Paraguay
Según un reporte
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) más de 195 millones
de personas perderán sus puestos de trabajo al segundo trimestre del
2020 a causa de la crisis desatada por la pandemia de COVID-19. En
América Latina y el Caribe, la contracción del empleo alcanzaría a 14
millones de trabajadores y trabajadoras. En Paraguay, según estimaciones
del gobierno, la crisis se saldaría con cerca de un millón y medio de
trabajadores afectados por la pérdida de sus puestos.
La contracción
del empleo es la más grande desde la Segunda Guerra Mundial, las
medidas de cuarentena y aislamiento alcanzan al 81% de la fuerza de
trabajo a nivel global y las consecuencias del coronavirus sobre el
empleo son más devastadoras de lo que las autoridades imaginaron en
un comienzo. La OIT advierte, también, que los trabajadores del
sector informal de las economías de países en desarrollo pueden
verse particularmente afectados, ya que las pérdidas intempestivas
de los ingresos o de los puestos de trabajo, los dejaría en una
situación de mayor vulnerabilidad.
Esta realidad
compleja desafía a todos los sectores de la sociedad a tomar medidas
drásticas para lograr evitar una catástrofe social. En este
sentido, la protección del empleo, del aparato productivo, y de los
trabajadores y trabajadoras en particular, es fundamental; adoptar
medidas tendientes a lograr estos objetivos podrían permitir una
rápida recuperación de la economía en los países que las adopten.
Las medidas de
flexibilización laboral, de achicamiento del Estado y de
sostenimiento de un “status quo” de la fiscalidad regresiva que
han adoptado algunos gobiernos, y que otros pretenden adoptar, son
altamente contraproducentes para la recuperación económica y el
desarrollo social. De hecho, estas medidas han significado que varios
países estén hoy con sus sistemas de salud tan debilitados que se
ven imposibilitados de hacer frente a la emergencia sanitaria por el
coronavirus, aquí
un artículo que recoge una interesante reflexión respecto a lo
acontecido en Europa en este sentido.
En contraposición
a estas medidas van las consignas levantadas por el movimiento obrero
a nivel internacional, así la Federación Sindical Mundial, la
central internacional más antigua y que aglutina a más de 97
millones de trabajadores y trabajadoras en los 5 continentes, postula
la necesidad de evitar los despidos por la crisis del COVID-19,
garantizar los servicios públicos -especialmente la salud-
gratuitos, universales y de calidad; y garantizar también la
vigencia de las libertades sindicales conquistadas a lo largo de los
años por la clase obrera.
Se plantea
entonces la disyuntiva de qué salida tomar: por un lado, están las
medidas que han llevado a la mayor concentración de capital en pocas
manos en la historia de la humanidad, que han debilitado el rol de
los Estados y dejado a miles de ciudadanos a nivel mundial en la
exclusión. Por el otro, medidas tendientes a la protección del
empleo, la extensión de la protección social, que buscan poner en
el centro al ser humano y particularmente al trabajador, garantizando
una fiscalidad progresiva y el fortalecimiento del rol del Estado que
garantice servicios públicos universales y de calidad.
América Latina
ha sufrido ya, en la década del 90, los efectos de la “salida
neoliberal”, fueron miles y millones de latinoamericanos empujados
a la pobreza y el desempleo. Hoy en un continente en plena “disputa”
entre sectores conservadores y progresistas que ocupan gobiernos, es
fundamental definir una política regional para hacer frente a la
crisis, retomar los espacios de encuentro y definir una salida basada
en la autodeterminación y sin tutelajes.
Paraguay
Como
mencionáramos anteriormente el gobierno paraguayo estima en cerca de
un millón y medio la cantidad de trabajadores que se verán
afectados por las medidas de confinamiento social, que llevan ya casi
un mes y aún no se tiene una certeza de cuando, y con qué
restricciones, serán levantadas. Basado en un modelo económico
agroexportador y con un “mercado de trabajo” marcado por una
fuerte presencia del sector informal, sustentado principalmente en
comercio y servicios y con un 90% de la mano de obra en relación de
dependencia trabajando en micro, pequeñas y medianas empresas;
Paraguay podría convertirse en una de las economías más afectadas
por la actual crisis; la propia OIT toma estas características como
las de mayor riesgo ante la situación.
Haciendo un
análisis de las medidas adoptadas por el gobierno hasta el momento,
podemos señalar que las mismas han sido insuficientes:
Medidas de asistencia inmediata: Ha pasado un mes desde el
inicio de la cuarentena y la asistencia inmediata que debía ser
entregada a las familias en condiciones de mayor vulnerabilidad aún
no ha llegado tan siquiera al 50% de la población meta, estimada en
330 mil personas.
Medidas de Protección al Empleo: El gobierno ha priorizado la
asistencia a las empresas, brindándole salidas como la suspensión
de contratos, el adelanto de vacaciones y la regulación del
teletrabajo. Sin embargo, esto no ha dado resultado, los despidos se
han duplicado y más de 30 mil trabajadores tienen sus contratos
suspendidos, supuestamente estos recibirán una asistencia económica
equivalente al 50% de un salario mínimo, sin embargo, dicha
asistencia aún está lejos de concretarse. La asistencia a los
trabajadores del sector informal de la economía tampoco ha llegado a
tiempo y aún se espera conocer cómo será aplicada. EN materia de
asistencia a las empresas, el Gobierno ha adoptado la decisión de
habilitar una línea de crédito que permita el sostenimiento de las
MIPYMES, sin embargo la misma no está resultando debido a que: a)
los trámites continúan siendo dificultosos, b) la banca pública
tiene una debilidad estructural que el gobierno no se ha decidido a
resolver a fin de garantizar su buen funcionamiento en esta crisis,
c) el gobierno ha decido gestionar una parte importante de la línea
de crédito a través de la banca privada, que no ha respondido y
estaría especulando con los recursos destinados a los créditos para
las empresas.
