Somos un Colectivo que produce programas en español en CFRU 93.3 FM, radio de la Universidad de Guelph en Ontario, Canadá, comprometidos con la difusión de nuestras culturas, la situación social y política de nuestros pueblos y la defensa de los Derechos Humanos.
Un soldado causó la muerte de una mujer transexual
▲ Manifestación frente a la sede de la tercera brigada del ejército en
Cali, Colombia. La protesta tuvo lugar después de que un soldado matara a
tiros a una mujer transexual mientras viajaba en un automóvil, una
acción que el ejército reconoció y lamentó.
Cali. Un grupo de manifestantes golpearon ayer a un
agente antidisturbios en Cali durante una protesta por la muerte de una
mujer transexual tiroteada por un integrante del Ejército colombiano.
Las manifestaciones se desataron después de que las fuerzas armadas
confirmaran que un soldado mató a Juliana Giraldo, de 38 años, en
Miranda, en el suroeste del país.
En el momento del incidente, que se produce en plena polémica por la
brutalidad policial en el país latinoamericano, Giraldo estaba dentro de
un vehículo con su pareja, y según los militares, no se detuvo cuando
se le ordenó.
Según el diario El Tiempo, durante la protesta los manifestantes incendiaron la motocicleta del agente, quien tuvo que ser hospitalizado.
La muerte de Giraldo ocurre después de que el abogado de 46 años
Javier Ordóñez fue asesinado por varios agentes el pasado 9 de
septiembre.
Las protestas suscitadas por este caso provocaron disturbios y
ataques contra varias comisarías, que se saldaron con la muerte de otras
13 personas. Esta semana, el Tribunal Supremo ha emitido un fallo que
condena la brutalidad policial en Colombia.
Así, la corte ordenó al gobierno que garantice las protestas pacíficas y que pida perdón por los excesos
cometidos por las fuerzas de seguridad, especialmente durante las
protestas de noviembre de 2019, cuando un proyectil lanzado por la
policía acabó con la vida del joven Dilan Cruz, ahora símbolo de la
lucha contra el uso excesivo de la fuerza
Conducta individual
El general Marco Mayorga aseguró ayer en entrevista con
Radio Caracol que la bala que impactó contra Giraldo rebotó primero en
el suelo. Reiteró que lo ocurrido fue resultado de una conducta individual y sostuvo que se puso en marcha un acto de reconciliación con los familiares de la víctima.
En el retén uno de los soldados siente que el vehículo va a obviar
el pare y da un disparo que no está contemplando en ningún protocolo o
entrenamiento, el soldado dice que disparó a las llantas para detener el
vehículo y al parecer el proyectil rebotó en el pavimento, cambia la
trayectoria e impacta contra Juliana, sostuvo.
Mayorga agregó que el soldado se encuentra en una base militar a disposición de la Fiscalía para analizar su situación.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) escribió en su cuenta de Twitter que el organismo condena
el asesinato de Juliana Giraldo Díaz, quien falleció como consecuencia
de un disparo de un integrante de la tercera división del Ejército
Nacional, en un operativo de control el 24 de septiembre en el municipio
de Miranda, Cauca.
Bogotá. El director encargado de la Policía de Colombia,
general Gustavo Moreno, pidió perdón ayer por la muerte del abogado
Javier Ordóñez, ocurrida cuando fue detenido el pasado martes en un caso
de brutalidad policial que provocó manifestaciones violentas en Bogotá
durante dos noches con un saldo de 13 muertos, al menos 140 heridos y
cuantiosos daños materiales en distintas ciudades.
En nombre de los casi 169 mil hombres y mujeres que integran la
institución, pedir a la familia de Javier Humberto Ordóñez Bermúdez
perdón... perdón por esas acciones, dijo Moreno en rueda de prensa.
Según el oficial, lo que se observa en el video del arresto de la
víctima no corresponde al accionar de los integrantes de la institución y
resaltó también que los policías están para proteger la vida y honra de los ciudadanos.
Ordóñez y dos amigos suyos fueron detenidos cuando violaron el toque de
queda por la pandemia para ir a comprar bebidas alcohólicas.
Uno de sus amigos grabó en su teléfono como era sometido Ordóñez
repetidamente con descargas de una pistola eléctrica taser mientras
estaba en el suelo y suplicaba Ya, por favor, ya no. Después fue llevado a una estación policial y posteriormente a un hospital, donde murió.
Cinco agentes más detenidos
Moreno subrayó que como director encargado de la Policía pide perdón a los familiares y amigos de Javier Ordóñez, perdón a todos los ciudadanos, a todos los colombianos, porque situaciones como la presentada lesionan gravemente la confianza de los ciudadanos en la Policía.
Horas antes, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, informó
que cinco policías más –presentes en la estación en el momento en que
llegó Ordóñez detenido– fueron suspendidos y vinculados a la
investigación, al igual que los dos uniformados que lo detuvieron.
Holmes Trujillo agregó que la Policía Nacional de Colombia recibirá
formación en protección de derechos humanos por parte de la Defensoría
del Pueblo y de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Al término de una reunión con el defensor del pueblo (ombudsman), Carlos Camargo, Trujillo informó que se trabajará en cinco ejes para fortalecer el proceso de modernización y transformación de la policía, y que el
segundo eje, educación y formación, contará con el acompañamiento de la
ONU en los temas de prevención, promoción y protección de derechos
humanos.
Un abogado de 43 años que desafió el toque de
queda en Bogotá por el Covid-19 murió tras recibir varias descargas
eléctricas con una taser
▲ Manifestantes arrojan piedras a la policía en enfrentamientos durante la madrugada de ayer en Bogotá.
Bogotá. La capital colombiana y sus alrededores eran
escenario anoche de enfrentamientos entre manifestantes y policías,
luego de que por la noche del miércoles al jueves murieron 10 personas,
cerca de 400 resultaron heridas y unas 60 instalaciones policiales
fueron atacadas tras el asesinato del abogado Javier Ordóñez a manos de
dos uniformados que le aplicaron descargas eléctricas.
Al cierre de esta edición se reportaron nuevas movilizaciones en las ciudades de Medellín, Barranquilla y Manizales. El diario El Tiempo reportó en su página web que había enfrentamientos en algunas de esas ciudades.
Las manifestaciones y los disturbios estallaron tras la agresión
policial a Ordóñez, de 43 años y padre de dos hijos, quien falleció
luego de que estando ya sometido y en el suelo recibió repetidas
descargas con un arma eléctrica taser, en circunstancias que las autoridades investigan.
Ya, por favor, no más, se escucha suplicar varias veces en un
video subido a redes sociales, que evoca el caso del afroestadunidense
George Floyd, asfixiado en mayo en Minneapolis por un policía blanco.
Ordóñez salió la noche del martes con dos amigos a comprar bebidas
alcohólicas, en desafío a la cuarentena impuesta por el Covid-91. Dos
policías en motocicleta se presentaron en la zona de Engativá, en el
occidente de la capital, tras el reporte de un vecino.
Uno de los uniformados advirtió a Ordóñez que lo multaría, a lo que
el abogado respondió que haría el pago. Entonces fue sometido con las
descargas eléctricas. Sus amigos filmaron el ataque. Ordóñez fue llevado
después a la estación policial, donde, según uno de sus acompañantes,
fue molido a golpes, y luego conducido a una clínica, donde murió.
Tras viralizarse los videos del asesinato, las protestas comenzaron a
multiplicarse antenoche. Las autoridades reportaron que hasta ayer a
las cuatro de la tarde había 10 muertos; 209 civiles que tuvieron que
ser hospitalizados, de ellos 179 en Bogotá, y además hubo 188 policías
lesionados, refirió El Tiempo.
Las protestas contra la violencia policial se propagaron desde
antenoche a otros puntos de la capital y se extendieron a Medellín, Cali
y Barranquilla.
En Bogotá se reportaban movilizaciones anoche en siete puntos, así
como en las cercanas localidades de Fontibón, Soacha y Cajicá.
La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, opositora del gobierno
nacional, denunció que la policía usó indiscriminadamente la fuerza y
las armas de fuego contra los manifestantes. ¿Qué clase de entrenamiento reciben para tener esa respuesta absolutamente desproporcionada ante una protesta?, preguntó al pedir una reforma profunda a la policía.
Al lamentar el saldo de los enfrentamientos que culminaron la madrugada de ayer, expresó: Eso no ocurrió ni en un combate en las peores épocas del conflicto armado en Colombia.
Descartó el toque de queda al cuestionar: ¿De verdad queremos una
razón más de confrontación entre la ciudadanía y los policías? Lo que
tenemos que lograr es aliviar las tensiones.
El ultraderechista ex presidente Álvaro Uribe, en prisión domiciliaria por el juicio que enfrenta por fraude procesal, tuiteó: Mejor
toque de queda del gobierno nacional, fuerzas armadas en la calle, con
sus vehículos y tanquetas, deportación de extranjeros vándalos y captura
de autores intelectuales. Mejor que muertos, policías heridos, que
destrucción de CAIS (instalaciones policiales), riesgos a Transmilenio y
al Tranvía de Medellin.
El presidente Iván Duque prometió una investigación con total rigor para tener absoluta certeza sobre los hechos, pero rechazó que se estigmatice y se les llame asesinos a los uniformados.
Según la alcaldesa López, en lo que va del año se han presentado 137
denuncias por uso excesivo de la fuerza de la policía en Bogotá. Hay un problema estructural de casos de abuso y, además, impunidad, sostuvo.
En medio de nuevos llamados a manifestaciones, el gobierno anunció
que reforzará a las fuerzas de seguridad de Bogotá con mil 600 policías y
300 militares.
Dos de los escándalos por abusos policiales ocurrieron con anterioridad también en Bogotá.
En noviembre de 2019, Dilan Cruz, de 18 años, quien participaba en
una protesta antigubernamental, fue herido de muerte en la cabeza con
una munición de perdigones disparada por un miembro del escuadrón
antidisturbios de Bogotá.
