El sueño de Sandino: ¿y si toda Centroamérica fuera un único país?

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Lo que hoy conocemos como Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica podría haber sido una sola nación. Así lo soñó el revolucionario Augusto Sandino, quien reivindicó la unidad como forma de confrontar la intervención estadounidense. De haberlo logrado, América tendría hoy un país con un interesante potencial económico.

El sueño de una Centroamérica unida fue uno de los pilares del pensamiento de Augusto César Sandino, el revolucionario nicaragüense que, si bien fue asesinado en 1934, inspiró a la Revolución Sandinista que triunfó en julio de 1979.

Augusto Sandino fue conocido por defender la soberanía de Nicaragua ante las intervenciones de Estados Unidos durante la primera mitad del siglo XX. En ese proceso no solo consiguió que las tropas norteamericanas se retiraran en 1933, sino también desarrollar una matriz de pensamiento que pondría en primer plano al indohispanismo y recogería la importancia de una unidad entre los países de América Central.

© AP Photo / Alfredo Zuniga

Es así como uno de los legados más notables del pensamiento de Sandino fue la Suprema proclama de unión centroamericana, un documento que firmó en agosto de 1933 con la intención de reflotar el viejo proyecto de la República Federal de Centroamérica, que se había conformado en 1824 luego de la independencia de las colonias españolas que dependían de la Capitanía de Guatemala.

Aquel proyecto, que duró hasta 1840 y que tuvo al hondureño Francisco Morazán como máximo referente, unía a los territorios de los actuales Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Belice y Panamá, que hoy podrían ser considerados parte de la misma región, no estaban incluidos por ser una colonia británica y parte de Colombia, respectivamente.

Las guerras civiles entre los Estados miembro acabaron por precipitar su disolución, dando vida a los cinco países que conocemos en la actualidad.

© Foto : Pixabay/ StockSnap

Pero para Sandino, volver a aquella unión centroamericana era vital, sobre todo para poder plantarse de forma mucho más firme ante el avance estadounidense. En la proclama —recogida por el periódico sandinista Barricada— Sandino se queja del "cinismo con que algunos gobernantes de Centroamérica han entregado y están entregando a miserables explotadoras compañías yankis, grandes extensiones de territorio de nuestra bella Centroamérica".

Para el líder nicaragüense, la entrega a empresas estadounidenses de la operación de puertos, ferrocarriles, aduanas, minas y yacimientos petroleros no hacían más que convertir a los centroamericanos en "esclavos".

Sandino reivindicaba la soberanía de los indohispanos y alertaba a sus compatriotas sobre la necesidad de crear un Ejército Autonomista de Centroamérica que tuviera la misión de expulsar "militar, política y económicamente de su suelo a los agonizantres banqueros de Wall Street aunque para ello tuviésemos que dejar nuestros cadáveres de cara al sol".

"El Ejército Autonomista de Centro América, declara abolida la farsante Doctrina Monroe. Y, por lo mismo, anula el vigor que dicha doctrina pretende ejercer para cobardemente inmiscuirse en la vida política, interna y externa de las Repúblicas Indohispanas", enfatizaba la proclama de Sandino.

Sandino fue traicionado y asesinado en 1934 por lo que su proyecto político quedó por el camino. Incluso con el triunfo del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en 1979, los cinco países centroamericanos que integraron aquella República Federal de Centroamérica no pudieron volver a integrarse.

¿Cómo sería la República Federal de Centroamérica?

A casi 200 años de su creación, un pequeño ejercicio matemático sirve para hacerse una idea de la magnitud que tendría ese país en el mundo moderno. Por supuesto, se trata tan solo de una proyección que no contempla la posibilidad de que, unido, el territorio podría haber tenido un mayor desarrollo.

En la actualidad, la República Federal de Centroamérica tendría una extensión total de 423.895 kilómetros cuadrados, desde su frontera con México al norte hasta su frontera sur con Panamá.

La población total del país superaría los 43 millones de habitantes, lo que lo ubicaría como el 34° país más poblado del mundo, superando a otros países americanos como Perú, Venezuela, Chile y Ecuador.

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La república centroamericana tendría un Producto Interno Bruto (PIB) total de 358.326 millones de dólares y un PIB per cápita de 8.181 dólares, según un estimativo a partir de datos del Fondo Monetario Internacional (FMI).

La principal industria del país sería la agricultura, especialmente la dedicada al café y frutos tropicales. Sin embargo, la zona de Costa Rica colocaría a la nación como un destino turístico poderoso en la región.

Los indicadores varían al incluir en esta República a Panamá, que si bien no estaba incluida en el proyecto original del siglo XIX, hoy tiene una identidad centroamericana. Con Panamá, el país alcanzaría una extensión total de 499.315 kilómetros cuadrados. Las fronteras ahora serían México y Colombia en el sur.

El país tendría casi 48 millones de habitantes, superando en población a Argentina y España, por ejemplo.

La suma de Panamá llevaría el PIB de la región a 480.075 millones de dólares y haría que el PIB per cápita supere apenas los 10.000 dólares. La administración del Canal de Panamá sumaría a la nación centroamericana un generador de divisas crucial, así como un activo estratégico de importancia mundial.

Migrantes en tiempos de pandemia

Lucía Melgar Palacios 

CIMACFoto: César Martínez López

La calidad de una sociedad se refleja en gran medida en el trato que da a mujeres, niñas y niños. Se aprecia también en sus actitudes y prácticas hacia las personas extranjeras, en particular hacia las y los migrantes que viven en su territorio o lo atraviesan. La conducta de muchos gobiernos y de las propias sociedades hacia las mujeres durante esta cuarentena ha corroborado que las transformaciones impulsadas por el feminismo desde el siglo XX no han bastado para contrarrestar la  misoginia social e institucional.  

