¿EU posTrump?

 Katu Arkonada

La mayor potencia militar del mundo enfrenta este noviembre sus elecciones presidenciales marcadas por dos hechos que combinados entre sí producen un escenario de consecuencias imprevisibles. Por un lado, la pandemia que asola el planeta y que ha causado ya cerca de un millón de muertes en el mundo, de las cuales más de 200 mil se han producido en Estados Unidos. Por otro lado, la segunda ola de protestas antirracistas agrupadas en el #BlackLivesMatter, que se convierte al mismo tiempo en una respuesta al auge de la alt-right en la mayor economía mundial.

La actitud errática de Trump a la hora de enfrentar la pandemia se ha traducido en denunciar a China por infectar el mundo en la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) y en decidir la salida de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al mismo tiempo que anuncia que la vacuna contra el coronavirus estará a finales de octubre y las primeras dosis serán distribuidas antes de que termine 2020.

Pero la realidad es que en estados clave desde el punto de vista electoral, como California, Texas, Florida, Georgia y Arizona, la epidemia de Covid-19 se ha disparado, y la Universidad de Washington calcula llegar al 3 de noviembre, día de la elección presidencial, con más de 250 mil personas muertas.

Al mismo tiempo y en lo que respecta a la economía, el PIB estadunidense tuvo la mayor caída de su historia en el segundo trimestre del año, con un descenso de 31.7 por ciento, lo cual implica una tasa anual de 32.9 por ciento, que se traduce en más de 30 millones de personas desempleadas como resultado de la crisis pandémica.

Y todo ello, con un panorama convulsionado por el que probablemente es el movimiento social más grande de la historia, que denuncia el racismo y la violencia policial, justificada por Trump en más de una ocasión, lo cual cuestiona de raíz a un sistema político gobernado por Wall Street y el complejo industrial-militar, pero sobre todo, podría inclinar la balanza a favor de Joe Biden, vicepresidente del primer presidente estadunidense negro de la historia.

Porque si bien a Trump lo sostenía la buena marcha de la economía y las bajas tasas de desempleo e inflación, la pandemia vino a patear el tablero de juego, y el Black Lives Matter lo reordenó. Si a eso le sumamos la salida del Acuerdo de París en torno al cambio climático, la dura política contra la migración que se contrapone con la más que blanda actitud hacia un comercio, legal e ilegal, que ya suma 200 millones de armas, les da a los demócratas una oportunidad que no tenían hace pocos meses, cuando muchos presuntos analistas consideraban a Biden un cadáver político.

Lo que viene en los próximos días, son tres debates presidenciales, 29 de septiembre (Cleveland), 15 de octubre (Miami) y 22 de octubre (Nashville), que salvo debacle demócrata, pueden ayudar a consolidar el voto a favor de Biden, frente a un Trump deseoso de que se vote menos, lo que favorecería a los republicanos. La nominación de una nueva jueza en el Tribunal Supremo, tras la muerte de Ruth Bader Ginsburg, que podría asentar una nueva mayoría conservadora de seis contra tres jueces progresistas, marcará el tono de los debates.

Hasta el momento, y de cara al 3 de noviembre, de los 306 votos electorales obtenidos en 2016, los republicanos sólo tienen seguros alrededor de 125, mientras que los demócratas cuentan como bastante seguros, 222 votos de los 232 obtenidos hace cuatro años. De los estados péndulo ( swing states) que podrían cambiar en 2020, la elección se juega en Florida (29 votos electorales), Pensilvania, (20), Carolina del Norte (15), Michigan (16), Arizona (11) y Wisconsin (10). Todo ello, con el objetivo de alcanzar un mínimo de 270 de 538 votos electorales.

Para ello, en plena pandemia y a las puertas de una gran crisis económica, Advertising Analytics calcula que ya se ha invertido más de 2 mil millones de dólares en publicidad entre ambos partidos, y que se cerrará la campaña con un gasto total de 6 mil 700 millones de inversión.

Hasta el momento las encuestas son favorables a Joe Biden y su candidata a vicepresidenta Kamala Harris. La encuesta más reciente de la NBC y Wall Street Jornal, entre votantes registrados, otorga a los demócratas 51 por ciento frente 43 por ciento de los republicanos. Por su parte, la encuestadora más cercana a los republicanos, Rasmussen, coloca la ventaja de Biden frente a Trump en tan sólo un punto, 47 contra 46 por ciento.

Cuando se profundiza en las encuestas, en la única área que aún gana Trump es en la economía, el que más les importa a los votantes (21 por ciento), lo cual le permite seguir con opciones, pero a la vez la posibilidad a Biden y los demócratas de golpear políticamente en el resto de áreas: pandemia, racismo, cambio climático, salud, educación, empleo y migración.

El 3 de noviembre sabremos si tendremos a Trump, que sigue sembrando sospechas de fraude y de no reconocimiento de los resultados electorales, cuatro años más gobernando la principal potencia económica y militar del mundo, en declive de su hegemonía, pero aún imponiendo su dominación; o comienza la era posTrump, en la que, como sentenció Xi Jinping esta semana en Naciones Unidas, se rechace la mentalidad de suma cero, se dejen de impulsar guerras frías o calientes, y se impulse un mundo basado en la cooperación y el multilateralismo.

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Bolivia, ¿ruptura o consolidación del golpe?

Katu Arkonada

Acinco semanas de las elecciones generales en Bolivia –18 de octubre–, el panorama se complica más y más. La polarización advertida entre el MAS y los golpistas se agudiza, mientras Carlos Mesa intenta mantener un perfil bajo que le ayude a ganar votos de una derecha desencantada con un gobierno transitorio que se hunde después de casi un año de escándalos de corrupción y mal manejo de la crisis de salud.

Las últimas encuestas son favorables al MAS-IPSP que tiene al ex ministro de Economía Luis Arce Catacora como candidato presidencial. El partido de Evo Morales obtiene 26.2 por ciento en el reciente estudio de Mori (la única que acertó el resultado del referéndum del 21 de febrero de 2016), que cuando se pondera filtrando sólo los votos válidos se transforma en 37.3 por ciento frente a 24.2 de Carlos Mesa o 14.4 por ciento de Jeanine Áñez. Es decir, Luis Arce estaría cerca de ser presidente electo en primera vuelta, siempre que alcance 40 por ciento de votos válidos y 10 puntos de diferencia sobre Mesa, lo que puede suceder con una buena campaña y si los golpistas no bajan a Áñez de la carrera presidencial. En caso de que no se alcance 40 por ciento, o la presidenta actual decline y Mesa se acerque a menos de 10 puntos de diferencia, la segunda vuelta sería inevitable y en ese caso el 14 por ciento de los golpistas, sumado al del cívico Fernando Camacho (12.4 por ciento), que lidera la intención de voto en la ciudad más poblada del país, Santa Cruz, el conservador Chi Hyun Chung (5.9 por ciento) o el hombre del Departamento de Estado en Bolivia Tuto Quiroga (3.8 por ciento) se unirían contra Evo Morales y Luis Arce, provocando la derrota segura del MAS.

Dos semanas antes de la elección, el 4 de octubre, se celebrará el debate entre los aspirantes presidenciales, organizado por la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, la Fundación Jubileo, la Universidad Mayor de San Andrés y una red de medios de comunicación. Los 14 días posteriores al debate serán claves para que diferentes sectores puedan consolidar su voto y para la posible declinación de Áñez.

Mientras tanto, en el gobierno golpista intentan por todos los medios lavar su imagen y ensuciar la de Evo Morales y el MAS, y han impulsado una denuncia de la Procuraduría General del Estado ante la Corte Penal Internacional, acusando a Evo de incurrir en delitos de lesa humanidad. Los autores físicos e intelectuales de las masacres de Sacaba y Senkata, donde murieron asesinadas más de 30 personas por las balas de las fuerzas de seguridad, acusan al ex presidente boliviano de la muerte de más de 40 personas por la falta de oxígeno durante los bloqueos carreteros de agosto.

Al mismo tiempo, y tras un viaje a Estados Unidos de Arturo Murillo, ministro de Gobierno, donde se reunió con Luis Almagro, secretario general de la OEA, representantes del Departamento de Estado y los senadores republicanos Ted Cruz y Marco Rubio, ha empezado a operar en Bolivia la empresa estadunidense CLS Strategies, vinculada a los servicios de inteligencia gringos y que supuestamente va a dar asesoría al gobierno boliviano de transición en temas relacionados con la democracia.

De manera complementaria, y según filtraciones del entorno del gabinete, los golpistas tienen sobre la mesa una propuesta para eliminar el registro jurídico del MAS-IPSP, junto con un análisis de lo que implicaría dicho acto en cuestión de movilización y respuesta social. La apuesta es clara: una segunda vuelta entre Carlos Mesa y Jeanine Áñez, donde sólo habría un ganador: Estados Unidos y sus intereses en Bolivia.

En las calles, al menos entre la clase media urbana, la sensación es que se quería un cambio, pero no así, y eso está haciendo que Mesa se desplace hacia la derecha para ganar el voto más ultra que ya no se siente representado por Áñez, lo cual a su vez podría hacer que el voto más moderado de centro se acercara al MAS, pues entre la disyuntiva de pensar cómo y cuándo estaban mejor, en septiembre de 2019 (las elecciones fueron en octubre y el golpe en noviembre de 2019) o en septiembre de 2020, es claro que esa clase urbana tenía mejores condiciones sociales, y sobre todo económicas, hace un año.

La crisis económica hace que la gente prefiera vivir en septiembre de 2019. En 14 años de proceso de cambio se le pagaba a tiempo a la gente y podía ahorrar, en nueve meses la gente ha perdido su trabajo y gastado sus ahorros. Ése es el nuevo sentido común que se está posicionando entre una buena parte de la población boliviana.

