sábado, 8 de diciembre de 2018
Colombia. Si el mundo arde, Colombia también.
lunes, 28 de mayo de 2018
El derechista Iván Duque gana la elección en Colombia, pero habrá segunda vuelta
Gustavo Petro, el aspirante de izquierda, será el otro contendiente el próximo 17 de junio
Iván Duque, el candidato derechista que busca reformar el acuerdo de paz con la ex guerrilla de las FARC, obtuvo 39.14 por ciento de la votación en la elección presidencial de ayer, por lo que se enfrentará en una segunda ronda con Gustavo Petro (en imagen de la derecha), aspirante de Colombia Humana, quien quedó en segundo lugar con 25.09 por ciento de sufragios
El derechista Iván Duque, quien busca reformar el acuerdo de paz con la ex guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ganó este domingo la primera vuelta de la elección presidencial en Colombia, aunque no logró la mayoría absoluta e irá a una segunda vuelta con el izquierdista Gustavo Petro, quien promete cambios económicos y sociales.
En la primera elección presidencial desde que se firmó el acuerdo de paz con la desmovilizada guerrilla de las FARC, y contabilizadas casi la totalidad de las mesas de votación, Duque obtuvo 39.14 por ciento de sufragios, mientras Petro logró 25.09 por ciento, según cómputos de la Registraduría Nacional.
Como ninguno consiguió más de 50 por ciento de los votos, tendrán que definir la presidencia en una segunda vuelta a celebrarse el 17 de junio.
La campaña y la elección presidencial para la primera vuelta se desarrollaron entre el temor de que la derecha destruya el acuerdo de paz con las FARC, o que un cambio de modelo auspiciado por la izquierda provoque una crisis económica y social. La polarización continuará hasta que concluya la segunda vuelta, según analistas.
Los dos aspirantes difieren profundamente sobre el acuerdo de paz firmado por el saliente presidente Juan Manuel Santos con el ahora partido Fuerza Alternativa del Revolucionario Común, así como en el modelo económico para reducir la pobreza y la desigualdad en el país de 50 millones de habitantes.
Duque, abogado y economista, de 41 años, militante del Partido Centro Democrático que dirige el ex presidente Álvaro Uribe, promete recuperar la autoridad, modificar el acuerdo de paz y es aceptado por los inversionistas y los mercados con su propuesta de reducir los impuestos para impulsar el desarrollo económico.
Hoy los colombianos nos han dado un voto de confianza para que iniciemos una gran transformación en Colombia, por eso quiero ser el presidente que una nuestro país, dijo Duque ante eufóricos seguidores, al aclarar que pese a su posición no hará trizas el acuerdo, al tiempo que rindió un homenaje a Uribe.
En la otra orilla, Petro, candidato de la coalición Colombia Humana y ex militante de la desarticulada guerrilla del M-19, se compromete a dar continuidad al acuerdo de paz, pero sus iniciativas de acabar con las industrias extractivas de petróleo y minería, de subir los impuestos a las tierras improductivas para comprarlas y entregarlas a los pobres provocan temor entre los empresarios y en los mercados.
Pueden ustedes tener la certeza que vamos a vencer, que se puede cambiar la historia de Colombia, dijo el candidato de izquierda ante cientos de seguidores en un centro de convenciones del centro de Bogotá, desde donde defendió sus planes de inclusión social para los más pobres.
Las alianzas serán decisivas para asegurar el triunfo en una segunda vuelta.
En el tercer lugar de la votación se ubicó el matemático independiente Sergio Fajardo, con 23.73 por ciento de los votos, seguido del ex vicepresidente de centroderecha Germán Vargas Lleras, con 7.28 y el aspirante del Partido Liberal, Humberto de La Calle, con 2.06 por ciento.
Los comicios transcurrieron en calma, y la abstención fue de 46.6 por ciento.
Foto Ap, Reuters
Periódico La Jornada
Lunes 28 de mayo de 2018, p. 28
Bogotá.
miércoles, 6 de septiembre de 2017
Colombia. La paz, rodeada de planes criminales.
