Nacla
| Traducido del inglés para Rebelión por Beatriz Morales Bastos |
Líderes del
movimiento social en El Salvador hablan de lo que esperan del presidente
Nayib Bukele, de qué le piden y cómo piensan transitar entre lo que los
separa.
Cuando Nayib Bukele tomó posesión como nuevo presidente de E l Salvador
el 1 de junio [de 2019] la ceremonia, por primera vez abierta al
público, fue más simbólica que trascendente, como otros de los primeros
pasos del nuevo gobierno. El acto, que se celebró al aire libre en el
centro histórico de la ciudad de San Salvador a pocas calles de
distancia del bullicio de los vendedores callejeros y del trasiego de
los autobuses de la ciudad, encajaba perfectamente en los mensajes
populistas de Bukele y se promocionó ampliamente como el primer atisbo
de una “nueva era ” de go bernanza en El Salvador: inclusiv a , accesible y transparent e .
Sin
embargo, cuando se cumplen los primeros 100 días de la presidencia de
Bukele y empieza a tomar forma la esencia de su gobierno, las
organizaciones del movimiento popular salvadoreño advierten de que lejos
de cualquier “nueva idea” (de donde toma el nombre el partido de
Bukele, Nuevas Ideas) el bukelismo supone una vuelta al demasiado familiar programa neoliberal
de reconsolidación de la riqueza y conformidad con el imperialismo,
aunque con la nueva imagen de la retórica populista “postideológica” de
nuestro tiempo.
El primer discurso público de Bukele tras las elecciones se pronunció en el ultraconservador U.S. Heritage Foundation, donde garantizó a la multitud de derecha
que el pueblo salvadoreño “quiere lo mismo que el estadounidense”, esto
es, “libre empresa y un gobierno limitado”. Tras este discurso vino una
amplia invitación a inversores extranjeros a “venir al banquete” de oportunidades que se les ofrece en El Salvador. En su toma de posesión Bukele habló de
El Salvador como un “niño enfermo” cuya cura exige una “medicina
amarga”, “responsabilidad individual” y “sacrificio”. Este tipo de
metáforas neoliberales inquietan al movimiento social ya que deducen de
ellas una vuelta a las medidas de austeridad, al paternalismo y a la
ideología de los anteriores gobiernos de la Alianza Republicana
Nacionalista (ARENA) (1989-2009) que provocaron las crisis económicas y
sociales que siguen manteniendo en la pobreza a gran parte de la
población salvadoreña.
Los tres escasos meses en el poder han
confirmado los temores del movimiento social. A las pocas semanas de
asumir el poder el presidente Bukele emprendió una campaña generalizada de despidos
que suprimió cientos de empleos en el sector público con el pretexto de
“erradicar la corrupción”. Varias agencias gubernamentales han
desaparecido completamente, incluidas aquellas que, irónicamente, eran
responsables de la inclusión social, la participación ciudadana y la
transparencia del gobierno, precisamente aquello que su nueva era del
gobierno había prometido proporcionar. Sin embargo, más allá del
perjuicio directo y material a los trabajadores y sindicatos del sector
público, el movimiento social teme que estos recortes pongan las bases
de un proyecto aún más radical de restructuración del Estado, un
proyecto a favor del cual el Fondo Monetario Internacional y la Embajada
de Estados Unidos llevan años presionando a través de mecanismos como
la propuesta Ley de Sevicios Públicos.
Por
lo que se refiere a la inmigración y la seguridad Bukele ha dejado
claras sus concesiones a Estados Unidos. Cuando Oscar Alberto Martínez
Ramírez y su hija de 23 meses perdieron la vida al cruzar el río Grande,
en vez de denunciar las políticas migratorias estadounidenses que
criminalizan a las personas refugiadas y las someten sistemáticamente a
la violencia Bukele culpó a las personas salvadoreñas y consideró que las muertes eran “culpa nuestra”. Ampliando este sentimiento a la política, inició recientemente una nueva fase de cooperación con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos
para patrullar en las fronteras de El Salvador y soltar en sus calles
un importante aumento de fuerzas “antibandas”. Esta última medida ha
provocado una fuerte protesta de dirigentes de derechos humanos,
especialmente a la luz de la prohibición generalizada de participación
militar en la seguridad interna consagrada en los Acuerdos de Paz de
1992. Sin embargo, es probable que el embajador estadounidese entrante Ron Johnson,
proveniente directamente del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de
Estados Unidos, dé la bienvenida a este aumento de la presencia policial
y militar. En pocas palabras, Bukele parece asumir totalmente la guerra
del gobierno Trump contra la ciudadanía de América Central.