Si ese sentido común se hace más grande decantando la balanza a favor del MAS-IPSP, entonces la alternativa de quienes hoy gobiernan parece ser un nuevo golpe dentro del golpe que impida que Evo Morales, jefe de campaña del Movimiento al Socialismo, pudiera retornar a una Bolivia gobernada por Luis Arce Catacora.

Twitter: @katuarkonada

Sabotaje electoral del G4 en Venezuela

Katu Arkonada

En poco más de tres meses, el 6 de diciembre, se celebrarán las elecciones parlamentarias en Venezuela. Las anteriores se celebraron el 6 de diciembre de 2015 y la oposición obtuvo mayoría gracias a la abstención de 2 millones de votos chavistas que decidieron quedarse en casa y no votar.

Pero las circunstancias hoy son otras y el chavismo se encuentra unido después de haber sorteado infinidad de ataques políticos, económicos y militares provenientes del imperialismo estadunidense y sus cipayos locales, ataques intensificados desde la autoproclamación de Guaidó el 23 de enero de 2019.

Es por eso que el ala más radical de la oposición venezolana, agrupada en el llamado G4 (Voluntad Popular de Leopoldo López, Primero Justicia de Henrique Capriles, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo) planea, con el apoyo de Estados Unidos, boicotear el proceso electoral y reactivar la movilización en la calle.

Fuentes colombianas con acceso a funcionarios estadunidenses y a líderes de oposición venezolanos, conocieron de una reciente reunión por videoconferencia celebrada entre miembros de la oficina externa de EU para Venezuela en Bogotá (VAU) y varios líderes opositores del G4 encabezados por Leopoldo López, presidente de Voluntad Popular. En dicha reunión se ultimaron procedimientos para sabotear las elecciones de diciembre.

Sin embargo, llama poderosamente la atención que a esa reunión no asistió Juán Guaidó, por tanto parece que el eje y apoyo estadunidense se inclina de nuevo hacia alguien con credenciales violentas como el líder de Voluntad Popular.

En esa reunión Leopoldo López, ya con experiencia en el sabotaje violento, pidió a cada partido del G4 que procediera de inmediato al reclutamiento de 100 mil voluntarios con el objetivo de movilizarlos previamente pero sobre todo, el día de las elecciones, para abarcar todas las mesas electorales del país.

La fuente que asistió a la reunión revela que, según explicó Leopoldo López, los voluntarios deben tener la capacidad de manipular y documentar irregularidades reales y supuestas ocurridas en el proceso, por ejemplo, el uso de recursos del Estado por parte del PSUV y partidos afines. Otros objetivos son demostrar una baja afluencia de votantes, evidenciar violaciones de las fuerzas del Plan República, participar decisivamente en la desmovilización del voto, y algo que es clave, realizar actividades de protesta y resistencia civil para entorpecer tanto el voto oficialista como de los sectores dialogantes de la oposición que legitimarían la nueva Asamblea Nacional.

El G4 no va a participar en la contienda electoral, por tanto su objetivo parecer ser documentar a partir de su propia injerencia para luego intentar convencer a la comunidad internacional de lo antidemocrático del proceso. El reto además es que eso sirva para convencer al antichavismo de lo acertado de una estrategia que los va a dejar fuera de la próxima AN.

Pero el líder del G4 fue más allá, planteando un objetivo más ambicioso de 200 mil voluntarios que les permitirían tener unos 25 activistas por cada centro de votación, sugiriendo tomar como base el número de voluntarios levantado para la fracasada operación de ayuda humanitaria que pretendieron introducir de Colombia a Venezuela en febrero de 2019.

Richa Bhala, funcionario de la VAU, responsable de operaciones de contrainteligencia desde su cargo de vicecónsul de la embajada de Estados Unidos en Islamabad (Pakistán), aceptó con elogios la propuesta insistiendo en la necesidad de ampliar la plataforma opositora. Por su parte, Rafael Foley, jefe de la oficina externa de Estados Unidos para Venezuela en Bogotá, insistió en que el G4 debe pasar de una oposición más o menos estructurada a una organización de resistencia y desobediencia civil que trascienda los cuatro partidos políticos opositores.

Al parecer y según las mismas fuentes, próximamente verá a la luz un llamamiento por parte del G4 que buscaría sumar nuevas fuerzas a una nueva plataforma opositora.

Si bien parece que la estrategia de boicot pasa de nuevo por la violencia, una vez dejado atrás el efecto Guaidó, que resultó ser un bluf que cohesionó al chavismo, en la nueva plataforma opositora continuarán confluyendo las mismas contradicciones y aspiraciones de los partidos políticos tradicionales, que no han logrado unirse en torno a nada, más allá de su odio al chavismo y su subordinación a Estados Unidos.

En cualquier caso, el 6 de diciembre está marcado con rojo en la agenda de la oposición venezolana, que buscará dar un nuevo paso en su intento de derrocar al chavismo.

Pase lo que pase en las elecciones estadunidenses, pues aunque no gane Trump permanecen los mismos intereses que llevaron a Obama a firmar una orden ejecutiva declarando a Venezuela peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos, en 2021 comienza un nuevo capítulo de la revolución bolivariana y chavista que resiste en la defensa de su petróleo y soberanía nacional.

18 de octubre: elecciones en Bolivia

Katu Arkonada*

Definitivas, inamovibles e impostergables. Así define el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia el carácter de las elecciones generales que tendrán lugar en dos meses, el 18 de octubre.

Todo ello en una nación convulsionada por los bloqueos motivados por la postergación, por tercera vez, de los comicios, y donde los sectores populares, que pasaron por un momento de reorganización tras las derrotas militares de Senkata y Sacaba, han recuperado la iniciativa y la radicalidad que caracteriza a un pueblo –muchos pueblos en realidad– guerrero como Bolivia.

Además, la decisión del tribunal se produce en un momento político donde el MAS de Evo Morales estaba girando al centro, planteando la no movilización, para que la gente de las ciudades no se asuste. Han sido las bases y los sectores a la izquierda del MAS, desde la Central Obrera Boliviana (COB) hasta Felipe Quispe El Mallku, quienes han tomado la iniciativa exigiendo la renuncia de la golpista Jeanine Áñez.

Los bloqueos que se han realizado durante los días recientes en Bolivia han sido los más masivos desde que en 1985 se implementó el modelo neoliberal en el país: más de 140 puntos de bloqueo en la nación que han rebasado la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad, ejercito y policía. El apoyo que los golpistas tuvieron en octubre, las famosas pititas (grupos ciudadanos que validaron a los golpistas), ya no existe, se ha ido desintegrando. Sólo algunos grupos motorizados en Cochabamba y la fascista Unión Juvenil Cruceña se han quedado respaldando al gobierno ilegítimo de Jeanine Áñez. En 2000, la resistencia al neoliberalismo se concentró en Cochabamba; en 2003, en algunas regiones andinas, y en 2005, en El Alto, pero hacía décadas que la resistencia territorial no abarcaba a todo el país (quizá con la excepción del departamento amazónico de Beni).

En cualquier caso, la decisión del Tribunal Supremo Electoral de que el 18 de octubre sea la fecha de unas elecciones definitivas, inamovibles e impostergables, parece que tiene muchos visos de convertirse en realidad, a pesar de no ser fruto de un acuerdo previo, y los bloqueos han sido levantados, aunque la COB ha anunciado un cuarto intermedio al conflicto a escala nacional hasta el 18 de octubre.

Pero más allá del antagonismo expresado en lo territorial, la decisión de la fecha de las elecciones y el protagonismo de sectores y grupos que hasta ahora no habían tenido tal, hay que analizar cómo quedan los dos principales actores políticos hoy día en Bolivia, los golpistas y el MAS.

Por un lado, el gobierno de Áñez queda denostado. Los golpistas dicen que están pacificando la nación, pero la verdad es que no tienen interlocución política y después de los comicios su futuro está en el basurero de la historia (y esperemos que en los juzgados). Saben que no pueden ganar y la única duda es si Áñez se bajará de la candidatura presidencial, para concentrar el voto de la derecha, o va a mantenerla, dividiendo el sufragio.

Pero el MAS no sale tan bien parado de este conflicto. Buenos Aires está muy lejos de Bolivia, en términos políticos y simbólicos al menos, y los sectores de la burocracia del MAS han quedado rebasados por las bases y otros sectores. Se puede decir que lo que está pasando es a pesar del MAS y no gracias a él. Es posible que no se hayan perdido muchos votos de la clase media urbana en estos días por haber mantenido la centralidad, pero el descontento en las bases es grande.

¿Qué va a pasar a partir de ahora? Es difícil predecirlo, pero es necesario recordar que en octubre de 2019 el MAS le sacó a Carlos Mesa 11 puntos de ventaja. Meses de golpismo después, de desgaste político para Evo Morales y sin la fuerza del aparato de Estado en su favor, es difícil pensar que la diferencia pudiera ser mayor. La lógica invita a pensar que si Áñez no es candidata, o queda tan desacreditada en las próximas semanas que su intención de voto se convierte en residual, la distancia entre Luis Arce, candidato de Evo, y Mesa, sería de menos de 10 puntos porcentuales. Y si el MAS no supera 40 por ciento de los votos y 10 puntos de diferencia, se irá a segunda vuelta. Y si se va a segunda vuelta...