Achicamiento del Estado y mantenimiento de la fiscalidad
regresiva: Respecto a las medidas de fondo el Gobierno ha tomado
la decisión de tomar deudas en el mercado internacional, en una
primera etapa, por 1.600 millones de dólares para hacer frente a las
necesidades del sistema de salud y de protección social. Para hacer
frente a estas deudas el gobierno ha planteado un plan de Reforma del
Estado, que apunta fundamentalmente al “achicamiento” del Estado
a fin recortar el gasto público, lo que podría resultar
contraproducente fundamentalmente en una etapa en que se requiere de
mayor inversión pública a fin de sostener y re dinamizar la
economía. AL mismo tiempo el equipo económico del Poder Ejecutivo
ha anunciado que no pretende, en el corto y mediano plazo, realizar
ningún tipo de reforma al sistema tributario vigente; Paraguay tiene
una presión tributaria inferior al 10%, siendo una de las más bajas
de la región, además de un sistema de impuestos terriblemente
injustos, donde los sectores más concentrados y poderosos de la
economía terminan aportando proporcionalmente menos que los sectores
más empobrecidos.
Realizando un
análisis general podemos concluir que Paraguay ha optado hasta el
momento por medidas más cercanas, o tendientes, a una respuesta
neoliberal a la crisis: achicamiento del Estado, sostenimiento de la
fiscalidad regresiva, apuesta a la banca privada y medidas de
flexibilización del empleo.
Proteger a los
trabajadores, dinamizar la economía
Las medidas de
aislamiento social adoptadas por el gobierno, que han sido acertadas,
le han dado cierto respaldo social, sin embargo, el desgaste generado
por la situación de hambre que atraviesan miles de paraguayos que no
han recibido asistencia por parte del gobierno presagian un grave
conflicto social. Resulta urgente un golpe de timón, tanto en las
medidas de pronta asistencia como en aquellas de fondo que deben
apuntar a garantizar la protección social, recuperar la economía y
apuntar a la construcción de un modelo de desarrollo equitativo.
En este sentido
una propuesta crucial, que fue presentada ya en los primeros días de
la cuarentena por el movimiento sindical, que debe ser analizada y
discutida a fondo es la adopción de una Ley de Fuero Laboral que
prohíbe los despidos por el tiempo que dure la crisis -90 o 120 días
desde el momento de su adopción-. Medidas similares han sido
adoptadas ya por otros gobiernos, como los de Argentina y España.
Los beneficios de esta propuesta serían múltiples y complementarían
una serie de medidas que podrán ir encaminadas a lograr que Paraguay
salga de la crisis mejor parado de lo que entró en ella.
Por un lado, la
medida de prohibición de despidos, evidentemente, debe ir acompañada
de una medida de asistencia adecuada a las MIPYMES, claramente los
créditos que aún no llegan deben llegar y las líneas de créditos
deben estar disponibles incluso a lo largo de los años venideros,
los intereses deben ser bajos, se debe extender la moratoria de pago
de servicios públicos, de créditos ya asumidos por estas empresas,
y otras medidas. Esto garantizará que el sector empleador pueda
sostenerse con una rentabilidad aceptable y retomar la productividad
en el corto plazo.
Al mismo tiempo
la prohibición de los despidos y la asistencia a las empresas
permitirá sostener la demanda, por ende, mantener la dinámica del
aparato productivo lo que podría llevar a la generación de empleo
en el mediano plazo. El sostenimiento de la demanda permitirá
también un alivio a las arcas fiscales, ya que el 70% de los
ingresos impositivos provienen del IVA que se basa principalmente en
el consumo de la clase trabajadora, la recaudación por este impuesto
ha disminuido notablemente debido a la escasez de demanda existente
desde las medidas de aislamiento, lo que podría ser revertido.
Por otra parte,
la Ley de Fuero Laboral planteada por sectores sindicales establece
también el reconocimiento de todos los sindicatos por parte del
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social (MTESS), a fin de
brindar herramientas a los trabajadores para velar por el
cumplimiento de los acuerdos. Esta medida está acorde a los
postulados planteados por la OIT en materia de políticas que apunten
a capear la crisis actual; “el diálogo social” planteado por el
organismo internacional y defendido por el propio gobierno, no puede
ser posible sin el reconocimiento urgente de las organizaciones de
trabajadores a fin de que las mismas puedan ser interlocutoras para
la discusión de las medidas a adoptarse.
La Ley de Fuero
Laboral también brindará un apoyo importante a la formalización
del empleo ya que toda empresa que desee acceder a las asistencias
por parte del Estado deberá formalizar a sus trabajadores,
extendiéndose la seguridad social y los beneficios del empleo
formal.
Finalmente vale
la pena rescatar la centralidad que tendrá el Estado para lograr una
salida que se aleje de la barbarie en la coyuntura actual; una fuerte
inversión pública en todos los sectores que la sociedad demande, el
fortalecimiento de la regulación laboral, una reforma tributaria que
se acerque más a la justicia fiscal y la planificación de la
economía serán fundamentales para este objetivo. Las propuestas del
movimiento social en general y del sector sindical en particular
apuntan en esa dirección y lo hacen de forma correcta, es momento
que los actores políticos con capacidad de incidencia en las
decisiones gubernamentales pongan el oído hacia estos sectores y
presionen para que estas medidas sean adoptadas.
