Estado, Gobierno y elecciones en Guatemala 2019 (I)
Parte 1
Hay
varias interpretaciones del Estado guatemalteco sobre su formación, su
composición, su funcionamiento y sus finalidades. Estas interpretaciones
describen varios tipos de Estado, su naturaleza histórica, política,
económica y social. Los análisis combinados son negativos, complejos y
perversos. Esta naturaleza orgánica del aparato de Estado guatemalteco
se ha esbozado analítica y comparativamente, enfocándose mayormente los
últimos 50 años, desde el período que antecede al comienzo de la última
guerra civil, pasando por los años de transición “civil-democrática”, a
la firma de los acuerdos de paz y a los gobiernos que han seguido en el
post-conflicto, llegando hasta la actualidad alrededor del proceso
electoral del 2019.
El Estado guatemalteco ha sido definido
e interpretado desde varios puntos de vista: académicos,
mediático-noticiosos, cibernéticos de redes y oral-populares. El Estado,
entonces, es un aparato post y neocolonial oligárquico-monopólico; un
Estado corrupto y partidista-clientelar; un Estado fallido hiper
explotador clasista, racista y excluyente; un Estado cooptado por grupos
mafiosos del crimen organizado; un Estado narco-cleptocrático; un
Estado patrimonialista-depredador, etc. Estas definiciones y otras que
están en constante construcción, complementación, discusión, aceptación o
rechazo, tratan de conceptualizar en teoría y en la práctica su
naturaleza, su formación/deformación, su composición y sus fines
históricos: en lo político, en lo económico y en lo social.
Relacionado a lo anterior y regresando al período de la administración
demócrata de Barack Obama y del embajador Todd Robinson en estas
tierras, el proyecto de alto impacto “guerra a la corrupción, al
contrabando y al narcotráfico dentro y fuera del Estado guatemalteco”,
consistió en abrir una serie de medidas relativamente fuertes para
desactivar a los CIACs, (grupos mafiosos del crimen organizado,
vinculados a contratos lesivos al Estado, a narcotráfico, a lavado de
dinero, a contrabando de mercaderías y bienes en gran escala, a la trata
regional e internacional de personas, a la evasión de impuestos y otras
actividades ilícitas y violentas). Ello dio como resultado la
desarticulación de un grupo delincuencial que se había apoderado del
Estado, bajo las órdenes de la ex-vicepresidenta Roxana Baldetti y del
ex-presidente Otto Pérez. La jugada política tuvo efecto, puesto que una
buena cantidad de funcionarios públicos fue detenida y enfrenta
procesos judiciales (La Línea 1, como se le llamó). No obstante, varios
empresarios fuertes de algunos sectores del CACIF, miembros de lo que se
podría llamar La Línea 2, no fueron prácticamente tocados. Fueron
detenidos y puestos en prisión una serie de políticos y militares
ligados a estructuras criminales (sea por contrabando, narcotráfico,
lavado de dinero, cooptación del Estado y corrupción monetaria y de
activos). La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala
-Cicig-, de Naciones Unidas, y el Ministerio Público, en coordinación,
jugaron un papel clave en todo ello.
El calor popular que
se había generado para ese entonces era de un rechazo mayoritario a la
corrupción en gran parte de los sectores sociales del país. Fue allí
donde apareció en las elecciones del 2015 la figura de Jimmy Morales
quien, en una nueva presentación actoral tal como es su profesión, se
“disfrazó” de candidato honesto (“no robo ni miento”). La
experiencia de su gobierno ha demostrado todo lo contrario. El grupo que
quizá para sorpresa de muchos, pero no de todos, ganó las elecciones
estaba ligado a lo más corrupto de la clase política, militar y
empresarial. Ese grupo es el que ha gobernado durante estos años. Y con
el cambio de gobierno en Estados Unidos, llegando el republicano Donald
Trump a la Casa Blanca, cabildeó para sacar, bloquear y disminuir a la
Cicig, y terminar con esa “cruzada anticorrupción” que se había iniciado
y se estaba extendiendo. En definitiva: el llamado “Pacto de Corruptos”
se salió con la suya, y Washington dio su consentimiento para ello
(negociando, por supuesto. El gobierno guatemalteco se ofreció como
absoluta alfombra para las políticas de Estados Unidos: traslado de su
embajada en Israel, luz verde para la entrada de tropas norteamericanas
en suelo guatemalteco, aceptación de lo que el presidente estadounidense
ordene).
Más recientemente y relacionado también a lo
anterior, ha finalizado la primera vuelta de las elecciones generales de
Guatemala en el 2019, la cual ha sido muy cuestionada desde sus
inicios, principalmente debido a la “judicialización y politización” de
los procesos de revisión y aceptación legal, de acuerdo con la
idoneidad, honorabilidad y el estatus ético-moral y legal-judicial de
los candidatos y candidatas, sea para la presidencia, el congreso o a
las alcaldías. Los organismos de auditoría y justicia estatales se
vieron muy sesgados, favorecedores, ineficaces, tolerantes, antojadizos,
incoherentes y contradictorios; dependiendo del candidato(a) que fue
sometido(a) a estos procedimientos y requisitos de acuerdo con los
cambios de la nueva Ley electoral y de partidos políticos en Guatemala.
La situación preelectoral se mostró patética, incierta, confusa,
calculada y corrupta. Faltando tan poco tiempo para el segundo acto
electoral (11 de agosto), aún hay una enorme decepción, una apatía y una
creciente incertidumbre y muchas y variadas dudas sobre el proceso. La
‘judicialización’ de varias de las candidaturas se vio como una
estrategia manipulada para impedir abiertamente y/o apoyar
simultáneamente, algunas candidaturas con posibilidades de pasar a la
segunda vuelta. La estrategia fue enfocada mayormente contra la
participación de dos de las tres mujeres candidatas, que hasta hace un
par de meses atrás venían (con diferencias porcentuales relativas entre
ellas) encabezando las encuestas. Las ex-candidatas afectadas Zury Ríos y
Thelma Aldana quedaron fuera de la contienda.
Sandra
Torres ha terminado en el primer lugar de la primera vuelta, pasando a
la segunda vuelta con la mayor cantidad relativa de votos, aunque sin
mayoría absoluta por las razones sabidas a través de los medios de
comunicación. En el segundo grupo de candidato(a)s, quienes venían mucho
más atrás del primer grupo inicial de mujeres candidatas, favorecido
por las cancelaciones y ausencias de ellas, quedó en segundo lugar
Alejandro Giammattei del partido VAMOS, quien también pasó a segunda
vuelta. En la situación actual, mientras se llega a la votación de la
segunda vuelta, Torres, la candidata de la UNE, tiene aún problemas de
aceptación, según los análisis preliminares de la cuarta encuesta de
intención de voto para la segunda vuelta, recientemente publicada y
explicada por los medios. Sigue persistiendo el anti-voto en las últimas
semanas, principalmente en la ciudad capital y los centros urbanos
secundarios. La población guatemalteca en los centros urbanos más
grandes del país como parte del electorado, ha manifestado su rechazo a
dicha candidatura, tendencia que se mantiene, aunque un tanto más
reducida, desde y con relación a las encuestas previas a la votación en
la primera vuelta.