De hecho, el timorato de Carlos Mesa lo tiene todo a su favor para navegar una tercera vía, un carril central: ni golpistas ni masistas. Aunque en octubre de 2019 recibió muchos votos prestados de la derecha cruceña y pese a que a todas las candidaturas les interesa obtener el mejor resultado posible, pues son también elecciones parlamentarias, y de eso depende la cantidad de diputados y diputadas que tengan en los próximos cinco años; es muy difícil pensar que el MAS pudiera obtener alrededor de 45 por ciento de los votos y más de 10 puntos de diferencia, como 12 meses atrás.

Pase lo que pase, pero sobre todo si se produce una derrota, el MAS debe enfrentar un proceso de reflexión y autocrítica para no repetir los errores cometidos en los tiempos recientes, tanto en el gobierno como en el exilio. Un proceso de renovación de dirigentes más allá de las burocracias. Un momento de radicalidad étnica para volver a ganar políticamente.

* Texto construido a partir del diálogo, aunque también de la discusión, con Raúl García Linera, amigo y compañero refugiado en Argentina.

Bolivia: a las puertas de un golpe de Estado electoral y político militar

Katu Arkonada

Una vez consumado el g

olpe de Estado en noviembre, se puso en marcha en Bolivia una serie de dispositivos destinados a legitimar a una presidenta golpista que llegó al poder de manera anticonstitucional y ungida por los militares, que fueron, junto con la policía, no los artífices, pero sí los legitimadores del golpe.

Golpe de Estado que pudo ser consumado por una mala decisión de la dirección del proceso de cambio, que hizo renunciar, una vez que Evo y Álvaro ya estaban fuera del país rumbo a México, a la tercera persona en la cadena sucesoria, la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra (MAS-IPSP), dejando un vacío de poder no previsto por la Constitución Política del Estado.

A pesar de eso, y de la instalación en el Ejecutivo de un gobierno golpista, se pudo mantener la mayoría de 2/3 con la que contaba el MAS en el Legislativo, garantizando con ello una dualidad de poderes, un contrapeso a cualquier decisión tomada por la golpista Jeanine Áñez. Es por ello que se pudo imponer la fecha del 6 de septiembre para realizar los comicios, que si no fuera por la pandemia, se hubieran realizado el 3 de mayo.

Pero la emergencia sanitaria, que podríamos pensar le ha venido bien a muchos para eternizarse en el poder, ha sido desastrosa para los golpistas en el gobierno. No sólo porque han hecho una pésima gestión de la crisis de salud, en un país cuyas condiciones de aislamiento geográfico ayudaban a contener el virus, sino porque durante estos meses han sido numerosos los escándalos de corrupción en los que han incurrido diversas autoridades del gobierno golpista, desde el presidente de la principal empresa estatal, YPFB, a la mayor firma de telecomunicaciones del país, Entel, pasando por comisiones millonarias en la compra de respiradores para enfrentar la epidemia, que han llevado a la cárcel al ministro de Salud.

Todo lo anterior ha hecho que la clase media urbana, que en su momento retiró el apoyo al gobierno de Evo Morales, mire con desprecio a los golpistas corruptos que vinieron a sustituir al MAS-IPSP, quien tiene como candidato a Luis Arce Catacora, el ministro más exitoso en 14 años de proceso de cambio, y quien llevó al crecimiento de la economía boliviana a tasas chinas.

Arce Catacora, quien fue militante del PS-1 de Marcelo Quiroga Santa Cruz, lidera en este momento todas las encuestas, en algunos casos incluso superando 40 por ciento de intención del voto y más de 10 puntos de diferencia sobre el segundo, que se necesitan para ganar en primera vuelta.

Es por eso que los golpistas han puesto en marcha una estrategia con dos variables:

En primer lugar, hay un intento claro de dejar fuera de la contienda electoral a Arce Catacora, cancelando la personalidad jurídica del MAS-IPSP, por unas declaraciones donde el candidato pre-sidencial comenta sobre unas encuestas en televisión. La ley impide la promoción de encuestas por parte de los partidos en campaña, pero es que Luis Arce no difundió ninguna encuesta, tampoco mostró gráficos ni se habló de votos nulos o blancos, ni mucho menos se dio detalles de ninguna ficha técnica, sólo la comentó en un estudio de televisión, y además, hasta el 24 de julio no se entra de nuevo en campaña electoral, pues el proceso que debía haberse realizado en mayo, luego en agosto, y finalmente en septiembre, ha sido interrumpido y suspendido por culpa de la pandemia. Es claro que el proceso no ha seguido y que lo que buscan los golpistas es volver a los tiempos donde Bolivia escogía presidentes que tenían entre 17 y 22 por ciento de los votos, excluyendo a las mayorías sociales, especialmente al movimiento indígena originario campesino, a quien en su mayor parte representa el MAS-IPSP.

Pero además, y por si no les resulta la vía jurídico-electoral, los golpistas, con el ministro de Gobierno, Arturo Murillo El Bolas, y el de Defensa, Fernando López, trabajan en la creación de un grupo guerrillero indígena-independentista que tiene entre sus propósitos cometer actos violentos (incendios, saqueos e incluso asesinatos) contra la población civil para poder culpar al MAS por ellos. Todo ello con el apoyo de la estación de la CIA en la embajada de Estados Unidos en La Paz. Este grupo irregular estaría integrado por militares y policías en activo y retirados, la mayoría de origen indígena, además de miembros de la ultraderechista Unión Juvenil Cruceña. Se cuenta con información de que este grupo fue entrenado por mercenarios de Estados Unidos e Israel en 2019 en una finca cercana a Santa Cruz de la Sierra, bajo la supervisión de Erick Foronda, agente de la CIA que funge actualmente como secretario privado de la presidenta espuria Jeanine Áñez.

Entre los responsables de esta operación estaría también Rolf Olson, de la oficina política de la embajada estadunidense en Bolivia, quien es el enlace directo entre Murillo y López, así co-mo el comandante de las fuerzas armadas, el general Sergio Carlos Orellana.

Si ninguna de las dos vías citadas llega a funcionar como método para anular aun MAS que se encuentra primero en las encuestas, no se descarta un golpe de Estado clásico, recargado, con Orellana y Murillo a la cabeza.

Que la crisis la paguen los ricos

Katu Arkonada*

Después de la crisis económica de 2008, hubo un sector que no sólo se recuperó rápido, sino que siguió creciendo exponencialmente, el de los artículos de lujo. Mientras una buena parte de la población veía recortados sus derechos sociales y laborales, la ocupación de hoteles de 5 estrellas, la venta de inmuebles de firmas de lujo como Engel & Völkers, o la compra de productos como relojes caros, joyería o arte, aumentó por encima de 10 por ciento anual.

Este obsceno indicador sintetiza muy bien lo que significó la crisis de 2008 para la humanidad. La salida a la crisis la pagaron las mayorías sociales en beneficio de una élite. Se socializaron las pérdidas, mediante la compra de la deuda de los bancos privados con el objetivo de que no colapsara el sistema financiero internacional, y se privatizaron las ganancias. Se rescataron otras grandes empresas como General Electric o General Motors, sin que el Estado después de salvar a estas empresas, impusiera ninguna cláusula de recuperación de empleos. Y cuando una parte de esos trabajos se recuperaron, fue con unas condiciones salariales infinitamente peores que antes de la crisis.

Hoy día, cuando parece que ya ha pasado lo peor de la pandemia y la crisis de salud, nos encontramos a las puertas de una crisis económica mundial, probablemente más fuerte y profunda que la de 2008.

La Organización Mundial del Comercio ha estimado que la economía mundial podría contraerse hasta en 18.5 por ciento, y el informe de abril del Fondo Monetario Internacional calcula que el PIB regional podría descender 5.2 por ciento, porcentaje mayor a 5 por ciento de los años 30 posteriores al crack de la bolsa de Nueva York de 1929 y desde luego más grande que el 2 por ciento posterior a 2008.

En América Latina y el Caribe, una región exportadora de materias primas y productos manufacturados, la OIT calcula que más de 10 millones de personas perderán sus empleos por la pandemia, y la Cepal en su informe El desafío social en tiempos del Covid-19 calcula un aumento de la pobreza de 4.4 puntos porcentuales que se traducen en 28.7 millones adicionales de personas pobres (para alcanzar 214.7 millones de personas) y un aumento de la extrema pobreza de 2.6 puntos porcentuales, que eleva el total a 83.4 millones de personas en la región.

A todo lo anterior hay que sumarle la crisis petrolera, con una rebaja de la producción de 10 millones de barriles y el desplome de los precios que aunque ya en recuperación, no volverán a alcanzar a finales de 2020 los de 2019, según la Agencia Internacional de la Energía.

Si a todo lo anterior le sumamos la crisis estructural en forma de cambio climático que vivimos, con un aumento de las emisiones anuales de dióxido de carbono por encima de los 50 gigatones (cada gigatón equivale a mil millones de toneladas), el resultado es devastador: deshielo acelerado de los polos al mismo tiempo que se eleva el nivel del mar, y aumento de la temperatura media global de entre 1.2 y 1.3 °C en los próximos cinco años, que nos acerca al temido límite de más 2 °C de temperatura media del planeta por encima del periodo preindustrial.

Por todo lo anterior se hace cada vez más urgente el debate sobre el modo de producción capitalista, pero sin posiciones maniqueas como las que estamos acostumbrados a leer en todo lo que tiene que ver con el modelo de desarrollo. Los países del sur no sólo tienen el derecho, sino la obligación de sacar a centenares de millones de personas de la pobreza, haciéndolo eso sí, en un equilibrio entre ese crecimiento al que tuvieron acceso los países del norte, y los derechos de la naturaleza en un planeta finito que no da mucho más de sí.

