Somos un Colectivo que produce programas en español en CFRU 93.3 FM, radio de la Universidad de Guelph en Ontario, Canadá, comprometidos con la difusión de nuestras culturas, la situación social y política de nuestros pueblos y la defensa de los Derechos Humanos.
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jueves, 30 de julio de 2020

Condenan ONG desaparición de cinco activistas en Honduras

La ONU se suma a la indignación

La Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) se unió ayer a organizaciones que condenan la desaparición forzada, el pasado 18 de julio, de cinco activistas defensores de los derechos humanos del pueblo afroindígena garífuna, en la comunidad de Triunfo de la Cruz, municipio de Tela, en el departamento de Atlántida, Honduras.
Alberth Snider Centeno Tomás, presidente del patronato de Triunfo de la Cruz de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh); Suami Aparicio Mejía García, Gerardo Mizael Rochez Cálix y Milton Joel Martínez Álvarez, miembros de Ofraneh, y Junior Rafael Juárez Mejía fueron sacados con violencia de sus viviendas por hombres armados y uniformados con chalecos de la Dirección Policial de Investigaciones sin presentar orden de captura.
Los cinco son defensores de derechos humanos en su comunidad y su desaparición forzada se suma a la de otros activistas en la nación centroamericana. Es urgente que las autoridades hondureñas lleven a cabo una investigación pronta y exhaustiva de los hechos y garanticen la protección de la comunidad, indicó WOLA en un comunicado.
Adriana Beltrán, directora del Programa de Seguridad Ciudadana de WOLA, sostuvo que es imperativo que las autoridades lleven a cabo una investigación independiente y con la debida celeridad para identificar a los autores materiales e intelectuales de la desaparición y dar con el paradero de los activistas. El gobierno hondureño también debe adoptar de manera urgente medidas que garanticen la protección y seguridad de la comunidad garífuna en Triunfo de la Cruz.
Miriam Miranda, líder de la Ofraneh, no descarta que detrás del secuestro estén grupos interesados en la explotación de los territorios de los garúfinas, en el litoral atlántico hondureño.
La desaparición de los activistas también fue condenada por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

sábado, 18 de julio de 2020

El sueño de Sandino: ¿y si toda Centroamérica fuera un único país?


Lo que hoy conocemos como Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica podría haber sido una sola nación. Así lo soñó el revolucionario Augusto Sandino, quien reivindicó la unidad como forma de confrontar la intervención estadounidense. De haberlo logrado, América tendría hoy un país con un interesante potencial económico.
El sueño de una Centroamérica unida fue uno de los pilares del pensamiento de Augusto César Sandino, el revolucionario nicaragüense que, si bien fue asesinado en 1934, inspiró a la Revolución Sandinista que triunfó en julio de 1979.
Augusto Sandino fue conocido por defender la soberanía de Nicaragua ante las intervenciones de Estados Unidos durante la primera mitad del siglo XX. En ese proceso no solo consiguió que las tropas norteamericanas se retiraran en 1933, sino también desarrollar una matriz de pensamiento que pondría en primer plano al indohispanismo y recogería la importancia de una unidad entre los países de América Central.
© AP Photo / Alfredo Zuniga
Es así como uno de los legados más notables del pensamiento de Sandino fue la Suprema proclama de unión centroamericana, un documento que firmó en agosto de 1933 con la intención de reflotar el viejo proyecto de la República Federal de Centroamérica, que se había conformado en 1824 luego de la independencia de las colonias españolas que dependían de la Capitanía de Guatemala.
Aquel proyecto, que duró hasta 1840 y que tuvo al hondureño Francisco Morazán como máximo referente, unía a los territorios de los actuales Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Belice y Panamá, que hoy podrían ser considerados parte de la misma región, no estaban incluidos por ser una colonia británica y parte de Colombia, respectivamente.
Las guerras civiles entre los Estados miembro acabaron por precipitar su disolución, dando vida a los cinco países que conocemos en la actualidad.
© Foto : Pixabay/ StockSnap
Pero para Sandino, volver a aquella unión centroamericana era vital, sobre todo para poder plantarse de forma mucho más firme ante el avance estadounidense. En la proclama —recogida por el periódico sandinista Barricada— Sandino se queja del "cinismo con que algunos gobernantes de Centroamérica han entregado y están entregando a miserables explotadoras compañías yankis, grandes extensiones de territorio de nuestra bella Centroamérica".
Para el líder nicaragüense, la entrega a empresas estadounidenses de la operación de puertos, ferrocarriles, aduanas, minas y yacimientos petroleros no hacían más que convertir a los centroamericanos en "esclavos".
Sandino reivindicaba la soberanía de los indohispanos y alertaba a sus compatriotas sobre la necesidad de crear un Ejército Autonomista de Centroamérica que tuviera la misión de expulsar "militar, política y económicamente de su suelo a los agonizantres banqueros de Wall Street aunque para ello tuviésemos que dejar nuestros cadáveres de cara al sol".
"El Ejército Autonomista de Centro América, declara abolida la farsante Doctrina Monroe. Y, por lo mismo, anula el vigor que dicha doctrina pretende ejercer para cobardemente inmiscuirse en la vida política, interna y externa de las Repúblicas Indohispanas", enfatizaba la proclama de Sandino.
Sandino fue traicionado y asesinado en 1934 por lo que su proyecto político quedó por el camino. Incluso con el triunfo del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en 1979, los cinco países centroamericanos que integraron aquella República Federal de Centroamérica no pudieron volver a integrarse.

¿Cómo sería la República Federal de Centroamérica?

A casi 200 años de su creación, un pequeño ejercicio matemático sirve para hacerse una idea de la magnitud que tendría ese país en el mundo moderno. Por supuesto, se trata tan solo de una proyección que no contempla la posibilidad de que, unido, el territorio podría haber tenido un mayor desarrollo.
En la actualidad, la República Federal de Centroamérica tendría una extensión total de 423.895 kilómetros cuadrados, desde su frontera con México al norte hasta su frontera sur con Panamá.
La población total del país superaría los 43 millones de habitantes, lo que lo ubicaría como el 34° país más poblado del mundo, superando a otros países americanos como Perú, Venezuela, Chile y Ecuador.
© AP Photo / Esteban Felix
La república centroamericana tendría un Producto Interno Bruto (PIB) total de 358.326 millones de dólares y un PIB per cápita de 8.181 dólares, según un estimativo a partir de datos del Fondo Monetario Internacional (FMI).
La principal industria del país sería la agricultura, especialmente la dedicada al café y frutos tropicales. Sin embargo, la zona de Costa Rica colocaría a la nación como un destino turístico poderoso en la región.
Los indicadores varían al incluir en esta República a Panamá, que si bien no estaba incluida en el proyecto original del siglo XIX, hoy tiene una identidad centroamericana. Con Panamá, el país alcanzaría una extensión total de 499.315 kilómetros cuadrados. Las fronteras ahora serían México y Colombia en el sur.
El país tendría casi 48 millones de habitantes, superando en población a Argentina y España, por ejemplo.
La suma de Panamá llevaría el PIB de la región a 480.075 millones de dólares y haría que el PIB per cápita supere apenas los 10.000 dólares. La administración del Canal de Panamá sumaría a la nación centroamericana un generador de divisas crucial, así como un activo estratégico de importancia mundial.

jueves, 25 de junio de 2020

“Quieren acallar la protesta social”

Honduras: Preocupación por entrada en vigor de nuevo código penal

Fuentes: Rel UITA

La entrada en vigor de un nuevo código penal está generando profundas inquietudes y fuertes protestas en diferentes sectores de la sociedad hondureña.
Un nutrido grupo de organizaciones sociales, populares y sindicales han venido insistiendo en la necesidad de una reforma sustancial del nuevo código penal, que fue aprobado el año pasado y que entrará en vigor el próximo 25 de junio.
Según las tres confederaciones obreras hondureñas, el nuevo código crea más de 50 nuevos tipos penales y varios de sus artículos atentan contra la libertad sindical, de expresión, de asociación, reunión y de manifestación.
Asimismo ataca el derecho a la protesta social pacífica y reduce las penas por delitos de corrupción y de violencia contra la mujer.
Joel Almendares, secretario general de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH), explicó a La Rel que, ante la creación de nuevas figuras delictivas, están pidiendo la derogación de diferentes artículos.
Se trata de los artículos 553 (reuniones y manifestaciones ilícitas), 554 (asociación para delinquir), 573 (desórdenes públicos), 574 (perturbación del orden) y 587, 588, 589 (asociación terrorista, colaboración sin pertenencia a la asociación terrorista, delitos de terrorismo).
También los artículos 102 y 103 donde se define que las organizaciones sociales serán penalmente responsables por delitos dolosos cometidos por sus representantes y sus miembros.
Según Almendares, estas figuras penales sirven para intimidar, criminalizar y judicializar a trabajadores y trabajadoras, organizaciones sociales y populares, medios de comunicación independientes, defensores y defensoras de derechos humanos, entre otros.
“En estos artículos está la esencia del plan que tiene como objetivo golpear, acallar y desaparecer al movimiento social organizado, incluyendo al movimiento sindical.
Por esto estamos exigiendo la eliminación de estos artículos y hemos solicitado la solidaridad de organizaciones nacionales e internacionales, incluyendo a la UITA. El apoyo ha sido masivo”, dijo el dirigente sindical.
Sin embargo, el secretario general de la CUTH advirtió que el ambiente no es muy propicio, y que la aplanadora parlamentaria del partido de gobierno y sus aliados podría hacer caso omiso de las propuestas y sugerencias que le han llegado desde diferentes espacios.
“Estamos lidiando con un gobierno criminal y dictatorial. No podemos descartar de que intenten dejar el nuevo código penal tal y como está ahora.
Además, la emergencia sanitaria y la limitación de derechos constitucionales no permite que el movimiento social organizado se movilice”, explicó Almendares.
Articulación de fuerzas y mayor presión
En los próximos días, las confederaciones obreras hondureñas continuarán reuniéndose con instancias diplomáticas y organizaciones nacionales e internacionales para aumentar la presión sobre el gobierno y la bancada oficialista.
Asimismo, la CUTH seguirá desarrollando campañas de sensibilización dirigidas especialmente a jóvenes.
Lo mismo están haciendo organizaciones sociales y populares comprometidas con la defensa de los derechos fundamentales.
“Nos esperan días muy difíciles. De la pandemia Honduras va a salir sumida en una crisis económica sin precedentes y un insostenible nivel de deuda pública.
A eso se le podría sumar una crisis política si el régimen pretende aprovechar la emergencia sanitaria para quedarse en el poder. Sería un detonante de una crisis aún más profunda”, concluyó Almendares.
Fuente: Rel UITA