En agosto de 2011, un artista urbano identificado como Diego Becerra
murió luego de que un policía le disparó mientras pintaba un grafiti en
la capital del país.
Bogotá. Documentos desclasificados difundidos por el Archivo de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA, por sus siglas en inglés), publicados ayer, revelan nuevos detalles sobre los presuntos vínculos entre el ex presidente colombiano Álvaro Uribe y los grupos paramilitares que lo llamaron El viejo.
Según los documentos, un memorando de 2004 muestra que un alto funcionario del Pentágono informó al entonces secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, que Uribe tuvo, casi con certeza, vínculos con los paramilitares.
Los funcionarios del Pentágono y de la embajada de Estados Unidos en Colombia describieron varios relatos de los supuestos vínculos de Uribe con los paramilitares que se remontan a su época como gobernador del departamento de Antioquia, en la década de los 90.
Asimismo, revelan que un informe de inteligencia militar estadunidense de 1991 recién desclasificado vinculaba a Uribe con narcotraficantes, en específico con Pablo Escobar (1949-1993), jefe del cártel de Medellín.
Los registros abarcan unos 25 años de rumores, acusaciones y pruebas de los vínculos de Uribe con narcotraficantes y paramilitares. El informe fue desclasificado en momentos en que la Suprema Corte de Justicia de Colombia trasladó a la fiscalía el proceso contra el ex mandatario, en arresto domiciliario por acusaciones de fraude procesal, y quien recientemente renunció a su escaño como senador.
El informe completo en: https://cutt.ly/zflsDt0
En tanto, Estados Unidos frenó la extradición a Italia de Salvatore Mancuso, ex líder paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia, y ahora corre el riesgo de ser enviado a Bogotá, donde es solicitado por la justicia.
Las FARC fueron fundadas en 1964. En mayo pasado habrían
cumplido 56 años de existencia. Pero, aunque esas FARC, con la firma del
Acuerdo de La Habana pasaron a la legalidad, al mismo tiempo o poco
después irrumpieron varias organizaciones armadas retomando su nombre;
entre ellas las FARC-EP Segunda Marquetalia.
¿Son las aspiraciones de los guerrilleros de las distintas nuevas FARC las mismas de los hombres de Manuel y Jacobo?
Saludos para ti y para quienes tengan acceso a esta entrevista. Te
respondo reafirmando que somos un proyecto que guarda continuidad con el
de 1964. Es lo definido por quienes entre el 22 y el 24 de agosto de
2019 nos reunimos para realizar la Reunión Extraordinaria de Comandante FARC-EP La Lucha Sigue. Por
eso en mayo pasado celebramos el aniversario 56 tomando lo ocurrido en
agosto como un hito importante, refundacional, de reconstrucción, en la
historia de más de medio siglo que tenemos como organización
revolucionaria.
Referirme a estas fechas de aniversario me permite precisar que
existe un trasegar de las FARC con la continuidad trazada por la
Dirección histórica, entendida esta como el núcleo fundacional
encabezado por Manuel Marulanda Vélez, Jacobo Arenas y Hernando González
Acosta, respecto a la cual hay un relato más o menos consensuado y
admitido por la militancia de uno y otra estructura del presente, hasta
2016, y que está consignado en los libros que sobre el tema escribió
Arturo Alape tomando como fuente al comandante Marulanda Vélez,
especialmente; lo plasmado por el mismo comandante en Jefe en sus
Cuadernos de Campaña de 1964 y los textos escritos y publicados por
Jacobo Arenas, entre los que se cuentan, Diario de la Resistencia de
Marquetalia/, Cese al Fuego/, Correspondencia Secreta del Proceso de Paz
/y Diálogos de Paz, Amigos y Enemigos, principalmente.
Se complementaría esta historia de origen con los documentos
oficiales de las Conferencias y Plenos del Estado Mayor Central, hasta
el momento en que se inician las conversaciones de La Habana, todo lo
cual constituiría un primer bloque historiográfico genuinamente fariano,
alrededor del cual puede haber otros documentos de terceros
observadores o estudiosos de la temática. Pero evidentemente, existe
otro escenario de debate de tal historia a partir del punto de quiebre y
ruptura de la unidad interna de las FARC-EP, que se produce con los
Diálogos de Paz de La Habana, con momentos diferenciados como lo son el
de conversaciones propiamente dicho, el de acuerdo y firma del mismo y,
finalmente, el de su fallida implementación.
En tal etapa se entremezclan visiones, posiciones políticas e
ideológicas, que van diferenciándose y marcando ruptura, no solamente
entre sectores de quienes adelantan las conversaciones sino también
respecto a sectores que no admitieron la línea de adelantar el proceso
de paz en los términos en que se desenvolvió. Así, entonces, los relatos
sobre lo ocurrido en este escenario pueden ser coincidentes en el
abordaje de algunos aspectos, pero contradictorios y de choque en otros,
fundamentalmente en lo que concierne al asunto de la dejación de armas y
la forma como asumir la reincorporación frente a los incumplimientos de
los compromisos por parte del gobierno, lo cual conducirá al
distanciamiento de un importante y amplio sector de la militancia, del
conjunto del proceso al que consideraron traicionado por el
Establecimiento.
Agregado a esto, hay un tercer escenario para la discusión y
definición de la historia de las FARC-EP, que se expresa con el proyecto
FARC-EP (Segunda Marquetalia), y que presenta específicos hitos
refundacionales y prospectos de desarrollo político-militar de
continuidad respecto a la organización originaria, conviviendo con
proyectos paralelos representados por los sectores de las antiguas FARC,
que no participaron del proceso de paz, pero que también se reivindican
como continuadores de la organización originaria, y en ese plano van
teniendo su propia dinámica de existencia.
Como Segunda Marquetalia, sintetizo en tres los aspectos
fundamentales de nuestra lucha por la justicia social, desde el momento
mismo de la fundación de las FARC-EP:
La lucha por la tenencia y uso de la tierra, siempre aspirando a
alcanzar la propiedad sobre la misma, con instrumentos y recursos para
su explotación adecuada en equilibrio con la naturaleza;
La
satisfacción de las necesidades básicas de subsistencia, es decir de
alimentación, salud, vivienda, educación, servicios públicos
fundamentales, recreación y cultura;
La superación de la desigualdad, la pobreza y la exclusión política. Todo ello en condiciones de dignidad, libertad y soberanía.
Las guerrilleras y guerrilleros de ayer y los de hoy tienen esas
mismas aspiraciones, porque se trata de metas planteadas como
necesidades que no han sido resueltas para las mayorías en Colombia.
Antes que darles solución a los problemas que se derivan de su
insatisfacción, se han profundizado.
El orden capitalista engendra el carácter antagónico entre distintos
sectores sociales, políticos y económicos en Colombia. Y eso no ha
cambiado desde la época de fundación de las FARC-EP. En su seno descansa
la conflictividad violenta emanada de los procesos de acumulación,
signados por la variable de la apropiación violenta de la tierra en muy
pocas manos.
Por ponerle sólo un ejemplo, en nuestro país más de 40 millones de
hectáreas están en manos del latifundio ganadero. Eso equivale a más de
un tercio del territorio nacional, generando fenómenos de praderización,
de daño al medio ambiente y desplazamiento forzado, por decir lo menos.
Mientras del 100 por ciento de la gente que trabaja en el campo al
menos la mitad no tienen tierra y del resto son menos del 50 por ciento
los que tienen titulación. Por eso, un aspecto central de cualquier
solución política al conflicto pasa por la realización de una reforma
rural integral que incluya no solamente aspectos de explotación
agropecuaria sino de reconfiguración territorial, geoespacial en favor
de la gente del común.
-¿El regreso a la lucha armada es la confirmación de que el proceso de paz fracasó?
-El regreso a las armas de muchos de quienes se involucraron o nos
involucramos en construir un acuerdo de paz con el gobierno, es un
indicador muy diciente de la inexistencia de la paz en Colombia, pero no
es su causa.
Recordemos que el fallido proceso de paz de la Habana es uno de los
tantos que ya han fracasado en nuestro país, pero así este que nosotros
adelantamos y derivó en un Acuerdo hubiese tenido menos perfidia de la
que ha sufrido y nosotros estuviéramos en la legalidad, otras fuerzas
insurgentes seguían activas con razón. La traición del establecimiento
al proceso del que nosotros participábamos, es una razón más para
mantenerse en rebeldía. Pero por sobre todo ello, está la conflictividad
social que surge de la falta de justicia social, del incremento
creciente de las desigualdades por cuenta de la mezquindad de una clase
oligarca que persiste en mantener sus privilegios extremos a costa del
bienestar de la mayoría de sus compatriotas, sólo para satisfacer las
exigencias insaciables de un imperio decadente como el yanqui y sus
propias extravagancias.
-Después de varios procesos de paz fallidos, seguís pensando
que el camino de la negociación es posible o pensáis tomar el poder por
las armas?
-Ni antes ni después de las conversaciones y la firma del Acuerdo de
Paz de La Habana, la dirigencia genuinamente fariana ha pensado que
existe un único camino para establecer la justicia social y la paz con
dignidad, libertad y soberanía en Colombia. Sabemos sí, que
históricamente las transformaciones a las que aspiramos se producen con
revoluciones que generalmente son violentas porque así lo imponen
quienes detentan el poder, pero siempre aspiramos a que se produzca una
salida dialogada. Y ese diálogo deberá ser entre adversarios, cualquiera
que sea su calidad.
Nosotros deberemos prepararnos para la guerra con una oligarquía que
ha demostrado ser mezquina, sanguinaria y tramposa; pero es deber
nuestro procurar el menor derramamiento de sangre buscando una salida lo
menos cruenta posible. Quizás la salida política negociada parezca una
ilusión, pero su búsqueda la entendemos como un deber al que no le vamos
a hacer el quite.
-Ustedes rompieron con el partido FARC, liderado por
Timochenko. Cual es la relación que mantenéis con los ex-guerrilleros de
base a lo largo del país?