En México, la ausencia de políticas públicas para prevenir la violencia machista o garantizar el desarrollo y la autonomía de las mujeres es responsabilidad de este gobierno principalmente pero es también una falla social añeja. Las medidas hacia la población migrante, tomadas o ignoradas, por los gobiernos de nuestro país y del continente americano, por otra parte, confirman a su vez que la xenofobia y el racismo no son fallas circunstanciales sino parte integrante de políticas públicas y de actitudes sociales excluyentes que las crisis agudizan, con altos costos para quienes las padecen.

Los padecimientos de las poblaciones migrantes, que suelen agravarse en épocas de crisis, han quedado en la invisibilidad para la mayoría de las sociedades, donde muchos tienen que preocuparse por su propio bienestar, su salud y su vida y las de sus familias. Esta indiferencia social, consciente o no, ha favorecido las tendencias autoritarias y excluyentes que caracterizan a muchos de los gobiernos de nuestra región, y no sólo a Estados Unidos o El Salvador, como parecería desprenderse de las coberturas mediáticas.

De ahí la importancia de la iniciativa (IN) MOVILIDAD EN LAS AMÉRICAS, impulsada por 30 especialistas de diversos países para “mapear” las consecuencias del COVID-19 sobre las poblaciones migrantes, en un sentido amplio, con el fin de mostrar “los espacios ocultos”, los “conflictos latentes” que solemos ignorar; entre ellos la tensión entre el control social que impone in-movilidad o expulsión a las poblaciones transmigrantes (www.inmovilidadamericas.org).

Así, por ejemplo, este proyecto también en actualización constante, documenta cómo desde el inicio de la cuarentena en marzo, distintos gobiernos de las Américas fueron cerrando sus fronteras, sin  avisar a las poblaciones binacionales o transfronterizas, sin tomar en cuenta lazos familiares, condiciones de vulnerabilidad o peligro para quienes quedaban atrapadas en un país extranjero, con o sin papeles, expuestas a las políticas del país de residencia o tránsito. Como si la pandemia hubiera tomado a todos por sorpresa, no hubo un acuerdo continental ni regional para garantizar la protección de las poblaciones migrantes. Así cientos de miles o millones de personas han quedado varadas en un  territorio, sin apoyo ni protección, o han sido deportadas o encerradas, muchas veces a riesgo de su salud y de su vida, según la buena o mala voluntad de cada gobierno.

Alguno, como Estados Unidos, ha seguido deportando a migrantes “irregulares”, incluso enfermos de COVID-19, lo que viola  su Derecho Humano a la salud. Brasil, en contraste, otorgó a la población migrante un apoyo económico por varios meses para sobrellevar la pandemia. México, como sabemos, deportó o sacó de las estaciones migratorias a muchos, sigue recibiendo a personas deportadas de Estados Unidos pero carece de una visión integral o de una política humanitaria hacia las miles de personas que han quedado atrapadas, sobre todo en la frontera norte.

En contraste con la falta de acuerdo explícito para garantizar la vida y la salud de millones de migrantes en el continente, se han dado coincidencias ominosas en las prácticas gubernamentales autoritarias: además del cierre de frontera, la desposesión de derechos, la anulación del derecho de asilo y de refugio, la promoción del miedo, el trato despreciativo hacia trabajadores “sin documentos” aun cuando su mano de obra sea indispensable, maltrato e invisibilización de niñas, niños y adolescentes,  y otras políticas de marginación y precarización que causan sufrimiento y que, al devaluar la vida de unos, devalúan la convivencia y la vida de todos nosotros. Ignorar o tolerar esta exclusión  nos hace corresponsables de ella y nos expone a ser un día también entes invisibilizados y  “desechables”. 

Indeseables indispensables

Jorge Durand

La historia se repite, una y otra vez, pero no se aprende. En 1939 se dio la última gran deportación de migrantes mexicanos, en ese decenio trágico, y dos años después, en 1942, Estados Unidos volvió a tocar la puerta de México, solicitando braceros para sus campos agrícolas.

En 1954 se realizó la operación Espalda Mojada ( wetback) y deportaron a un millón de braceros mexicanos en situación irregular, pero cuando se acercaba la fecha de la siguiente cosecha, los mismos funcionarios empezaron a solicitar a México mano de obra para realizar los trabajos agrícolas.

Ahora, que se acerca el verano, empieza la gran demanda de mano de obra mexicana y se requiere de alrededor de 300 mil trabajadores legales para la agricultura y los servicios a los que se les otorgan visas denominadas H2A y H2B. El decreto de Trump de limitar la migración legal, se refiere a las visas de residencia y ninguno de estos prospectos de migrantes pensaba ir a trabajar a la agricultura.

De hecho, los trabajadores agrícolas en Estados Unidos deberían ser considerados como calificados  porque muy pocas personas pueden hacer ese tipo de labor y aguantar el ritmo que se impone durante la cosecha. En la recolecta de lechuga, coliflor, brócoli y otros vegetales es la máquina la que impone el ritmo y la velocidad. El producto se corta, embolsa y empaca en medio de los surcos y va directo al supermercado, los campos sonpropiamente fábricas donde se impone un modelo fordista de producción. Ese ritmo de trabajo sólo lo pueden aguantar ciertas personas que están impuestas, como dicen los campesinos mexicanos.

Cuando se suprimió el Programa Bracero, en 1964, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos organizó un programa de incorporación de estudiantes universitarios para que, en el verano, fueran a trabajar en los campos agrícolas y así financiaran parte de su educación. Se escogieron especialmente a los atletas y los que participaban en distintos equipos deportivos y se le dio bombo y platillo al programa denominado American Team. El experimento duró únicamente una semana, la insolación, cansancio y dolores de espalda terminó con los aguerridos güeros que pretendían ser la salvación de su país. Para remate, los jóvenes dijeron que era totalmente injusto otorgar ese magro salario por un trabajo tan pesado y desgastante, aunque al mismo tiempo necesario.