jueves, 13 de febrero de 2020

Pueblos originarios de Honduras rechazan la “Ley Najera” por considerarla un instrumento de dominación sobre la Consulta Previa


Comunicado del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extrativo Minero

En América Latina, Honduras es uno de los países que siempre obedece las recomendaciones de los Organismos Financieros Internacionales (OFIs) como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional o el Banco Interamericano de Desarrollo, quienes otorgan préstamos a cambio de exigir la privatización de bienes y servicios. En los hechos, esto ha generando mayor pobreza (67% en la actualidad, según datos de FOSDEH), un alto endeudamiento y dependencia económica. En Honduras, la deuda externa y la interna han crecido escandalosamente en los últimos diez años.
A esta situación se suman el hecho de que el Estado Nacional, junto al Programa para el Desarrollo de Naciones Unidas (PNUD por sus siglas en inglés), se ponen a las órdenes del capital extractivista actuando de modo diligente con la propuesta de Ley de regulación de la Consulta Previa, Libre e Informada que favorecerá a empresarios y políticos corruptos mediante la imposición, ya por medios legales, del saqueo neocolonial de territorios indígenas y afro hondureño contrariando los pactos y convenios internacionales que el propio estado suscribe y que dan potestad a los Pueblos Originarios sobre su soberanía territorial y autodeterminación.
Además, olvidan que los pueblos indígenas y afro hondureño, defienden y mantienen sus tradiciones, cosmovisiones y costumbres sobre todo cuando de respeto por la Madre Tierra se trata. Para su cultura milenaria la tierra, sus ríos y seres vivientes, son sagrados.
La Consulta Previa, Libre e Informada, nunca ha sido interés de gobiernos corruptos, racistas y discriminatorios. Sin el consentimiento previo, se han aprobado proyectos energéticos, mineros y de explotación de bosques. Los datos no ocultan la realidad sobre el nulo interés del gobierno en escuchar a los pueblos originarios, quienes en todo caso han sido avasalladas por políticas neoliberales, y hoy se ven sumidos en una profunda calamidad social, negándoles sus derechos más elementales. Actualizando los datos de la Federación de Tribus de Xicaque d e Yoro, se revela que la fecha, 119 indígenas Tolupanes han sido asesinados en la última década por defender su territorio. No hay ninguna persona que guarde prisión por estos hechos demostrando así cómo la institucionalidad se confabula con la impunidad y la corrupción.
La consulta es un mecanismo que nace desde los pueblos, no se impone a ellos. Por eso tienen características propias en cada población, respetando así la autodeterminación de cada uno. Esta propuesta no solo no valora los mecanismo históricos propios, sino que no fue siquiera avalada por las poblaciones a las que pretende imponerse.
Desde el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero -M4- apoyamos el rechazo unánime que desde las poblaciones indígenas hondureñas realizan contra la llamada “La Ley Nájera”. Consideramos que la misma es un reglamento manipulizador y instrumento de despojo sobre territorios de pueblos originarios. “La Ley Nájera”, es un engaño para los pueblos originarios. Más que que nunca los territorios indígenas y tribales se ven cada vez amenazados en sus propios hogares. Instamos a las autoridades nacionales e internacionales involucradas a que desestimen la aprobación de una ley que legaliza la expoliación neocolonial de los mediante instrumentos jurídicos de dominación.
Desde los territorios y en apego a sus derechos, los pueblos indígenas y afro hondureño, darán la batalla en contra de ese nefasto proyecto de “Ley Najera”. Y sus hermanos y hermanas mesoamericanos levantamos esas banderas que permiten vivir vidas dignas en nuestros territorios.

martes, 21 de enero de 2020

El gato de Schrödinger y el Golpe de Estado Militar

La sombra del poder 
Alainet

El gato cuántico

Erwin Schrödinger, premio nobel de física, para explicar el modelo de la física cuántica desarrolló el experimento mental del gato cuántico, bajo el principio de la superposición, el cual sugiere que una partícula cuántica puede estar en múltiples estados a la vez. El gato representando la partícula puede estar vivo y muerto simultáneamente. Esta metáfora cuántica la aplicamos al proceso político del Golpe de Estado Militar en Honduras que tuvo su acontecimiento el 28 de junio del 2009, sin embargo, es un proceso que está vigente y sufriendo modificaciones. En este modelo el gobierno está representado por el gato, que está vivo cuando le permiten ser emisario de las decisiones del poder hegemónico y que es gato muerto cuando está totalmente aplastado por el poder imperial.

Cabe aclarar que la metáfora aplicada a estas situaciones es un camino para introducirnos en un análisis de la realidad que no es solamente cuántica, sino que requiere mayor profundidad filosófica y científica (social y política).

Geopolítica del golpe de estado

Honduras militarmente ocupado por Estados Unidos toma la decisión de derrocar a Zelaya por su acercamiento con Chávez, el apoyo a los movimientos del ALBA y al hacer relaciones petroleras con Venezuela menoscabando los intereses imperiales de Estados Unidos en América Latina, el Caribe y particularmente Honduras.

El Golpe de Estado y la venta de Honduras

Los diferentes gobiernos que se produjeron después del Golpe causaron un aumento de la deuda externa, facilitaron los tratados comerciales desiguales, se acrecentaron los proyectos transnacionales destructores del ambiente, facilitando la acumulación capitalista por desposesión, la consecuencia de esto se reflejó en la multiplicidad de proyectos mineros, construcciones de represas hidroeléctricas, deforestación, incremento de la sequía, destrucción de la biodiversidad y agrocombustibles.

En consecuencia, se vendió el país a las empresas transnacionales, creando la idea que el mega turismo, las maquilas, las privatizaciones (COALIANZA) favorecerían el desarrollo del país.

Honduras multienferma

La crisis económica agravó la multienfermedad ecológica y de salud.

La corrupción 

La corrupción fue uno de los ejes más graves después del golpe.

En el caso del narcotráfico debemos hacernos algunas preguntas. ¿Por qué Estados Unidos, siendo el mayor consumidor de droga en el mundo, la guerra contra el narco tráfico la desarrolla en nuestros países y el enfoque dentro de su territorio es totalmente diferente? Consideramos que la corrupción no solamente es de nuestros gobiernos también tiene que haber corrupción de las políticas de las drogas de Estados Unidos porque, ¿por qué no se controla el consumo de la droga? Por consiguiente, creemos que la responsabilidad de las drogas no es exclusiva de América Latina.

Leyes perversas

Se crearon leyes que no fueron respetadas por las propias autoridades. Se militarizó el Estado y las instituciones. Se incrementaron las tasas de homicidios, tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes y la impunidad alcanzó más del 90%.

Las instituciones jurídicas y el Estado de Derecho, procesos democráticos y electorales se convirtieron en una ficción, irrespetando totalmente los derechos humanos.

A nivel legislativo, el Congreso emitió leyes que no garantizan la seguridad social y que apoyan la corrupción, la compra de armas y el poderío militar.

La máscara del poder 

La palabra persona tiene su origen relacionado con máscara y el poder ejecutivo se convirtió en la máscara del poder, ya que prevalece a nivel de opinión publica y de las fuerzas de oposición, el enfoque reduccionista político, es decir responsabilizar a una persona de toda la desgracia del país y no considerar que es un sistema de gobierno que influye también, no solamente los dirigentes de un gobierno sino los componentes de la clase dominante y sobre todo de la fuerzas militar y policial.

No se puede desconocer que al principio el Poder Ejecutivo aparece como la máxima fuente de poder, por ejemplo, que es el que decide la militarización del Estado. En realidad, en el proceso golpista las fuerzas armadas fueron logrando cada vez más poder a tal grado que son el verdadero poder detrás de la máscara.