La opinión en las redes sociales, en los
medios de comunicación y la opinión en general es que se ha favorecido a
su candidatura con las reformas, con el manejo prolongado y tardío de
la sanción del antejuicio y con varias demandas legales-judiciales que
no prosperaron en las instancias o instituciones legales-judiciales
correspondientes. Torres tiene aún pendiente un proceso de antejuicio
por financiamiento ilícito del partido político que representa. Se
espera(ba) que tenga/tuviera una segunda vuelta difícil contra
Giammattei, tratando de formar alianzas y convenciendo a ese electorado
urbano de su idoneidad para el cargo presidencial. Al mismo tiempo, se
ha escrito y hablado también de un relevo de los CIACs en estas
elecciones del 2019, colocándose estratégicamente detrás de varios
candidatos de la extrema derecha. El grupo de inteligencia militar de
antaño llamado “La Cofradía” saltó al conocimiento nacional e
internacional a través de varias actividades ilícitas que realizó el
grupo de crimen organizado llamado “La Red Moreno” (el cual se supone
fue desmantelado en años pasados). Como ya es sabido, varios de sus
elementos han estado en el gobierno de Jimmy Morales a través de
AVEMILGUA (oficiales veteranos de la guerra interna), la llamada
“Juntita Militar” y otros grupos muy cercanos al poder ejecutivo y al
legislativo.
En esta elección, La Cofradía sustituiría o
relevaría (temporal o permanentemente) al otro grupo de inteligencia
militar llamado “El Sindicato”, representado por los grupos del crimen
organizado “La Oficina 1 y 2” (los cuales también se supone fueron
desmantelados recientemente). Entonces, se habla en los medios de
comunicación de algunos personajes y/o grupos oscuros del pasado,
pertenecientes a estos grupos de relevo militar-civil en el control del
Estado tras bambalinas, quienes podrían/estarían asociados o detrás de
la candidatura y del partido VAMOS de Giammattei. Asimismo, con respecto
a los resultados de la primera vuelta, se ha especulado de un fraude
técnico, se ha corrido la voz mayormente en las redes sociales y en
algunos medios de comunicación masivos y alternativos, que los grupos
detrás de Jimmy Morales o los grupos adyacentes a él, lo habrían
tramado, tejido, lo promovieron y difundieron para tratar de
concretarlo, sin éxito. Esta supuesta maniobra intentaría evitar
cualquier tipo de cambio en los poderes del Estado, tratando de
continuar con el esquema actual a partir de una campaña mediática y de
redes virtuales de desinformación.
Se ha hablado también
sobre la posibilidad de un fraude institucional planificado, donde los
errores técnicos de software y de digitación en el procesamiento de los
datos electrónicos, que difieren de los que aparecen registrados en las
actas a mano de las urnas, no han sido accidentales, no han sido algo
casual, fortuito e inocente, sino algo planificado con antelación y
propósito. Se cree que el llamado “Pacto de Corruptos” enquistado en la
estructura estatal, intocable, inamovible está detrás de una renovación
aparente con la misma intención anterior. Incluso se ha escrito en
algunos de los medios de comunicación muy recientemente que los acuerdos
negociados casi en secreto con EE.UU., y que han resultado infructuosos
y fallidos de momento, a saber: la militarización interna y de
fronteras por parte del propio ejército guatemalteco (aunque se han
enviado efectivos de la Policía Nacional Civil), la aceptación de tropas
norteamericanas en puntos estratégicos de la frontera
mexicano-guatemalteca, y el más sonado de los tres, el intento para
convertir a Guatemala en un “Tercer País Seguro”, es parte de la
estrategia descrita arriba. Es decir: una negociación secreta,
absolutamente a espaldas de la población, lo cual desvirtúa por completo
la idea de democracia y transparencia.
El escándalo
llamado “Pacto del Loroco”, como consecuencia de la captura por parte de
la DEA del ex-candidato presidencial Mario Estrada del partido UCN en
Florida, tiene dentro de esta teoría de la conspiración un peso
relativo, que cada vez parece gravitar más en esta maniobra estratégica
de retardar o cancelar las elecciones y el cambio formal eleccionario de
poderes dentro del Estado guatemalteco. Simultáneamente, la discusión
en los medios ha visto una tendencia, a partir de la captura del
ex-candidato presidencial, de tratar de agradar, alinear y abrirse más a
las demandas de la política norteamericana de seguridad nacional. Es
decir, a crear una barrera de control, detención y castigo para reducir
las migraciones del Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala,
Honduras y El Salvador) e internacionales, y para tratar de “controlar”
el tráfico de personas, el contrabando de bienes y mercancías, y
principalmente el narcotráfico en/desde/a través del territorio
guatemalteco. Esa preocupación de la Casa Blanca, en realidad, tiene
como fundamento, si no el principal al menos de gran importancia, la
campaña proselitista de Donald Trump buscando su reelección, levantando
una vez más la promesa de “mano dura” contra los “migrantes ilegales que
van a quitarle puestos laborales al trabajador estadounidense”..
No obstante y de momento, el TSE ha adjudicado formal y oficialmente
los resultados presidenciales de la primera vuelta y también las
diputaciones nacionales y centroamericanas, quedando pendientes las
alcaldías. Lo cual pareciera desvanecer y desmentir el proceso fraguado
del “complot del fraude eleccionario” para quedarse un tiempo más en el
poder. Se habla, en los medios y redes sociales también, que las
autorizaciones internacionales del caso no cedieron, no permitieron, no
dieron su aval, para realizar otro golpe técnico y de facto por parte
del actual gobierno (como de alguna manera se dio meses atrás para
cerrarle el paso a la Cicig). Se ha dicho en algunos medios de
comunicación que las presiones internacionales principalmente del norte
siguen apoyando la trama de la segunda vuelta; se tiene que continuar
con ella como fue programada, de acuerdo con el ciclo electorero del
país. Y donde manda capitán, no manda marinero...