-Tomamos un camino diferente obligados fundamentalmente por la
traición gubernamental al Acuerdo, pero también nos distanciaron
posiciones políticas que no compartimos porque creemos que se apartan de
nuestra concepción raizal bolivariana y comunista. Este es un problema
de índole político que debería no enemistarnos al punto de romper
cualquier posibilidad de acercamiento, coordinación o convergencia como
puede ocurrir con respecto a cualquier otro partido, organización
política, o social, o movimiento real de lucha.
La necesidad de la convergencia y su búsqueda son un conjunto de
orden estratégico, solamente que nosotros actualmente operamos en la
ilegalidad y eso no nos permite tener ningún vínculo o relacionamiento
formal ni con la facción que lidera Timochenko ni con ninguna otra
porque sencillamente estaríamos sometiendo a la gente a los peligros del
terrorismo de Estado y el macartismo que imperan en Colombia. Con los
exguerrilleros guardamos afectos nacidos de una historia de lucha
compartida, agregando los afectos que en general tenemos respecto al
pueblo colombiano explotado y vilipendiado, al cual nos debemos y por el
cual luchamos presentándoles una propuesta que aspiramos que abracen
sea vinculándose a nuestras filas, a nuestras estructuras, o sea también
desde la legalidad defendiendo propósitos que nos aproximen como lo
pueden ser la búsqueda de la justicia social o la defensa de la
soberanía.
Foto: Ibai Trebiño
-Cual es la sensibilidad general de los ex-guerrilleros sobre el proceso de paz.
-En general es notorio un desencanto respecto a las grandes
expectativas que había de transformar el país en beneficio de los más
desfavorecidos, al menos logrando sentar las bases de la reforma rural,
de la reforma política y de otras conquistas menores. Pero nada de eso
se ha dado. Ni siquiera lo más elemental que es el desarrollo de un
proceso decente de reincorporación económica, política y social. Hay
además temores por el terrorismo de Estado que se está sufriendo, por
los asesinatos contra dirigentes comunitarios y excombatientes por
centenares; militantes farianos han sido acribillados alrededor de 250
desde la firma del Acuerdo. Según Indepaz, dirigente comentarios van más
de 730 asesinados.
Más allá del desencanto hay total o parcial perdida de credibilidad
en el instrumento del diálogo y los acuerdos, porque es notorio que son
fácilmente vulnerados, sin que exista una garantía de solución a los
incumplimientos. Por ello el regreso de muchos, muchos excombatientes y
la vinculación de nuevos insurgentes a la lucha armada, pero sin duda
también hay en otros muchos excombatientes, militancia política y
simpatizantes de la solución política al conflicto, una honesta,
valerosa, arriesgada y respetable posición de persistir en la defensa de
lo pactado, así que la sensibilidad no es una sola sino que existen
diversas sensibilidades, valoraciones y reacciones.
-¿Y sobre el regreso a la opción armada?
-Como tú dices, es una opción y no es la única. Es además un derecho
legítimo; el derecho que tienen los pueblos a rebelarse con la fuerza
frente a regímenes tiránicos como el que ha tenido Colombia durante toda
su era republicana. Esta opción entraña además un derecho a la legítima
defensa grupal, colectiva, de personas que no quieren enfrentar el
terrorismo de Estado, la guerra sucia del establecimiento, su
criminalidad inveterada con los solos pechos desnudos y una concepción
de martirologio.
Sabemos que la lucha de clases entraña también un problema de orden
militar que no podemos soslayar, sino que debemos asumir para que así
sea menos doloroso y traumático, para poder llegar a un escenario de
negociación que acabe con la confrontación que nos imponen los
oligarcas.
Hasta el momento van 238 ex-guerrilleros asesinados. ¿Quien está por detrás de la aniquilación de estas mujeres y hombres?
-A esta pregunta ya he respondido varias veces, y quiero repetir que
sin negar que pueda haber causas específicas para uno u otro caso en
particular, que respondan a asuntos personales o que no tengan nada que
ver con la violencia política que se padece en el país, lo esencial está
en que las muertes son producto de la acción y omisiones sistemáticas
del Estado. Reiteraría algo de lo dicho en otras entrevistas, en cuanto a
que tanto los asesinatos de dirigentes comunitarios como de
exguerrilleros, muchos de los cuales son también dirigentes, son
víctimas sistemáticas del terrorismo de Estado.
Antes he dicho que asistimos a un reforzamiento de la violencia
sistemática institucional y para-institucional; es decir, un
reforzamiento estatal de la Doctrina de la Seguridad Nacional y Enemigo
Interno, que deriva de la famosa “paz con legalidad” del gobierno de
Iván Duque y que está encaminada a adelantar un proceso de pacificación
represiva de los territorios estratégicos. Actúan con la excusa de la
“seguridad interna”.
Ahora se inventaron las Zonas Estratégicas de Intervención Integral
(ZEII), coincidentes con los Espacios Territoriales de Capacitación y
Reincorporación (ETCR), que son los espacios piloto para iniciar la
reincorporación de los excombatientes. Estos espacios para la paz,
entonces se están usando para experimentar el reforzamiento de una
estrategia contrainsurgente de aislamiento del territorio y copamiento
militar del mismo, al tiempo que se contribuye a la recomposición del
paramilitarismo, con un propósito evidente de acelerar la expansión del
modelo de acumulación que articula cadenas legales e ilegales de
valorización de capital.
En ese contexto es que se producen los asesinatos de los que estamos
hablando. Las regiones más afectadas por los asesinatos están dentro de
la delimitación de las zonas que cubren los 170 municipios PDET, a los
cuales se les está aplicando el tratamiento criminal de la Política de
Defensa y Seguridad (PDS), que no es otro que el de la doctrina
contrainsurgente de la seguridad nacional. Y a los asesinatos le suman
falsos positivos como el que protagonizó Timochenko, a fin de adelantar
campañas tendientes a mostrar que los hechos de sangre son producto de
la división interna de las FARC.
Este caso lo pongo especialmente de presente porque lo que hicieron
con esos muchachos excombatientes; me refiero a Carlos Andrés Ricaurte y
Gerson Moisés Morales, fue una infamia. Los supuestos salvadores del
exjefe guerrillero lo que hicieron fue torturar y asesinar a personas
que seguían creyendo en el proceso. Ahí usted puede darse cuenta que una
de las razones que ha apresurado la decisión de retomar el camino de
las armas, es la guerra sucia, el terrorismo de Estado, y que las
explicaciones que se dan conjugando lenguaje de orden público, hablando
de “zonas rojas” donde imperan grupos criminales anarquizados, con
pugnas por control territorial, que de paso victimizan al Estado, no
hacen sino tratar de ocultar la responsabilidad del régimen.
–Algunas fuentes dicen que se tratan de asesinatos ejecutados por disidentes de las FARC.
-Ya he dicho que puede haber casos que no necesariamente obedezcan a
la marcha del terrorismos de Estado, pero no tengo elementos para
afirmar que las muertes de excombatientes o dirigentes comunitarios sea
producto de políticas trazadas por organizaciones “disidentes”. No
considero eso posible si es que bajo esa denominación estás incluyendo a
quienes en este momento por estar alzados en armas no pertenecen al
partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común pero vienen de las
raíces marulandistas. Y sobre eso, hay varias organizaciones que
enarbolan el nombre y las banderas de las FARC-EP del comandante Manuel,
que tienen sus propias direcciones y voceros y seguramente ellos podrán
responder con sus argumentos y con más detalle a esta pregunta tuya.
En lo que respecta a las FARC-EP, Segunda Marquetalia, ninguna muerte
ha sido ordenada por estructura alguna nuestra. No es esa nuestra
política por profundas que sean las contradicciones. Estas deben darse
en el plano de las ideas y no en otro. Entonces aprovecharía para
reiterar que en el sonado atentado contra Timochenko, que hasta donde se
sabe fue un falso positivo, no tuvimos que ver absolutamente en nada. Y
agregar que se alcanza a advertir en estos procedimientos, una extraña
maniobra tendiente a estigmatizar aún más a quienes siguen alzados en
armas por un lado, y al mismo tiempo una especie de treta tendiente a
restarle confianza al componente de exguerrilleros y personal de la UNP
que no marchan con el oficialismo gubernamental y el timochenquista.
Nadie debe dudar que la guerra sucia gubernamental está en marcha y
no es nada novedoso como método de opresión en nuestro país, por eso
ahora lo que haría sería un llamado radical a que la gente no se deje
matar en estado de indefensión. Hay que seguir peleando, resistir, no
abandonar por ningún motivo los sueños de cambio y de búsqueda de paz
con justicia social, y precisamente ese es el espacio que queremos
brindar en las filas de las FARC-EP, Segunda Marquetalia o decirles a
quienes se sientan perseguidos, que la lucha clandestina y armada es
absolutamente legítima sin importar la organización por la que opten,
siempre que ella reivindique los intereses populares.
-En este proceso de regreso a la opción armada, hubo una
dispersión de grupos que son acusados muchas veces de abandonar el
ideario político y abrazar actividades económicas ilegales. Que retrato
se puede hacer de las diferentes organizaciones que siendo herederas de
las FARC-EP siguen actuando con las armas? Hay diferentes motivaciones
detrás de ellas?
Es muy prematuro hacer caracterización de todas las agrupaciones que
reivindican el nombre de las FARC-EP. Pero lo que se puede afirmar con
certeza, es que la mantención de las condiciones de desigualdad, miseria
y exclusión política que generaron la violencia política en Colombia,
por cuenta del Bloque de Poder Dominante, justifican plenamente el
ejercicio del derecho legítimo a la rebelión armada, independientemente
que una organización insurgente u otra decida tomar el camino de la
lucha política abierta, desarmada.