Sin embargo, a que nos referimos cuando hablamos del poderío militar: primero a las fuerzas armadas de Honduras que según La Constitución deben de ser apolíticas y deben de estar destinadas a la defensa de la soberanía nacional. Tareas que no cumplen porque en vez de ser fuerzas defensoras del territorio se han convertido en fuerzas represoras, violadoras, torturadoras y en muchos casos asesinas de poblaciones civiles. En la máscara del poder aparenta ser el poder real puesto que es una casta superprivilegiada y se ocupan de tareas que no tienen capacidad como manejo de cárceles, manejo de bosques, manejo de la agricultura, de la educación, de la salud, manejo de la niñez, por lo tanto, se convierten en fuerzas punitivas, persecutorias y criminales.

Paradójicamente las fuerzas armadas son sumisas a las órdenes del Comando Sur que son a la vez, la máscara del poder de El Pentágono y las fuerzas imperiales de Estados Unidos.

¿Cuál es la sombra del poder? La sombra del poder es lo que no es visible para el pueblo ni para la oposición cuando no hay conciencia que el poder es un sistema que depende de la geopolítica y el poder imperial de Estados Unidos, por eso creemos que toda la política de este poder ha estado orientado a la perdida de la identidad nacional, a la hegemonía cultural y a una profunda crisis existencial, que obliga a nuestra gente a emigrar y a creer que nosotros somos enemigos de nosotros mismos y que lo que tenemos es una guerra entre nosotros cuando lo que existe es una guerra total de este poder hegemónico que nos fragmenta, que nos extraña de nuestra cultura y territorio y que obliga a miles de Hondureños y hondureñas a emigrar donde van a ser nuevamente estigmatizados, torturados, enjaulados y donde poco a poco este poder se apodera de nuestro territorio con las Zonas Especiales de Desarrollo, destruye la naturaleza y nuestras vidas, a esto es lo que he llamado el genocidio histórico del pueblo hondureño por los intereses neocoloniales e imperiales.

El gobierno está vivo cuando es oportunista y está muerto cuando es todavía más traidor y aplastado, lo que necesitamos es una unidad real basada en nuestras raíces culturales en el amor, en la solidaridad en la defensa histórica de la vida y la dignidad de nuestro pueblo y de todos los pueblos de América Latina y el Caribe.

Tegucigalpa M.D.C., 15 de enero del 2020 

domingo, 19 de enero de 2020

El asesinato de Berta Cáceres y la imposición de la Ley de “Consulta” elaborada por el PNUD


OFRANEH / Rebelión

El próximo tres de marzo, se cumplen cuatro años de haber sido asesinada Berta Cáceres. Lideresa indígena que luchó de forma permanente por la defensa de los territorios de los pueblos indígenas y la implementación de la Consulta Previa, Libre e Informada, como un mecanismo de reconocimiento y respeto de los derechos de los pueblos indígenas.

Todo parece indicar que el cruento asesinato es un crimen de estado, ante la falta de voluntad de las autoridades para proseguir a los autores intelectuales, además de persistir en la denegación de la aplicación de justicia, el Estado continúa con su política de imponer proyectos obsoletos como estrategias de dominación, confundiendo de forma deliberada la socialización con la consulta.

Honduras a partir del Golpe de Estado se ha convertido en un escenario de guerra no declarada, donde se han dado más de 50,000 homicidios y 400 masacres, que en su mayoría permanecen en la impunidad; siendo el yerro instaurado una estrategia para diluir la protesta social, surgida ante los múltiples despojos y desplazamientos poblacionales.

Desde 1995, cuando Honduras ratificó el Convenio 169 de la OIT, se asumió que las leyes nacionales se adaptarían al Convenio, tal como lo indica La Convención de Viena (1969), sin embargo el Estado durante casi dos décadas desdeño el Pacta Sun Servanda, obviando la aplicación del derecho a la consulta, pretendiendo que las socializaciones son procesos de consulta.

La piñata de cuencas hidrográficas efectuada por el Congreso Nacional en el 2010, dio lugar a un sinfín de conflictos sociales, solucionados a través de la violencia. El grupúsculo de familias que se apoderaron de las cuencas para la construcción de represas, colocaron a cientos de comunidades en peligro, al socavar el derecho al agua. El caso de Agua Zarca se convirtió en una pesadilla que conllevo al asesinato de Berta Cáceres, un crimen inducido por la familia Atala, los que hasta la fecha no han cejado en su pretensión construir la represa.

En el 2012 se entregó la plataforma marítima de la Moskitia a la empresa BG, proceso en el que no existió ninguna consulta previo a la carta de intención firmada por el Estado y BG en las postrimerías del 2012, posteriormente fue aprobado el contrato con BG por el Congreso Nacional.

Para septiembre del mismo año, después de haber efectuado los trámites los aprobación en el Congreso Nacional, la Secretaría de Medio Ambiente (SERNA) acompañada por funcionarios del Comité para Erradicación del Racismo y Discriminación (CERD) como una consulta previa.
Bancos europeos y el Banco Centroamericano de Inversión Económica (BCIE) aparecen como financistas de los proyectos a pesar de poseer la información referente a la inexistencia de consultas previas con las comunidades indígenas que serían afectadas. Hasta la fecha resuenan las palabras siniestras del ex presidente del Banco Mundial. El Sr. Jim Yong Kim, cuando se dirigió a una audiencia de líderes religiosos, en mayo de 2016, en referencia al asesinato de Berta Cáceres y la supuesta urgencia para la construcción de proyectos hidroeléctricos en Honduras, convirtiendo el asesinato como un simple caso de daño colateral. Casualmente en el mismo año que fue asesinada Berta Cáceres, el PNUD asume el rol de impulsar una nueva versión de ley, para lo cual contrataron al jurista Ivan Lanegra, autor de la controvertida Ley de Consulta del Perú. EL PNUD desdeño las versiones elaboradas por el Observatorio de Derechos Humanos de los pueblos indígenas en Honduras (ODHPIN), la Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras (CONPAH) y Dirección nacional de pueblos Indigenas y Afrodescendientes (DINAFROH), versiones que incluían la obtención de consentimiento, el cual fue eliminado en la versión realizada por el equipo del jurista peruano.

El papel jugado por el PNUD en relación al desconocimiento de las propuestas de ley realizadas tanto por indígenas como instituciones estatales, incentiva el temor de los despojos que se darán en un futuro cercano a nombre del Programa de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques (REDD) el que ahora replica la tendencia a desconocer las organizaciones indígenas que no están bajo la égida del actual partido en el gobierno, al elaborar las Salvaguardas REDD a la medida de los intereses del PNUD, ONUREDD y el Estado.

Ante las denuncias interpuestas por organizaciones indígenas defensoras de sus territorios y culturas, la Relatora de Naciones Unidas para pueblos Indígenas, la Sra. Vicky Tauli Corpus, efectuó una visita Honduras con el propósito de informarse sobre los avances en la creación de un mecanismo de consulta. La Relatora emitió su informe en diciembre de 2016, en el cual exhortó al “Estado de Honduras a garantizar que se respeten los estándares internacionales sobre consulta previa y otros derechos humanos de los pueblos indígenas".

El estado persistió en desconocer su error en relación al anteproyecto y las enormes fallas que presentó la elaboración del anteproyecto elaborado por Lanegra, por lo cual la Relatora emitió sus Observaciones adicionales, en las que hizo hincapié en la “necesidad de asegurar una mayor participación de las distintas estructuras representativas de los pueblos indígenas y la capacitación y preparación de los pueblos indígenas, funcionarios estatales y otros actores; a la necesidad de generar la confianza necesaria abordando las preocupaciones centrales de los pueblos indígenas en materia de derechos humanos; a las presiones de tiempo para la aprobación de una ley de consulta; y a su preocupación por la interpretación restringida del marco conceptual jurídico de la consulta previa”.

A finales de noviembre de 2018, una nutrida comitiva del Estado de Honduras coordinada por el diputado Oscar Nájera se presentó en Ginebra ante la CERD, el cual balbuceó de informa incoherente una supuesta apología al anteproyecto de Ley de Consulta impulsado por el PNUD.

Tememos que el Congreso Nacional pretende aprobar el adefesio de Ley de Consulta para el 3 de marzo como un homenaje a Berta Cáceres. Conociendo el cinismo que ha acompañado al partido político en el poder, el que ha convertido Honduras en un estado fallido, no es nada raro que pretenda convertir la destrucción de los derechos colectivos de los pueblos indígenas al aprobar una Ley que distorsiona la consulta, en un supuesto homenaje a una de las heroínas del pueblo hondureño.

La OFRANEH ratifica su posicionamiento en rechazo a esa Ley de Consulta Previa socializada dentro del Congreso Nacional el día de ayer, ya que solo vendrá a legitimar los despojos y expropiación de nuestros territorios ancestrales, a criminalizar y judicializar a los defensores y defensoras de la madre naturaleza y condenarnos al exterminio como pueblos indígenas.