Como se
ha explicado anteriormente, ha quedado un sabor de cuestionamientos e
incertidumbres, un sentimiento reflejado en varios artículos de opinión
en la prensa nacional e internacional, en las redes sociales y en la
opinión general de los analistas, fiscales y profesionales que han
participado en elecciones pasadas y en la actual elección. Consideran
que habría que darles certeza jurídica a los resultados de la presente
elección, contratando una empresa con prestigio internacional en
procesamiento de datos, la cual llevaría a cabo una auditoría rigurosa
de todo el proceso: revisando el software, la digitalización y los
resultados parciales y finales, la metodología del recuento, manejo,
seguridad y transportación de cajas de votos y documentación
relacionada, etc. Sin embargo, con la adjudicación de candidaturas
presidenciales a segunda vuelta, con la aprobación del listado oficial
de diputaciones, parece poco probable que se haga una revisión como la
descrita arriba. Quedan pendientes las alcaldías donde incluso el
proceso de votación o el conocimiento local de triunfos no oficializados
causaron conflictos, demostraciones y protestas serias en el interior
del país.
A lo anterior, habría que agregar el último
escándalo de Jimmy Morales con las controversiales, discutidas e
ilegales compras de dos aviones y un barco para el ejército, sin seguir
los procedimientos administrativo-contables legales y debidos de compra,
motivo por el cual ambas transacciones están también suspendidas. ¿Será
que muchos funcionarios de la administración del actual presidente,
incluyendo él mismo, van a ser formalmente acusados, enjuiciados y
condenados, o incluso extraditados por las acciones ilegales,
inconstitucionales, irregulares y corruptas que se han llevado a cabo
durante su gobierno, una vez que entreguen el poder estatal? Quedan
estas interrogantes y otras para el futuro.
Ahora bien, no olvidar que los funcionarios electos y los que están por
ser electos, son una expresión del pueblo, de lo que es efectivamente
la sociedad. La impunidad y la corrupción, jamás debe perderse de vista,
están atravesadas en toda la sociedad: evadir impuestos, pagar un
salario básico que apenas cubre la tercera parte de la canasta básica (y
se paga sólo a un 50% de trabajadores urbanos y apenas a un 10% de
trabajadores rurales), no pagar la cuota del Seguro Social de los
empleados, son tan deleznables como el diputado que se roba un viático o
que manda a quemar un archivo que lo compromete. La corrupción
atraviesa la sociedad desde la colonia: si “los de arriba” lo hacen,
¿por qué “los de abajo” no lo van a repetir? Hay necesidad de cambiar
también los malos hábitos, las relaciones e interacciones sociales, la
psiquis colectiva, los imaginarios y los valores éticos y morales de los
distintos grupos sociales guatemaltecos. Se necesitará volver a
apreciar el respeto a la vida, los derechos humanos y civiles en todas
sus expresiones y formas, la verdad, la honradez y la transparencia,
todo lo cual trastocó de un modo patético la reciente guerra interna. El
racismo, la discriminación y las distintas exclusiones: social, étnica,
de clase, siguen siendo una terrible realidad. Si eso no cambia (60% de
la población bajo el límite de pobreza, 12% de analfabetismo, primer
lugar en Latinoamérica y sexto en el mundo en desnutrición infantil
crónica, migraciones irregulares hacia Estados Unidos como “salvación”
para amplias masas de población) por más que se cumpla con el rito
formal de elecciones periódicas, no se asegura la paz. Con una
democracia tan endeble, la sociedad que se construye/destruye es una
bomba de tiempo.
Desde un mal llamado “Estado nacional”
poli-formado/deformado en sus raíces históricas, con aberraciones
políticas, económicas y sociales, con sus diferentes definiciones
descritas al inicio de este ensayo, tratando de interpretar su
naturaleza perversa, permanece la cuestión central, que no estriba
solamente en esa corrupción/transgresión omnipresente desde su creación.
Está la cuestión esencial en la forma en que el Estado ha sido
utilizado para repartir la riqueza nacional: por qué, cómo, para quién y
para qué (el 2% de la población detenta el 70% de las tierras
cultivables; mientras el salario básico ronda los 400 dólares mensuales,
los grandes grupos económicos se apropian, en ese mismo tiempo, de
muchos millones de esa moneda en exportaciones o la transacción de las
remesas). Y, por lo visto, ningún candidato habló o ha hablado en
primera o en segunda vuelta de esto claramente. A lo sumo, las tristes
campañas que se están viendo no pasan de invocaciones recicladas,
repetitivas, obvias y vacías. Se menciona por momentos a la corrupción,
pero no se habla a profundidad del Estado que la regula, la facilita y
la perpetúa. No se habla extensiva y críticamente del modelo, su
estructura, su sistema que la propicia, la crea y la reproduce. ¿Qué
esperar entonces de estas elecciones democráticas, más con lo mismo o lo
mismo con más?
Marcelo Colussi, Analista político e investigador social.
Mario de León, Consultor, investigador, analista y ensayista internacional.
Estado, Gobierno y Elecciones en Guatemala 2019 (II)
Patetismo, incertidumbre, astucia y corrupción
Parte 2
Continuando
con la segunda parte de este ensayo relacionado a las elecciones del
2019 finalizadas hace un mes y siguiendo un esquema,una construcción,
una valorización semántica y política con una intencionalidad racional
lineal, positivista y simultáneamente pesimista con evidencias
históricas contundentes,tenemosel siguiente enunciado como secuencia y
consecuencia.
Enunciado:a partir de la de la firma de la paz y
sus acuerdos que suponían un cambio cualitativo en Guatemala cuando
gobernó el expresidente ArzúIrigoyen, al final de su mandato los pobres
siguieron siendo igual de pobres y los indígenas siguieron siendo
excluidos, discriminados y explotados. El resto de los expresidentes
electos que le sucedieron:Portillo Cabrera, Berger Perdomo, Colom
Caballeros y Pérez Molina,tampoco representaron un cambio de fondo para
el Estado, ni para el modelo,ni para el sistema del subdesarrollo
económico que afecta a la mayor parte de la población de Guatemala.
Durante esos gobiernos del posconflicto y del subdesarrollo, los pobres
siguieron siendo igual de pobres y los indígenas continuaron excluidos,
discriminados y cada vez más explotados.Ahora gobierna el presidente
Morales Cabrera, y su mandato, que estará finalizando a principios del
2020,está catalogado como el peor de la historia política contemporánea
de Guatemala. Los pobres siguenestando más pobres y los indígenas siguen
siendomayormenteexcluidos,discriminados y explotados. No hay alivios ni
mejoras, mucho menos cambios profundos que modifiquen realmente la
situación.
Conclusión: el presidente tiene la culpa de la
pobreza, la exclusión, la discriminación, la explotación de la mayor
parte de la sociedad guatemalteca, del desastre y la disfunción
histórica y perversa del Estado guatemalteco y de sus instituciones, lo
cual se ha reflejado en las condiciones de atraso, rezago y
“subdesarrollo o no-desarrollo” para la mayoría de la población del país
llamado Guatemala.