En una ocasión la empresa Driscoll, empacadora trasnacional de berries, me invitó a dar una conferencia sobre el futuro de la mano de obra mexicana para la agricultura. Estaban preocupados por las deportaciones y la amenaza que suponía la creciente animadversión en contra de los braceros mexicanos. Uno de ellos me confesó que, cuando era joven y rebelde, su padre lo puso a trabajar en un campo de fresa y al día siguiente no pudo levantarse. Esa experiencia le hizo cambiar totalmente su percepción sobre la calidad y competencia del trabajador mexicano en este tipo de labores.

Hace una semana, en California, el gobernador Gavin Newsom expidió una orden ejecutiva para permitir que los trabajadores agrícolas puedan movilizarse y trabajar, dado que la agricultura y otras actividades relacionadas se consideran de infraestructura crítica y el trabajador es esencial para el cultivo y procesamiento de productos agrícolas. Atrás quedaron las amenazas de Donald Trump, quien ahora se compromete con los agricultores a facilitarles mano de obra.

En realidad, todos los países ricos requieren de mano de obra migrante para la agricultura. El Reino Unido acaba de implementar un programa de vuelos chárter para traer 70 mil trabajadores temporales de Rumania. La ministra de agricultura de Italia, Teresa Bellanova, propone la legalización de 600 mil trabajadores indocumentados para poder sumarlos al plan de reactivación económica y a la crisis del sector agrícola por la escasez de trabajadores estacionales. Textualmente dijo: es que no queremos ver la realidad, la descubrimos sólo cuando lo irreparable nos obliga.

Las consecuencias de la pandemia en el mercado de trabajo afectarán, sin duda, a los trabajadores migrantes. En la agricultura son necesarios, pero en la hostelería y la restauración dependerán del ritmo de recuperación del turismo y el consumo diario. La construcción, otro gran rubro de contratación de mano de obra, tendrá una lenta recuperación. Cientos de miles de migrantes tendrán que regresar, porque no es posible pagar rentas y servicios sin tener ingresos.

De manera consecuente, las remesas van a bajar sustancialmente, ya vimos la drástica caída que tuvieron con la crisis de 2008. El panorama se complica en todos los frentes porque el petróleo ya no es una fuente de divisas para el país, tampoco el turismo, que ha sido afectado en su línea de flotación, y la inversión extranjera se esfumó en el horizonte.

Para remate, ya no habrá vacaciones en San Benito Juárez, tampoco el día de la Revolución y el de la Constitución, con lo cual el turismo interno perderá sus mejores fines de semana largos.

Coronavirus, catástrofe para migrantes

Editorial La Jornada

Está demostrado que los desastres naturales, inevitables en sí mismos, se convierten en catástrofes sociales debido a las grandes desigualdades sociales y al desmantelamiento de la capacidad de respuesta del Estado, ambos fenómenos resultado directo de la lógica con que opera el sistema económico vigente. Así, fenómenos como sismos, huracanes, inundaciones o sequías, tienen efectos particularmente devastadores sobre los sectores de la población que ya se encontraban en una situación de vulnerabilidad, y no es distinto lo que ocurre durante la crisis sanitaria causada por la enfermedad Covid-19.

En este sentido, la pandemia en curso se ha vuelto catastrófica para uno de los grupos de mayor vulnerabilidad: el de los migrantes indocumentados que se encuentran en Estados Unidos. Como es sabido, los entre 10 y 12 millones de personas que viven en territorio estadunidense –sin los papeles necesarios para acreditar su residencia legal– han experimentado unas condiciones tan difíciles como paradójicas, pues, al mismo tiempo que pagan impuestos y contribuyen al desarrollo de sus comunidades, sufren abusos laborales sistemáticos, se ven impedidas de usar servicios de salud, obligadas a llevar existencias semiclandestinas por temor a la deportación, y se encuentran expuestas a padecer todo tipo de arbitrariedades por parte de agencias gubernamentales. Todos estos males que se han exacerbado de manera tan deliberada como inhumana desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca hace poco más de tres años.

En este contexto tan adverso, los migrantes sufren los estragos de la pandemia en, al menos, cuatro maneras específicas. En primer lugar, como ya se dijo, porque su estatus les impide acceder a los servicios médicos por la doble vía de la falta de cobertura y del miedo a ser detectados y arrestados al solicitar asistencia. Segundo, porque los alrededor de 40 mil migrantes que se encuentran en los centros de detención del Servicio de Inmigración (ICE, por sus siglas en inglés) están expuestos al contagio debido a las condiciones de hacinamiento imperantes en dichas instalaciones, muchas de las cuales carecen de la infraestructura mínima para detectar de manera oportuna los casos probables y para tratar a los pacientes. A mediados de la semana pasada ya había 32 casos confirmados entre los internos, y 11 entre el personal que labora en las prisiones.

Además, la administración de Trump ha usado la emergencia como pretexto para acelerar su política de deportaciones masivas, las cuales ya se realizaban en flagrante violación al derecho internacional, y que hoy tienen lugar ignorando también cualquier protocolo sanitario para la contención de la pandemia. Sólo entre el 21 de marzo y el 9 de abril, la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) estadunidense deportó de manera sumaria a más de 10 mil personas que ingresaron a su territorio, sin tomar medida alguna de prevención epidemiológica. Para colmo, los trabajadores indocumentados enfrentan una aguda precariedad laboral que los convierte en las primeras víctimas de la ola de despidos causada por la parálisis económica que es efecto indeseable, pero ineludible, de las medidas de aislamiento para frenar la propagación del coronavirus SARS-Cov-2.