Exigimos el cumplimiento de las sentencias condenatorias al Estado de Honduras por la Corte Interamericana sobre las comunidades Garífunas de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra, sentencias que están relacionadas entre otras la violación de la consulta previa

Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH

EEUU busca crear bases de datos genéticos para controlar flujo migratorio






















r3d.mx

El Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump busca desarrollar en 2020 dos bases de datos genéticos en México con registros de criminales, escenas del crimen y personas identificadas como tratantes de personas, también llamadas “polleros”, de acuerdo con el diario Milenio.
La primera base de datos genéticos es parte del “programa forense” de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia, en conjunto con la Fiscalía General de la República (FGR), con muestras de ADN tomadas a delincuentes; que además se complementará a través de cinco fiscalías estatales, la de Chihuahua, Chiapas, Guanajuato, Puebla y Yucatán. Una base de datos similar se intentó desarrollar como parte de la Plataforma México durante el sexenio de Felipe Calderón, sin embargo, el proyecto no tuvo continuación en la administración del expresidente Peña Nieto.
El segundo proyecto tiene como objetivo financiar, con 8 millones de dólares, la creación de bases de datos genéticos en México, Honduras, Guatemala y El Salvador, con el objetivo de identificar a los “polleros” que operan en la región.
Las distintas bases de datos genéticos pueden enmarcarse en una serie de estrategias del Gobierno estadounidense para aumentar el flujo de información sobre la “delincuencia transnacional”, como reportó Privacy International (PI) en 2019, aunque también puede estar vinculado con la intención de tener un mayor intercambio de información biométrica sobre las personas que cruzan las fronteras del Triángulo Norte de Centroamérica hacia Estados Unidos.
En el reporte, PI previó el aumento de la exportación, procesamiento e intercambio de datos biométricos, como parte del esfuerzo de Trump para combatir los “desplazamientos terroristas” y “potenciar el proceso de control de viajeros, la recolección de datos, el análisis y el intercambio de datos, incluyendo los datos biométricos y de otra índole de los viajeros”.
Además, estas bases de datos podrían alimentarse de los perfiles genéticos de millones de personas que solicitan asilo o que son detenidas por ingresar de forma irregular a EE.UU. y cuyo ADN busca obtener el Gobierno de Donald Trump.
El manejo de bases de datos biométricos supone un gran riesgo para la privacidad de las personas y en el caso de México no existen garantías de que la recolección de la información genética se haga bajo controles democráticos y sin violar los derechos humanos.

viernes, 17 de enero de 2020

Violencia y descomposición social en Honduras -


Por Gilberto Ríos Munguía *
El año 2019 cerró con 71 masacres que cobraron la vida de 281 personas, en asesinatos menores a dos víctimas por evento suman más de 3,300 homicidios; la violencia incontenible es parte de un modelo social y político que dirige sus esfuerzos a la concentración de la riqueza y las oportunidades en un pequeño segmento poblacional en detrimento de las mayorías.
Esto es acompañado por un tratamiento mediático desorientador de la opinión pública, que responsabiliza a la propia ciudadanía por los extremos dantescos a los que ha llegado la descomposición social.
Por su parte el Ministerio de Seguridad afirma que gracias al aumento del presupuesto se han resguardado centenares de vidas, además en declaraciones en estos primeros días del 2020, aseguró que el 70% de los homicidios se producen por problemas de convivencia y no por acción del crimen organizado.
De ser así –aunque no se aclara bien el método de análisis de estas cifras por parte de la Secretaría- la institución estaría afirmando que alrededor de mil asesinatos en el país fueron cometidos el año 2019 por acción del crimen organizado. La normalización de las muertes violentas también se manifiesta en un sistema de justicia que vive una parálisis institucionalizada: 87% de los asesinatos quedan en total impunidad.
También la tasa de suicidios tuvo un incremento significativo, llegando a más de 300 suicidios en el 2019 según datos del Observatorio de la Violencia de la Universid Nacional Autónoma de Honduras; dentro de la estadística destacan menores de edad (entre 10 y 16 años).
Una cifra similar y también en aumento en relación al año anterior, se reportan de femicidios en los que cabe destacar que al menos 30% de estos casos son cometidos por la pareja de la víctima según datos y denuncias de las organizaciones feministas.
No obstante, la relación entre violencia estructural, modelo económico y político no aparece con la misma frecuencia en los recuentos o relatos de los hechos. Los análisis menos difundidos son los que señalan una relación entre crisis económica, falta de oportunidades, aumento de la brecha social, disminución del presupuesto nacional en educación, salud, programas de prevención de la violencia, atención de juventud y niñez en riesgo y una desatención casi absoluta en el combate de la violencia de género.
Esto también se debe a una relación directa entre crimen organizado y narcotráfico con las actuales élites gobernantes; misma que quedó claramente expuesta en los distintos juicios llevados a cabo en las cortes de justicia del sur de Nueva York en los últimos años, que señalan la complicidad de las cúpulas de los partidos tradicionales -particularmente al partido de gobierno-, en la proliferación de bandas con respaldo del aparato judicial y de seguridad del país.
Ante esto podemos afirmar la existencia de una forma de Terrorismo de Estado que actúa por acción u omisión conveniente ante aquello que se oponga al proceso de concentración económica.
De ahí que la represión contra los movimientos sociales y organizaciones políticas de oposición tenga también las variantes de prisión, asesinatos políticos, censura de la prensa alternativa y una gama amplia de amenazas, controles y seguimientos por parte de los aparatos de seguridad y sus escuadrones paramilitares y parapoliciales.
Un temor racional mayor debe abordar al pueblo en estas circunstancias y es que este proceso de descomposición parece avanzar más rápido que la capacidad de plantear respuestas de los sectores organizados.
* Dirigente del Partido Libertad y Refundación.

Avanza en Guatemala una caravana de 3 mil migrantes hondureños

Otro grupo empezó a llegar a México
La alcaldesa de Suchiate prevé instalar albergues
 No se ha ordenado a la Guardia Nacional aplicar operativo de contención
Estados Unidos asesora al país vecino con el fin de identificar a posibles pandilleros

Decenas de migrantes centroamericanos llegaron entre miércoles y jueves a la frontera que divide a México de Guatemala, en espera de otros grupos con los cuales intentarán cruzar el río Suchiate y eventualmente llegar a Estados Unidos, informaron fuentes gubernamentales mexicanas.
Los indocumentados, quienes ayer se encontraban en la ciudad de Tecún Umán, Guatemala, limítrofe con México, arribaron en pequeños grupos o de manera individual.
En tanto, más de 3 mil migrantes hondureños de una nueva caravana que pretende llegar a Estados Unidos huyendo de la pobreza y la violencia avanzaba ayer en Guatemala, en medio de controles de la policía local y la supervisión de funcionarios migratorios estadunidenses en zonas aledañas a los pasos fronterizos.
Antes, más de mil migrantes evadieron los controles y rompieron un cerco policial en el puesto fronterizo guatemalteco de Agua Caliente, observó un fotógrafo de la Afp.
Decenas de uniformados guatemaltecos fueron desplegados en zonas cercanas a las fronteras con el fin de verificar que los hondureños pasaran por el control migratorio, requisito para entrar al país, según acuerdos regionales.
También supervisan que los niños estén acompañados por alguno de sus padres o un tutor.
Debido a lo previsto en un acuerdo, el personal que controla la caravana recibe apoyo de Estados Unidos, que desplegó un número limitado de funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), informó a la Afp un vocero de la embajada estadunidense en Guatemala.
El apoyo y la capacitación de agentes fronterizos de Guatemala es parte de un convenio surgido tras el paso de las primeras caravanas en 2018, con la finalidad de combatir el crimen y el tráfico de personas, detalló el vocero.
En México, autoridades del gobierno explicaron que, como medida preventiva, agentes de la Guardia Nacional recorrieron los distintos pasos informales ubicados en la ribera del Suchiate, por donde cruzan a territorio nacional personas sin documentos y mercancías.
Un uniformado aseguró que no se han emitido a corporaciones de seguridad instrucciones formales acerca de la contención de una eventual caravana de migrantes.
Centroamericanos manifestaron que policías guatemaltecos impiden el paso a niños y mujeres, pero la gente se vuelve a venir hacia la frontera con México.
Sonia Eloína Hernández, presidenta municipal de Suchiate, Chiapas, localidad que colinda con Guatemala, señaló que si es necesario, se podrían habilitar dos albergues para atender a los migrantes que lleguen en los próximos días.
Antes del paso de la nueva caravana, Guatemala y Estados Unidos realizaron operativos en carreteras con la finalidad de identificar a los migrantes, que incluye la asesoría para la detección de pandilleros.
La caravana salió la noche del martes de San Pedro Sula, 180 km al norte de Tegucigalpa, y el miércoles empezó a ingresar a Guatemala, donde se ha dispersado.
El instituto migratorio guatemalteco informó que, entre la noche del miércoles y este jueves, mil 612 hondureños pasaron con documentación reglamentaria por Agua Caliente y 662 por El Cinchado. En total, 2 mil 274 personas.
“Aquí vamos para adelante, al sueño americano”, dijo a la Afp Kelvin Ramos, quien espera encontrar empleo pintando casas en Estados Unidos donde, asegura, pagan bien.
Unos 200 migrantes se encontraban la tarde del jueves en el departamento de Petén, cerca de la frontera con México, indicó Diego González, delegado de la Procuraduría de los Derechos Humanos en el área. Otros cien llegaron al paso de Tecún Umán, colindante con México.
Este nuevo grupo tiene la advertencia de que no se le permitirá entrar en México, reiteró ayer el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei.