El enunciado y la conclusión escritas
arriba se leen, se entienden y se sientenmuy simplistas, deterministas y
voluntaristas. Sin embargo, el discurso dominante (la ideología de la
clase dominante) puede hacer ver, creer y justificar que injusticias
tales como la pronunciada desigualdad, la extensiva pobreza, la
generalizada exclusión y la discriminación de la mayoría de la población
guatemalteca, sobre todo rural e indígena;dependen del actuar y la toma
de decisiones presidencial, del papel ydesempeño del presidente a lo
largo de su administración desde el poder ejecutivo. Las desastrosas
condiciones del país serían asíuna suerte de falta de liderazgo y/o
caudillismo personal; todoel destino del país depende de quién esté al
mando del poder ejecutivo.Los problemas estructurales del modelo
económico, de la naturaleza del Estado (con todas sus acepciones
descritas anteriormente en la primera parte de este ensayo), del sistema
sociopolítico, socioeconómico y sociocultural guatemalteco,pueden
mejorar o pueden empeorar según quién dirija desde la presidencia. El
poder ciudadano, las votaciones –la simulación democrática con la que se
engaña y se le presentan “las opciones”al pueblo con el proceso
eleccionario– parece ser el único camino para tratar de cambiar la
situación desesperada para la mayoría, voten o no voten.
Será
la administración de turno,entonces, la que funcionará como gerente de
los auténticos factores de poder,el poder real o fáctico como se le ha
llamado tradicionalmente: la Embajada del Norte, la oligarquía,los
grupos militares organizados, los carteles de la droga y los grupos del
crimen organizado.¿Qué es lo que se elige entonces? El refrán universal
dice: “elegir de los males el menor, elegir al menos peor”. Falta ver si
el refrán popular se cumple en los próximos cuatro años con el nuevo
presidente. Hay antecedentes muy negativos al respecto; para muestra, el
presidente Morales y su administración actual de turno.Como comentaron
algunos analistas en la prensa radial y escrita, ahora ya se votó (no se
eligió) a un nuevo mandatario para el próximo período presidencial:
Giammattei Falla. ¿Qué significa esto? Que si una vez más continúan las
penurias para el campo popular (los pobres siguen siendo igual de pobres
y los indígenas siguen excluidos, discriminados y explotados), ¿es
debido a una “mala” escogencia? ¿Qué significará entonces elegir “bien”?
La cuestión pasa por tener muy claro que esta democracia
“electorera y representativa de intereses creados, específicos y
consolidados” (ya con más de 30 años formalmente desde la historia
reciente de la postguerra civil guatemalteca), no puede en modo alguno
resolver los grandes problemas estructurales del país.Como mínimo,
dígase que esta constante política eleccionaria es injusta, dañina,
oprobiosa o desastrosa. El electorado no tiene mayor posibilidad de
elegir en términos más equilibrados, amplios, variados ni justos, porque
las ofertas han sido casi idénticas en todos los casos durante las
últimos gobiernos y elecciones del posconflicto, incluida la izquierda
electoral, exceptuando el partido Movimiento para la Liberación de los
Pueblos –MLP–. El MLP quizá es el único partido distinto, dada su
composición campesina de base y su forma organizativa, mayormente de
abajo hacia arriba. Pero de más está decir que le será muy difícil
llegar a la presidencia, porque si “se le va la mano” en sus protestasy
reivindicaciones políticas, socialeseconómicas y étnicas, le seguirán
matando o encarcelando a sus representantes y miembros, como ha estado
ocurriendo hasta ahora.
De acuerdo con análisis en varias de
las revistas virtuales sobre política y sociedad guatemaltecas, gracias a
la presencia que tuvo la Cicig en el país por 13 años yla colaboración
interinstitucional entre esta entidad y el Ministerio Público –MP–,se ha
entendido que la corrupción está presente en todas las instituciones e
instancias del Estado. Asimismo, se tiene el conocimiento de las redes
del crimen organizadoy las formas en que han operado dentro de las
diferentes instituciones del Estado, por los procesos judiciales de los
casos de corrupción llevados ante los tribunales. No obstante, todavía
falta comprender con mucha mayor profundidad la extensión, participación
e interrelacionesdelos niveles de corrupción, coaptación y clientelismo
dentro de los poderesejecutivo, judicial y legislativo. Todavía hace
falta comprender con mucha mayor profundidad,también, la extensión,
participación e interrelaciones de la corrupción municipal y los
consejos de desarrollo a los diferentes niveles de los grupos de poder,
los grupos políticos y los diferentes segmentos poblacionales. Susnexos
complejos con el crimen organizado, el manejo lesivo, la lapidación,
malversación y robo de los fondos de los proyectos de infraestructura y
servicios al nivel regional, municipal y local.Sus nexos con el
narcotráfico en muchos de los departamentos, municipiosy comunidades del
país, mayormente en áreas fronterizas. No es solamente la
responsabilidad y la culpa del presidente de turno (los ya mencionados
arriba), o el extremadamente desastroso actual (también mencionado
arriba).
La crisis social, política, y sobre todo la económica,
nacional arrastrándose hasta la actualidadcon sus consecuencias más
visibles: la aguda desnutrición infantil, el hambre generalizada, la
pobreza y pobreza extrema en varias regiones y áreas rurales, la falta
de oportunidades de educación, salud y empleo para las generaciones
jóvenes sobre todo en el campo,inclusive oportunidades de trabajo a los
más bajos niveles, la violencia constante, generalizada consu
intensidad, exposición y virulencia yla recientementeacelerada,
desesperada y continua alta migración hacia Norteamérica, son el
resultado de un proceso histórico largo, de un modelo y sistema de
subdesarrollo de adentro hacia afuera construido y mínimamente
modificado desde la etapa colonial hasta el presente,definido para usos
teórico-prácticos como poscolonial-neocolonialista.La crisis múltiplede
rezago, deterioro socioeconómico y exclusión abismales el producto
exacerbado y aberrado del este sistema
poscolonialista-neocolonialista,semi-feudal
mercantilista,semi-capitalista, que mantiene todos los privilegios para
muy pocos sectores y grupos de la sociedad, desde la malformación del
Estado guatemalteco y su estructura e instituciones tiempo atrás.