Tras el proceso de paz entre Gobierno y FARC-EP, hubo sectores de
nuestra organización que desconfiaron de la palabra del gobierno y por
eso no se vincularon al mismo, o desistieron al momento de percatarse el
engaño que entrañaba el acuerdo de dejación de armas, y otros
alcanzamos a vivir la temprana traición de la implementación. Todos
tenemos identidad ideológica y política incuestionablemente. Pero todos
estamos en procesos de reconstrucción que tienen complejidades, porque
se desenvuelven en medio de la guerra y de las crisis propias que trajo
nuestra división interna.
Esta etapa deberá ser superada y quienes somos revolucionarios,
tenemos el deber de tomar el camino de la unidad para poder enfrentar
con mayor fortaleza a un enemigo pertinaz, sanguinario y muy poderoso
que es el Estado colombiano como instrumento de los Estados Unidos al
que está subordinado. Las actividades contra el régimen, enfrentar la
guerra que nos han impuesto durante décadas utilizando ingentes recursos
para aniquilarnos, nos obligan a fortalecernos política y militarmente,
para lo cual también requerimos de recursos que no nos los va a dar el
establecimiento, ni las ONGs, ni la comunidad internacional, ni
procedimientos cobijados por la legalidad. Como en toda guerra de
resistencia, independencia, liberación, antitiránica, etc. los recursos
que se han utilizado son ilegales.
–Siendo que hay otras estructuras que siguen movidas por
razones políticas, hay algún tipo de contacto o posibilidad en el futuro
de reorganización y unidad?
-Sí. Como le dije, no se trata solo de una necesidad sino de un deber
de revolucionarios, buscar caminos de aproximación, de unidad o al
menos de coordinación para avanzar hacia la conquista de propósitos de
emancipación como los que nos inspiran a todos y nos identifican con los
anhelos de justicia social con las mayorías. Eso de la unidad es un
asunto de orden estratégico, vital, para las FARC-EP, Segunda
Marquetalia.
-¿Hay también una reactivación de las estructuras civiles
políticas como el Partido Comunista Colombiano Clandestino y el
Movimiento Bolivariano para la Nueva Colombia?
-Sí la hay. En la llamada Reunión Extraordinaria de Comandantes que
realizamos exactamente hace un año para relanzar el proyecto FARC-EP,
con el signo específico distintivo de Segunda Marquetalia, como ya te
dije en mi primera respuesta, nos refundamos como un proyecto que
expresaba continuidad con las antiguas FARC-EP marulandistas y
bolivarianas. Digamos que en lo fundamental las estructuras que existían
antes del fallido Acuerdo fueron también refundadas, de tal manera que
hoy en día tenemos un renovado Partido Comunista Clandestino, un
Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia, estructuras de milicias y
frentes de masas.
Todavía no en la dimensión de antes, pero sí dentro de una dinámica
de mayor depuración derivada de la experiencia vivida y de la necesidad
que se nos impone de acentuar la compartimentación frente a la
agudización del terrorismo de Estado. Paso a paso vamos creciendo,
cualificando y tratando de coordinarnos con el movimiento comunista
internacional. Entonces, en este primer aniversario del relanzamiento
podemos decir que en todos los planos mencionados, el balance es
positivo, y lo principal es que ya hemos logrado hacer el despliegue
fundamental de nuestra pequeña gran organización guerrillera.
Se que había una propuesta histórica de las FARC de
substituir la producción de la hoja de coca por otros productos
agrícolas en el acuerdo de paz. ¿Eso está siendo cumplido?
-Lo pactado en materia de narcotráfico fue violado desde el momento
mismo en que inició la implementación del Acuerdo. El mismo gobierno de
Santos insistió en mantener la política venenosa, nociva, de las
fumigaciones por encima de la política de sustitución que es la que
contempla el Acuerdo, vinculada a la política de Reforma Rural Integral.
Luego Duque terminó de hundir tanto la Reforma Rural como la política
de sustitución, reactivando la llamada “guerra contra las drogas”, la
represión inhumana contra la gente humilde del campo como ocurre en El
Guayabero y Catatumbo, entre tantos ejemplos denunciados en las redes
sociales; es decir que asistimos a la reconfiguración de la fracasada
versión gringa de la lucha antinarcóticos, que incluye las
erradicaciones forzosas y las fumigaciones aéreas.
Hoy en día, la proliferación de los narco-cultivos sigue siendo el
producto de la negativa a darle tratamiento de orden social al problema.
El tratamiento militarista en términos de problema de orden público,
desatendiendo la solución de las necesidades que empujan a las inmensas
pobrerías del país hacia las economías ilegales, está en la esencia del
fracaso.
En lo que concierne a las FARC-EP Segunda Marquetalia, la posición
frente al problema de la proliferación de los cultivos de uso ilícito y
del narcotráfico, está más o menos planteada en el Acuerdo de La Habana.
Al menos su cumplimiento sería una buena base de inicio, pero ligándolo
con el conjunto de las soluciones sociales y en particular con la
Reforma Rural Integral, agregando una política de tratamiento penal
diferencial que no atropelle a las familias rurales que terminan
involucradas en esas economías más como víctimas que como cualquier otra
cosa.
Se les acusa de estar involucrados en el narcotráfico. ¿Cuál
es la posición de FARC-EP Segunda Marquetalia sobre este tema y como
piensan comportarse en relación a los productores de coca y
terratenientes?
-No somos narcotraficantes, somos revolucionarios estigmatizados y
usados como mampara del establecimiento para ocultar sus conductas
mafiosas y proseguir una guerra de acumulación de territorio y de
recursos estratégicos en favor de las trasnacionales y en especial en
favor de Estados Unidos, que entre otras cosas es por antonomasia la
cueva del narcotráfico.
Pero le recuerdo que el narcotráfico además de ser un problema social
que cruza al conjunto de la sociedad colombiana corrompiendo su
economía, sus costumbres, tradiciones y cultura, entre otros espacios,
es un problema de Estado que involucra también y sobre todo la
corrupción de sus instituciones. Esto es inocultable. Pero además habría
que precisar que no se trata de un problema local o nacional sino
transnacional, de un macro negocio capitalista que con otras economías
ilegales toca no menos de cinco punto del Producto Bruto Mundial.
En Colombia uno de los espacios más contaminados es el capital
financiero, pero reitero que esto dentro de un entramado que toca al
conjunto de las instituciones, de tal manera que colocar a las
guerrillas como chivo expiatorio no resuelve nada, es un mero asunto de
propaganda contrainsurgente que equivocadamente se vuelve a repetir por
parte de un gobierno gansterizado como el de Iván Duque, que no termina
de aclarar sus vínculos con el narco Ñeñe Hernández, con Memo Fantasma y
otros fantasmas raizales de la mafia uribista.
Ligando con la respuesta a su pregunta anterior, le reiteraría que
nuestra posición en busca de una solución, retomando una antigua
propuesta de Manuel Marulanda Vélez, no como jefe de un cartel de narcos
sino de una organización rebelde, quedó planteada en los debates de La
Habana y plasmada en el traicionado acuerdo de paz. Esta solución
vincula cultivos de uso ilícito, producción y comercialización de
drogas, proponiéndose principalmente asumir y tratar el consumo con un
enfoque de salud pública; la persecución estatal debe dirigirse contra
organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y a la
comercialización.
Debe haber en el tratamiento al problema de las drogas un
reconocimiento de los usos ancestrales y tradicionales de la hoja de
coca, y se deben promover procesos completos y concertados de
sustitución de cultivos de uso ilícito por otros cultivos alternativos,
implementando además políticas de tratamiento penal alternativo para los
campesinos que como ya dije son más que todo víctimas de este tipo de
economías. Por ello insistimos en que cualquier política seria, debe
estar vinculada al desenvolvimiento de la reforma rural integral, tal
como se explica en lo acordado respecto a los puntos 1 y 4 de lo que
fuera la Agenda de los Diálogos de La Habana, todo lo cual, si se
observa bien, está construido sobre las demandas históricas del
movimiento social popular colombiano.
-¿Cómo analizáis las acusaciones de Nicolás Maduro de que Colombia está detrás del intento de incursión armada en Venezuela?
-Para saber que Colombia está involucrada en un plan de incursión
armada mercenaria o de cualquier otro tipo contra Venezuela, no haría
falta que lo diga el Presidente Nicolás Maduro. Ese es asunto cada vez
más evidente y que se ha expresado desde mucho antes de la era Duque
Márquez.
La conspiración en la que Colombia es azuzada como perro de presa por
su amo yanqui para desestabilizar a Venezuela, ha sido permanente desde
que el chavismo llegó al poder. Se puso en evidencia, por ejemplo, con
la confesión pública que al respecto hizo a principio de 2009 Rafael
García, lugarteniente de Jorge Noguera, Director del entonces aún
existente Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en el primer
mandato presidencial de Álvaro Uribe Vélez.
García explicó cómo su jefe en el año 2003 creó un grupo clandestino
al que le dieron la misión de infiltrarse en Venezuela con la excusa de
ubicar miembros de la subversión colombiana refugiados en aquel país.
Este grupo operaba desde Norte de Santander y la Guajira con pleno apoyo
de Departamento Administrativo de Seguridad. Las operaciones
clandestinas dentro de Venezuela, las orientaba su director Jorge
Noguera coordinando con los paramilitares del llamado Bloque Norte en un
plan dirigido a desestabilizar al gobierno venezolano. Por entonces,
sectores de la oposición venezolana, sobre todo del denominado Bloque
Democrático, propusieron que apoyarían las actividades de
narcotraficantes y paramilitares colombianos en Venezuela, a cambio de
que estos los apoyaran en derrocar al gobierno de Hugo Chávez.
Para principio de década la oposición venezolana diseñó un plan para
Boicotear el aparato productivo venezolano; adelantar una ofensiva
contra el gobierno de Chávez en los medios de comunicación; asesinar
líderes del gobierno para crear zozobra en el país; asesinar al Ministro
del Interior y de Justicia Jesse Chacón, al Fiscal General Isaías
Rodríguez, al Vicepresidente José Vicente Rangel y al Presidente Chávez.