Corresponsal y Agencia
Periódico La Jornada

miércoles, 4 de diciembre de 2019

Sentencia Berta Cáceres: Un primer paso en el camino de justicia

Honduras
LINyM

Condenas de entre 30 y 50 años de prisión para autores materiales

Este 2 de diciembre, cuando se cumplen 45 meses del asesinato de la dirigente indígena lenca Berta Cáceres, la Sala Primera del Tribunal de Sentencia impuso penas de entre 30 y 50 años de cárcel a los autores materiales del crimen.

Los siete acusados habían sido declarados culpables el 29 de noviembre del 2018 a través de un fallo oral, pero los jueces tardaron más de un año para dictar una sentencia escrita, generando muchas suspicacias y profunda preocupación entre los familiares de Cáceres y provocando inseguridad jurídica en el caso.

Los jueces condenaron a Sergio Rodríguez, gerente ambiental de la empresa Desarrollos Energéticos SA (DESA), y a Douglas Bustillo, sargento retirado y ex subjefe de seguridad de DESA,  a 30 años y 6 meses de prisión. Mariano Díaz, mayor de las FFAA de Honduras, fue condenado a 30 años.

En el caso de los otros cuatro imputados, a la condena por el asesinato de Berta Cáceres se le sumó la condena por el delito de asesinato en su grado de tentativa en perjuicio de Gustavo Castro, único testigo del crimen.

Henry Hernández, también militar retirado, Edilson Duarte, Elvin Rápalo y Oscar Torres fueron condenados a 50 años y 4 meses de prisión.

“Solamente es un primer paso en el camino por la justicia. Se han condenado a los autores materiales del crimen y esto no es suficiente para romper el muro de impunidad. Seguimos demandando justicia integral, es decir la condena de todas las personas involucradas ”, dijo Bertha Zúniga, hija de Berta Cáceres, después de la sentencia.

La actual coordinadora del  Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), acompañada por su hermano menor Salvador Zúniga Cáceres, recordó que el fallo oral del año pasado señalaba que altos directivos de DESA, empresa titular del proyecto energético Agua Zarca contra el cual tanto Berta Cáceres como el Copinh lucharon durante años, participaron en la planificación del crimen.

En las afueras de la Corte Suprema de Justicia, miembros de comunidades lenca organizadas en el Copinh y de diferentes organizaciones sociales y populares realizaron un plantón pacífico en exigencia de justicia para Berta Cáceres. A pocas decenas de metros del lugar del plantón, un fuerte contingente policial controlaba la situación.

Una vez dictada la sentencia condenatoria, Bertha y Salvador Zúniga Cáceres dieron lectura a un comunicado del Copinh, donde volvieron a exigir que se proceda contra el ex oficial de inteligencia militar y ex presidente de DESA, David Castillo, y contra los integrantes de la familia Atala Zablah.

"Esta sentencia es una primera fisura al muro de impunidad total que sostiene a la estructura criminal responsable del crimen, y es consecuencia de la tenacidad de la lucha del Copinh, la familia y la solidaridad nacional y del mundo.

Berta, nuestra hermana, seguirá siendo un símbolo de lucha y esperanza para todos los territorios que hoy continúan la batalla en defensa de la vida, y que hoy son perseguidos y criminalizados por esta dictadura. 

Esta sentencia -concluye el comunicado- es el inicio de un camino implacable de justicia para los pueblos y para Honduras".

Fuente: LINyM

martes, 3 de diciembre de 2019

Berta Cáceres a los 45


Después de la “anomalía” de tardar un año, este lunes 2 de diciembre, cuando se cumplen 45 meses de su asesinato, se dará la sentencia escrita contra los autores materiales del crimen contra Berta Cáceres en Honduras.
En el fallo oral se develó la participación de directivos de la empresa DESA en la planificación del crimen, pero continúan en la impunidad.
La Causa Berta Cáceres es un llamado a la justicia de los pueblos indígenas, de las mujeres luchadoras hondureñas. Es la resignificación de la vida, pensamiento y acción de la compañera en su dimensión para la lucha histórica del pueblo hondureño. A 45 meses del asesinato, los autores intelectuales del crimen no han sido investigados ni juzgados.
La organización que Berta Cáceres contribuyó a fundar y que coordinaba en el momento de su muerte, el COPINH, fue premio internacional DDHH del Ayto de Siero.
El 29 de noviembre del 2018 se había emitido el fallo condenatorio del primer juicio por la autoría material del asesinato. Según las leyes hondureñas el Poder Judicial habría de publicar la sentencia escrita, que contendría la individualización de la pena para los condenados, a los 5 días . Pero ha pasado un año.
Para alcanzar verdad y justicia integral en esta causa, varias organizaciones han exigido que se cumpla el debido proceso que lleve al implicado David Castillo a juicio oral y público y que se investigue, juzgue y sancione, de manera diligente, a todas las personas responsables por el asesinato de Berta y por las agresiones sistemáticas perpetradas contra el COPINH, incluyendo tanto a David Castillo como a la familia Atala Zablah, el Banco Holandés de Desarrollo (FMO), funcionarios estatales, miembros de las fuerzas armadas, financiadoras y otras.
Además, la concesión del río Gualcarque, que aún continúa representando una fuente de riesgo para las comunidades Lencas, que hasta el día de hoy sigue generando ataques severos a las mismas, debe ser cancelada inmediatamente.
También , es urgente que se inicie un proceso para reparar al COPINH por todo el daño causado y que se reconozca el rol importante que han liderado en la defensa de la tierra y los derechos de los pueblos indígenas.
Informe del GAIPE-Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas. "Represa de violencia. El plan que asesinó a Berta Cáceres", se intitula uno de los Informes relevantes que aporta claridad en este proceso.
En él se demuestra que hay Altas autoridades de Honduras involucradas en asesinato de Berta Cáceres.
El informe revela que el plan para asesinar a la lideresa se inició en noviembre del 2015. Incluso, la información obtenida a través de los registros telefónicos permite asegurar que hubo un intento de asesinato durante los días 5 y 6 de febrero del 2016.
El documento contiene información acerca de la utilización, por parte de la empresa DESA, de todas sus influencias políticas dentro de gobiernos para lograr la construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. Y muestra como la empresa, ya en operación, organizaba y lanzaba campañas de desprestigio y criminalización hacia la compañera Berta y hacia el COPINH. Una de las cosas que se ve claramente a través de las pruebas que contiene el informe es el plan de persecución que se orquesta desde DESA hacia Berta y el COPINH, mediante pagos a informantes, contratación de sicarios para la intimidación hacia el COPINH, especialmente a la comunidad de Río Blanco y hacia la coordinación general, el sabotaje hacia la radio comunitaria La Voz del Gualcarque, la cooptación de funcionarios públicos para la protección de sus empleados y la persecución a integrantes de COPINH.
A través de las páginas del informe se evidencia el doble papel de los aparatos de seguridad del estado, por un lado desprotegiendo al COPINH y a Berta, pero por el otro brindando total protección y cobertura a la empresa DESA.
Una de las conclusiones más impactantes y claras del informe, que reafirma lo denunciado por el COPINH y la familia, es que el asesinato de Berta fue concebido por altos funcionarios de la empresa DESA, en contubernio con entes estatales, quienes no solamente la desprotegieron sino que informaban a la empresa de sus movimientos y se encargaban de criminalizarla.
En un apartado se habla de la banca internacional, que no queda exenta; en el informe se expone cómo el FMO, FINNFUND Y EL BCIE no podrían haber ignorado la violación de derechos humanos por parte de la empresa hacia el COPINH. Y cómo su financiamiento es fundamental para la continuación de violaciones a la comunidad y la permanencia de la empresa en el territorio Lenca.
Resulta estremecedora la estructura criminal que se monta para frenar al COPINH, y que hasta el día de hoy no ha habido ninguna acción por parte de estado para desmontarla.
El asesinato de Berta Cáceres ha sido considerado "emblemático" de la persecución a activistas indígenas y ambientalistas en un momento en que este tipo de crímenes se han incrementado en todo el mundo, en contraposición a las retóricas de los gobiernos que hablan de la sostenibilidad y aprobaron los ODS, los objetivos de desarrollo sostenible, que todavía no se ven por ningún lado en cuanto a aplicación para detener el deterioro del planeta y el colapso climático: si se siguen asesinando a quienes defienden los bienes comunes.. en vez de ser los primeros en recibir protección integral.. ¿cómo hacer creíbles los ODS?
El Informe del GAIPE que tuvo amplia repercusión en verdad no hace sino corroborar informaciones que ya se sabían o que el COPINH , y la familia de Berta Cáceres habían evidenciado: la defensa de los ríos, la defensa de los derechos indígenas, cuesta la Vida.
Pero este informe independiente vuelve a poner de manifiesto que lo aprobado por la ONU hace doce años en su Declaración de derechos de los pueblos indígenas, y 30 años antes en el Convenio 169 de la OIT.. tiene que cumplirse. Y que cuando la empresa DESA con financiamiento europeo vulneró uno de esos derechos, la consulta previa, libre e informada, para llevar adelante su negocio, no sólo estaba violentando esos Derechos de la ONU, sino que estaba en confabulación con autoridades de gobierno y militares atentando a las integridades físicas, espirituales, culturales de las comunidades lencas de la zona.
Este año otra Misión Calificada, con participación de la Abogacía Española y la FIDH, y expresó tras su visita la preocupación por el retraso de la justicia, constató que a lo largo del proceso se mostraron diferentes debilidades estructurales del sistema de justicia hondureño, que hasta el momento continúan representando limitantes y desafíos para el acceso a la justicia de la población. Dentro de las debilidades está la falta de resolución oportuna de recursos judiciales, omisión de investigación de la autoría intelectual de los hechos y limitación de los derechos de las víctimas. Esta Misión de Observación Calificada recalcó que el procesamiento, enjuiciamiento y condena de los responsables materiales e intelectuales del crimen, es una obligación y necesidad para el Estado y la sociedad hondureños, con el fin de garantizar la justicia, la verdad sobre los hechos, así como la garantía de no repetición de hechos similares.
A los 45 meses de su crimen… BERTA VIVE y su organización el COPINH sigue dando ejemplo de honestidad, coraje y dignidad en la defensa de la Madre Tierra.
Esos 45 meses están coincidiendo con una cumbre del Clima de la ONU, que por avatares de la rebelión popular en Chile, se trasladan a Madrid. El asesinato de Berta y otros centenares de ambientalistas en el terreno, no puede estar ausente de la COP25 en territorio español.