En tanto, resulta casi impensable un gesto de empatía por parte del gobierno de Trump para aliviar la situación de los migrantes en esta coyuntura, entonces cabe llamar a que las autoridades mexicanas se movilicen para defender los derechos de los paisanos que, debe recordarse, conforman casi la mitad de la población estadunidense indocumentada, así como para recibir en las mejores condiciones posibles a quienes son retornados de manera forzosa a este lado de la frontera.

Migrantes, el grupo más vulnerable en EU ante la pandemia

Realizan labores esenciales, pero son considerados desechables

▲ Un repartidor recorre en bicicleta la desierta Times Square en la ciudad de Nueva York. Las celebraciones de Pascua en todo el país comenzaron con iglesias casi vacías.Foto Afp

▲ Trabajadores de salud en Riverside, California, trasladan a un paciente con Covid-19. La cifra global de muertes por coronavirus superó ayer los 100 mil.

Nueva York., Los migrantes en Estados Unidos no sólo están entre los más golpeados por la pandemia del coronavirus y por las consecuencias económicas y sociales que ha provocado la respuesta a la emergencia de salud, sino que están en las primeras filas del rescate de Estados Unidos en esta emergencia sin precedente.

La crisis de salud pública está afectando de manera más severa a los migrantes, sobre todo a los más de 11 millones de indocumentados (la mitad de ellos mexicanos), en parte porque son los que menos acceso tienen a servicios de salud, tanto por falta de seguros como por el temor ante un clima antimigrante que impera a escala nacional promovido por el gobierno de Donald Trump.

Según cifras iniciales la pandemia, como siempre en estos casos, afecta más a los sectores pobres y, por tanto, está atacando de manera desproporcionada a las minorías latinas y afroestadunidenses del país.

De hecho, el área más afectada dentro del llamado epicentro nacional de la pandemia, la ciudad de Nueva York, es el distrito donde se concentra el mayor número de inmigrantes en la ciudad: Queens (una de las cuales se llama Corona). Hoy se reporta que es la zona con más contagios, más de 7 mil casos reportados, cerca de la mitad de toda la ciudad, según cifras oficiales.

La gente se está muriendo en sus casas, y no van al hospital, esas muertes no se registran, comentó el reverendo Juan Carlos Ruiz, veterano defensor de inmigrantes, en entrevista con La Jornada. Señaló que personalmente se ha enterado de decenas de esos casos en Brooklyn y Harlem, entre otras zonas de migrantes. Están desinformados, confundidos, no llegan las ambulancias cuando las llaman y no quieren ir al hospital porque dicen que se van a morir.

Cita cifras recientes que indican que más de un tercio de las muertes por el virus en la ciudad son latinos, pero explica que los migrantes indocumentados son las víctimas invisibles. Si en la vida no contamos en este país, pareciera que en la muerte tampoco, concluyó Ruiz.

Líderes en comunidades migrantes en Chicago, Los Ángeles y Florida, entre otras zonas, reportan historias parecidas.

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México ha confirmado la muerte por el Covid-19 de por lo menos 181 mexicanos en Estados Unidos.

Los más expuestos

Los migrantes, sobre todo los indocumentados, son los más afectados por la clausura de la economía estadunidense y en gran medida ni siquiera son contabilizados dentro de la ola de desempleo masivo sin precedente registrada en las pasadas tres semanas en este país.

Muchos –algunos calculan alrededor de 6 millones– trabajan justo en los sectores más impactados al inicio de esta crisis: servicios, construcción, restaurantes y turismo; y muchos –a menos que pertenezcan a un sindicato, o lo que es aún menos común, que trabajen para un patrón liberal– no cuentan con seguros de salud, ni tampoco derecho a beneficios de desempleo y otros apoyos económicos recién aprobados por el gobierno federal.

También son los más expuestos por estar entre los trabajadores esenciales en empleos de alto riesgo, incluso directamente en las trincheras de salud enfrentando esta crisis.

Unos 6 millones de migrantes trabajan en el sector salud de Estados Unidos –29 por ciento de los médicos son inmigrantes, al igual que 38 por ciento de los asistentes de salud, y 23 por ciento de los que trabajan en farmacias–, pero también son un alto porcentaje de los que limpian los hospitales –labor vital, ahora más que nunca– y los que ayudan a la entrega de insumos, según una investigación del Migration Policy Institute (MPI).

Son los trabajadores esenciales que están manteniendo vivas las ciudades durante las cuarentenas parciales, son los que se dedican a la entrega de alimentos a domicilio –repartidores y transportistas–, quienes se encargan de mantener el abasto de los supermercados y tiendas de abarrotes, los trabajadores domésticos, entre otros.

Hay por lo menos 12 millones de trabajadores migrantes que están en la primera línea de respuesta a la pandemia o entre los más impactados por sus consecuencias, concluye MPI [https://www.migrationpolicy.org/research/ immigrant-workers-us-covid-19-response].

Pero esta cifra no incluye a los aproximadamente 2.5 millones de jornaleros –gran parte de los cuales son migrantes–, quienes cultivan y cosechan el alimento de este país.

Como escribió Greg Asbed, uno de los fundadores de la Coalición de Trabajadores de Immokalee, en un artículo en el New York Times: los jornaleros han sido designados trabajadores esenciales, sin ellos no hay alimento, pueden enfermar al ir a trabajar, pero no pueden arriesgarse a perder sus empleos por no trabajar en un sector con poca protección y condiciones precarias.

El mensaje a los jornaleros del país es claro: tu labor es esencial, tu eres desechable…. Como trabajadores de salud y de emergencias médicas, ellos se están poniendo en riesgo para el resto de nosotros”, señala.