Las recientes amenazas e imposiciones del presidente Donald Trump
reflejan una lógica entre EUA y la subordinación histórica de Guatemala,
siendo el resultado de su modelo poscolonial-neocolonial ampliado hasta
el presente. Parafraseando lo planteado por el académico e investigador
guatemalteco QueméChay (2019)en uno de sus ensayos –con énfasis en
algunas líneas de nuestra parte en itálicas–“hay intelectuales de la
derecha ultraconservadora, fascista, autoritaria, totalitaria y
oligárquica formados en universidades extranjeras,altos mandos
militares,muchos de ellos tecnificados y especializados en
inteligencia y estrategias contrainsurgentes, muchos de ellos estudiados
también fuera del país, grandes empresarios ylinajes/apellidos
familiares que han estado en los gobiernos desde siempre; dictando los
rumbos económicos,políticos y culturales del país”.
Continúa
argumentando: “No es solamente el presidente, el poder ejecutivo el
causante de la crisismigratoria que desembocó en las amenazas delpatrón
gringo de gravar las remesas, prohibir elingreso de guatemaltecos a EUA,
aumentar los aranceles ala relación totalmente desequilibrada de
importación-exportación, lo que determinó la firma del convenio que hace
deGuatemala, aparte de una finca de loscolonizadores, un corral para
migrantes” (Quemé, 2019) [1] . Son los viejos
intereses y la ambicióneconómica voraz, depredadora, autoritaria y
explotativa, los que se han sostenido e impuesto a través del presidente
y el andamiaje institucional del “poder ejecutivo”.Son losgrupos
familiares y sociedades corporativas de composición y comportamiento
oligárquico los que han manejado y manipulado al poder legislativo,
encubierta y abiertamente, elaborando y aprobando leyes a suantojo y
medida, dejando intocables, prevalentes y vigentes sus privilegiosdesde
tiempos coloniales hasta la actualidad.
El
poscolonialismo-neocolonial que vive el país desde el siglo XIX con la
llamada “Reforma Liberal”, prolongó y adaptó un Estado depredador,
anacrónico, autoritario, dictatorial,fascista; con cortos períodos
revolucionarios y contra revolucionariosen los años 40s y 50s del siglo
pasado. Después de la firma de los Acuerdos de Paz por la última guerra
interna en 1996, se ha ido presentado como un Estado“seudo-democrático,
formalista, partidista-electorero de fachada”,el cual fue desarrollando,
extendiendoy fomentado aún más la corrupción, lo ilícito y lo ilegal
con amplia impunidaddeterminada, demostrada y desenmascarada por la
Cicig, principalmente durante su reciente tercera etapa final de trabajo
y la razón por la que la dicha Comisión fue expulsada, y después su
mandato no fue renovado.
De acuerdo con varios análisis y
opiniones de los expertos en historia, economía y sociología política,
la corrupciónes el resultado histórico acumulado de nuestro modelo
neocolonial, subdesarrollista y su sistema de hegemonía y representación
elitista, clasista, discriminativo, excluyente y racista.Tiene
queterminarse o transformarse el neocolonialismo postmoderno,
periférico,voraz, rampante, depredador,brutal, y despiadado, que está
estructurado y articulado en el andamiajejurídico, legal y político de
los poderes e instituciones del Estado guatemalteco.
A esta
ensalada de ingredientes poco deseables en términos de verdadero
desarrollo y modernización del Estado, hay que agregarle los otros
ingredientes relativamente más recientes, aberrantes, complejos y
complicados, que se han desarrollado también como parte del Estado y la
sociedad actual: el crimen organizado y sus grupos incrustadose
interrelacionados dentro dela estructura estatal y la sociedad, el
narcotráfico con su trasiego a mediana y gran escala de drogas y
operaciones ilícitas nacionales e internacionalesplanificadas u
oportunistas de lavado de dinero, los carteles en competición y pugna
dentro y fuera del Estadoen el territorio nacional,y el corredor de
contrabando variado y extensoque incluye personas, bienes y mercancíasal
nivel nacional regional e internacional.
Ahora bien, dejando
de momento el problema no resuelto de la debacle y crisis perpetua
nacional debido a la estructura, el sistema y la composición del Estado
guatemalteco hasta el presente,pasemos a analizar y discutirla
experiencia que ha dejado el balotaje de la segunda vuelta y los
resultados finales de las elecciones presidenciales de Guatemala de este
año.Las preguntas siguen dándose más allá de un mes después del
resultado final de la segunda vuelta. Se lanza, cuestionay especula
todavía, porquéla excandidata presidencial Sandra Torres Casanova,del
partido Unión Nacional de la Esperanza –UNE–,perdiólas elecciones en
segunda vuelta, habiendo tenido una ventaja tres veces más amplia (de
acuerdo con el número de votos efectivos que tuvo en la primera vuelta
donde quedó primera),sobre el otro excandidato presidencial,Alejandro
Giammattei Falla,del partido Vamos por una Guatemala Diferente–VAMOS–,
quien al final fuera elegido presidente de Guatemala para el período
2020-2024.
Entre varias de las razones que se han discutido,
está la de una percepción muy negativa de la excandidata Sandra Torres
Casanova, una“Sandrofobia” aguda (como se ha dado en llamarle en los
medios guatemaltecos), un rechazo visceral, emocional e irracional hacia
su persona. A ello se suma la imposibilidad de agradar a la clase
dominante y a las clases medias urbanas de centros terciarios,
secundarios en los municipios, departamentos y la capital de Guatemala,
fenómeno que sucedió en las elecciones pasadas y en estas últimas.
Pareciera que se ha evidenciado como una “tendencia irremontable” para
la excandidata de la UNE, lo cual le ha sucedido en las últimas dos
elecciones presidenciales.Hay que agregar, además,la campaña de ataque
personal y desprestigio permanente que la derecha aglutinada, de
diferentes tendencias de extrema y ultra extrema,desarrolló por todos
los medios,televisivos, radiales y de redes, con mayor intensidad a
partir del inicio de la segunda vuelta en esta última elección.
Además, todo ello demuestra que sociológica, política y culturalmente
parece haber también dos Guatemalas, dos realidades, dos contextos de
país, dos ambientes políticos diferenciados: lo urbano/semiurbano y lo
rural y profundamente rural. Ambos ámbitos están
distanciados,divorciados, ajenos, indiferentes, no identificados ni
relacionados mutuamente, muy circunscritos a sus contextos, necesidades y
dinámicas socioeconómicasy etnoculturales inmediatas, incluso
antagónicos entre ellos. La preeminencia de lo urbano sobre lo rural se
manifestó una vez más en las votaciones de la segunda vuelta, donde hubo
una mayor movilización de votantes urbanos y semiurbanos, quienes
votaron en su mayoría en contra o en rechazohacia Torres Casanova,
favoreciendo la elección de Giammattei Falla.