martes, 26 de noviembre de 2019

Radiografía actual a 10 años del golpe

Honduras

El golpe de Estado contra el presidente Zelaya en Honduras el 28 de junio de 2009 inauguró una fase de golpes parlamentarios contra gobiernos del eje progresista latinoamericano. A este le sucedieron los golpes contra Lugo en Paraguay (2012), contra Rousseff en Brasil (2016) y el fallido contra Maduro en Venezuela (2016-17).
Objetivos golpistas. El derrocamiento de Zelaya tenía como objetivo expreso abortar un proceso que había provocado un rechazo creciente de la oligarquía y el imperialismo estadounidense. Durante el primer año de su mandato (2006) no se produce ningún cambio relevante, pero a partir de 2007 se efectúa un giro con el acercamiento a Venezuela y la entrada en Petrocaribe. 2008 será clave ya que Zelaya se adhiere al ALBA, además de incrementar el salario mínimo más de un 60% y negociar con el movimiento campesino un decreto para legalizar tierras ocupadas.
La propuesta de consulta popular en 2009 para impulsar una Asamblea Constituyente será la gota que colme el vaso y que justifique el golpe.
Zelaya, además de “traidor de clase” para las elites del país, había intentado redefinir el papel geopolítico asignado históricamente a Honduras (ser plataforma contrarrevolucionaria contra los países del entorno, principalmente Nicaragua y El Salvador), por lo que el Pentágono planificó su caída.
El golpe no cuidó especialmente las formas: Zelaya fue secuestrado en plena madrugada por militares, trasladado a la base gringa de Palmerola (al lado de Tegucigalpa) y enviado por avión a Costa Rica. Al día siguiente, el parlamento quiso legitimar el golpe presentando una supuesta carta de renuncia del presidente, que este mismo denunció como falsa.
Laboratorio de distopía. El régimen que desde hace una década se ha impuesto en Honduras es una combinación de autoritarismo político y ultra-liberalismo económico, por lo que lo “liberal” se vacía de la ecuación política, pero se radicaliza en el plano económico. Es un ejemplo del nuevo tipo de régimen que se está ensayando en algunas zonas del planeta en el que se articula un capitalismo cada vez más extremo con sistemas políticos no literalmente dictatoriales, pero si en transición hacia un post-Estado de Derecho. En síntesis, una muestra del laboratorio de distopías del siglo XXI.
El nuevo régimen político post-liberal se expresa en la hibridación de un modelo de elección fraudulento con un modelo de administración del poder cada vez más coercitivo. Por un lado, las dos últimas elecciones presidenciales (2013 y 2017) han sido ganadas por la oposición de centro-izquierda (Partido LIBRE y aliados), pero ha continuado gobernando la derecha golpista (Partido Nacional) a través de un fraude avalado por las potencias occidentales. El modelo electoral, por tanto, permite comicios multipartidistas, pero la presidencia no la ocupa quien realmente gana sino quien conviene que gobierne, suprimiendo abruptamente uno de los principios básicos del liberalismo electoral. En resumen, se garantiza el derecho a presentarse (‘no es una dictadura tradicional’) pero se hace inviable el derecho a gobernar.
El segundo pilar del nuevo régimen es un modelo de administración de gobierno en el que el ‘poder coercitivo’ tiene cada vez más peso frente al ‘poder persuasivo’. Generar consenso cada vez importa menos, por lo que se prioriza la coerción, la cual se ejerce combinando instrumentos legales e ilegales.
La represión ‘legal’ se está materializando a través de tres vías principales: la militarización, la judicialización y el encarcelamiento. COFADEH, una de las organizaciones de derechos humanos más prestigiosas del país ha denunciado la creciente militarización, con la creación de una policía militar y el destino de las Fuerzas Armadas a labores policiales, además de la creciente presencia de asesores del MOSAD, del DAS y obviamente de la CIA. El actual ministro de Seguridad es una de las figuras de la represión de los años 80 y desde el 2011 el gobierno ha impuesto una ‘tasa de seguridad’ para financiar la escalada represiva.
La judicialización es otro instrumento privilegiado de la represión ya que se está haciendo un uso perverso de figuras penales muy duras (terrorismo, usurpación) para imponer penas desproporcionadas a líderes del movimiento popular. Además, en noviembre el Congreso pretende aprobar un nuevo código penal sumamente represivo. Lo anterior se complementa con un incremento sustancial del número de presos políticos y la creación de cárceles de máxima seguridad (formalmente para narcotraficantes, pero de facto para defensoras de la tierra y el territorio).
El régimen articula la represión legal con el uso de instrumentos ilegales de todo tipo. Por un lado, el movimiento campesino e indígena denuncia la infiltración para generar división al interior de las comunidades. Por otro lado, destacan las campañas de criminalización, caracterizando a líderes sociales como pandilleros, narcotraficantes o terroristas, para así legitimar acciones en su contra. A su vez, las amenazas y seguimientos han obligado a que un gran número de líderes populares vivan con fuertes medidas de seguridad y en algunos casos en régimen de semi-clandestinidad. Por último, las agresiones y asesinatos están a la orden del día, con un fuerte incremento de los feminicidios, apunta Suyapa Martínez, del Centro de Estudios de la Mujer. Esto en un contexto de impunidad de más del 90% de los crímenes. Para Berta Oliva, directora del COFADEH, “no estamos en un Estado de Derecho sino en uno de Desecho”.
Régimen económico ultra-liberal. Uno de los principales objetivos del golpe fue la restitución del modelo neoliberal y a su vez una radicalización de este. Los pilares del actual modelo son: intensificación del extractivismo y de la agroindustria, contra-reforma agraria, reducción abrupta del salario y privatizaciones.
A través de la denominada “diarrea legislativa” (Nueva Ley de Minería de 2013, etc.) se ha favorecido la entrega masiva de territorio a proyectos transnacionales mineros y energéticos. La minería ha aumentado un 100%, pero si sumamos los proyectos pendientes el incremento es del 450%. Desde La Vía Campesina de Honduras (LVC) denuncian que es habitual la entrega irregular de licencias ambientales.
Los impactos de todos estos proyectos en las comunidades campesinas e indígenas que habitan o viven cerca de los territorios concesionados son múltiples. Uno de los más destacados por LVC es la restricción del acceso al agua por la privatización de cuencas, el desvío de cauces y la contaminación de acuíferos. También destacan la restricción del acceso a recursos forestales por la tala masiva.
La contra-reforma agraria que viene de los años 90 (Ley de ‘modernización’ agraria) se ha intensificado con la expansión del modelo agro-industrial y la consiguiente expulsión de masas de campesinos de sus tierras. La concentración de tierra se ha acelerado en torno a los productos ‘estrella’ de exportación: café, banano, palma de aceite y caña de azúcar. Paralelamente, la importación de alimentos básicos se ha acelerado, incrementando los niveles de inseguridad alimentaria.
Rafael Alegría, dirigente histórico campesino, señala que el movimiento campesino sigue solicitando tierras al INA (Instituto Nacional Agrario), pero como este no cumple su función las familias se ven obligadas a ocupar (‘recuperar’ lo robado históricamente), y entonces el Estado activa el protocolo de desalojo, generando un alto nivel de conflictividad y represión. En la última década más de 8.000 campesinos/as han sido detenidas tras desalojos.
La reducción del salario de las clases trabajadoras se ha ejecutado a través de la Ley de Empleo por Hora de 2014, que permite pagar menos del salario mínimo. En cuanto a las privatizaciones, además de las vías terrestres, el gobierno ha intentado privatizar en 2019 la salud y la educación, pero no lo ha logrado producto de la movilización popular. Por otro lado, el proyecto estrella de la década han sido las ZEDES (Zonas Especiales de Desarrollo Económico), popularmente conocidas como “ciudades modelo”, donde no solo se entrega el territorio al capital transnacional, sino que además se autogobiernan y disponen de policía y administración de justicia propia. En síntesis, supresión radical de la soberanía nacional.
Las consecuencias sociales de este laboratorio de distopía son dramáticas ya que han llevado al país a una situación de evidente “emergencia social”. Sin embargo, el apagón mediático global invisibiliza esta realidad. En la actualidad, dos de cada tres personas son pobres y más de un 40% sufren pobreza extrema. A su vez, la emigración se ha disparado. Según Eugenio Sosa, sociólogo y profesor de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, un 40% de la población tiene planificado migrar y un 20% más no descarta hacerlo.
Resistencia popular. A pesar de esta radiografía dramática, Sosa subraya una serie de elementos que muestran que existe una importante resistencia al modelo. Asegura que a lo largo de estos 10 años se ha desarrollado una lucha constante y que se ha producido un proceso de fuerte politización en los sectores populares. Destaca una serie de luchas que han simbolizado una década de resistencia: la larga lucha, de muchos meses, contra el golpe de Estado; la lucha diaria contra el extractivismo en todo el país; la reactivación del movimiento estudiantil; el gran movimiento contra el fraude electoral de 2017 y la más reciente movilización (exitosa) contra el intento de privatización de la salud y la educación. Concluye augurando una intensificación del conflicto y de la disputa entre el bloque golpista en el poder y el bloque popular del cambio.
Luismi Uharte. Grupo de investigación Parte Hartuz, Universidad del país Vasco.