Con
todo, ninguno de estos hechos ha sorprendido a las organizaciones del
movimiento social y popular en El Salvador que mucho antes de las
elecciones advirtieron acerca de este lobo con piel de cordero. A los
100 días de que Bukele asumiera el cargo CISPES* recupera una
conversación que mantuvimos con varios dirigentes del movimiento social
en la víspera de la toma de posesión: Onidia Gómez de la Fundación
Salvadoreña para la Democracia y el Desarrollo Local (FUNDASPAD) habla
de derechos humanos, corrupción e impunidad; la militante y profesora
Sara García de la Agrupación ciudadana para la Despenalización del
Aborto aborda los derechos de las mujeres y los derechos reproductivos, y
Bernardo Belloso, perteneciente a la Asociación para el Desarrollo de
El Salvador (CRIPDES), se ocupa de la defensa del medioambiente.
Ofrecemos
a continuación nuestra conversación (traducida del castellano al inglés
y ligeramente editada) sobre lo que las personas dirigentes del
movimiento popular en El Salvador esperan del nuevo presidente , de qué
le piden y cómo piensan transitar entre lo que los separa.
CISPES: Onidia Gómez, en su opinión, ¿cuáles son los principales retos para el movimiento social bajo el nuevo gobierno en lo que se refiere a la transparencia y la corrupción gubernamentales, y a cuestiones similares?
Onidia Gómez:
Los últimos diez años de gobierno progresista bajo el FMLN nos dieron
cambios importantes y significativos, no sólo en los indicadores
sociales sino también en l o que se refiere específicamente a la
transparencia y la corrupción. Antes de 2009 realmente no teníamos
ninguna medida contra la corrupción. Hasta 2010 no vimos una ley que
garantizaba el acceso a la información pública [Ley de transparencia y
acceso a la información]. Antes de esta ley no teníamos ningún modo de
saber cómo se distribuía el presupuesto nacional entre las diferentes
agencias, salarios o proyectos gubernamentales o verdaderamente cómo
operaba en general el gobierno central.
Con el nuevo Gobierno nos
preocupan algunas cuestiones específicas referentes a la transparencia.
Una es cómo ha utilizado Bukele las redes sociales para denunciar o
promover a ciertos individuos, sin pruebas de ningún tipo. Si hay una
acusación se debería hacer a través de la oficina del Fiscal General, no
se debería juzgar a las personas en las redes sociales. Eso solo
llevará al linchamiento de figuras públicas y eso no es verdaderamente
transparencia en el sentido en el que debe llevarla a cabo un gobierno,
sino que de hecho elude todos los mecanismos de la transparencia.
CISPES: ¿Puede hablarnos acerca de cómo ve la postura del nuevo presidente respecto a Estados Unidos?
OG:
La verdad es que es una de las situaciones más preocupantes a las que
nos enfrentamos. Por ejemplo, después de las elecciones de febrero se
invitó al embajador de Estados Unidos en El Salvador a participar en la
transición de gobierno. Una cosa es que Estados Unidos acompañe en una
transición o trabaje en ella, pero ser considerado parte del equipo de
transición es otra cosa. Es algo que nunca habíamos visto. También es
muy preocupante el papel que la Embajada de Estados Unidos ha
desempeñado respecto a muchas cuestiones nacionales.
En primer
lugar está la Ley de servicios públicos, que cuestiona el derecho del
sector público a sindicarse a nivel gubernamental. La fuerza principal
que está detrás de esta ley es la Embajada de los Estados Unidos. Es muy
preocupante porque pone en peligro la capacidad de los sindicatos para
luchar por la estabilidad laboral y la negociación colectiva, que son
unas batallas ganadas con mucho esfuerzo y que esperamos no se deshagan.
Una de las cosas de las que hemos oído hablar mucho a Estados Unidos es
de la necesidad de “modernizarnos”. Para ello incluso se ha sugerido
que volvamos a la jornada laboral de doce horas para aumentar la
productividad.