La pandemia global de coronavirus ha venido a acelerar una crisis que ya se atisbaba en el horizonte, el de un modo de producción insostenible, sobre todo de los países del norte, que además no quieren hacer una transferencia de tecnología, como pago parcial de la deuda ecológica que tienen con el sur por la explotación de sus pueblos, personas, y recursos naturales durante siglos. Si además le agregamos a la ecuación la variable de la financiarización de la economía, con cada vez menos producción de bienes tangibles, y mayor especulación económica, la combinación es explosiva, y sobre todo, insostenible.

Pero si algo bueno deja esta pandemia es el retorno del Estado, la ruptura entre amplias capas de la clase media del consenso cultural instalado por el neoliberalismo de que el Estado no era necesario, y de que a menos Estado, más eficiencia. Va a ser muy difícil para los defensores de la globalización neoliberal en crisis defender que los bienes comunes, especialmente la salud, no deben estar en manos del Estado para garantizar el acceso universal y en las mejores condiciones posibles a su población.

Ahí está la grieta para romper el consenso neoliberal, todavía hegemónico desde el punto de vista cultural. La necesidad del retorno del Estado. Y después de instalar ese nuevo consenso, es necesario dar un nuevo paso: que la crisis no la paguen las y los de siempre, los de abajo, los más humildes. Que la crisis económica que está llegando la paguen los de arriba. Que la crisis la paguen los ricos.

*Politólogo vasco-boliviano, especialista en América Latina

EU: del I have a dream al I cant’ breath

Katu Arkonada

El asesinato policial de George Floyd ha provocado un levantamiento antirracista y antifascista en Estados Unidos, que retoma el Black Lives Matter puesto en marcha en 2013 tras el asesinato por un disparo policial en el pecho del adolescente Trayvon Martin, y que cobró fuerza en 2014 tras ser abatido a tiros en Ferguson, también por la policía, Michael Brown.

Tal y como transcurren los acontecimientos, es probable que la muerte de una persona tenga cuanto menos la misma incidencia en el resultado de la elección presidencial de noviembre que la crisis del Covid-19 que ya ha cobrado la vida de más de 110 mil estadunidenses.

A Floyd, guardia de seguridad que había quedado desempleado por la pandemia, le ahogaron durante ocho minutos y 46 segundos con la rodilla en su cuello por haber pagado un plato de comida con un billete de 20 dólares falso.

Pero el asesinato de George Floyd es la punta del iceberg de un sistema basado en el racismo y el clasismo que permite, según la web Mapping Police Violence, que 99 por ciento de las muertes a manos de la policía entre 2013 y 2019 hayan quedado impunes.

Tan sólo en 2019 hubo mil 42 personas muertas por disparos policiales. De ellas, según una investigación del Washington Post, por cada millón de habitantes 12 eran blancas, 23 hispanas, y 31 afroamericanas. Es decir, en Estados Unidos tienes casi tres veces más probabilidades de morir por disparos de la policía si eres negro.

Otra estadística terrorífica muestra que, aunque en EU aproximadamente 50 por ciento de las personas asesinadas son blancas, 80 por ciento de los condenados a muerte lo son por haber matado a una persona blanca.

Y si pensamos la pandemia de coronavirus que azota el planeta, en Estados Unidos, con 13 por ciento de la población afroamericana, 26 por ciento de las muertes por Covid-19 son de raza negra. Se hace necesario darle un vistazo al proyecto The Covid Racial Data Tracker para comprobar que quienes más están muriendo por Covid-19 son personas afroamericanas, latinas e indígenas.

Todo ello, a menos de cinco meses para una elección presidencial donde,en principio, era casi segura una relección de Trump, basada en los buenos datos del crecimiento económico y la reducción del desempleo, frente a un Partido Demócrata en crisis y un candidato gris como Joe Biden. Sin embargo, hoy, con una crisis sanitaria que se traduce en una crisis económica y social sin precedente, que ha dejado más de 40 millones de desempleados entre marzo y mayo, y una previsión del FMI de contracción del PIB de 6 por ciento, Trump ya no está tan seguro de la victoria y comienza a dar síntomas de nerviosismo.

Por eso el magnate se repliega sobre su núcleo duro tuiteando el 29 de mayo “ When the looting starts, the shooting starts” (el saqueo lleva a los disparos), que hace referencia a expresiones utilizadas por policías y racistas en 1967 en pleno auge del movimiento por los derechos civiles, y en 1968, año del asesinato de Martin Luther King. El 31 tuitea: “ Law & order!”, la misma frase con la que Richard Nixon ganó las elecciones en 1968.

Enfrente de Trump, la población afroestadunidense, migrantes, estudiantes, mujeres y ambientalistas, con la duda de si Biden va a ser capaz de articular todas sus demandas y sumar además de los sectores del establishment a los que representa, la izquierda que acaudilla Bernie Sanders. Para ello va a ser importante su acompañante como vicepresidenta, que con toda seguridad va a ser una mujer.

Es difícil que sea Amy Klobuchar, con un perfil de centro parecido a Biden, pero tampoco Elizabeth Warren, muy a la izquierda para el establishment demócrata. La elección de vicepresidenta podría estar entre tres mujeres afroestadunidenses, la senadora por California, Kamala Harris, la ex candidata a gobernadora de Georgia, Stacey Abrams, y la congresista por Florida, estado clave, Val Demings.

Y así como el Make America great again fue un mensaje potente que permitió a Trump ganar una elección, el Black lives matter está dando también una batalla en redes sociales, donde una de las figuras más importantes está siendo Bernice King, hija de Martin Luther King, quien publicó una carta de 1963 de su padre desde la cárcel, donde afirma que la mayor piedra con la que se tropieza la liberación negra no es el Ku Kux Klan, sino los blancos moderados, que prefieren una paz negativa entendida como ausencia de tensión, a una paz positiva comprendida como realización de la justicia. Luther King señalaba en esa carta que la experiencia les ha enseñado de manera dolorosa que la libertad nunca es dada voluntariamente por el opresor, sino que debe ser exigida por las y los oprimidos.

Del Make America great again al Black lives matter. Del I have a dream, de Martin Luther King en 1963, al I can’t breath, de George Floyd en 2020, la pandemia está cambiando el tablero geopolítico, y el levantamiento del pueblo estadunidense contra el racismo estructural en su sociedad podría cambiar también el resultado de las elecciones presidenciales.

Mientras tanto, no hay suficiente fuego que pueda traer justicia por el asesinato de George Floyd y el resto de víctimas de la violencia policial y racial en Estados Unidos.

Venezuela: chavismo y coronavirus

jornada.com.mx

Katu Arkonada

Venezuela resiste. No sólo al imperialismo, que estos días recrudece sus ataques y amenazas ante la solidaridad sur-sur de Irán, sino también al coronavirus.

Las cifras hablan por sí solas: se contabilizan 10 muertos por coronavirus frente a los más de 650 de su vecina Colombia.

El resto de las métricas también se pueden considerar positivas. Venezuela acumula 882 casos de contagio, de los que la mayoría son importados, ninguno desde China: 303 proceden de Colombia, 65 de Brasil, 49 de Perú, 35 de Ecuador, 29 de España, 10 de República Dominicana, cinco de Chile, cuatro de Estados Unidos y cuatro de México.

Ante estos datos, mucha gente se pregunta cómo es posible que un país de 30 millones de habitantes y que vive una crisis económica importante, pueda estar haciéndolo mejor que otros países latinoamericanos integrantes de la OCDE, sean gobernados por fuerzas progresistas, como México, o de derecha, como Chile.

La respuesta parece sencilla, pero no lo es. Vamos a resumirla en tres elementos, cada uno de ellos igual de importante que los otros: medidas estrictas de cuarentena, un sistema de salud de proximidad y el uso masivo de la tecnología.

En primer lugar, Venezuela decretó la cuarentena total el 17 de marzo, siendo el primer país latinoamericano en hacerlo. Cerró fronteras y vuelos provenientes de Europa ante lo que Nicolás Maduró llamó la situacion más grave que hayamos enfrentado nunca. Cinco días después, 22 de marzo, Maduro insistió en radicalizar la cuarentena, imponiendo medidas de restricción de la movilidad, con excepciones limitadas como los trabajadores de la salud o com­pra de medicinas y alimentos, y el uso obligatorio de mascarilla en cualquier espacio público.

Pero además, estas medidas tan estrictas se hicieron protegiendo los derechos sociales y laborales del pueblo venezolano. Se decretó la inamovilidad laboral en el país en defensa de los trabajadores hasta el 31 de diciembre de este año, y contempló un plan especial de pago por parte del Estado de las nóminas de pequeñas y medianas empresas privadas durante seis meses, además de la suspensión de alquileres de comercios y viviendas durante el mismo lapso, con el compromiso gubernamental de compensación a los arrendadores.

El segundo elemento a ser tomado en cuenta se resume en el acrónimo CDI (Centro de Diagnóstico Integral). En 2003, el comandante Chávez impulsó la democratización del sistema de salud venezolano, instalando consultorios médicos en los barrios de techos de cartón, allá donde se oía triste la lluvia y la esperanza pasaba lejos. Con la Misión Barrio Adentro llegaron médicos cubanos donde jamás quiso llegar un médico venezolano, haciéndolo además de la mano de sus líderes comunitarios. Nadie me lo contó, yo estaba allá en el verano de 2003 y vi con mis ojos a la gente más humilde llorar al ver un médico pisar por primera vez su barrio.

Hoy esos CDI, que cuentan con salas de aislamiento y están provistos de interferón, un medicamento producido en Cuba que se ha revelado como el más útil hasta el momento para tratar el Covid-19, son la primera trinchera a la hora de detectar y aislar casos positivos e impedir que se expanda la pandemia.