Mientras el gobierno del presidente Donald Trump continúa impulsando de manera más agresiva sus políticas antimigrantes durante esta pandemia, aprovechando la emergencia para poner en marcha medidas que anulan derechos humanos, los migrantes están entre los protagonistas del gran rescate de Estados Unidos.

Para mayor información y actualizaciones: https://www.jornada.com.mx/sin-fronteras

Foto Ap

David Brooks

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 11 de abril de 2020, p. 24

Cejil llama a evitar detenciones de personas migrantes y refugiadas ante pandemia

 Angélica Jocelyn Soto Espinosa 

Ciudad de México. Organizaciones de la sociedad civil de distintos países de América exigieron a los gobiernos abstenerse de detener a personas migrantes y refugiadas, liberar a las personas que ya se encuentran detenidas, y garantizarles acceso a vivienda, alimentación y a servicios de salud en albergues públicos.

A través de un comunicado difundido por el Centro de la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), al menos una treintena de organizaciones de México, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, entre otros otros, informaron que frente a la emergencia ocasionada por la propagación del COVID-19, en el continente americano las personas migrantes y solicitantes de protección internacional se han visto impactadas de manera extrema ante las respuestas estatales de cuarentena, toque de queda, detención, deportación, cierre y militarización de fronteras.

Por ejemplo, dijeron que en las últimas semanas se ha denunciado que personas migrantes venezolanas permanecen varadas tras el cierre de fronteras en Colombia y Brasil; así como la detención de al menos 80 migrantes haitianos en Guatemala.

Las organizaciones (la mayoría que acompañan a mujeres y familias migrantes) también han documentado el cierre de la fronteras entre México y Estados Unidos a solicitantes de asilo, así como el aumento de deportaciones de personas mexicanas y centroamericanas; la falta de condiciones sanitarias adecuadas y el alto riesgo de contagio en estaciones migratorias, centros de detención y en centros de cuarentena para las personas ya deportadas; la represión violenta por parte de la Guardia Nacional mexicana; el desbordamiento de la capacidad de albergues de sociedad civil; entre otras cosas. 

Frente a estos hechos y ante la posibilidad de que la población migrante y solicitante de protección internacional se vea aún más impactada en las próximas semanas y meses, las organizaciones firmantes hicieron un llamado urgente a los Estados de la región para que se abstengan de detener a personas migrantes y refugiadas, liberar a las personas que ya se encuentran detenidas, y garantizar su acceso a vivienda, alimentación y a servicios de salud en albergues públicos

Y pidieron tomar las medidas necesarias para garantizar los derechos a la salud, integridad personal y vida de esta población, en igualdad de condiciones y sin discriminación alguna por estatus migratorio o nacionalidad.

Las organizaciones también recordaron la obligación de los gobiernos de adoptar medidas para evitar las amenazas prevenibles a la salud pública, por ejemplo, el acceso de todas las personas en situación de movilidad a las medidas de prevención dictadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), así como su acceso a un diagnóstico oportuno por el COVID-19, a servicios de salud y a la atención médica necesaria para el tratamiento del virus. 

Asimismo, las organizaciones (muchas de ellas articuladas en alianzas regionales) exigieron a los Estados frenar las deportaciones y las devoluciones, y garantizar el acceso de todas las personas a solicitar protección internacional. 

Y recordaron el llamado de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y de la Cooperación Económica para América a Latina (CEPAL) para que los Estados garanticen el acceso de todas las personas a buscar y recibir asilo, así como a respetar el principio de no devolución.

“Las medidas implementadas en respuesta al COVID-19 no pueden impedir que quienes necesitan protección internacional puedan solicitarla. Incluso en situaciones excepcionales como la que enfrentamos, imponer medidas que impiden la admisión de personas refugiadas o solicitantes de asilo, sin protegerles contra la devolución, es violatorio de sus Derechos Humanos y contrario a las obligaciones de los Estados”, enfatizaron las organizaciones civiles. 

Asimismo, las organizaciones señalaron que las medidas implementadas como respuesta a esta crisis no pueden ser discriminatorias ni dar lugar a resultados indeseables que impacten negativamente el disfrute de los Derechos Humanos, sino que éstas deben ser “proporcionales, necesarias, planteadas e implementadas desde un enfoque de DH y género”.

También pidieron que los albergues en los que se reciba a personal migrante cuente con medidas para prevenir los contagios, así como personal de salud capacitado para brindar atención diferenciada poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad, como personas adultas mayores, personas en condición de discapacidad, personas LGBTIQ+, mujeres, niños y niñas. 

Asimismo, —dijeron— frente a los límites a la movilidad y/o a la restricción de las garantías constitucionales impuestas por las naciones, que impactan de manera particular el acceso al trabajo de las personas migrantes, los Estados de la región les deben garantizar el acceso a medios de subsistencia como al resto de la población.

Y ante la militarización de las fronteras y las denuncias por represión, las organizaciones recordaron a los Estados que las fuerzas militares deben abstenerse de asumir labores de seguridad ciudadana, de salud, o migratorias., y. garantizar su acceso a información pertinente, oportuna, clara, basada en evidencia científica y de calidad sobre la pandemia. 

“En una región tan impactada por la desigualdad, la pobreza, la corrupción y el extractivismo, esperamos que en el marco de esta crisis los Estados avancen hacia la construcción de sistemas de protección y seguridad social más solidarios y robustos, hacia el pleno acceso al agua y a la salud para todas las personas, y hacia el reconocimiento y la garantía de los derechos humanos de toda la población sin discriminación alguna”, expresaron las y los defensores de los DH. 