Asimismo, de
acuerdo con gran cantidad de losmensajes en las redes sociales durante
las dos vueltas electorales y de varios artículos de análisis sobre el
resultado de las mismas, TorresCasanova sufrió ataques políticos de
género, donde se plantearon repetidamente temas de incapacidad o de
autoritarismo excesivo, de toma de decisiones y dirección no acertadas o
apropiadas por ser mujer (misoginia), o ataques de origen social, ya
que ella nació y creció en El Petén,uno de los departamentos más
alejados de la ciudad capital. Lo que evidenció una vez más lo
patriarcal, discriminativo, racista; la“misoginia política, social y
cultural” haciaTorres Casanova.En términos generales,las elecciones
presidenciales afectaron mucho más a las candidatas mujeres,debido al
bloqueo y la eliminación de sus candidaturas por procesos de
“politización y judicialización” durante el inicio de la primera vuelta
electoral (explicado en la primera parte de este ensayo).
Sin
embargo, hay que enfatizar que “la politización y judicialización de las
elecciones” favoreció a Torres Casanova, quien no fue llevada a los
tribunales por varios cargos y acusaciones pendientes (explicadas en la
primera parte de este ensayo). Las instituciones judiciales-legales del
Estado no pusieron reparos y protegieron la adquisición de inmunidad
para blindarla de los casos pendientes contra ella.De acuerdo con
lapercepción y los hechos analizados, de los medios y la opinión
generalizadapopular, fue protegida hasta la finalización de la segunda
vuelta. En cuanto perdió las elecciones presidenciales, perdió la
inmunidad, fue detenida y llevada a los tribunales por financiamiento
ilícito no declarado y manejado de manera indebida para su partido en
las elecciones pasadas, y se le vinculó al caso y dictó detención
preventiva en la cárcel del cuartel Mariscal Zavala en la capital, donde
hay también otros detenidos y presos ex-ilustres y no ilustres:dos
expresidentes, una exvicepresidenta, varios exministros y exfuncionarios
de alto rango, vinculados al crimen organizado del Estado, corrupción,
narcotráfico y lavado, etc.
Otras de las razones que se ha
esgrimido en los medios de comunicación, redes y en varios artículos de
análisis nacionales, ha sido que Torres Casanovaestaba tan segura de su
victoria que no buscó acercamientos o alianzaspolíticas con otros
partidos considerados relativamente menos conservadores y más
progresistasde “centro izquierda e izquierda” (Winaq, URNG, MLP,
Semilla,entre otros).Asimismo, tuvo el rechazo desectores de la sociedad
civilcomprometidos con el fortalecimiento de la justicia y la lucha
contra la impunidad y la corrupción por lo arriba expuesto. Al final de
la segunda vuelta el discurso de campaña de Torres Casanovase fue“más
hacia la derecha”;trató de ganarse el beneplácito de sectores
empresariales, agroindustriales y de clase mediaconservadores de las
ciudades intermedias y la capital.
Al mismo tiempose pronunció a
favor de las industrias extensivas y extractivas y otros intereses de
sectores económicos conservadores y poderosos, no habló de una reforma
fiscal ni el fortalecimiento de la SAT y las finanzas públicas;no señaló
con claridad la necesidad de cambiar las formas de escoger a los
miembros magistrados de las Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema
de Justicia, ni de otras formas de escoger funcionarios en otras
instituciones importantes del Estado. No se enfocó ni convenció con
suficiente persuasión en los temas agrarios de mayor importancia para el
campesinado, para los trabajadores agrarios, para las clases más pobres
del agro.
Torres Casanova ha sido también criticada en algunas
de las redes sociales y artículos de análisis del resultado electorero,
por no haber sidocrítica y clara sobre los problemas de corrupción y
clientelismo político-partidista, los problemas ambientales graves
sobrela ley de desarrollo rural integral o de la ley del utilización y
manejo derecursos hídricos, o de la importancia de la reforestación y
proteccióndel ambiente, o crear las facilidades de financiamiento y
seguro agrícola para pequeños y medianos campesinos y sus familias que
tienen alto riesgo de quebrar y empobrecerse aún más. Seconformó
simplemente con reiterar el compromiso con los programas sociales de
carácter asistencialista-clientelista, que son importantes como recurso
paliativo, pero no representan soluciones de fondo.Por otro lado,medidas
similares asistencialistasfueron también prometidas porel presidente
electo Giammattei Falla. La excandidata se pronunció también a favor del
Ejército, proponiendo elevarlesel salario y sacarlo a las calles para
reforzar la “seguridad ciudadana”, reanudado el patrullaje conjunto con
la policía. Con relación al tema religioso, trató de ganarse a la
“derechamesiánica fundamentalista”(con nexos estrechos al tele
evangelismo norteamericano desde hace muchos años), prometiendo una vez
ganada la presidencia su oposición a la homosexualidad, al matrimonio
entrepersonas del mismo sexo y al aborto;independientemente de cada
caso, sus causas o necesidades sociales.
Torres Casanovase
expresó constante, negativa y desfavorablemente sobrela Cicig, el MP y
la FECI, instancias encargadas de combatir la corrupción, el crimen
organizado y la narcoactividad, entre otros delitos. Se acercó en el
discurso a las posiciones y prácticas asociadas al gobierno actual.
Tampocose diferenció claramente de su rival Giammattei Falla, ni de los
sectores económicos poderosos que lo apoyan, algunos de ellos bastante
oscuros en su presente y pasado político.Torres Casanova planteó
lacreación de una comisión presidencial contra la corrupción, la cual ha
fue promovidainicialmente por GiammatteiFalla durante la campaña, y que
ha promovido reafirmado con más insistencia ahora que ya es presidente
electo.
Es importante señalar una vez más que la reciente
detención, después de las elecciones,de la excandidata Torres Casanova
por financiamiento electoral ilícito (delito del que han sido acusadas
la mayoría de otros partidos políticos existentes o desaparecidos) y el
anuncio de la posible prohibición y desaparición de su partido UNE como
parte de dicho proceso, se ve como una maniobra política dirigida por la
derecha extrema en el poder, para disminuir y contrarrestar la
presencia y fuerza de dicha fuerza política en el Congreso a partir del
próximo año.Ello muestra lo que se viene: es un paso estratégico que
puede allanar una vez más el camino para el primado absoluto de la
corrupción y la impunidad. A casi 23 años de finalizada la guerra
interna, con un raquítico proceso de paz, el retiro de la Cicig deja ver
que nada ha cambiado en lo sustancial en el país, aunque exista una
democracia formal y no haya combates en las montañas. La consigna,
definitivamente, sigue siendo: "El que manda, manda. Y si se equivoca…
¡vuelve a mandar!"