Pero además el tercer elemento, el uso de la tecnología, complementa de manera muy efectiva la red territorial de salud. El 30 de marzo llegaba a Venezuela el primer avión chino enviado a América Latina, cargado con medicamentos, respiradores, máquinas portátiles de ultrasonido de color, kits de prueba de ácido nucleico, mascarillas médicas y trajes de protección. Pero sobre todo, en ese avión venían también ocho expertos de la Comisión Nacional de Salud de China, con la misión de ayudar al gobierno venezolano a evaluar la situación y diseñar una es­trategia de prevención y contención. Tras eso, han llegado a Venezuela más de un millón de tests rápidos, que se han decidido aplicar a cualquiera que lo solicitase, presentase síntomas o no. Hasta el momento se han aplicado alrededor de 700 mil pruebas de detección de Covid-19, lo que equivale a más de 23 mil pruebas por millón de habitantes, una de las tasas más altas del mundo.

Pero estas tres medidas impulsadas por el gobierno venezolano se pueden sintetizar en un solo concepto: chavismo. El chavismo que, insistimos, es mucho más que una identidad política, se ha traducido en el retorno de lo público, en un Estado fuerte con un sistema de salud que a pesar de las dificultades, resiste la embestida de la pandemia, y en una relación geopolítica privilegiada con China que le han asegurado, como socio clave en América Latina, cooperación en materia de salud y tecnología.

Todo ello en medio de un bloqueo económico que empezó con las sanciones impuestas por Obama mediante la orden ejecutiva que declaraba a Venezuela un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos, y se intensificó con las órdenes ejecutivas de Trump contra la industria petrolera venezolana, dando una vuelta de tuerca que incluyó en 2018 el embargo de todos los activos venezolanos en Estados Unidos, superando 7 mil millones de dólares, y el bloqueo de CITGO, la filial venezolana en Estados Unidos mediante la que además se importaban muchas piezas de recambio para PDVSA.

Pese a ello, podemos afirmar sin duda que Venezuela está derrotando no sólo al imperialismo, sino también a la pandemia que azota el sistema-mundo.

Operación Gedeón vs. chavismo

Katu Arkonada*

Domingo 3 y lunes 4 de mayo de 2020. En plena pandemia mundial, tres grupos de mercenarios entran en aguas territoriales venezolanas provenientes de La Guajira colombiana. En total, más de 50 mercenarios venezolanos y dos estadounidenses: Luke Denman y Airan Berry, del grupo 10 de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos, y con varios tours en Irak durante los años posteriores a la invasión y ocupación.

Una de las embarcaciones es interceptada por patrulleros y helicópteros de combate, resultando muertos ocho mercenarios y siendo incautadas lanchas rápidas, armas de gran calibre, vehículos con ametralladoras instaladas y telefonía satelital, en una operación al parecer financiada por el narcotráfico.

Al mismo tiempo, se hace público un video donde el capitán Nieto Quintero, egresado de la Escuela de Formación de Oficiales (Efofac) de la Guardia Nacional y Jordan Goudreau, dueño de la empresa de seguridad Silvercorp, con sede en Florida, y que proporciona contratistas militares, se atribuyen la operación y afirman que la acción paramilitar fue acordada con el líder opositor Juan Guaidó, mientras muestran un contrato que lo confirma.

No, no es la última película de Netflix, sino una operación real que acaba de suceder en Venezuela y donde los dos ex boinas verdes al parecer serían parte de la asesoría de seguridad de Donald Trump, que difícilmente, por acción u omisión, podría no estar enterado de lo que iba a suceder en territorio soberano venezolano.

De lo que no existe duda es de la implicación de agencias de inteligencia de Estados Unidos, especialmente de la DEA, así como del gobierno colombiano, pues uno de los mercenarios abatidos, el capitán Robert Colina, era responsable de un campamento paramilitar en suelo colombiano, denunciado varias veces por el gobierno venezolano incluso ofreciendo públicamente la ubicación GPS de varios de estos campamentos, sin que el gobierno de Duque tomara ningún tipo de medida contra estos campamentos. Además, hay sospechas de que Colombia pudiera haber liberado algunos presos acusados de narcotráfico que habrían tomado parte en la operación, como Elkin Javier López Torres, La Silla o Doble Rueda, apodado así por haber sido objeto de una balacera que le dejó en silla de ruedas. La Silla es responsable de la masacre del Rodadero en Santa Marta, Colombia, conocido por descuartizar y dejar en bolsas de basura a sus víctimas, y ha sido identificado como el anfitrión de los mercenarios en una finca en territorio colombiano días antes de partir por mar a Venezuela.

Por si fuese poco siniestra esta historia, otro personaje clave parece haber sido JJ Rendón, quien ha reconocido ser parte de un comité estratégico para promover el derrocamiento de Maduro, y que esta operación está ligada con el bloqueo económico y las sanciones.

Finalmente, además de Estados Unidos, la DEA, Colombia y JJ Rendón, el otro actor fundamental en esta trama han sido las milicias bolivarianas, una de las principales herencias de Chávez, que dijo que el pueblo venezolano era un pueblo pacífico, pero no desarmado. Unas milicias que han permitido, junto al aparato de inteligencia, y las Fuerzas Armadas, desmontar una nueva agresión estadunidense contra Venezuela.

Pero esta agresión es parte de una campaña, que si bien permanente y ya con un golpe de Estado que casi fue exitoso en 2002, tiene como punto de quiebre marzo de 2013 y la muerte del comandante Chávez.

A partir de ahí, y en seis años, se sucedieron órdenes ejecutivas de Obama (2015) y Trump (2017, 2018 y 2019) declarando a Venezuela un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos e imponiendo sanciones económicas, buscando además golpear a la petrolera estatal PDVSA, principal motor económico del país. Todo ello combinado con la desestabilización mediante guarimbas en el territorio nacional (2014 y 2017).

Pero es a partir de 2019, una vez que Nicolás Maduro toma posesión el 10 de enero para un nuevo mandato de cinco años, que el terrorismo se intensifica, con la autoproclamación del títere Guaidó el 23 de enero, el show cultural Venezuela Aid Live en Cúcuta el 22 de febrero, y la quema por parte de la oposición de ayuda humanitaria en los puentes que unen Colombia y Venezuela el 23 de febrero. Sin olvidar tampoco el sabotaje eléctrico de marzo que afectó a 18 de los 23 estados del país.

La operación cívico-policial-militar Negro Primero, que ya cuenta con más de 25 mercenarios detenidos, demuestra que el chavismo es algo más que una identidad política. Desde la muerte del comandante Chávez en 2013 se ha perdido el gobierno kirchnerista argentino en las urnas, el correísta ecuatoriano mediante una traición, y el gobierno del proceso de cambio boliviano fruto de un golpe de Estado. Y, sin embargo, y no obstante las dificultades, el bloqueo y las sanciones económicas, la revolución bolivariana y chavista sigue en pie gracias a que se ha construido un pueblo organizado que, a pesar de ser crítico, defiende ese proceso de transformación que tanto costó conseguir, y su soberanía política, económica y territorial.

Ya en 2006, conversando con un compa de la Coordinadora Simón Bolívar en el barrio 23 de enero de Caracas, me dejó claro el horizonte de la revolución: con Chávez o sin Chávez, al pasado no regresamos nunca más.

Y hoy la Venezuela sin Chávez, pero chavista, lucha contra el imperialismo para no regresar al pasado.

*Politólogo vasco-boliviano, especialista en América Latina

Cuba se escribe con S de solidaridad

Pandemia

Katu Arkonada

Decía el Che Guevara que la solidaridad es la ternura de los pueblos. Esta frase no puede ser más cierta en el caso de Cuba, el pueblo más tierno del mundo.

Un pueblo, el cubano, que aun a pesar de las dificultades por las que atraviesa una revolución que ya dura 61 años, la mayor parte de ellos resistiendo un criminal bloqueo económico que impide adquirir medicinas, equipamiento e insumos, tiene en estos momentos 22 brigadas en 21 países del mundo.

Son 22 brigadas y no 21, porque en Italia se encuentran dos contingentes de médicos cubanos. Uno de ellos, el que se encuentra en el norte, en Turín, una de las zonas más afectadas, vecina de Lombardía, se llama Humanidad y en ella participa personal de enfermería italiano y cubano, y médicos con especialidad en epidemiología y experiencia en África combatiendo el ébola. Humanidad, linda metáfora de la ternura del pueblo cubano con el pueblo italiano.

Cuba, que asimismo supera los mil contagios y contabiliza alrededor de 50 fallecidos, y tiene 8.2 médicos por cada mil habitantes, una de las tasas más altas del mundo, ha desplazado mil 238 profesionales de la salud a estos 21 países del mundo, que van desde Honduras, Nicaragua o Venezuela, en América Latina, a Togo, Angola o Cabo Verde, en África, pasando por Haití, Dominicana o Jamaica, en el Caribe.

Pero lo que probablemente mucha gente no sepa es que Cuba lleva 14 años trabajando con brigadas médicas en China, y ha estado en primera línea también durante el combate al coronavirus en el gigante asiático. Lo ha hecho además con un medicamento antiviral, el interferón alfa-2B, elaborado por células pertenecientes al sistema inmunitario de algunos animales vertebrados, medicamento que ha sido determinante para contener la propagación del virus y ayudar a la mejora de miles de personas infectadas por el nuevo coronavirus.