Otra cuestión en la que vemos una fuerte
influencia de Estados Unidos es el llamamiento a votar de una u otra
manera, por ejemplo con la Ley de Reconciliación Nacional [Nota del editor:
Después de la sentencia del Tribunal Supremo de 2016 que derogaba la
Ley de amnistía, la Asamblea Legislativa dominada por la derecha debatió
una ley que la sustituyera, tal como estipuló el Tribunal]. Estados
Unidos ha estado muy “activo”, por así decirlo, en esta cuestión, ha
adoptado una postura muy firme fuerte sobre ella y sobre cómo debería
operar la justicia en El Salvador. No creemos que este sea el papel que
debe desempeñar una embajada. Es a los y las salvadoreñas a quienes
corresponde llegar a acuerdos respecto a esta cuestiones.
Si en
algún momento Estados Unidos estuviera interesado en contribuir
verdaderamente a esta cuestión de la reconciliación nacional, podría
extraditar a Elliot Abrams, que estuvo involucrado en la matanza de El Mozote.
Podría reconocer el papel que Estados Unidos desempeñó en la guerra de
El Salvador y el papel que desempeñó en la financiación y adiestramiento
de un ejército brutal que asesinó a tantas personas pertenecientes a
nuestro pueblo. Eso está en el origen de la reconciliación que necesita
nuestro país. Pero quizá no le interese contribuir de este modo a la
reconciliación.
El papel de la Embajada también es preocupante en
lo que respecta a la transparencia, ya que el nuevo gobierno no dice
hasta qué punto pretende permitir que el gobierno de Estados Unidos
participe en nuestros propios asuntos. Bukele ya ha hecho varias
declaraciones a favor de los compromisos internacionales y sabemos que
parte de la estrategia geopolítica de la presidencia de Trump ha buscado
el apoyo del presidente entrante. De modo que es preocupante. Este tipo
de decisiones no se deben tomar a puerta cerrada, sino que se deben
presentar a nuestro pueblo.
CISPES: Sara García, ¿en qué situación está El Salvador en su lucha por los derechos de las mujeres y los derechos reproductivos?
Sara García:
En El Salvador la prohibición de abortar es absoluta, no hay
excepciones. El contexto de la actual situación en El Salvador es de una
profunda violencia estructural y social contra las mujeres. Varias
estadísticas elocuentes lo confirman: en 2018 hubo 353 femicidios en El
Salvador y hasta la fecha en 2019 ha habido 131 femicidios. Hay más de
19.120 embarazos de niñas y adolescentes
[al año]. La principal causa de muerte materna entre las adolescentes
de El Salvador es el suicidio. Todo esto forma parte de la realidad
salvadoreña concreta y las cifras claman la injusticia a la que nos
enfrentamos. En este entorno es en el que tiene lugar nuestra lucha para
descriminalizar y despenalizar el aborto.
CISPES: ¿Qué piensan respecto al futuro bajo el nuevo gobierno?
SG:
Bukele ha dicho que apoya descriminalizar el aborto cuando la vida de
la mujer está en peligro. Sin embargo, “la vida y la salud de la madre”
implica un contexto mucho más amplio de lo que muchas personas
entienden. Si se está a favor de salvar la vida y la salud de la madre,
hay que recordar que a menudo estamos hablando de violencia hacia niñas
pequeñas y de la violación de estas, lo que claramente amenaza tanto sus
vidas como su salud.
También hay otros aspectos de las vidas de las mujeres que justifican el derecho al aborto:
son las “cuatro causas” [por las que defendemos que se permita el
aborto: cuando esté en peligro la salud de la mujer, en los casos de
violación, cuando el feto sea inviable y en niñas menores de edad,
especialmente cuando el embarazo es consecuencia de una violación]. Así
que la lucha y el problema van más allá de las creencias personales de
los candidatos.
El anterior Ministerio de Sanidad adoptó una
posición muy clara y firme sobre la cuestión del aborto de modo que lo
mínimo que el nuevo gobierno debería hacer es adoptar y fomentar esa
misma posición firme. Lucharemos para que no se retroceda en lo que
hemos avanzado. Y lucharemos en solidaridad con el movimiento feminista
en toda América Latina y el Caribe porque nuestras luchas están
relacionadas, es una lucha regional.