Torres Casanova fue favorecida por las
instituciones legales y judiciales del Estado contra una lógica jurídica
y legal basada en el debido proceso (explicado en la primera parte del
ensayo y arriba en esta segunda parte), para participar nuevamente en la
contienda electoral y llegar hasta la segunda vuelta o recta final.Se
ha analizado y discutido en los medios nacionales e
internacionalesacercade una hendidura, una grieta o una división
sectorial o de facciones hacia el interior de la UNE. La misma ganó52
diputaciones al congreso de 160 escaños y 108 alcaldías de 340 gobiernos
municipales. La movilización en el área rural no ocurrió, no se
manifestó por parte de los alcaldes electos y reelectos que ganaron las
municipalidades por la UNE, quienes no dieronun claro apoyo,
reforzamiento o promoción para la participación masivade votantes en la
segunda vuelta. Tampoco hubo un apoyo fuerte, dinámico y efectivo por
parte de los diputados electos reelectos y en funciones por el partido.
El aumento de votos para Torres Casanova fue apenas de un poco más de
200,000, mientras que los votos para Giammattei Falla fueron al final de
cerca de 900,000. La hipótesis y tesis es que el partido quiso de
alguna manera renovaro cambiarel liderazgode Torres Casanova. Esta fue
la posible y más concreta oportunidad para lograrlo.
Algunas de
las teorías de la conspiración,no comprobadas o con insuficiente
evidencia presentadas por parte de lasredes de noticias y de las redes
sociales en internet, han discutido especulativamentede una cooptación
desde el Departamento de Estado de Estados Unidos, llave fundamental en
la política de todos los países de su “patio trasero” latinoamericano.
Sucede que muchos de los alcaldes, sobre todo los reelectos por la
UNE,tienen la cola “larga y machucada” por actividades ilícitas de
diversa índole con evidencia dura, concreta e incriminatoria. Por lo
quemuchos alcaldes y diputados electos o en funciones se vieron
amenazados de una potencial detención, encarcelamiento y posible
extradición hacia el norte a futuro, sea en el corto o mediano plazos,lo
cual hizo abstenerles de brindarle el apoyo necesario a Torres Casanova
con sus bases sociales al nivel semi-urbano y rural para ampliar la
ventaja inicial de votos obtenida por ella en la primera vuelta. Esa
pudo haber sido, quizá, una de las razones por las que perdió la segunda
vuelta al final.
En esa lógica de la dinámica ydel resultado
del proceso electoral del2019, el gobierno de Estados Unidos presionó y
forzó a Guatemala con la coparticipación, subordinación y complacencia
estrecha del gobierno actual de Morales Cabrera. Guatemala va a empezar a
funcionar en un futuro cercano como “depósito” de migrantes
irregulares. Los inmigrantes “indocumentados”permanecerían a la espera
que el país del norte les dé permiso de ingresar (cosa que, con mucha
probabilidad, nunca va a pasar). “Tercer país seguro”, lo llamó Donald
Trump. En realidad, eso va a convertir a Guatemala en un gran “campo de
concentración” para esas enormes masas de población que buscan llegar al
“sueño americano”, centroamericanos en principio (mayormente hondureños
y salvadoreños), además de otros países dentro y fuera del continente
(caribeños, sudamericanos, africanos y asiáticos). Si bien Giammattei
Falla, el presidente recién electo, afirmó que “habría que revisar ese
acuerdo”con Washington, negociado y firmado en forma espuria y
casi-secreta por la actual administración guatemalteca, su historia
política y su perfil ideológico permiten pensar que en modo alguno se
convertirá en un obstáculo para la Casa Blanca. Por el contrario,
seguirá fiel a la tradición de “perro faldero” de los gobiernos
centroamericanos con relación al amo imperial. Todo indica que no habrá
ningún cambio allí. Si lo hubiera, habría que verlo para creerlo. Las
razones de la presión y amenazas económicas y políticas del Norte,
especialmente de su presidente Donald Trump,se deben a que:
- Tienen un carácter electoral. Dada la gradual pérdida de pujanza de la economía estadounidense (luego de la Segunda Guerra Mundial aportaba el 52% del producto mundial, ahora no llega al 20%; la desigualdad, la pobreza y la inseguridad crece entre sus ciudadanos), el mensaje proselitista de Trump buscó encender pasiones en la clase trabajadora de su país buscando una explicación sencilla, mecánica, efectista. La apelación a un chivo expiatorio como los “migrantes que roban puestos de trabajo” es un buen expediente. Ante una situación de crisis que no cesa, la masa ciudadana estadounidense puede “dejarse” convencer con facilidad con esa pseudo-explicación. De hecho, evidentemente, pudo votar a favor de ese discurso xenófobo, y no sería improbable que pueda volver a hacerlo en las próximas elecciones. De todos modos, la causa de la pérdida de dinamismo de esa economía no son los extranjeros indocumentados: es la crisis general del capitalismo, la desaceleración y posible recesión económica mundial y la recomposición a nivel global del sistema, con nuevos polos que empiezan a destronar a Estados Unidos como la economía más poderosa del mundo.- Contienen un racismo y xenofobia extremos. El llamado a levantar muros inexpugnables se fundamenta en un racismo visceral que atraviesa buena parte de la cultura media estadounidense, de la cual Trump es un claro exponente. En algunos de sus ya famosos mensajes por redes sociales, en el 2018 dijo que los migrantes latinoamericanos son “muy malos”, y no son personas, sino animales; y los lugares de donde provienen son “países de mierda”. De ahí la necesidad de defenderse a muerte de esa “invasión”. Por lo pronto el gobierno federal tolera grupos civiles armados (no autorizados legalmente) que se constituyen en “cazadores” de inmigrantes que cruzan la frontera, matándolos a sangre fría. Todo ello es el telón de fondo que permite la aparición de desquiciados mentales que, como en el caso de El Paso, Texas, buscan aniquilar “invasores (aliens) hispanos”. El mensaje supremacista blanco está en el aire.- Manipulan un chantaje económico que está latente y persiste. Es absolutamente mentira que los latinoamericanos y caribeños que llegan en condiciones paupérrimas al “sueño americano” disputan puestos de trabajo con ciudadanos estadounidenses. Eso es una ignominiosa falacia. El endurecimiento de las condiciones migratorias, además de los motivos antes señalados, sigue siendo un buen mecanismo para el capital, a modo de mantener en su nivel más bajo posible los salarios. Se podría decir: “ejército de reserva industrial” a nivel global. Una buena masa de desocupados/desesperados proveniente de países empobrecidos sirve para ser chantajeada ya en suelo norteamericano, azuzándola con el fantasma de la “Migra” y las posibles deportaciones. Es decir: se le fuerza a trabajar en las peores y más insanas condiciones, so pretexto de ser deportada. ¿Dónde quedan las tan cacareadas libertad y democracia entonces?