Nada de esto es casualidad, ya Fidel en los años 60 comenzó a pensar en un modo de producción basado en la ciencia, y esta idea fue acentuada por el bloqueo estadunidense a una isla que no cuenta con los recursos naturales de muchos países de su entorno, ricos en petróleo, gas, oro o coltán, y que incluso su industria turística era limitada por el bloqueo. Es así que sobre todo en los 90, en pleno periodo especial, despegó una industria que ha logrado producir la vacuna pentavalente, que en una sola dosis protege contra la difteria, tétanos, tosferina, hepatitis B y la influenza tipo B, o el CIMAher (nimotuzumab), anticuerpo con que se tratan tumores avanzados de hasta cinco tipos de cáncer, entre ellos de cerebro, cabeza y cuello. También se hace necesario mencionar aquí el CIMAvax-EGF, que combate el cáncer de pulmón (ningún país del mundo ha logrado la vacuna), o el Heberprot-P, utilizado en la terapia de la úlcera del pie diabético, y que ha reducido 75 por ciento las amputaciones en este tipo de casos. El Heberprot-P por cierto, está incluido desde 2018 en el Catálogo de insumos del Issste.

Este desarrollo médico-científico ha permitido que hoy Cuba tenga una tasa de mortalidad infantil de 4.9 por cada mil nacidos vivos, y una esperanza de vida que supera los 78.6 años, superior a la de Estados Unidos (78.5), y similar a la de cualquier país desarrollado. Todo ello a pesar de ser una isla sin recursos naturales sometida a un bloqueo económico criminal (bloqueo sólo apoyado en 2019 en Naciones Unidas por el sionismo israelí y el Brasil de Bolsonaro).

En medio de esta crisis de salud que se suma a la crisis multidimensional que ya vivíamos (económica, financiera, energética, alimentaria…), Cuba sigue siendo un faro de esperanza que nos debe dar luz para pensar este mundo donde se cierran fronteras a las personas y se abren a los capitales, donde la xenofobia impregna nuestras sociedades, donde nos importa más el contagio a los mercados que a las personas, y donde la industria farmacéutica es una de las más poderosas del mundo. Probablemente una buena metáfora del modo de producción capitalista.

Quizás en estos tiempos de coronavirus y crisis del capitalismo nos demos cuenta de la importancia del legado de Fidel Castro y de la revolución cubana. La tecnología es importante, pero más importante aún es el ser humano.

Hoy, en un mundo con 820 millones de hambrientos, 2 mil millones de personas desnutridas y 3 mil millones que no tienen cómo lavarse las manos, Cuba se convierte en un referente de solidaridad frente a la avaricia de otros países que piratean tecnología o mascarillas como antes piratearon a los pueblos, personas y a la naturaleza de los países del sur.

Es en el mundo de hoy en el que Cuba nunca ha regateado cuando se trata de salvar vidas humanas. De ello pueden dar fe el personal médico (más de 400 mil personas) que ha desarrollado alguna misión en los alrededor de 164 países con los que Cuba ha sido ­solidaria.

Es por ello que si alguien merece el Premio Nobel de la Paz, por encima de quienes apoyan la guerra y sus secuaces en la progresía neoliberal, son las y los médicos cubanos, empeñados en seguir salvando vidas allá donde el Estado retrocedió en beneficio de los ­mercados y en perjuicio de las ­personas.

Tecnología y militarización en tiempos del Covid-19

Katu Arkonada

Todo el mundo, periodistas y analistas especialmente, escribe sobre la crisis del nuevo coronavirus haciendo analogías con la crisis económica de 2008. Pero hay que echar la mirada unos años más atrás para encontrar otro punto de referencia: la época posterio al 11S donde un shock a escala planetaria sirvió como excusa para el mayor recorte a las libertades civiles y políticas nunca antes visto, Patriot Act mediante.

El escenario que tenemos por delante es una combinación de ambos escenarios: la mayor crisis económica de los pasados 70 años combinada con la militarización y retroceso de las libertades en nuestras naciones. Todo ello en un momento en el que el neoliberalismo nos ha dejado sociedades fragmenta-das donde prima el individualismo, fomentado cada vez más por los grandes avances tecnológicos.

Una vez inoculado el miedo al virus, nuestras sociedades están transformándose a pasos agigantados. Encerrados en nuestras casas, el mayor miedo ahora es que los mercados inertes se enfermen de coronavirus, un virus que no discrimina por raza, género o clase, pero sí lo hacen nuestras sociedades, discriminación facilitada por una cada vez mayor militarización de las mismas.

Todo este escenario se sintetiza en Estados Unidos, que ya se ha convertido en el país con más contagios y muertos del mundo y donde, sin embargo, y a pesar de la negación primero y de una pésima gestión después, la popularidad de Donald Trump sigue en aumento, y todo parece indicar que será relecto en noviembre frente a un Partido Demócrata sin ideas una vez consumada la retirada de Bernie Sanders, quien tenía las mejores propuestas para hacer frente a una crisis de salud y económica como la que estamos viviendo, y la consolidación de Joe Biden como candidato presidencial para enfrentar a Trump. La elección entre éste y Biden demuestra que el miedo prevalece y que el pueblo estadunidense no está preparado para los cambios que vienen.

Mientras tanto, en Francia, Macron declara: estamos en guerra, y en España se declara el estado de alarma nacional, se saca al ejército a las calles y La Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial desarrolla una aplicación que permita geolocalizar mediante teléfono móvil a todos y cada uno de las y los ciudadanos de la nación para verificar dónde se encuentran y si están donde declaran estar. En Italia la app que se está desarrollando busca detectar los casos de contagio y con qué personas se han estado encontrando o reuniendo las y los italianos con la finalidad de aislarlos lo más rápido posible.

Entregar nuestros datos para resolver una crisis de salud no sería tan grave si no fuera porque cuando la pandemia termine, la tecnología al servicio del control social permanecerá.

Pero es en China donde el uso de tecnología y control social se ha perfeccionado mediante la aplicación Suishenban, una especie de semáforo que después de otorgarle todos los permisos para tu geolocalización y control, te ofrece luz verde, amarilla o roja, en función de los lugares que hayas visitado y la gente de la que hayas estado cerca. El código QR que proporciona es ya un pasaporte para entrar a edificios gubernamentales, hospitales e incluso negocios privados. Suishenban utiliza big data y tiene acceso a las bases de datos de la Policía, la Comisión de Sanidad, operadores de telefonía e Internet y aerolíneas. Eso, combinado con el control de la temperatura corporal de la gente en las calles, ha conseguido frenar la pandemia en el territorio de la República Popular China. Si a todo ello le sumamos el sistema de crédito social del gobierno chino, junto a otros como el Zhima Credit de Alibaba, en el que un algoritmo te da una puntuación más o menos alta, según tu buen comportamiento, puntuación que te permite acceder a diferentes servicios, 1984, de Orwell, se queda corto, aunque el episodio Nosedive, de Black Mirror, se aproxima bastante.

También en América Latina y el Caribe se han sacado los militares a las calles en Chile, Colombia o Brasil, y no sólo para realizar las necesarias labores logísticas, como en México, sino para controlar a la población. Una población que según la Cepal es inminente que sea más pobre, pasando de 185 a 220 millones las y los latinoamericanos y caribeños en situación de pobreza y extrema pobreza, un tercio de los 620 millones que habitan nuestra América.

Pero si el coronavirus nos va a dejar una mayor militarización y recorte de libertades como efectos negativos de la crisis económica y de salud, también nos debería dejar elementos positivos para pensar la sociedad que viene, como una apuesta decidida por desmercantilizar la salud y una cada vez menor dependencia del dólar, la moneda de unos Estados Unidos que sólo representan 10 por ciento del comercio y 15 por ciento del PIB mundial.

La era de la biopolítica digital ya está aquí, y en la medida en que se transforma el concepto de soberanía, cerrándose fronteras, pero abriéndose los datos, debemos aprovechar la apuesta por la tecnología y el 5G que Estados Unidos y Europa intentan vetar para no dejar a China convertirse en la primera potencia mundial, y utilizarla a nuestro favor para construir una sociedad más justa que deje atrás el modo de producción capitalista. Con coronavirus, o sin él.

*Politólogo vasco-boliviano

La geopolítica en los tiempos del coronavirus

Katu Arkonada*

Doce años después de la crisis financiera de 2008 la historia se repite, no sabemos aún si como tragedia más profunda o directamente como farsa. Tres mil millones de personas en el mundo confinadas por un coronavirus, llamado SARS CoV-2, que ha pateado el tablero mundial, pero también ha logrado lo que el socialismo no pudo: que se asuma la imperiosa necesidad del Estado como herramienta para garantizar la reproducción de la vida ante al avance depredador del capital.

La pandemia que arrasa al mundo, deja al descubierto cómo el neoliberalismo fue desmantelando el Estado y su sistema de salud, privatizando y entregando el control a farmacéuticas privadas donde pudo. Y donde aún quedaba Estado del bienestar, como en España e Italia, el sistema de salud ha colapsado.
El maremoto geopolítico ha obligado a Estados Unidos, y a pesar de Trump, a aprobar un rescate en forma de inversión pública de 2 billones de dólares, mientras el número de contagios supera ya los cerca de 82 mil de una China que mediante un Estado autoritario y eficiente con control sobre los medios de producción y alta tecnología, ha podido neutralizar los contagios locales del Covid-19. Camiones rusos entran en Roma, al mismo tiempo que en Alemania y Francia se habla de nacionalizar empresas, mientras Japón posterga los Juegos Olímpicos hasta 2021 e India confina a mil 300 millones de personas. En América Latina los médicos cubanos retornan a Brasil, tras haber sido expulsados por Bolsonaro, a quien se le rebelan unos gobernadores que impulsan una renta básica lulista como medida para afrontar la crisis. Mientras tanto en Chile siendo éste el Israel de Sudamérica, Piñera decreta el estado de excepción constitucional de catástrofe.
Pero todos los anteriores son países del G20 u OCDE. Debe ser por eso que hablamos tanto del coronavirus y no mucho de la malaria, que tan solo en 2019 mató a 400 mil personas en África. Perdón, donde dije personas quise escribir 400 mil pobres y negros. Porque ese es el debate subyacente en México hoy y en muchos otros países. El aislamiento puede ser necesario en muchos lugares para contener la pandemia, pero sólo puede ser sostenible si no condena al hambre a los más vulnerables, quienes no cuentan con redes de protección social ni son parte de la economía formal.
Y es que después de la crisis sanitaria viene la crisis económica y social, una vez que se interrumpa la oferta por la interrupción de las cadenas de suministros y haya un shock de demanda interna y externa.
Sin ir más lejos, en Estados Unidos subsisten 27 millones de personas sin seguro médico y 11 millones más sin documentos. El coronavirus ya ha disparado las peticiones de prestaciones por desempleo hasta el récord histórico de 3.28 millones. Esto sólo en Estados Unidos, porque a escala mundial la OIT calcula un crecimiento del desempleo de 5.3 millones de personas en su hipóte-sis más prudente, y de 24.7 millones en la más extrema. Por comparar, la crisis de 2008-2009 dejó 22 millones de nuevos desempleados. En América Latina la crisis del Covid-19 podría hacer pasar el número de personas en situación de pobreza y extrema pobreza de los 250 millones actuales a 310, la mitad de los 620 millones de personas que habitamos en el subcontinente.

