcha del 26, que por primera vez en Colombia el asesinato de líderes sociales convocó a personas de todos lados en una movilización gigantesca de rechazo.
Entonces de alguna manera, como ya no hay a quién echarle la culpa porque ahora matan la gente y no los pueden acusar de ser guerrilleros ni a las FARC de ser responsables; entonces de alguna manera un sector muy amplio de la sociedad que para nada salía se está movilizando.
Hay un sector de la juventud que empieza a darnos esperanza porque está planteando alternativas y un lenguaje distinto. Yo creo que hay razones para la esperanza porque a diferencia de hace 10/15/20 años, cuando se mataron a miles de personas y nadie protestó, esta vez se mata a alguien, todos nos enteramos y se generan movimientos sociales en toda la sociedad. Por ejemplo, la mayoría de columnistas y grandes medios que nunca hacían referencia a estos temas, les cedieron voz a los líderes sociales, entonces se empezó a generar una nueva conciencia social, de que al líder social hay que respetarlo.
M.H.: Te quiero consultar por el bloque “Defendamos la paz”. ¿De qué se trata?
A.: Es un grupo de gente muy diversa que sabe que los acuerdos no fueron la revolución, pero abrían un camino de democratización del país, de respeto a los derechos y a la participación política y a resolver el tema agrario o al menos dar un camino distinto. El problema es que los opositores a los acuerdos son gente que tienen grandes intereses en los territorios despojados a través de la violencia, es gente que está vinculada a sectores del paramilitarismo o a militares responsables de graves violaciones a los Derechos Humanos; entonces por un lado no quieren entregar las tierras, por otro no quieren abrir la democracia para que mucha gente de la sociedad participe. Pero, sobre todo, le tienen pánico a la verdad porque han pedido pista para estar militares de alto rango, paramilitares, guerrilleros y empresarios. Eso significa que hay una posibilidad de conocer mucha verdad de lo que se ha tenido oculto. Entonces, “Defendamos la paz” es un sector muy amplio de la sociedad que quiere defender los acuerdos porque la guerra cuando se prolonga muy largo genera muchos daños y en este caso en Colombia se generó mucho dolor y sufrimiento. Esto pretende el bloque “Defendamos la paz”. Ha estado apoyando a los indígenas, a los estudiantes, a las movilizaciones campesinas y a todas las víctimas del país.
M.H.: ¿Qué expectativas podemos tener los sectores populares ante las elecciones locales y regionales del próximo 27 de octubre?
A.: Tenemos mucho miedo, porque muchos de los asesinatos de los líderes sociales querían influir en lo local. Va a ser un pulso que desconocemos cómo estamos, pero esperamos que sectores más abiertos y democráticos tengan una votación importante para abrir un camino, porque la democracia de Colombia es muy limitada y muy cerrada, a diferencia de otros países el proceso de paz nos encontró en un momento de debilitamiento del movimiento social y popular y eso fue difícil, porque tras mucha persecución, la crisis económica y el gobierno de Uribe generó mucho daño.
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