Migrantes en estaciones migratorias, sin protocolos para prevenir COVID-19

 Angélica Jocelyn Soto Espinosa 

CIMACFoto: César Martínez López

Ciudad de México. En plena emergencia sanitaria por el COVID-19, México mantiene a mujeres y niñas y niños de diferentes países (principalmente centroamericanos) encerradas en Estaciones Migratorias, donde duermen, comen, conviven y juegan en una misma área sin condiciones de higiene básicas como acceso a atención médica, artículos de primera necesidad o mobiliario y ropa limpia, y sin protocolos para prevenir el contagio del nuevo virus. 

Así lo dieron a conocer en entrevista con Cimacnoticias organizaciones de la sociedad civil que visitan regularmente algunas de las Estaciones Migratorias (EM) ubicadas en el norte, centro y sur del país. 

La directora de Asylum Access México (que tiene siete oficinas a lo largo del país), Alejandra Macías Delgadillo, explicó en entrevista que desde el lunes pasado, su organización suspendió la visita a las EM como medida preventiva hacia su equipo y las personas migrantes.

Sin embargo, solicitó por medio de oficios al Instituto Nacional de Migración (INM) y la Subsecretaría de Derechos Humanos y Migración, de la Secretaría de Gobernación (Segob), información en la que obren las acciones y protocolos  de atención preventiva para evitar o limitar el contagio de COVID-19 entre las personas migrantes detenidas en las EM y estancias provisionales. Hasta ahora, Asylum Access México no ha obtenido respuesta. 

En concreto, esta organización que brinda acompañamiento a personas solicitantes de asilo o refugio en nuestro país pidió a las autoridades información sobre las medidas que ha puesto en práctica para evitar o limitar la propagación del coronavirus; si dispone o no de protocolos preventivos; cómo se está informando a las personas (personal y visitantes) dentro de las estaciones; en qué circunstancias se va a someter a las y los migrantes a prueba de detección; si existe un estimado de las pruebas que se requieren; y si las personas deberían ser puestas en cuarentena o, si se enfermaban, cómo continuarán operando las instalaciones del Instituto.

De acuerdo con Macías Delgadillo, previo a la contingencia sanitaria, las condiciones de higiene en las EM eran críticas, ya que –como han constatado en sus monitoreos habituales y por el testimonio de las personas migrantes– a las familias que tienen bebes, por ejemplo, se les provee de hasta máximo tres pañales al día; a las mujeres que requieren se les da una o dos toallas sanitarias; hay hacinamiento; y en las estaciones del sur, las temperaturas son muy altas y no hay suficiente ventilación ni aire acondicionado. 

Macías Degollado ha constatado por cuenta propia, durante las visitas, que a veces algunos de los sanitarios no funcionan, sólo uno está disponible para 40 personas. “Ahí mismo están las habitaciones  donde duermen, no hay algún espacio adecuado para tomar los alimentos. Los alimentos son ingeridos en las habitaciones donde duermen. Sabemos que las condiciones no son adecuadas, mucho menos en este momento”, expresó la defensora de los derechos de las personas migrantes.

De acuerdo con Asylum Access, luego de la declaratoria del inicio de la pandemia en México, se ha observado una reducción del número de personas que están dentro de las EM. “Vemos que se ha reducido el número de las personas que están dentro, y las personas que son solicitantes para el reconocimiento de la condición de refugiado, que están dentro de las estaciones, están saliendo como alternativa a la detención que ofrece este programa”, dijo.

Sin embargo, no se ha podido corroborar que las personas no sigan en hacinamiento y desconocen, por falta de respuesta oficial, si continúan (como se observó en semanas pasadas) las detenciones por parte del INM, sobre todo en la frontera sur, donde las personas migrantes eran llevadas directamente a las EM.

Por todo esto, la directora de Asylum Access México, solicitó a las autoridades sanitarias garantizar derecho a servicios de todas las personas migrantes solicitantes de asilo o refugiadas, y enfatizó en que si una persona se contagia de coronavirus y no se detecta a tiempo, podría poner en riesgo a más personas. 

Entrevistada por separado, María Alejandra Espinosa Moreno, integrante de la organización Formación y Capacitación (FOCA A.C.) –que acompaña a mujeres migrantes en la frontera sur del país– explicó que como defensoras de esta población han estado en comunicación con autoridades del INM para conocer la situación de las personas detenidas en las EM ante el COVID-19. 

Sin embargo, se dijo preocupada porque han observado que hay información desarticulada entre las diferentes oficinas del INM en el sur, lo que revela –dijo– que no existen protocolos para la atención de las personas migrantes en las Estaciones Migratorias frente a la nueva epidemia. 

De acuerdo con Espinosa, las autoridades con quienes han sostenido conversaciones informales (porque tampoco se han emitido oficios) les han dicho que no han definido si dejarán salir o no a las personas migrantes alojadas en los centros de detención, ello a pesar de que Guatemala ya cerró las fronteras para la deportación. “Éstas son situaciones que devendrá en procesos más complejos de hacinamiento y de posibilidades de contagio muy altas donde, sabemos, hay mujeres embarazadas, niñas y niños”, expresó la defensora.

En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por ejemplo, las autoridades migratorias dijeron al personal de FOCA A.C. que quienes están en procedimientos de solicitud de asilo tendrán que ir a firmar una vez a la semana, lo que podría representar riesgo para ellas, mientras que en Comitán las autoridades dijeron que no sabían qué hacer.  

Lo mismo pasa con el tema de las detenciones de personas migrantes (que hasta la semana pasada eran frecuentes y las llevaba a cabo la Guardia Nacional, militares y autoridad migratoria). Las autoridades desconocen si éstas van a continuar. De acuerdo con Espinosa Moreno, hasta la semana del 16 al 20 de marzo, la estación migratoria de Comitán, que es para 60 personas, tenía una ocupación de entre 80 y 90.