Todo esto lo confesó García diciendo, además, que era el enlace de
Jorge Noguera con el Bloque Norte, sirviéndose de mensajeros como el
entonces senador Jorge Castro Pacheco, hermano de Augusto “Tuto” Castro
Pacheco, uno de los hombres de mayor confianza del paramilitar Jorge 40.
En la cabeza de la estructura criminal estaban también, según lo
precisó García, el Ministro del Interior y de Justicia de Colombia,
Fernando Londoño Hoyos y la entonces Ministra de Defensa, actual
Vicepresidenta de Colombia, Martha Lucía Ramírez.
Mas recientemente, los choques diplomáticos que en sintonía con
Washington genera el Gobierno de nuestro país son descarados en sus
afanes intervencionistas. Evidentemente el Gobierno colombiano, por
ejemplo, jugó contra el país hermano, actuando como marioneta principal
dentro de la opereta del conciliábulo del llamado “Grupo de Lima”.
La cancillería de nuestro país sostiene desde la posesión de Duque
como Presidente, una ferviente campaña para deslegitimar y derrocar al
Presidente Nicolás Maduro, especialmente desde el tablado de la OEA
contando con personajes lacayos de Washington como Luis Almagro.
El Gobierno colombiano, en todo esto, hace parte de los planes del
Pentágono y el Comando Sur para aplastar la Revolución Bolivariana. Y
tal afirmación tampoco es necesario que la haga el gobierno venezolano
para saber que es verdad, porque está consignado en el manual “Venezuela Freedom 2 Operation”,
que de manera específica establece el objetivo de derrocar al
Presidente Nicolás Maduro mediante una operación militar que
patrocinaría la Conferencia de Ejércitos Latinoamericanos y tendría el
respaldo de la OEA. Todos los confabulados seguirán intentando concretar
su objetivo, tal cual se vio con el despliegue de aventuras como la del
frustrado desembarque de mercenarios contra-revolucionarios por La
Guaira, etc.
-¿Tienen constancia de maniobras militares dentro de
territorio colombiano, entrenamiento militar o preparación para ese tipo
de acciones?
-La política guerrerista antivenezolana es gubernamental, no es algo
personal del presidente Duque. Creo que todo lo que le he dicho es
constancia de las intenciones hostiles contra la República Bolivariana
de Venezuela. O usted alguna vez había visto tanta agresividad en la
frontera común utilizando como cortina y factor de desestabilización
supuestas acciones humanitarias, como ocurrió con la protagonizada en el
puente internacional y áreas aledañas de Cúcuta, incluyendo conciertos,
manipulación de artistas y de conciencias con medios de comunicación
corporativos que alentaban el derrocamiento, el golpe de Estado y la
violencia en general contra un país que lo que ha hecho es prestarse
para que en Colombia se adelantara un proceso de paz?. De verdad que si
Venezuela estuviera en una actitud pendenciera tendría suficientes
razones para reaccionar, porque el gobierno colombiano
irresponsablemente ha generado innumerables causas para iniciar una
confrontación.
–El gobierno de Iván Duque les acusa de colaboración con Nicolás Maduro. ¿Qué hay de cierto en eso?
-No creo que Venezuela necesite de la colaboración de una
organización insurgente respecto a la cual su gobierno lo que ha hecho
es alentarla a pactar la paz con el régimen al que enfrenta. Y agréguele
a esto, que las FARC-EP, Segunda Marquetalia, apenas están iniciando
una etapa de reconstrucción de sus estructuras y de su despliegue en
función de los cambios políticos y sociales que con urgencia requiere
Colombia, y en ello una de las líneas trazadas por nuestra Dirección es
trabajar por la hermanación de los países bolivarianos, y no por que se
suscite una guerra de la que lo único que saldría sería devastación y
más lutos para ambos pueblos, los cuales al fin de cuentas son uno
mismo.
Las masacres se suceden
en Colombia, afirma Marco Teruggi en Sputnik. Según la ONU, sólo este
año han ocurrido 40, a las que debe sumarse otra el 18 de agosto, y
siguen los asesinatos de líderes sociales. Ese día un nuevo saldo
trágico. Tres indígenas del pueblo awá fueron asesinados en el municipio
Ricaurte, departamento de Nariño, mientras dos jóvenes eran torturados y
asesinados en El Patía, Cauca, y además fue ultimado un líder social,
Jaime Monge, en Villacarmelo, Cali.
Dichas muertes fueron noticia después de otras que conmocionaron al
país. El 15 de agosto ocho jóvenes eran acribillados en el municipio de
Samaniego, Nariño; el 13, asesinados dos indígenas nasa en Corinto,
Cauca; el 11, cinco adolescentes asesinados en Llano Verde, suroeste de
Cali; mientras, un líder social afrocolombiano fue victimado en el
Chocó; el 8, en el municipio Leiva, Nariño, ultimaron a dos estudiantes
camino al colegio.
Según la ONU, hasta el 16 de agosto se habían documentado 33 masacres
y siete estaban en proceso. Sumando las del 18, llegan a 42. Más de 200
ex combatientes de las FARC y cerca de mil líderes sociales han sido
asesinados desde la firma de la paz, reporta Teruggi.
Mirar al Sur ve agonizar el acuerdo de paz, caer la popularidad que
una vez tuvo el hoy prisionero Uribe y tambalearse al presidente Duque.
Otra derrota diplomática de Trump
Washington se retiró unilateralmente del Plan de Acción
Integral Conjunto y no tiene derecho a exigir al Consejo de Seguridad de
la ONU que active el mecanismo para restablecer las sanciones contra
Irán, dijo el 21 de agosto el portavoz de la cancillería china en
relación con la solicitud presentada el día anterior por el secretario
de Estado Mike Pompeo, informa Xinhua. El portavoz recordó que el 14 de
agosto un proyecto de resolución estadunidense para prorrogar el embargo
de armas a Irán recibió 13 votos en contra y uno a favor.
Punto final
La vacuna cubana contra el Covid-19 inicia mañana la fase
de ensayos clínicos; fue desarrollada por el Instituto Finlay de
Vacunas y otros centros de investigación de la isla. Cólico hepático en
la Casa Blanca.
Bogotá. Colombia volvió al terror de las matanzas en el
campo con 33 muertes en los pasados 11 días a manos de grupos
financiados por el narcotráfico, tras el alivio que trajo el pacto de
paz de 2016 con la ex guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC), también blanco de la violencia.
Entre viernes y sábado, las autoridades reportaron 17 muertos y dos
desaparecidos en dos masacres registradas en un país supuestamente
semiparalizado por la pandemia.
Cinco de las víctimas cayeron en Arauca, en la frontera con
Venezuela, y seis en el departamento de Cauca, ambas zonas fuertemente
militarizadas.
Este sábado Jhon Rojas, gobernador de Nariño, departamento vecino del
Cauca y fronterizo con Ecuador, también informó sobre una matanza con
seis víctimas y dos desaparecidos en el municipio de Tumaco, donde hay
gran cantidad de plantaciones de coca.
Los episodios se encadenan más o menos de la misma forma: un grupo
armado irrumpe y abre fuego en alejadas zonas o se lleva a sus víctimas
para luego abandonar los cuerpos. La mayoría de los asesinados son
jóvenes.
El viernes, en la matanza de El Tambo (Cauca), ultimaron a seis hombres. Los agresores los fotografiaron cuando se los llevaron para mostrarlos antes de masacrarlos, dijo el presidente de la comisión de paz del Senado, Roy Barreras.
El presidente Iván Duque lamentó que estos hechos dolorosos no hayan desaparecido. Entre 2019 y lo que va de 2020, podemos estar hablando de 34 hechos de esa naturaleza, dijo en un discurso en la ciudad de Cali (suroeste).
La más reciente ola de violencia comenzó el 11 de agosto con el
asesinato de cinco menores en una zona de cultivos de caña en Cali;
siguió con la de ocho jóvenes que departían en una fiesta en Samaniego,
Nariño, y el asesinato de tres indígenas Awá en ese mismo departamento.
En esta espiral de violencia están involucrados, principalmente,
grupos que se marginaron del acuerdo de paz con las FARC –la guerrilla
que por medio siglo luchó contra el Estado– y bandas del narcotráfico,
combustible inagotable de la violencia en Colombia.
También el gobierno apunta hacia el Ejército de Liberación Nacional
(ELN), la última fuerza rebelde reconocida en Colombia, pero sus
portavoces han negado cualquier responsabilidad.
Aunque el acuerdo de 2016 redujo sensiblemente la violencia
–analistas estiman que por año se han evitado unas 3 mil muertes–, el
repunte del narcotráfico y la falta de control efectivo del extenso
territorio por parte del Estado han contribuido al regreso a las épocas
de los asesinatos.
El
actual juicio a Alvaro Uribe pone en evidencia las complicidades
conocidas del expresidente colombiano con la delincuencia organizada -la
del narcotrafico y de la derecha política de México y de América
Latina. El impacto inmediato de este proceso judicial refuerza el actual
combate a la corrupción y la impunidad en México que tiene eco en toda
América Latina.
Actualmente estamos tan saturados de
información y padecemos los efectos de la infodemia, tanto que las
novedades políticas insólitas, como la detención y posible condena a un
criminal que por años ha burlado la justicia, fácilmente nos hacen
perder de vista los antecedentes y los contextos, pues anhelamos que la
justicia funcione de inmediato y que el siempre “presunto” deje de ser
impune.
Considero necesario revisar los antecedentes y el
contexto de actuación del criminal para comprender el impacto o
repercusión del verdadero ejercio de la justicia, y superar así el
mero acto punitivo legal para transformarlo en lección político
social.
Esta es la perspectiva del caso Uribe que tenemos desde México, porque no hemos olvidado que los mas de 60 mil ejecutados https://bit.ly/2DIILRk derivados de la primera etapa de la trágica estrategia de guerra al narcotrafico https://bit.ly/31yZBKC
adoptada por el gobierno de Felipe Calderón (dic 2006-nov 2012) fue
recomendada y asesorada por Alvaro Uribe, e instrumentada por un alumno
del colombiano General Oscar Naranjo. https://bit.ly/31xGbFV
Las
identidades político-ideológicas y militares entre A. Uribe y F.