martes, 5 de noviembre de 2019

El doble estándar de Washington, Honduras versus Venezuela

jacobinmag.com

Traducido con la ayuda de Leonardo Flores y Carmen Sánchez-Ellner

La reciente condena de Tony Hernández en una corte federal de Nueva York por el tráfico de cocaína a una escala masiva, en un caso que implicó a su hermano el presidente hondureño Juan Orlando Hernández, demuestra sin ninguna duda que Honduras es un narcoestado. La evidencia igualmente convincente de corrupción extendida, fraude electoral y represión despiadada confirma el estatus de Honduras de ser un Estado bellaco. Dada esta condición, una comparación con Venezuela es lógica ya que el gobierno venezolano de Nicolás Maduro ha sido acusado de lo mismo. Sin embargo, Venezuela está pagando un precio infinitamente más alto en la forma de sanciones internacionales y otros esfuerzos de derrocar el gobierno. Aún si se acepta como ciertas las denuncias en contra del gobierno de Nicolás Maduro formuladas por la mayoría de sus críticos, Venezuela no llega a los niveles de Honduras en cuanto al comportamiento antiético y antidemocrático.

Este solamente es un ejemplo de las inconsistencias notorias de la política extranjera norteamericana que data del comienzo de la Guerra Fría. Mucho antes de la presidencia de Trump, Washington condenó a algunos gobiernos por violar las normas democráticas al mismo tiempo que abrazó a otros que fueron igualmente malos, o peores. Además, Washington amenazaba a algunos países con intervención militar, o de hecho la llevaba a cabo, por razones que podrían haber sido aplicadas a otros que recibieron asistencia militar sustancial de EEUU.

Bajo la presidencia de Trump, estas inconsistencias y la brecha entre la retórica y la práctica se han ensanchado. Considere las credenciales democráticas de los presidentes que Trump ha vigorosamente alabado, mientras que condena a Maduro por su comportamiento supuestamente antidemocrático: Rodrigo Duterte (las Filipinas), Jair Bolsonaro (Brasil), el príncipe Mohammad bin Salman (Arabia Saudita); y Andrzej Duda (Polonia). Los aliados europeos de los EE.UU. han condenado algunos de estos mismos gobiernos por su flagrante violación de normas democráticas.

Considere también que mientras Trump amenaza a Irán y Venezuela con invasión militar, y posiblemente con aniquilación, se compromete con terminar “las guerras interminables” en todo el Medio Oriente, el altamente riesgoso y prolongado enfrentamiento con Corea del Norte, y las relaciones antagonistas con Rusia. Por cierto, estas últimas posiciones quizás merecen nuestro apoyo, a diferencia de la retórica belicosa de los líderes del Partido Demócrata sobre estos mismos asuntos.

No hay contraste mejor que demuestre la naturaleza contradictoria e hipócrita de la política extranjera de Trump que el contraste entre Venezuela y Honduras. Las cuatro acusaciones principales que Washington lanza contra Maduro para justificar la imposición de sanciones son: el tráfico de drogas, la violación de normas democráticas, la violación de derechos humanos, y la corrupción extendida. Las cuatro pueden ser citadas para justificar medidas internacionales contra Honduras. Entonces, vamos a hacer una comparación. Para los efectos de este argumento, aceptamos la validez de las acusaciones contra Maduro formuladas por sus detractores, con la excepción de las de los fabricantes más fantasiosos de “fake news”.

Tráfico de Drogas

El presidente Juan Orlando Hernández fue acusado de recibir un millón de dólares como soborno de “El Chapo” mexicano en el juicio de Tony Hernández, quien fue declarado culpable de los cargos de “Conspiración para Importar Cocaína” y “Posesión de Ametralladoras y Aparatos Destructivos”. Sin embargo, solamente un día después de que el juicio había terminado, la Encargada de Negocios Colleen Hoey posó en una sesión de fotos con una sonrisa al lado del presidente. Pero hay otros elementos que contribuyen a la imagen de Honduras de ser un “narcoestado”. La hermana del presidente, la fallecida Hilda Hernández, también fue sujeta a una gran investigación por las autoridades norteamericanas sobre el tráfico de drogas y el lavado de dólares. Además, la evidencia contra el estado hondureño data de años atrás. El hijo del presidente anterior Fabio Lobo recibió una sentencia de 24 años de prisión norteamericana después de declararse culpable por haber “conspirado para importar cocaína a los EE.UU.”

Compare el expediente sólido contra Honduras con la evidencia contra Venezuela. En noviembre de 2015 dos sobrinos de la primera dama venezolana Cilia Flores fueron arrestados en Haití en una operación de picadura llevada a cabo por la DEA norteamericana. Ambos recibieron una sentencia de 18 años en un tribunal en los EE.UU., aunque no fueron vinculados con un cartel y (en las palabras de sus abogados) “nunca tuvieron la intención ni la capacidad de entregar una gran cantidad de drogas”, como se alegó.

El otro cargo principal del tráfico de drogas que involucra al gobierno venezolano carece de evidencia verificada. Pocos días antes de las elecciones presidenciales en Venezuela, el gobierno norteamericano acusó a Diosdado Cabello, segundo en comando después de Maduro, de tráfico de drogas e impuso sanciones contra él. A diferencia del hijo de Lobo y el hermano de Hernández, ningún cargo judicial fue formulado contra Cabello, y tampoco le otorgaron el derecho de réplica

Las Normas Democráticas

Honduras también se compara desfavorablemente en el área del fraude electoral. En noviembre de 2017, había una demora de 36 horas en el escrutinio para la elección presidencial cuando el candidato centroizquierdista Salvador Nasralla estaba gozando de una ventaja decisiva. Cuando se reanudó el conteo de votos, Hernández alcanzó y superó a su rival. Nasralla notó que una rectificación de los resultados fraudulentos era poco probable dado el hecho que la corte suprema y el tribunal electoral estaban plenamente ubicados en el campo de Hernández. En contraste de muchos gobiernos en el hemisferio e inclusive la Organización de Estados Americanos, Washington inmediatamente reconoció a Hernández como presidente legítimo y pidió que Nasralla hiciera lo mismo.

En la última elección presidencial en Venezuela celebrada en mayo de 2018, 46 por ciento del electorado votó, a pesar del boicot de la mayoría de los partidos de la oposición. La objeción al proceso, articulada por esos partidos, centraba sobre el ventajismo del gobierno – como, por ejemplo, el tiempo asignado por el canal estatal Venezolana de Televisión a los candidatos de la oposición era menor que lo estipulado por el consejo electoral. Pero generalmente los líderes principales antichavistas no alegaron que los votos no estaban siendo correctamente contados o que el voto no era secreto. Como el Centro Carter aseveró en el pasado, el sistema de voto en Venezuela está entre los más avanzados en el mundo ya que el conteo de las papeletas electorales siempre iguala a los resultados electrónicos. Después de las elecciones de 2018, el presidente Trump emitió una orden ejecutiva restringiendo la liquidación de bonos y activos del estado venezolano en los EEUU.