En el plano estrictamente económico, la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo calcula perdidas globales por 2 billones de dólares, pero otros estudios hablan de hasta 9 millones, lo que significaría 10 por ciento del PIB global en un mundo en crisis donde la deuda global ya supera los 250 billones de dólares.
Estamos ante una bifurcación con dos posibles salidas: una es el camino que vislumbra Slavoj Zizek, una sociedad alternativa de cooperación y solidaridad, basada en la confianza en las personas y en la ciencia; el otro camino lo define Byug Chul Han como un mayor aislamiento e individualización de la sociedad, terreno fértil para que el capitalismo regrese con más fuerza.
Pero antes de la bifurcación ya estamos en un momento donde como bien define Carlos Fernández Liria, nos preocupa más que el coronavirus infecte a los mercados que a las personas. Todo ello en un escenario definido por Boaventura de Sousa Santos con el aparente oxímoron de la crisis permanente, donde hemos normalizado la excepción que permite justificar el despojo, la acumulación por desposesión y la doctrina del shock permanente contra nuestros pueblos.
Lo que está claro es que la reproducción del capital, dificultada por la crisis de un capitalismo en fase de descomposición, puede encontrar una ventana de oportunidad en la medida en que desaparece una parte de la población mundial y se crean nuevos mercados.
La salida ante esta nueva crisis debe ser en un primer momento keynesiana, (re)construyendo estados fuertes que rescaten a las personas y no a los bancos ni a las trasnacionales, estados que aprovechen el momentum para transitar hacia otras energías no basadas en combustibles fósiles, mientras se siguen profundizando todas las alternativas posibles posneoliberales.
O quizá no hacen falta tantos malabares teóricos y debemos guiarnos por Britney Spears citando a la escritora Mimi Zhu: Nos alimentaremos mutuamente, redistribuiremos la riqueza, haremos huelga. Comprenderemos nuestra propia importancia desde los lugares donde debemos permanecer. La comunión va más allá de los muros. Todavía podemos estar juntos.
*Politólogo vasco-boliviano 

Bolivia, el golpe permanente

Katu Arkonada *

Entre 2005 y 2015, el Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos (IPSP), nacido en 1995 y con la sigla MAS prestada para su primera contienda electoral, logró una hegemonía política y social nunca antes vista en la historia de Bolivia, más longeva incluso que la del MNR de la revolución de 1952. Evo Morales llegó a cumplir más de 5 mil días consecutivos ejerciendo el poder (frente a los 4 mil 586 que había acumulado Víctor Paz Estenssoro en cuatro periodos discontinuos).

Sin embargo, lo sucedido el 10 y 11 de noviembre de 2019, golpe de Estado cívico-policial-militar y la llegada de Evo Morales a México en calidad de asilado político, al mismo tiempo que una mediocre senadora de los Demócratas, partido que había sacado 4 por ciento de los votos en la elección general, asumía la presidencia interina con el objetivo de convocar a nuevas elecciones, rompió una hegemonía que ya había comenzado a fracturarse en 2016.

Son muchos los errores cometidos desde 2016, errores intensificados en 2019 y agravados durante los 20 días posteriores a la elección general del 20 de octubre, pero ahora mismo, con unas nuevas elecciones generales el 3 de mayo, toca mirar hacia adelante, incluso, más allá de las propias elecciones.

El MAS ha tenido que moverse rápido para escoger candidato y ha optado por el ex ministro Luis Arce Catacora, autor intelectual del milagro económico boliviano, acompañado como candidato a vicepresidente por el ex canciller David Choquehuanca, lo que le permite mantener la identidad indígena originaria campesina en el binomio, pero interpelando también a quienes se vieron beneficiados por 14 años de estabilidad económica.

El binomio del MAS-IPSP va a enfrentar a todos quienes criticaron a Evo por su repostulación y aseguraban que no serían candidatos, desde Carlos Mesa a Fernando Camacho, pasando por una Jeanine Áñez, quien a pesar de que un congreso sin quorum la declarara presidenta interina y el comandante de las Fuerzas Armadas le pusiera la banda presidencial, o quizás gracias a eso, ha decidido postularse. Más paradójico aún el caso de Samuel Doria Medina, que tras criticar la postulación de Áñez, aceptó ser su candidato a vicepresidente.

La dispersión de los golpistas en hasta siete candidaturas no debe llevarnos a falsas lecturas optimistas. Lo que está en juego en la primera vuelta es la composición de la Asamblea Legislativa Plurinacional, y por eso cada sector del golpismo, más moderado o más radical y de ultraderecha, busca colocar sus piezas. Pero en una hipotética segunda vuelta, todos irían unidos contra el MAS-IPSP.

Lo que hay de fondo es la rearticulación de un nuevo bloque de poder, alineado a los intereses de Estados Unidos, y conformado por las clases medias urbanas desencantadas con el MAS en el centro, los comités cívicos y sus expresiones violentas a la derecha, así como sectores de la policía y las fuerzas armadas del Estado.

La filtración de las reuniones mantenidas en la elitista Universidad Católica Boliviana de La Paz a convocatoria de la Conferencia Episcopal y con presencia de Mesa, Camacho, Doria Medina, Tuto Quiroga como principal operador del Departamento de Estado, los cívicos y los embajadores de España, Italia y la Unión Europea, junto con la postulación de Jeanine Áñez, confirman la voluntad de convertir un golpe de Estado irreversible en un golpe permanente.

La designación esta misma semana como vicecanciller de Manuel Suárez, secretario privado de Gonzalo Sánchez de Lozada, ministro de la Presidencia de Carlos Mesa y asesor de Samuel Doria Medina, confirma que más allá de quien gane las elecciones, hay voluntad de facilitar el retorno de las viejas élites al control del Estado para reorientar la política económica y de relaciones internacionales.

Ante eso, el MAS peca de optimismo al pensar que puede ganar las elecciones y recuperar el poder. No se están calculando bien los efectos del golpe en las clases medias urbanas. Es posible que el voto duro se vea cohesionado a pesar de perder a Evo como candidato a Presidente por la represión racista, pero la adhesión blanda ha sufrido un desgaste muy grande. La polarización post golpe va a hacer que el MAS mantenga su núcleo duro de alrededor de 35 por ciento de los votos, pero el gran ganador de estas elecciones va a ser el centro (se llame Mesa o Áñez-Doria Medina), la apuesta por la distensión y no confrontación: ni los golpistas representados por Camacho, ni los masistas. A todo ello contribuye el encarcelamiento de ex altos cargos oficialistas, una persecución que ayuda a consolidar la idea sembradadurante años por el principal partido de oposición, los medios de comunicación, de que el gobierno del MAS ha sido el gobierno más corrupto de la historia.

Pudiera ser incluso que el MAS ganara la primera vuelta con 10 puntos de diferencia sobre el segundo, pero si no llega a 40 por ciento de los votos se queda sin chances en una hipotética segunda vuelta.

Al MAS le toca, por tanto, la misma travesía por el desierto que hicieron el kirchnerismo en la Argentina o están haciendo el correísmo en Ecuador, el PT en Brasil y el FMLN en El Salvador. Será necesario hacer un ejercicio profundo de autocrítica, pensar en que momento se bajaron las banderas del proceso de cambio y se dejaron seducir por los cantos de sirena de unas clases medias politizadas por los medios, y trabajar desde la trinchera parlamentaria y la territorial de las alcaldías y gobernaciones, para enfrentar durante cinco largos años un golpe que ha venido para quedarse.

* Politólogo vasco-boliviano, especialista en América Latina

Argentina y Brasil, cara y cruz de una misma crisis

Katu Arkonada

En una Sudamérica atravesada por el golpe de Estado en Bolivia, las protestas en Chile y Colombia, el lawfare contra el correísmo en Ecuador, o la guerra económica contra Venezuela, los gobiernos vecinos de Argentina y Brasil, que cumplen dos meses en el caso del ejecutivo que encabeza Alberto Fernández y 13 meses en el de Jair Bolsonaro, se convierten en la cara y la cruz de una misma moneda, la de la crisis de un modelo económico y social en descomposición que genera monstruos.

En la Argentina de Alberto y Cristina, el desastre social macrista ha dejado claras las prioridades: el combate a la pobreza y el hambre en un país que en 2019 superó 53 por ciento de inflación y que debe al Fondo Monetario Internacional 57 mil millones de dólares.