miércoles, 30 de agosto de 2017
Las fuerzas alternativas inermes
Los crímenes contra líderes y lideresas sociales, comunitarios o de derechos humanos, sumados a estos asesinatos de guerrilleros que se acogieron a los acuerdos de Paz, prefiguran un potencial nuevo genocidio contra quienes se muestren críticos del sistema sin importar que sean liderazgos pacíficos, desarmados. Ya no alcanza con señalar la probada sistematicidad de esas agresiones (Ver nota “Asesinato de líderes rurales se incrementa y es sistemático, afirma observatorio de tierras”, en Insurrección del 31 de julio: https://goo.gl/j9XKMK )
En el primer semestre de 2017 los asesinatos de líderes comunitarios se incrementaron 31 por ciento respecto a igual período del año anterior, según documenta el informe de la organización de derechos humanos “Somos Defensores”. En los últimos diez días, tres nuevos casos se sumaron a los ya mencionados de miembros de las FARC: el viernes 11 fue asesinado Fernando Asprilla, líder comunal de Piamonte, en el Bajo Cauca; dos días antes fue encontrado el cuerpo de Idalia Castillo Narváez, representante de Víctimas, en el municipio de Rosas: “la mujer fue torturada, violada y asesinada”, declaró la secretaria de la Mujer de Cauca. El jueves 17 fue asesinado el expresidente del Consejo Comunitario de Truandó (Riosucio, Chocó) y reclamante de tierras Manuel Ramírez Mosquera. Cualquiera de estos hechos debería estremecer y convocar a la reacción social por medio de movilizaciones y exigencias de justicia; sobre el acostumbramiento y anestesia social se construye la impunidad.
La situación de los miembros de FARC que van siendo asesinados amerita un análisis particular: se trata de combatientes revolucionarios que pactaron con el Estado condiciones para hacer política y desarrollar sus vidas con las garantías elementales de las que debe gozar cualquier ser humano; aun así, pierden su vida a poco de concretado ese acuerdo. Es claro que, más allá de la autoría material concreta en cada caso, de la sigla paramilitar que se identifique –o no- tras cada ejecución, la responsabilidad por esos crímenes es del Estado. Sin embargo, los representantes del Estado desconocen esa responsabilidad, con un doble agravante: fallan al no garantizar la seguridad de los ciudadanos, pero además son parte incumplidora, en los aspectos más básicos como la garantía de vida, de un acuerdo de Paz. Qué esperar entonces de los puntos acordados de más compleja implementación: esa pregunta ya ronda con preocupación en amplios sectores de la sociedad.
Los hechos son tan evidentes que hasta una persona que esté de visita por pocos días en Colombia puede notarlos. El alcalde de Ginebra, Suiza, en su reciente visita al país alertó sobre lo que está sucediendo: “Debe protegerse a las organizaciones y a los líderes persiguiendo al paramilitarismo, [el Estado colombiano] debe empezar por reconocer que existe el paramilitarismo, sin eufemismos para referirse a este problema; si no, va a ocurrir una catástrofe. El Ejército debe desmontar a los paramilitares”, afirmó, y tras recorrer una Zona Veredal Transitoria dijo que las personas que allí conoció “serán fundamentales para el futuro de Colombia… Claro, si no los asesinan”.
* * *
Mientras esto sucede, el ELN transita su proceso de Diálogos en Quito, bajo el mandato de su Quinto Congreso: “Explorar la real voluntad de Paz del Gobierno” para acordar las condiciones que permitan que el ELN, pero fundamentalmente todas y todos los colombianos, puedan ejercer sus derechos sin necesidad de recurrir a las armas.
Son conocidas nuestras propuestas para que el Estado asuma su responsabilidad no solo a través de un cese al fuego, sino por medio de medidas de alivio humanitario que tienen como primer reclamo la firme decisión de enfrentar al paramilitarismo. Sin ese reconocimiento por parte del Gobierno, la búsqueda de acuerdos sigue transitando un camino borrascoso, difícil. Aun así, con la certeza de que las propuestas que se vuelcan en la Mesa son bien concretas y realizables si hubiera voluntad política, seguimos aportando nuestra mayor voluntad de acordar y dar pasos concretos hacia la paz.
No podemos aceptar ni permitir que sigan matando a quienes expresan ideas críticas. El ELN se solidariza con las víctimas y sus familiares, con quienes ejercen liderazgos sociales y son perseguidos, y con quienes vienen siendo hostigados por ser miembros de las FARC. Pero no nos conforma lamentar las muertes: en los territorios, y también en la Mesa de Quito, estamos dando una batalla por revertir esa realidad. Los esfuerzos del ELN, por sí solos, no serán suficientes: la lucha por los derechos de todos, por una nueva Colombia que merezca ser vivida, está en manos del conjunto de la sociedad.
lunes, 14 de agosto de 2017
Colombia. Sin derechos, con despojo y represión, es la paz santista.
LOS INVITAMOS IGUALMENTE A VISITAR EL PORTAL: http://femcai.org/.