Derechos Humanos

El historial venezolano en materia de derechos humanos ha sido denunciado con pruebas creíbles. El gobierno ha encarcelado líderes de la oposición y las fuerzas de seguridad han chocado con manifestantes en 2014 y 2017 con un saldo de casi 200 muertos. Sin embargo, estos acontecimientos tienen que ser contextualizados. En ambas ocasiones, muchas zonas urbanas fueron paralizadas por cuatro meses mientras que los manifestantes construyeron centenares de barricadas, y emplearon armas de fuego resultando (en 2014) en la muerte de seis guardias nacionales y dos policías mientras que instalaciones militares y policiales fueron atacadas y en algunos casos ocupadas. El 4 de agosto de 2018, dos drones fueron empleados para asesinar a Maduro, quien en ese momento estaba dando una alocución a sus seguidores, acompañado por su esposa y miembros del alto comando de las Fuerzas Armadas. Se puede imaginar cuál hubiera sido la respuesta de otros gobiernos a este tipo de tácticas. En Honduras, las fuerzas de seguridad del presidente Hernández no son víctimas sino autores de la violencia. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU emitió un informe en marzo que dijo: “La impunidad es extendida, incluyendo la violación de derechos humanos, como es demostrada por… el juicio de los miembros de las fuerzas de seguridad acusados de violación de derechos humanos cometida en el contexto de las elecciones de 2017.” Corrupción Pocos niegan que la corrupción es extendida en ambas naciones. En el caso de Venezuela, el Presidente Maduro reconoció la posible veracidad de las denuncias formuladas por personas que habían participado en las altas esferas del estado en 2014 referente a la apropiación indebida de 20 mil millones de dólares como resultado del sistema de control de cambio. Sin embargo, Maduro no actuó para llevar a los culpables a juicio. Solamente a mediados de 2017 con el nombramiento de un nuevo fiscal general, empezó una campaña de cierta envergadura contra la corrupción. Sin embargo, en Venezuela no había nada equivalente al tipo de evidencia presentada en el juicio de Tony Hernández en la cual millones de dólares proveniente del tráfico de droga contribuyeron a la elección del presidente de Honduras.
* * * * *
Se puede preguntar porque países como Venezuela están en la lista negra de Washington mientras que otros como Honduras, que son abiertamente represivos, reciben un trato favorable. Una explicación es que mientras Venezuela ha adoptado políticas antineoliberales, Honduras – desde el derrocamiento del presidente nacionalista Manuel Zelaya en 2009 con el apoyo de los EE.UU. – ha implementado fórmulas neoliberales. Eso incluye la privatización de la salud y el agua este año, que ha desencadenado protestas de calle que fueron duramente reprimidas. Una segunda explicación es que Washington tiene sus ojos puestos en el petróleo venezolano, una política que Trump ha justificado con la consigna “para el vencedor va el botín", y que actualmente está considerando para los yacimientos petroleros ocupados por los Kurdos en el noreste de Siria. Una tercera explicación tiene que ver con la relación acogedora de Venezuela en el plano económico, político y militar con Rusia y China. Lejos de ser mutuamente exclusivos, los tres argumentos contienen elementos importantes de verdad.

La comparación Honduras-Venezuela demuestra el grado en el cual el papel asumido por Washington de ser juez y policía a la vez está diseñado para promover sus propios intereses. Aunque el intervencionismo para favorecer los intereses norteamericanos ha sido un componente de la política norteamericana de larga data, está siendo aplicado ahora con esteroides.

Una reacción en contra de estas políticas se manifestó recientemente. En la Asamblea General de las Naciones Unidas el 17 de octubre, 105 delegados votaron en favor de la solicitud de Venezuela de ser miembro del Consejo de Derechos Humanos y muchos de ellos aplaudieron fuertemente cuando los resultados fueron anunciados. Los EE.UU. había hecho campaña en contra del nombramiento de Venezuela, pero como el voto era secreto, sus esfuerzos de usar bullying combinado con los ofrecimientos materiales no fueron empleados efectivamente.

Mientras tanto, las protestas en Tegucigalpa y otras ciudades están demandando la renuncia de Juan Orlando Hernández en reacción a la condena de su hermano. A pesar de todos los esfuerzos de la administración de Trump para sacar a Maduro de la presidencia, es muy posible que el gobierno de nuestro hombre en Tegucigalpa caerá primero.

* Steve Ellner es un editor asociado de la revista Latin American Perspectives . Es editor de Latin America’s Pink Tide: Breakthroughs and Shortcomings que recientemente fue publicado por Rowman and Littlefield. Ha publicado en la página de opinión del New York Times y Los Angeles Times .

** Teri Mattson, es una Coordinadora de la Campaña Latinoamericana de CODEPINK. Ha organizado numerosas delegaciones a Venezuela y Honduras incluyendo una en marzo de 2019 a Venezuela, donde permaneció por tres meses. Recientemente participó en una delegación de derechos humanos en Honduras por diez días. 

lunes, 4 de noviembre de 2019

“Mi compromiso es con la liberación de mi pueblo”

Honduras
Rel-UITA

El Triunfo resiste y lucha contra proyectos mineros

Honduras tiene más del 35 por ciento de su territorio concesionado para proyectos extractivos y energéticos. 302 son las concesiones para exploración y explotación minera, 110 de ellas en el sur del país. En el caso del municipio de El Triunfo, a pocos kilómetros de la frontera con Nicaragua, el pueblo organizado ha logrado detener al menos nueve proyectos que pretenden cercenar unas 19 mil hectáreas de territorio, donde se ubican 11 aldeas y 136 comunidades. Cofadeh y Rel-UITA viajaron a la zona. 

En diciembre del año pasado, con el apoyo de organizaciones locales y sectores de la iglesia católica, la población de El Triunfo llevó a cabo una consulta ciudadana sobre las concesiones mineras que involucró a casi 9 mil personas.

El resultado fue contundente: el 97,9 por ciento votó contra la minería, en especial contra el proyecto impulsado por la canadiense Minera Los Lirios que, ofreciendo aportar para obras sociales, comprando conciencias y sembrando división, había intentado, inútilmente, echar a andar su proyecto extractivo.

La decisión de la población fue el resultado de casi 20 años de arduo trabajo de concientización y articulación comunitaria en defensa del territorio y los bienes comunes.  

No se puede ser neutral

El padre Florentino Hernández tiene 51 años y es párroco en El Triunfo. Durante varios años ha acompañado la lucha de la inmensa mayoría de la población contra la minería.

En el 2015, monseñor Guido Charbonneau, obispo de Choluteca, decidió trasladarlo a una parroquia de Nacaome, a casi cien kilómetros de El Triunfo, con degradación de cargo. Padre Florentino se declaró “objetor de conciencia” y rechazó el traslado.

La decisión de desafiar el poder jerárquico para quedarse a acompañar a su pueblo no sólo le acarreó muchos problemas, sino que su vida ahora corre peligro.

“Me siento identificado con la liberación de los pueblos. No me gusta confrontar a las personas, pero me mantengo firme”, dijo padre Florentino a la misión de Cofadeh y Rel UITA.

Cuenta el sacerdote que personeros de la empresa minera lo visitaron en varias ocasiones, pidiéndole que se mantuviera neutral y prometiéndole financiar proyectos para mejorar la estructura y las actividades de la Iglesia.

Hasta le sugirieron que evaluara la idea de trasladar una parte de la población a otro lugar, para poder desarrollar el proyecto minero.

“Mi postura está clara: en un territorio tan poblado como el nuestro, instalar proyectos mineros sería un desastre humano. Además no es cierto que se crea empleo de calidad. Mi compromiso es con la vida de la gente. Mi deber es acompañar a este pueblo, no puedo ser neutral”, manifestó.

Persecución

Toda lucha tiene su costo y padre Florentino ha probado en carne propia qué quiere decir enfrentarse a los poderosos. Hace 9 años, unos desconocidos asesinaron a Faustino López, su brazo derecho. El crimen quedó en total impunidad.

También comenzaron las presiones de parte de la jerarquía católica y los poderes fácticos que mandan en Honduras. Pero, por otro lado, la gente lo protege y nunca lo deja sólo.

“Me acusan de desobediencia y quieren trasladarme, pensando que de esta manera resuelven el problema con la minera y con el poder político y económico que impulsa estos proyectos extractivos.

La parroquia está suspendida con todo su personal -continuó el sacerdote- y han bloqueado cualquier actividad, programa y recurso. Ni siquiera puedo entrar a otra iglesia u otro sacerdote puede visitarme”.  

Pero esto no es nada

“Han llegado al punto de suspender a todos los delegados de la palabra que siguen respaldándome y de militarizar la zona mientras celebraba la misa.

Fue solamente gracias a la presencia del pueblo que acudió masivamente en mi ayuda y abarrotó la Iglesia, si no pudieron arrestarme”, recuerda padre Florentino.

El sacerdote sigue rechazando su traslado e invocó la objeción de conciencia.

“La población ha tomado conciencia, ha tomado las riendas de la lucha y ha estado graníticamente unida. Ha decidido que no quiere nada con minería y no hay vuelta atrás. A pesar de este bloqueo inmisericorde y de la violación de mi libertad individual, no voy a abandonar a mi pueblo”, concluyó.

Fuente: Rel-UITA