La política social y la economía serán por tanto las prioridades del gobierno kirchnerista y peronista durante los próximos cuatro años. Gobierno que se regirá por una de las máximas de Néstor Kirchner: La gente no es enferma de la política como nosotros. Quiere que cada semana sea un poquito mejor que la anterior y que el fin de semana pueda olvidarse de quién la gobierna.

Y para que cada semana sea un poquito mejor que la anterior, es fundamental la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que declara la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, y faculta al ejecutivo aprobar leyes y decretos en todas esas áreas.

A partir de esta ley, el gobierno ha aprobado el plan Argentina contra el hambre enfocado a garantizar el acceso a la canasta básica de alimentos; un bono de emergencia para jubilados; la obligación de indemnización por despido sin causa por 180 días; un aumento salarial para privados y estatales que cobren hasta 60 mil pesos (alrededor de mil dólares); el congelamiento de las tarifas de gas y electricidad durante 180 días; la reducción de 8 por ciento en el precio de los medicamentos, y la suspensión de cualquier aumento de tarifas en trenes, colectivos y peajes.

Todas estas medidas económicas y sociales de emergencia deberían desahogar los niveles de desigualdad y pobreza (los más altos en 10 años), y poner de nuevo a la Argentina de pie. Además, se han adoptado medidas políticas como el restablecimiento de los ministerios de Salud, Ciencia y Tecnología, Trabajo y Cultura, que el macrismo había desaparecido, y se ha creado el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, además de restituir el protocolo de aborto no punible (primer paso para la legalización) o derogar el protocolo macrista de uso de armas de fuego con fines represivos.

Mientras tanto, el Brasil de Bolsonaro, que el primero de enero cumplió un año de gobierno, recorre el sentido contrario a la Argentina y profundiza el modelo neoliberal revestido con un discurso de odio, racismo, homofobia y misoginia, discurso legitimador de la tortura y la dictadura militar.

Los objetivos del país más grande, en tamaño y PIB, de Sudamérica, también están claros, tanto en lo económico como en lo social.

En el área económica, 2020 será el año de profundización de las privatizaciones iniciadas en 2019. La apuesta es clara y pasa por el achicamiento del Estado y por la privatización de empresas estatales. En 2019 pasaron a manos privadas cinco empresas estatales y la intención en 2020 es hacerlo con otras 17, entre ellas Correos o Eletrobras.

Paulo Guedes, el ministro de Economía formado en la ultra neoliberal Universidad de Chicago, no ha conseguido que el crecimiento brasileño supere uno por ciento en 2019, y ya prepara un nuevo paquetazo que pasa por aumentar el recorte en el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Renovables y una nueva Ley de Pensiones que quiere ahorrar más de 200 mil millones de dólares en 10 años recortando las pensiones por jubilación.

En lo social, la intención del gobierno de Jair Bolsonaro de reducir 30 por ciento los fondos para educación superior han sido frenados, de momento, por las movilizaciones estudiantiles de mayo, agosto y septiembre, lo que ha repercutido en que la aprobación del gobierno baje hasta un patético 29 por ciento.

La reciente renuncia del ministro de Cultura por copiar en un video la estética y el discurso de Joseph Goebbels, ministro de Propaganda de Hitler, y la anterior renuncia del ministro de Educación por querer redefinir en los libros de historia la dictadura militar como un régimen democrático de fuerza, desnuda a la perfección el proyecto de fascismo social bolsonarista, proyecto que no podría ponerse en marcha sin el evangelismo de derecha que le sigue haciendo el trabajo sucio en las favelas y entre las y los más pobres.

Pero la liberación de Lula y la reciente nominación a los premios Óscar del documental Al filo de la democracia ( Democracia em vertigem) de Petra Costa, han supuesto duros golpes para Bolsonaro. La articulación de diferentes luchas, desde el movimiento de trabajadores campesinos sin tierra (MST) y el de pobladores urbanos (MTST), al movimiento feminista o afrodescendiente, van a suponer un freno al proyecto bolsonarista, que tiene, al igual que el PT y el movimiento popular, un desafío en las elecciones municipales de octubre.

Brasil y Argentina son de esta manera dos caras opuestas de una misma moneda, la de la crisis del modelo neoliberal ante la que se construyen alternativas posneoliberales o se generan monstruos populistas de ultraderecha allá donde la izquierda no ofrece alternativas a las mayorías sociales.

* Politólogo vasco-boliviano, especialista en América Latina

Cinco claves geopolíticas para pensar el mundo en 2020

Katu Arkonada

Vivimos tiempos de crisis,y por tanto, tiemposinteresantes.

Crisis económica, pero sobre todo, financiera. Lo dice el Fondo Monetario Internacional, que en su último informe Perspectivas de la economía mundial 2020 asegura que El crecimiento mundial registró su ritmo más débil desde la crisis financiera de hace una década.

El valor mundial de los mercados bursátiles, lo que Marx llamaba capital ficticio, se sitúa alrededor de 90 billones de dólares, superando el PIB mundial, y con una deuda pública que roza 70 billones de dólares y los bancos bajando las tasas de intereses y regalando dinero al capital financiero, no productivo, están construyendo las condiciones para una crisis dentro de la crisis.

Mientras tanto, en este interregno entre crisis, el mundo está en llamas. Arden las calles, arden los bosques, arden las fronteras, y arden diversas zonas del planeta debido a las guerras comerciales o por los recursos naturales, cada vez más escasos.

Vamos a analizar algunos de los focos rojos de este 2020 en clave geopolítica:

Estados Unidos. Las cosas se mueven rápido en la potencia imperial en declive, pero al mismo tiempo epicentro de la confrontación geopolítica mundial. Con una economía estable, en crecimiento, y un desempleo en decrecimiento, es el año de Trump.

Un Trump que se convierte en el tercer presidente de la historia de Estados Unidos sometido a un juicio político, tras Andrew Johnson (1868) y Bill Clinton (1998). Y al igual que sus dos predecesores, saldrá libre del mismo. Si bien los demócratas encabezados por Nancy Pelosi han manejado bien el proceso de impeachment en la Cámara de Representantes, es una batalla perdida en un Senado con mayoría republicana y puede tener un efecto boomerang para los demócratas, pues se verá afectada la agenda de las primarias, sobre todo la de los senadores Bernie Sanders y Elizabeth Warren, lo que puede dar un nuevo impulso a la candidatura de Joe Biden.

Varias regiones del planeta se verán afectas por lo que suceda de aquí al martes 3 de noviembre, día de las elecciones presidenciales estadunidenses.

Medio Oriente. El acto de inicio de campaña de Trump fue la reciente ejecución de Qasem Soleimani, general a cargo de las Fuerzas Qods, el cuerpo de élite de la Guardia Revolucionaria Islámica y principal responsable del combate al Estado Islámico en Irak. Esta operación y la respuesta de Irán mediante un ataque quirúrgico a una de las principales bases estadunidenses en Irak, con el objetivo de no dejar muertos, pero sí mostrar poderío tecnológico y de inteligencia, aumentan la temperatura de la ya de por sí región más caliente del planeta en términos geopolíticos. Los casi mil kilómetros de frontera que comparten Irán y Afganistán, con 13 mil soldados estadunidenses desplegados, amplían el campo de batalla entre la principal potencia de Medio Oriente, Irán, y el complejo industrial-militar estadunidense, actor clave para la reelección de Trump en 2020.

China. La potencia que cada vez acerca más el mundo multipolar a una disputa bipolar, y que en 2021 celebrará los 100 años del Partido Comunista de China (PCCh), entra el 25 de enero en su Año de la Rata con el objetivo de erradicar por completo la extrema pobreza. El objetivo en 2020, después de sacar a 800 millones de personas de la pobreza durante los pasados 35 años, es que ningún ciudadano se encuentre en situación de extrema pobreza.

Además, cambia de año firmando una tregua comercial con Estados Unidos. Una China que ya supera a EU en PIB medido en paridad del poder adquisitivo (PPA) y que si profundiza tanto su alianza con Rusia como la apuesta por la Nueva Ruta de la Seda, podría en un futuro no tan lejano superar a EU en PIB global. En el campo de batalla de la tecnología, el 5G y la ciberguerra, China ya se ha colocado por delante del imperio.

Mundo en llamas. Los recientes incendios en la Amazonía o Australia, que aporta 5 por ciento del total mundial de contaminación climática mediante la minería de carbón o la explotación de gas, reafirman la idea de que no es el fuego, es el capitalismo. Un modo de producción insostenible para nuestra Madre Tierra que solo trae guerras por el coltán, el petróleo, el litio, el cobre, el agua y sobre todo, como rapean Los Chikos del Maíz y Kase.O, el enemigo interno, el pobre. Porque quienes salen perdiendo de las guerras imperialistas en todos los rincones del planeta son las y los desheredados de la tierra. Quienes no tienen siquiera la posibilidad de cuidar el planeta (porque ser ecologista es también una cuestión de clase) es quienes menos tienen. El equilibrio entre el derecho al desarrollo de una buena parte del (tercer) mundo y los derechos de la naturaleza es uno de los grandes debates y tareas pendientes.

Ultraderecha y evangelismo. Y mientras hace arder el mundo, el capitalismo fractura nuestros pueblos y fragmenta nuestras sociedades. Lo colectivo se debilita en favor de lo individual, y ahí es donde aparecen fenómenos como el auge de la ultraderecha o del evangelismo, allá donde la izquierda es incapaz de dar respuesta a las nuevas preguntas de este mundo en llamas.

Frente a la guerra contra el marxismo cultural y la ideología de género, nuestra defensa de la humanidad frente al auge del fascismo y del evangelismo de ultraderecha debe ser la apuesta por una sociedad regida por los principios de la justicia social y el feminismo.

* Politólogo especialista en América Latina