Guatemala
Cuando el alemán Carl
Smihtt, a principios del siglo XX, elaboraba su teoría política sobre
“estado de excepción”, como una extrema medida para preservar el “bien
público”, lo planteaba pensando en estados modernos que gozaban de buena
salud.
El aparente estado de Guatemala, cada vez con más evidencias
de cooptación interna, y en acelerado proceso de entropía, desde la
firma de los Acuerdos de Paz (1996), aplicó estados de excepción en 22
oportunidades. Es decir, casi un estado de excepción por año. Desde el
2010 a la fecha, los diferentes gobiernos aplicaron cinco estados de
sitio. El defenestrado Gobierno de Otto Pérez aplicó dos estados de
sitio, y el actual gobernante, Jimmy Morales también ya dictó dos
estados de sitio.
Esta constatación histórica evidencia que en
Guatemala las medidas de estado de excepción son casi una regla
constante en la gestión del Estado, por tanto no son ninguna medida de
excepción, mucho menos para proteger el “bien público”.
Estado de sitio ¿para qué?
El
gobierno de Otto Pérez, en 2012 dictó estado de sitio en el norte del
Departamento de Huehuetenango para proteger militarmente el proyecto
hidroeléctrico de una empresa española de la protesta indígena del
lugar. De igual forma, en 2013, dictó estado de excepción en municipios
del Departamento de Santa Rosa y Jalapa para proteger a la empresa
minera canadiense de la repulsa social. En 2014, dictó estado de sitio,
en San Juan Sacatepéquez, para proteger el proyecto de la empresa
Cementos Progreso S.A.
En 2017 y 2019, Jimmy Morales, dictó
estados de sitio en municipios de diferentes departamentos del país con
el argumento de “lucha contra la narcoactividad”, pero, a la fecha, no
capturan a ningún narcotraficante, más por el contrario la floreciente
industria del narcotráfico, año que pasa, adquiere carta de ciudadanía
privilegiada en Guatemala.
Lo que sí es evidente fue que estas
medidas de excepción se utilizaron para intimidar, desmovilizar y
castigar a los procesos organizativos de resistencias comunitarias
frente a las industrias narcoextractivas.
Acaban de presentar el
primer informe de los resultados del estado de sitio vigente en 22
municipios del país: “80 personas detenidas en estado de ebriedad…”
Indígenas y campesinos anuncian movilizaciones para resistir al estado de sitio
En
este contexto, cuando transcurren casi dos semanas del actual estado de
sitio declarado en 22 municipios del país, comunidades organizadas en
resistencia a nivel nacional, articulados en el movimiento Comité de
Desarrollo Campesino (CODECA), anuncian acciones colectivas de protesta
en las calles si acaso el actual gobernante no levanta dicho estado de
sitio al cumplirse los 30 de días de su vigencia legal.
En los
últimos años, estas comunidades organizadas en resistencia, cuyos
integrantes se autoproclaman defensores comunitarios de derechos, se han
constituido, en los hechos, quizás en el último bastión de la
conciencia y dignidad de los pueblos que se resisten a claudicar ante la
hegemonía desordenada del sistema narconeoliberal en la región.
Si bien el objetivo reiterado de estas comunidades organizadas en
resistencia es la construcción del Estado plurinacional, con autonomías
territoriales, mediante un proceso constituyente, sin embargo, al
parecer, no están dispuestos aceptar a que el Estado criollo “abuse” de
sus mecanismos legales para intimidar, desmotivar o aniquilar los
procesos organizativos de resistencia para restaurar la Vida en
Guatemala. 
Ollantay Itzamná. Defensor latinoamericano de los derechos de la Madre Tierra y derechos humanos
Blog del autor: https://ollantayitzamna.com/
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