Como documentó Cimacnoticias en el reportaje Mujeres migrantes: el temor a ser deportadas (publicado el pasado 11 de marzo), las EM en las que son llevadas mujeres y las niñas después de detenciones intimidantes, no cuentan con condiciones de alojamiento digno, pues –según el testimonio de las propias familias– las colchonetas en las que se acuestan no están limpias y tienen chinches, la propagación de enfermedades respiratorias es una constante, la alimentación no es adecuada, y la atención médica o abastecimiento de productos de primera necesidad es básico. 

Todo esto es así a pesar de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) hizo en años pasados varias recomendaciones a las EM ubicadas en la frontera sur, como la de Comitán, la cual llegó a reportar una saturación de hasta 120 personas que conviven en sólo dos salones.  

De acuerdo con un comunicado dado a conocer este 25 de marzo por el “Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano” (integrado por varias organizaciones civiles, entre ellas FOCA A.C), un día antes, más de 50 personas protestaron al interior de la Estación Migratoria Siglo XXI, ubicada en Tapachula, Chiapas -con al menos 30 por ciento de población femenina- ante la prolongación indefinida de su detención y el temor a sufrir consecuencias para su salud en el contexto de la actual pandemia.

Lejos de permitirles el libre tránsito, como es su Derecho Humano, personal de la Guardia Nacional y la Policía Federal reprimieron violentamente a las personas migrantes, para luego sacarlas de las Estaciones Migratorias y llevárselas, de acuerdo con las organizaciones. 

Por ello, el Colectivo urgió a presentar con vida a las personas que se manifestaron por su libertad, a que se tomen medidas que garanticen la salud, así como la integridad física y mental de las personas en detención; y que se aclaren los hechos en los que presuntamente se hizo uso excesivo de la fuerza.  “Si no se pueden garantizar –expresó el Colectivo–, exigimos la liberación inmediata de todas las personas migrantes y solicitantes de Protección Internacional. 

La respuesta oficial

Tras el inicio de la epidemia por COVID-19 en México, la CNDH emitió dos comunicaciones al INM, en las que expresó su preocupación por el aumento de personas en contexto migratorio alojadas en las EM y las estaciones provisionales a pesar de las medidas de mitigación emitidas por el gobierno federal. 

Por ello, la CNDH llamó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y al INM a gestionar los acuerdos internacionales que se requieran a fin de implementar mecanismos que faciliten la digna y sana repatriación de extranjeros varados en territorio mexicano y garanticen sus derechos. 

La Comisión alertó que la prohibición de ingreso de extranjeros y sus connacionales provenientes de otras naciones imposibilitan al INM a ejecutar los procedimientos jurídicos migratorios para este grupo de personas, por lo que pidió a las autoridades consulares de las personas involucradas o afectadas, protejan sus intereses, les brinde ayuda y asistencia.

El pasado 20 de marzo, el INM dijo en un comunicado que en las estaciones y estancias migratorias del INM en la República Mexicana, “las acciones implementadas son similares” a las que se harán en los aeropuertos y cruces fronterizos, las cuales consisten en tomar y registrar la temperatura de las personas, aplicar entrevistas para solicitar información referente a su estado de salud y naciones visitadas, y proporcionar gel antibacterial a base de alcohol.

De presentarse un posible caso de contagio, la autoridad migratoria en estas instalaciones procederá a notificar de manera inmediata a las instancias médicas nacional e internacional, mientras la persona extranjera es conducida a un área de aislamiento, en espera de las instrucciones sanitarias que correspondan, dice el comunicado.

Y para las áreas de internación, como en las estaciones y estancias migratorias, el INM aseguró que dispuso la observación de medidas preventivas de higiene, tanto para personas servidoras públicas que atienden, visitantes y personas migrantes alojadas, pero no informó cuáles. 

Asimismo, el 25 de marzo (dos días después de declararse la Fase 2 de la contingencia) la COMAR publicó una ficha técnica en la que da a conocer que la obligación de firma (de las personas solicitantes de trámite) queda suspendida a partir del día 24 de marzo del 2020 y hasta el 17 de abril del 2020; que se suspenden entrevistas y emisión de resoluciones hasta nuevo aviso, por lo que se sugiere estar atentos a las comunicaciones de la COMAR y que, por lo tanto, no se emitirán autorizaciones para trasladarse a otra entidad. 

De la tolerancia compartida a tolerancia cero

Jorge Durand

La migración mexicana y centroamericana se sustentó, por más de medio siglo, en un acuerdo tácito de tolerancia a la mano de obra irregular que iba a trabajar a Estados Unidos. Después de los Convenios Braceros, la política migratoria estadunidense optó por la irregularidad, ilegalidad según ellos, como la manera más cómoda, sencilla y eficiente de contar con mano de obra disponible y desechable en cualquier momento.

Es en ese contexto en el que México se convierte en país de tránsito para los distintos flujos centroamericanos y sudamericanos. El tránsito por México era tolerado en la mayoría de los casos y en otros, donde los migrantes eran capturados por el Inami, se otorgaban los famosos permisos de salida por alguna de las fronteras o puertos de salida, que irremediablemente estaban en la frontera norte o simplemente eran deportados a sus países de origen.

Con base en acuerdos formales o informales, México regulaba el flujo de personas en tránsito hacia Estados Unidos y a esto se le ha llamado el trabajo sucio que se realiza en el patio trasero del imperio. De los cuatro millones de centroamericanos que radican en Estados Unidos, 90 por ciento pasó por México de manera irregular.

El asunto migratorio empezó a complicarse hace un par de décadas con el incremento de los flujos, pero sobre todo por la incorporación del crimen organizado en el tráfico y la trata de personas en tránsito. La tradicional mordida a los funcionarios y policías ya no era suficiente, ahora se estila la extorsión, el secuestro y las medidas violentas en sus variadas formas.