En este escenario, para evitarse el
problema en sus propias fronteras, la Casa Blanca optó por “mantener en
espera” a los migrantes que quieren llegar a su territorio mientras se
resuelve su situación migratoria, en países vecinos. De esa cuenta,
Guatemala fue designada como ese lugar. En otros términos: depósito, o
campo de concentración, para la inmensa cantidad de personas que buscan
la supuesta salvación de Estados Unidos.
Lograr ese acuerdo
–más imposición de Washington que negociación de igual a igual entre
ambos países– significó que el gobierno de Morales Cabrera aceptara
silenciosamente lo impuesto por Trump. El acuerdo se hizo en completo
hermetismo, saltándose todas las normativas constitucionales. De ahí
que, en el seno de la sociedad guatemalteca, levantó las más ásperas y
enconadascríticas. Un país que no puede resolver cuestiones básicas para
su propia población (por ello alrededor de 300 connacionales salen
diariamente hacia el presunto “american dream”),
no está ni remotamente en condiciones de albergar a más gente. Y mucho
menos, ofrecerles calidad de vida a futuro. El acuerdo firmado
definitivamente complicará más aún la ya explosiva conflictividad social
actual. El presidente electo, Giammattei Falla, seguramente terminará
aceptando mansamente lo impuesto por el gobierno de Estados Unidos.
La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala –Cicig– se
ha ido. Hay mucho que decir al respecto,y de hecho, ya se ha dicho
muchísimo, tanto penando su salida, como festejándola. La presidencia de
Morales Cabrera se encargó a la perfección de lograr un marcado
espíritu anti Cicig, disfrazando la crítica (¿el miedo a ser
investigado?) con una pretendida defensa de la soberanía, contrariando
la presunta “injerencia” foránea con un acendrado espíritu de unidad
nacional y patriotismo (al mismo tiempo que se ha arrodillado deshonroso
ante la Casa Blanca aceptando un ignominioso acuerdo para mantener
migrantes en el territorio guatemalteco impidiendo que lleguen a Estados
Unidos de América).
De todos modos, si bien la Cicig procedía a
impulsar el trabajo contra la impunidad y la corrupción, tal como era
su mandato, no tuvo durante varios años el impacto que alcanzaría en su
último período. Comenzó a tomar especial notoriedad durante la
presidencia demócrata de Barack Obama en Estados Unidos. Allí, en 2014,
tuvo lugar un boom mediático con la gran cantidad de niñas y niños
migrantes no acompañados provenientes de los países centroamericanos,
detenidos en la frontera sur del país norteamericano. Ello trajo como
consecuencia la iniciativa de Washington de intentar frenar con un Plan
para el desarrollo del Triángulo Norte de Centroamérica(Guatemala,
Honduras, El Salvador), los enormes flujos migratorios, por lo que surge
la idea de una iniciativa específica para paliar, al menos en parte,
esas salidas masivas. Dicho de otro modo: minimizar los factores
expulsores.
En esa lógica es que la Casa Blanca decide
pedir/exigir un mayor compromiso de los Estados centroamericanos en la
atención de los satisfactores mínimos y elementales de sus poblaciones,
buscando así que la gente no emigre en forma tan multitudinaria hacia el
supuesto “sueño americano”. La estrategia consistió en fomentar un
mayor compromiso de los gobiernos de los países de la región (Guatemala,
Honduras, El Salvador) en la recaudación fiscal, a partir de la cual
poder desarrollar planes sociales que hicieran más tolerable la vida en
estos lares. Dicho de otro modo: generar más oportunidades de trabajo y
mejorar las durísimas condiciones de vida de las poblaciones (reformas
en salud, educación, vivienda, acceso a tierras cultivables, acceso a
microcréditos). Surge así el Plan para la Prosperidad del Triángulo
Norte de Centroamérica. Su condición: bajar los índices de corrupción de
los Estados para que los mismos estén en condiciones de ofrecer mejores
servicios, en el entendido de que aquélla es el factor principal que
obstaculiza el bienestar.
Es en esa perspectiva política que el
gobierno de Estados Unidos levantó exponencialmente el perfil de la
Cicig en el país, siendo el representante de Washington, el por ese
entonces embajador Todd Robinson, el virtual "mandamás" que lideró la
lucha contra la corrupción. “Toca al gobierno y a la gente de Guatemala
luchar cada día contra la corrupción y el crimen organizado. Me da rabia
francamente la situación acá. Toca al gobierno, toca a las autoridades
locales cambiar su situación. Nosotros podemos ayudar, pero ellos tienen
que cambiar su situación”, declaró en alguna oportunidad en una
precaria escuela rural en el departamento de Izabal, mostrando que la
corrupción (¡y no la injusticia estructural!) es la causa de las
penurias de la población. ¿Estados Unidos preocupado por la corrupción
en Centroamérica? Dudoso, sin dudas. Se jugaba ahí el proyecto de
detener las migraciones masivas y no otra cosa.
Allí, entonces,
se agiganta la figura del ex-comisionado Iván Velásquez y de la
entonces Fiscal General y la exjefa del Ministerio Público Thelma
Aldana. Para el 2015, esa “lucha” frontal contra la corrupción alcanza
su pico máximo, se visibiliza mediáticamente como no se había hecho
hasta entonces, y la Cicig es su abanderada.La derecha, ese Pacto de
Corruptos que ahora domina ampliamente las distintas instancias del
aparato estatal: Poder Ejecutivo, Congreso, Poder Judicial, Contraloría
de Cuentas, Superintendencia de Administración Tributaria, con el aval
de Washington y sin un campo popular y una izquierda que sean realmente
alternativas de poder en este momento, seguramente comenzará a pasar
factura a quienes “osaron” levantar las tapas del infierno y denunciar
la podredumbre reinante. Amparado en el anonimato, un exfuncionario
público, detenido a partir de una investigación llevada adelante por la
Cicig, dijo a la agencia noticiosa Reuters: “Ahora ya tenemos la lista
de los investigadores y fiscales que nos la van a pagar por haber sido
tan mala gente con todos nosotros”. Seguimos con una última tercera
parte de este ensayo:¿Qué escenarios se esperan con Giammattei
presidente y la derecha conservadora envalentonada?
[1] Quemé Chay, R. (2019). Amor Patrio ¡Nel! Revista Plaza Pública. URL Guatemala.
Marcelo Colussi, analista político e investigador social.
Mario de León, consultor, investigador, analista y ensayista internacional.
Primera parte: https://www.rebelion.org/noticia.php?id=258884
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