Calderón llegaron a concretarse en 2009 hasta en el programa de
capacitación de 11 mil policias mexicanos por parte de 86 mandos de la
Policía Nacional de Colombia que viajaron a México. https://bit.ly/3inJS8d Esa colaboración quedó de manifiesto en el llamado de A.Uribe a los países vecinos: "deben aplaudir la determinación y el coraje con que el presidente Felipe Calderón enfrenta al narcotráfico” https://bit.ly/3a5DoaV,
o en las condecoraciones mutuas, del gobierno de F.Calderón y Garcia
Luna Director Seguridad Nacional de Mexico al general O. Naranjo https://bit.ly/3gBSzLG, y de Colombia a García Luna, bajo la aclamación de O.Naranjo, “por su contribución estratégica a la seguridad” https://bit.ly/3ig6mb9
Mientras
tanto, detrás de la retórica oficial colombo-mexicana de la guerra al
narcotráfico, se venían realizando operaciones de protección al narco
comercio continental, disfrazadas de operaciones de inteligencia, como
se desprende de las propias declaraciones en México del entonces Fiscal
General de Colombia Mario Iguarán Arana. Este afirmaba en 2008 que el
gobierno de Colombia “utiliza agentes encubiertos que se infiltran y
operan en México en diversas organizaciones delictivas dedicadas al
narcotráfico, además de que recurre a una estrategia de inteligencia
denominada “entrega vigilada”, la cual consiste en acompañar los
cargamentos de droga que salen de territorio colombiano con destino a
México”: 01/10/2008 https://bit.ly/31ya3lx.
Aún más, según recientes declaraciones de Richard Maok, un exagente del
Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía colombiana, quien
se encuentra exiliado en Canadá, A.Uribe recibió sobornos del
narcotraficante mexicano Joaquín Guzmán (a) El Chapo a cambio de
permitirle usar el aeropuerto de Bogotá para exportar 10 toneladas de
cocaína a México entre 2006 y 2007. https://bit.ly/2DJi92D
Hoy
existen y se acumulan acusaciones judiciales firmes y de testigos bajo
proceso en EEUU de que A. Uribe y O. Naranjo, lo mismo que García Luna y
la complicidad de F.Calderón recibieron sobornos de los carteles
criminales y protegían vuelos con cargamentos de droga entre Colombia y
México cuyo destinatario era el Cartel de Sinaloa encabezado por El
Chapo. https://bit.ly/2XUJBSv . Al
menos tres narcotraficantes colombianos actuaron como testigos
cooperantes claves que rindieron testimonio sobre su relación criminal
con El Chapo https://bit.ly/3gCBb9q
El
alcance de la política de complicidad entre la delincuencia de cuello
blanco con la delincuencia organizada, promovida en México por F.
Calderón en alianza con A.Uribe tuvo continuidad con el expresidente
E.Peña Nieto (EPN 2013-2018). El Presidente mexicano nombró a O.Naranjo
como asesor externo en materia de seguridad, en razón de que “Hizo
frente con eficacia a los cabecillas de los cárteles de Cali y de
Medellín, así como a las FARC” https://bit.ly/3icNaee.
Recientes declaraciones de prominentes narcotraficantes actualmente
encarcelados en EEUU revelan que el expresidente EPN recibió más de 100
millones de dólares para su campaña. https://bit.ly/2DGaSAF
La
conjunción de la narco política con las recetas neoliberales de
política económica, seguidas por A.Uribe y F. Calderón trascendió al
sexenio de Enrique Peña Nieto y sus resultados han sido desastrozos para
México, pues se profundizó la privatización de los bienes nacionales
(mediante las llamadas “Reformas Estructurales”), se profundizó la
desigualdad lo mismo que la violencia.
Así, mientras que
la cantidad de personas bajo la línea de pobreza aumentó, la riqueza de
un puñado de multimillonarios aumentó a tal grado que la riqueza
concentrada por las 10 personas más ricas equivalieron a la que tenía el
50 % más pobre del país. https://bit.ly/2Pz6aar , https://bit.ly/2EXg4AG
. Bajo esta situación de extrema desigualdad social, con más del 50% de
la población en pobreza, la violencia se expandió a grados brutales:
bajo la guerra de F. Calderón se cuentan 56 mil ejecuciones https://bit.ly/2DIILRk , en tanto que el saldo de Peña Nieto fue de más de 156 mil homicidios, superando los 34 mil de F. Calderón. https://bit.ly/3ajILnj
Los
entretelones de esta política Uribe-Calderón-PeñaNieto han sido
investigados, escritos y denunciados por numerosos periodistas de
investigación. Destacadamente Anabel Hernandez y Olga Wornat (dos video
notables: https://bit.ly/33F7jWl, https://bit.ly/2XJhmWB )
Posible impacto político directo sobre la Alianza ultraderechista (IDEA) de Iberoamérica.
El
pasado 29 de julio circuló en redes un video y la nota de la
conversación sostenida por Felipe Calderón con varios personajes
políticos de derecha de América Latina, donde abiertamente Calderón
sugiere retomar la “Rebelión armada en Venezuela y analizar la
posibilidad de realizarla en México. https://bit.ly/30DiJrH , https://bit.ly/2C7gGmi
La
tesis golpista de la ultraderecha latinoamericana se ha agrupado
oficialmente desde el 9 de abril de 2015, bajo la llamada Iniciativa
Democrática de España y las Américas (IDEA), y su centro coordinador
ubicado en Miami https://bit.ly/3fBfQvO.
Los
motivos que han enarbolado muchos de sus miembros, destacadamente
Alvaro Uribe Velez, junto con Felipe Calderón, Andres Pastrana, Jorge
Tuto Quiroga, Jose María Aznar, y varios personajes políticos latinos
radicados en Miami, muestran claramente su propia historia:
“En
años recientes, una amenaza nueva ha emergido: el Estado mafioso. A
través del globo, los delincuentes han penetrado los gobiernos a un
grado sin precedentes. También pasa al revés: más que purgar y tirar
fuera a las pandillas potentes, algunos gobiernos, en cambio, han tomado
control sobre sus operaciones ilegales. En los Estados-mafia, oficiales
de gobierno se enriquecen y sus familias y amigos explotan el dinero,
adquieren músculo, influencia política y conexiones globales
estableciendo relaciones sólidas con sindicatos criminales para
expandir su poder propio.’’ Fragmento citado por la propia organización ultraderechista IDEA https://bit.ly/3ifnBJE
Así
bajo la falsa retórica de defensa de la democracia y el estado de
derecho, las acciones de IDEA resuma antidemocracia y golpismo rancios.
Aunque la prioridad aparente de IDEA se ha centrado en la defensa de la
oposición venezolana encabezada por Juan Guaidó, y en agredir mediática y
vía diplomática al gobierno legítimo de Venezuela, no descartan la
amenaza militar (bajo el pretexto de usar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca -TIAR)
y sobre todo contribuir y darle cobertura a la política super agresiva y
violatoria del derecho internacional del Presidente D. Trump.
Y
aún más, en Mayo de 2020 J.J. Rendón, el asesor estratégico de J.
Guaidó reconoció ante la prensa estadounidense que la frustrada maniobra
militar de uso de mercenarios para invadir y asesinar al presidente
Maduro fue financiada y aprobada por J. Guaidó, además que era del
conocimiento del Departamento de Estado de EEUU. https://wapo.st/30Cmg9M , https://wapo.st/3iolgMA , https://bit.ly/3kuaCWa
Por
esos antecedentes y contexto, el juicio a Alvaro Uribe Vélez en
Colombia entraña no únicamente exhibir y derribar a uno de los
principales miembros de la narco-política latinoamericana, sino a uno de
los destacados promotores de la ultraderecha política golpista. Su
efecto en México también arroja una luz de esperanza de que similares
criminales de cuello blanco, más pronto que tarde, también sean
juzgados.
Sin embargo, queda el reto de comprobar si el
sistema judicial de Colombia, de México y de otros países, institución
también penetrada por la narcopolítica y los intereses de los grandes
actores fácticos, se está liberando y demuestra su madurez para ejercer
de manera efectiva la justicia.
Bogotá. El Consejo Nacional Electoral de Colombia abrió
una investigación preliminar contra el presidente Iván Duque, su partido
Centro Democrático y varios dirigentes de la campaña que lo llevó al
poder en 2018 por la presunta violación de normas electorales sobre
financiamiento, informó ayer el organismo.
De comprobarse la posible irregularidad, el actual partido de
gobierno podría perder su personalidad jurídica, lo que impediría
presentar candidatos a futuras elecciones, además de las sanciones
económicas y penales a que haya lugar para sus directivos.
Adicionalmente y en un caso extremo, el Congreso podría decretar la
pérdida del cargo del presidente según el procedimiento contemplado para
las investigaciones y juicios por indignidad política.
Aportaciones de un venezolano
Los hechos que investiga el tribunal electoral se
refieren a supuestas aportaciones económicas del empresario venezolano
Oswaldo Cisneros, por un valor de 300 mil dólares, como lo sugieren
conversaciones telefónicas que fueron interceptadas por la Fiscalía
General a Nubia Stella Martínez, directora del partido Centro
Democrático.
La legislación electoral prohíbe el financiamiento de personas y empresas extranjeras a las campañas electorales.
El Centro Democrático explicó en un comunicado que el manejo de los
recursos de la campaña se hizo con apego a la ley y estrictos controles
de donantes como lo demuestran los informes contables que entregarán a
las autoridades electorales.
Duque enfrenta un complicado panorama por la crisis económica y
social del país como consecuencia de la pandemia del coronavirus, a lo
que se sumó la reciente detención domiciliaria de su mentor y máximo
líder del partido, el ex presidente Álvaro Uribe.