Creemos además que es
importante no sólo que el presidente asuma las propuestas del movimiento
social, sino también que entable un diálogo con nuestro movimiento,
porque sin diálogo no habrá democracia. Exigimos libertad de expresión,
específicamente en este contexto.
CISPES: Bernardo Belloso, ¿cuáles son algunas de las preocupaciones referentes al medioambiente y los recursos naturales en El Salvador?
Bernardo Belloso:
Cuando el año pasado ARENA obtuvo el mayor bloque de escaños en la
Asamblea Legislativa inmediatamente quiso reformar el Artículo 105 de la
Constitución, que estipula el límite de la cantidad de tierra que puede
poseer una persona en El Salvador. Quiere poner la tierra a disposición
tanto de las corporaciones transnacionales como de las grandes empresas
de El Salvador. Esta es una preocupación fundamental. Igualmente, los
partidos de derecha en la Asamblea Legislativa quieren derogar la
prohibición de 2017 de la minería metálica. Es una amenaza muy real
porque la derecha tiene una [amplia] mayoría de escaños. Parte de
nuestra lucha actual consiste en vincular a la Constitución la
prohibición de la minería para impedir que se derogue.
El otro gran problema contra el que luchamos es contra la privatización de los recursos de agua,
una lucha que emprendimos ya en 2006, 2007 debido a las políticas del
presidente Tony Saca [ARENA]. Ahora que los partidos de derecha tienen
una mayoría aún más amplia en la legislatura han vuelto a empezar a
tratar de privatizar el agua en El Salvador. Los movimientos sociales
siguen defendiendo la Ley general del agua que garantiza el derecho al
agua.
Uno de los grandes retos que tenemos ante nosotros
referentes al nuevo gobierno es si va a apoyar estos objetivos
medioambientales y cómo lo hará. Por el momento las posturas de Bukele
tienden a favorecer los intereses económicos por encima de los intereses
populares.
CISPES: ¿Cómo ve la relación entre el gobierno Trump y el de Bukele en las cuestiones medioambientales?
BB: La
relación entre el gobierno estadounidense y el gobierno entrante de
El Salvador se está profundizando y esto afectará a las vidas de
nuestra población. La influencia geopolítica que Estados Unidos busca
mantener en El Salvador para fortalecer el poder económico y militar en
toda América Latina viola nuestr a soberanía y el derecho
constitucional a gobernarnos a nosotros mismos. Es indudable que una
mayor implicación de Estados Unidos tendrá consecuencias, especialmente
entre las clases sociales y económicas más vulnerables de El Salvador.
Vemos el impacto de Estados Unidos en otras zonas de América Latina, por
ejemplo en Venezuela, donde se cuestiona el derecho del pueblo a elegir
sus propios dirigentes y a decidir su propio futuro. Interpretamos esto
como la intención por parte de Estados Unidos de construir un nuevo eje
de poder en América Latina que sirva a los intereses políticos y a las
políticas neoliberales de Estados Unidos. Mientras tanto, hay
poblaciones en América Central, particularmente personas indígenas, a
las que se está masacrando y les están quitando sus recursos naturales, y
Bukele no ha dicho nada al respecto.
El nuevo gobierno mantiene
una alianza con el gobierno de Estados Unidos y con industrias privadas
multinacionales y transnacionales. Lo que esperamos es que aumente la
criminalización, como vemos [en otras partes de América Central] donde
gobiernos represivos están criminalizando a comunidades enteras para
beneficiar a la industria privada. También está la amenaza de que la ley
antiterrorista, que creó ARENA y sigue en vigor, se utilice para
aplastar cualquier acción que podamos emprender como movimiento. Es
preocupante.
Esto significa que la gente en este país tiene que
seguir resistiendo. Es importante seguir luchando por lo que ya se ha
ganado y reconocer que hemos logrado nuestras victorias en las calles,
nadie nos las ha dado. Así que si vemos que hay una mala gobernanza
vamos tener que movilizarnos. Veremos si Bukele trabaja para la mayoría
de las personas salvadoreñas, si responde a las necesidades de la
mayoría o de la minoría.
* El Committee in Solidarity with the People of El Salvador (CISPES, Comité de Solidaridad con el Pueblo de El Salvador ) es una organización de solidaridad perteneciente al movimiento social que desde 1980 apoya la lucha del pueblo salvadoreño por la justicia social y económica.
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