El ex presidente de Colombia,
Álvaro Uribe Vélez, se encuentra desde ayer bajo arresto domiciliario
por los presuntos delitos de soborno y fraude procesal.
El también senador –suspendido en forma automática al dictarse su
detención– y fundador del partido en el gobierno, Centro Democrático, es
el primer ex mandatario que recibe una orden de aprehensión en la
historia contemporánea de ese país.
Los actos ilícitos por los que lo investiga la Corte Suprema de
Justicia habrían sido cometidos entre 2015 y 2019 por el líder de la
ultraderecha colombiana, en el curso del proceso que se le seguía por su
papel protagónico en la formación de grupos paramilitares, responsables
de crímenes de lesa humanidad.
Según las indagatorias, Uribe y su representante legal sobornaron a
una decena de testigos para que modificaran su testimonio respecto de la
participación del político en el Bloque Metro de las Autodefensas
Unidas de Colombia (AUC). Éstas fueron una suerte de federación de
grupos terroristas de extrema derecha que operaron de 1997 a 2004.
Mediante ligas estrechas con los cárteles del narcotráfico, las
AUC se integraron con el fin de combatir a las guerrillas que
amenazaban a la oligarquía rural, pero también para exterminar a los
pueblos indígenas y campesinos que resistían el despojo de tierras
emprendido por los propios terratenientes y sus socios del crimen
organizado.
La sed de sangre y la absoluta falta de escrúpulos del ex mandatario quedó al descubierto al revelarse el escándalo de los falsos positivos, una serie de ejecuciones
extrajudiciales propiciadas por su estrategia de otorgar premios a los
soldados que mataran a integrantes de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC) o del Ejército de Liberación Nacional
(ELN).
Los alcances de esta atrocidad fueron más allá de la evidente
corrupción de las fuerzas armadas, que supone la degradación de los
soldados colombianos en cazarrecompensas, pues los uniformados no se
limitaron a emprender la cacería humana contra grupos guerrilleros a la
cual los instaba el gobierno de Uribe: corrompidos por esta lógica
perversa, comenzaron a asesinar a sangre fría a los campesinos de las
regiones donde se encontraban desplegados, y a presentarlos como si
fueran integrantes de alguno de los grupos rebeldes. Entre 3 mil 500 y
10 mil personas fueron asesinadas a consecuencia de esta política.
Como queda patente, Uribe encuentra tanto su modo de vida como su
razón de ser en la guerra y la muerte, lo cual explica su feroz
oposición a cualquier intento de poner fin a la violencia que azota a
Colombia.
Saboteó por todos los medios a su alcance el proceso de paz abierto
con las FRC por su sucesor, Juan Manuel Santos, mediante el cual se
logró la desmovilización de la guerrilla más antigua de América Latina.
La llegada al Palacio de Nariño de su discípulo político, Iván Duque,
ha traído consigo un retroceso lamentable en los esfuerzos de justicia
transicional con los que se buscó cerrar las heridas del prolongado
conflicto armado.
Como las madres de los falsos positivos, cabe celebrar el
arresto de uno de los personajes más siniestros engendrados por la
ultraderecha del continente, y esperar que el avance de la justicia dé
paso a la aclaración plena de los atroces crímenes cometidos por Uribe
antes, durante y después de su presidencia.
Madrid. Rodrigo Londoño Echeverri, Timochenko, y
Salvatore Mancuso, enfrentados durante años como jefes de la guerrilla
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del grupo
paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), respectivamente,
mantuvieron ayer una conversación telefónica en tono amistoso, en la primera vez que hablan sobre el conflicto armado en su país, en el contexto del proceso de paz.
La conversación se llevó a cabo a iniciativa del ex ministro Álvaro Leyva Durán, quien el pasado miércoles les propuso que procuraran conversar, dado el compromiso de ambos con la paz, las víctimas y la verdad, a lo cual accedieron con la llamada telefónica de ayer.
Leyva Durán, quien ha sido mediador en varios diálogos de paz en Colombia, dijo que a
pesar de haber sido cruentos enemigos en la guerra interna, el saludo
de los dos ex líderes combatientes no sólo fue cordial, sino
particularmente amistoso.
Eso permitió que la conversación fuera fácil, fluida y altamente significativa por los temas tratados,
relató. Ambos coincidieron en que los derechos de las víctimas son el
factor central de la paz y del Sistema Integral de Verdad, Justicia,
Reparación y No Repetición.
Subrayaron la importancia de dicho sistema y condenaron los intentos de satanización de la Jurisdicción Especial para la Paz,
diseñada en el acuerdo de paz firmado en 2016 por el gobierno
colombiano y las FARC, que contempla sanciones alternativas y penas de
cárcel menores para quienes confiesen los crímenes cometidos durante el
conflicto armado.
El pasado 4 de Julio se
cumplieron 56 años del momento fundacional del ELN. Para conocer
los aconteceres de este nacimiento y refrescar la historia en la voz
de uno de sus protagonistas directos, hemos entrevistado al primer
responsable de esta organización, el Comandante Nicolás Rodríguez
Bautista, quien junto con otros 15 compañeros participó en la
primera marcha guerrillera del ELN
AC: Comandante ¿cómo ve la
situación de la lucha revolucionaria en el país, 56 años después
del momento fundacional?
NR: en
Colombia, después de mediosiglo de haberse
iniciado la rebelión armada, se han incrementado las condiciones
objetivas y subjetivas que le dieron lugar, lo que sigue ratificando
la validez y la importancia de la lucha revolucionaria y la
insurgencia en el país.
Las condiciones para la lucha
revolucionaria medio siglo después, salvo excepciones que vive
Colombia, son similares en el continente. Hoy, después de ensayos
importantes que han trasegado por la vía política y legal, le
enseñan a los pueblos las dificultades del tránsito pacifico e
institucional. Algunos consideramos que sigue siendo válido e
indispensable el derecho a la rebelión y la acción armada e
insurgente para alcanzar el poder, porque las oligarquías no
permiten ese tránsito por la vía política.
El hecho de que en Brasil haya
surgido una corriente que tiene contradicciones con el imperialismo,
que buscaba una nueva vía y que haya sido aplastada y judicializada,
como aconteció con el Gobierno del Partido de los Trabajadores (PT),
es revelador, que
haya una actitud tan compleja en Venezuela, con una experiencia
democrática clara y que sin embargo sea violentada por las
oligarquías criollas y el imperialismo, dice mucho. Está la
dolorosa experiencia de Chile, cuando Allende en 1973, la de Zelaya
en Honduras en 2009 y la más reciente, la de Bolivia y el golpe a
Evo en 2019.
Venezuela, a pesar de la brutal
agresión que está sufriendo, está siendo una excepción. Pero en
las otras experiencias, con métodos ilegales los Estado Unidos y las
oligarquías criollas han roto dinámicas de carácter democrático y
de transformaciones, lo que le sigue dando validez al camino de
rebelión y lucha armada.
En la coyuntura actual, el
ejemplo más claro de lo que es la oligarquía colombiana y de lo que
hace ésta con los revolucionarios que buscan desde lo político
proyectar una lucha por el poder, es lo que ha ocurrido con el
Proceso de Paz que intentaron las FARC, que en este momento está
prácticamente desahuciado, por la actitud de perfidia, terrorista y
criminal de la oligarquía que no ha permitido la salida política de
manera civilizada y le ha puesto todo tipo de engaños y trabas a ese
proceso.
Van a la fecha 218 ex
combatientes asesinados después de la firma de la paz, hay
perseguidos, judicializados y también varios de los Espacios
Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) han sido
desplazados por los paramilitares, el más reciente es el de Ituango,
Antioquía.
Las clases dominantes no han
permitido la acción política de un movimiento guerrillero que
entregó las armas y que se desmovilizó buscando una salida en los
espacios democráticos.
Ahora bien, este pensamiento de
mirar el hilo histórico y de pensar en el futuro, no modifica ni
afecta la postura clara del ELN y de sus últimos Congresos, de
persistir en la acción política y en la búsqueda de la paz, ésta
es justicia social, transformaciones, otra forma de ser de la actual
dirigencia del país, que mediante un nuevo pensamiento, se permita
vivir en justicia y en equidad.
Quisiéramos encontrar en la
clase gobernante una postura de respeto a la democracia, de respeto
incluso a su misma Constitución, donde se supere el terrorismo de
Estado, donde se supere la persecución al contradictor político,
donde se respeten los Derechos Humanos y donde se reconozca que la
lucha popular es lícita y necesaria.
El día que ese proceso de
democracia avance, no habrá razón para empuñar las armas porque
nos sentiremos interpretados en unos desarrollos de justicia, de
equidad social y de soberanía.
La paz es el objetivo y el
derecho final de los pueblos, con ese criterio sigue actuando el ELN,
nunca renunciaremos a la salida política al conflicto, ni a la
búsqueda de la paz.
Los
16 de la Primera Marcha
AC: el 4 de julio de 1964,
arranca la Primera Marcha guerrillera del ELN ¿por qué se considera
éste el momento fundacional?
NR: Tiene
que ver con el simbolismo que representa el acontecimiento, por
primera vez se reunían los hombres, se arranca como grupo
guerrillero y se reafirma el compromiso de ir hasta las últimas
consecuencias.
AC: en
la Primera Marcha participaron con usted 16 compañeros, ¿cuál era
la procedencia de cada uno?
NR: el
grueso éramos campesinos, excepto Fabio Vásquez, que era el
Comandante, él es de procedencia más urbana aunque sus primeros
años los vivió en el campo junto su familia, de donde fueron
desplazados en la violencia de los años 50 del pasado siglo, venia
de formarse en Cuba, había otro compañero de nombre Alfredo Rovira,
un muchacho de Bogotá, también venía de Cuba y allí se había
conocido con Fabio. Otros compañeros de procedencia urbana y obrera,
se fueron incorporando después.
De regiones distintas a la de San
Vicente, estaban dos compañeros de apellido González de la región
de El Hato en Simacota, su familia y uno de ellos habían estado muy
comprometidos con las guerrillas de Rafael Rangel en la década del
50. Otros dos eran de Santa Elena del Opón-Santander, Domingo Leal y
Salvador Afanador.
Varios compañeros habían
participado antes en las guerrillas de Rangel, después del 9 de
Abril de 1948, cuando asesinaron a Jorge Eliecer Gaitán, ellos eran
Luis José Solano Sepúlveda, Hernán Moreno Sánchez, Jorge González
Domingo Leal, Pedro Pablo Rodríguez, los otros dos con alguna
formación guerrillera, eran Fabio y Rovira, que la adquirieron en
Cuba.
AC: ¿cuándo se decide
adoptar el nombre del ELN?
NR: fue
decisión del núcleo principal de los compañeros que conformaban la
organización en ese momento, luego que Fabio regresara de Cuba, por
ello cuando nosotros nos incorporamos ya los brazaletes estaban
marcados como Ejército de Liberación Nacional. En ese núcleo
inicial, además de Fabio, estaba Manuel Vásquez, Víctor Medina
Morón y Ricardo Lara, sin duda se me escapan otros nombres quizá
otros de los que no tengo conocimiento.
AC:
hablemos del armamento y la dotación con que arrancaron.
NR: había
una única arma de guerra; una carabina San Cristóbal, muy buena en
ese tiempo. Cuando las guerrillas de Rangel, alguna gente no se
desmovilizó y guardó una que otra arma. De ahí resultaron un par
de fusiles viejos de repetición, Famaje punto 30, estaban muy
deteriorados, recuerdo que se disparaba, se halaba el cerrojo y con
una baqueta por la boquilla, se empujaba para que botaran el
cascarón.
Dos pistolas 9mm, el resto eran
escopetas de cacería y revólveres viejos, había armas que no
servían, pero pensábamos que podían arreglarse.
La carabina San Cristóbal tenía
sólo 40 tiros, los fusiles 40 o 50, el resto, todas las escopetas
eran para cargarlas haciéndole la munición como lo hacen los
campesinos. Teníamos 10 o 12 kilos de dinamita y unos estopines
pirotécnicos, ese era el armamento.
¿La indumentaria? Algunos bolsos
que los mismos muchachos habían hecho, unos de lona, otros de
costales con cabuya, en San Vicente se alcanzaron a hacer unos 12
pares de botas tipo militar que no aguantaron ni los cuatro días de
marcha. También teníamos medicinas de muestras médicas que los
estudiantes habían logrado conseguir en Bucaramanga y Bogotá.
AC: ¿de
dónde salieron, dónde llegaron, cuánto tiempo gastaron?
NR: fue
un desplazamiento de cuatro marchas nocturnas, duras y extenuantes
por las condiciones en que se hacía. Estábamos en el municipio de
San Vicente, nos alejamos de la cabecera municipal para llegar al
Cerro de los Andes que estaba dentro del mismo municipio y que ahora
ya pertenece al Carmen, bajo la nueva jurisdicción territorial, son
unos 60 kilómetros desde donde se partió hasta donde llegamos.
Salimos de una vereda donde había
carreteras, comercio, poblada y nos fuimos a una selva fuerte e
inhóspita, de escasa población, en proceso de colonización.
Con los colonos de ahí, se había
hecho un trabajo previo, algunos de ellos participaron en la Primera
Marcha. Cinco o seis fundos de los que había cerca de donde nos
acampamos eran de ellos, los otros eran de amigos y familiares.
AC: en
las veredas donde se fueron agrupando y desde dónde salieron, ¿la
población sabía que estaban en proceso de formar una guerrilla o
para ellos era un secreto?
NR: el
secreto se rompe en el Cerro de los Andes, en la zona donde nos
instalamos y entrenamos antes de la toma de Simacota. En
las veredas de donde salimos estaban las familias de los muchachos
que se hicieron guerrilleros, yo supongo que varios de ellos sabían
para dónde y porqué se iban sus hijos, pero se mantuvo el secreto.
Además toda esa población fue
un gran apoyo de las guerrillas Gaitanistas de 1950, la gente tenía
la visión del secreto y tenía la visión del apoyo a la guerrilla,
para ellos no fue una gran novedad, fue la continuidad de una
realidad en la que ya habían participado.
AC: ¿además de la zona de
San Vicente, había otras en examen o preparación?
NR:
se escogieron 4 zonas; Fabio fue al Quindío a explorar una que él
conocía, pero se dio cuenta que allí ya estaban núcleos
organizados del Partido Comunista, soporte de lo que serían las
futuras FARC. Otros compañeros exploraron el Sumapaz, allí igual se
encontraron con un trabajo de base del Partido Comunista, también
se fue a San Pablo-Sur de Bolívar, donde después nos hicimos
fuertes.
La de mejores condiciones era la
de San Vicente. Por su tradición de lucha, había apoyos en la
cabecera municipal, también en Barranca, en los petroleros. A través
de los estudiantes en Bucaramanga, se estableció contacto con un
grupo de dirigentes campesinos muy buenos de la región, entre ellos
José Ayala, que después fue jefe guerrillero. En esas zonas había
un ambiente favorable al levantamiento armado. Un año antes, en el
63, se dio una huelga muy fuerte de los petroleros en Barranca, que
tuvo apoyo de las zonas campesinas de San Vicente, había un ambiente
de agitación favorable.
Los
primeros núcleos urbanos
AC: ¿los
compañeros que se agrupaban como ELN en ese momento, pero que no
integraban el grupo que acometería la Primera Marcha, a qué se
dedicaban, cuáles eran sus tareas?
NR: eran
los colectivos urbanos, había una acción política en el contexto
nacional muy intensa, particularmente de los estudiantes, también
de los trabajadores y en el campo la lucha por la tierra; la gente
nuestra estaba inmersa en esas dinámicas, en esos colectivos, otra
parte más pequeña en la actividad conspirativa relacionada con el
aprontamiento logístico.
AC: ¿en
qué ciudades se tenían esos grupos y en qué sectores sociales?
NR: principalmente
en Bogotá, Bucaramanga y Barranca y por supuesto en San
Vicente-Santander, que era la cabecera municipal más cercana al
arranque guerrillero. En Medellín, Cali y Barranquilla, se tenía
algo, pero más limitado, también en la zona cafetera porque allí
estaban los hermanos Vásquez y su familia fue una base de apoyo muy
importante.
En Bucaramanga y Bogotá, el
grueso eran los estudiantes y alguna gente de barrios populares, en
Barranca, obreros petroleros y en San Vicente, pequeños comerciantes
y campesinos.
AC: ¿en qué fechas se
vinculan al grupo armado, algunos de los dirigentes más conocidos o
destacados de la Organización en esos primeros lustros?
NR:
Víctor Medina Morón, estudiante de la UIS, se incorpora unos meses
después de la Primera Marcha, en el año 64. El primer compañero
obrero que ingresa al grupo guerrillero, es un trabajador de
ECOPETROL, de nombre Samuel, llega cuando estamos saliendo para
Simacota, participa en la toma.
Manuel Vásquez, entra en marzo o
abril del 65, luego de Simacota, era un destacado dirigente
estudiantil, Presidente de la organización nacional de los
estudiantes colombianos, en esos años resultó con serios problemas
de seguridad por su relación con la naciente guerrilla y tuvo que
acelerar la incorporación.
Por esos meses también se
incorpora, Miguel Pimienta Cotes, estudiante de ingeniería de la
UIS.
Camilo Torres ingresa en
septiembre del 65.
En el 66 se incorpora, el
estudiante Homero Sobrino, no recuerdo de otros dirigentes de masas
que optaron por alzarse en nuestras filas.
El Comandante Manuel Pérez y los
otros dos sacerdotes internacionalistas, llegan en septiembre de
1969. Armando Correa, quien fue Presidente de la organización
estudiantil de la Universidad Nacional, lo hace en el 68. El
sacerdote Diego Cristóbal Uribe en el 78, el médico de la
Universidad Nacional, Edgar Amilkar Grimaldos, en el 79.
Tiempos
de insurgencia continental
AC: ¿hubo por esos tiempos
otros intentos de conformación de guerrillas?
NR: cuando
triunfa la Revolución Cubana el impacto es inmenso en el continente,
sobre todo en la juventud. En ese momento tomó mucha fuerza la idea
que por la vía institucional no era posible que el pueblo llegase al
poder, que el camino era la lucha armada, surgieron guerrillas en
casi toda Latinoamérica: México, Guatemala, Honduras, El Salvador,
Nicaragua, Venezuela, Brasil, Perú, Bolivia, Uruguay, Argentina y
por supuesto Colombia. Podríamos decir que el continente se llenó
de fuerzas insurgentes.
En Colombia, el debate sobre la
lucha armada dividió el Partido Comunista y de allí surgió el
Partido Comunista Marxista Leninista (PCML), que conformó las
guerrillas del Ejército Popular de Liberación (EPL), surgen casi
simultáneamente las FARC, después de los bombardeos a Marquetalia
en 1964. Las tres fuerzas guerrilleras, incluyendo la nuestra se
conformaron en fechas cercanas.
En esos años se dieron otros
intentos guerrilleros por parte de diversos núcleos revolucionarios
que no lograron sobrevivir y en los que murieron sus principales
gestores. Son los casos de Antonio Larrota del Movimiento Obrero
Estudiantil Campesino (MOEC), de los compañeros Francisco Garnica,
Torres y Morales en Guacarí- Valle- del PCCML, del profesor
universitario Federico Arango Fonnegra, son cuadros muy destacados
que mueren en el intento de conformar grupos guerrilleros.
Está también Tulio Bayer, con
varios intentos. Pedro Baigorri, un vasco internacionalista, intenta
montar un grupo en la Sierra Nevada junto con Tulio Bayer, después,
con los mismos propósitos se traslada a la Serranía del Perijá en
el Cesar y monta una guerrilla que meses después es abatida por el
Ejército, en la década del 70 por la misma región se levanta el
Frente Camilo Torres del ELN.