De ahí que los migrantes optaran por viajar en grupo para apoyarse y defenderse; fue la época de La Bestia, en la que miles de migrantes viajaban en el lomo de trenes de carga. Luego vendrían las caravanas de migrantes, primero las de Semana Santa y luego los grandes éxodos hondureños de octubre de 2018 y los primeros meses de 2019, todos tolerados, de una u otra forma.

La intolerancia en Estados Unidos tiene distintas fases, primero se cierran las puertas a la migración laboral irregular en la frontera, se criminaliza a las personas en tránsito, se les persigue al interior del país y se trata de limitar su acceso a refugio, un resquicio legal descubierto por los centroamericanos, especialmente si eran menores de edad o viajaban en familia. La intolerancia mayor, que se haya registrado, fue la separación de familias, realizada de la peor forma, sin registros y mínima responsabilidad.

Pero el primero de junio del año pasado, la intolerancia tomó dimensiones inusitadas e implicó a México bajo la forma de chantaje y la amenaza de imponer aranceles. El futuro político de la Cuarta Transformación estaba en jaque y esto implicaba el fin del TMEC (Tratado México, Estados Unidos y Canadá) y de la posible tabla de salvación de la economía mexicana.

De la noche a la mañana, México tomó conciencia de que era no sólo país de tránsito, sino el último país de tránsito, condición geopolítica que hasta junio no había sido tomada en serio. La respuesta gubernamental la conocemos todos: la Guardia Nacional se encargó de la contención del flujo, que disminuyó de 140 mil en junio a 30 mil en diciembre.

Los 4 mil migrantes de la caravana de enero pasado bien podrían formar parte de esos 40 mil considerados flujo normal mensual. La diferencia es que viajan en caravana y exigen el mismo trato que les dio el gobierno a los de hace un año: salvoconductos o visas humanitarias; es decir, visas de tránsito.

El discurso oficial ha cambiado radicalmente en menos de un año. Resulta que no hay ningún respaldo de la legislación mexicana a las visas de transito, disfrazadas de visas humanitarias y a los salvoconductos, conocidos como permisos de salida, que otorgan 20 días para abandonar el país por la frontera norte.

México seguirá siendo país de tránsito, pero, sobre todo, país de tráfico y trata. Como en todo, la prohibición es la mejor manera de fomentar las mafias. De ahí que además de la contención, que se ha justificado por las amenazas del imperio y nuestra condición de último país de tránsito, habría que pensar seriamente en el combate frontal a las mafias de tráfico de personas y la trata laboral y de blancas.

Y en este aspecto hay una deuda pendiente. Por décadas, el tráfico y la trata han sido enfrentados con tibieza. En la actualidad hay noticias de que se está trabajando, de que se descubren casas de seguridad, que se detiene a tractocamiones con migrantes, que se captura a traficantes, pero no hay ningún informe sistematizado y serio al respecto.

Otra deuda pendiente es con las organizaciones civiles y religiosas que han dado la cara para atender y humanizar la migración de retorno y en tránsito. Paradójicamente han sido tratados con indiferencia y en ocasiones han sido acosados. Recordemos el caso de Las Patronas que fueron acosadas por funcionarios y ahora cumplen 25 años de servicio.

Los defensores de los derechos humanos de los migrantes en su mayoría son voluntarios y llevan a cabo tareas que en realidad conciernen al Estado, incapaz de atender la situación crítica generada por sus políticas del presente y el pasado.

La cero tolerancia se debe enfocar a combatir el tráfico y la trata, que de manera consecuente genera las propias medidas de contención y prohibición.

Ordena Trump usar unidades de élite contra migrantes en ciudades santuario

Se espera que comandos sean enviados a LA, Houston, San Francisco, Boston y Detroit

Washington. En una escalada de sus ataques contra las ciudades santuario, el presidente Donald Trump ha ordenado desplegar unidades tácticas de élite que tendrán como misión doblegar las resistencias en aquellas ciudades que se han negado a sumarse a su política de tolerancia cero contra la migración indocumentada.

Según informa el diario The New York Times, estas unidades tácticas serán enviadas a ciudades como Nueva York y Chicago para reforzar a los agentes de la oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) que operan ahí. Se espera que otros comandos de élite sean enviados a Los Ángeles, Houston, San Francisco, Boston, Nueva Orleans, Detroit y Newark.

“Entre los agentes desplegados en las ciudades santuario se encuentran miembros de la unidad táctica de élite conocida como BORTAC, que actúa esencialmente como el equipo SWAT de la Patrulla Fronteriza.

Con equipo adicional, como granadas de aturdimiento y entrenamiento mejorado del tipo de las fuerzas especiales, incluida la certificación de francotiradores, los oficiales suelen realizar operaciones de alto riesgo dirigidas a personas que se sabe que son violentas, muchas de ellas con amplios antecedentes penales, informó el diario neoyorquino.

Se espera que el despliegue de estas unidades se llevará a cabo de febrero a mayo.

“La medida –según señala el NYT– refleja la persistencia del presidente Trump en tomar medidas enérgicas contra las ciudades santuario, localidades que se han negado a cooperar en la entrega de inmigrantes a las autoridades federales para ser deportados.

En un comunicado, el director interino de ICE, Matthew T. Albence, dijo que el despliegue se produce en respuesta a las políticas adoptadas por las ciudades santuario, lo que ha dificultado que los agentes de inmigración hagan su trabajo:

Como hemos observado durante años, en las jurisdicciones donde no se nos permite asumir la custodia de extranjeros de las cárceles, nuestros oficiales se ven obligados a realizar arrestos en general de extranjeros criminales que han sido liberados en las comunidades, dijo Albence.

Cuando las ciudades santuario liberan a estos delincuentes de vuelta a la calle, aumenta la ocurrencia de delitos prevenibles y, lo que es más importante, de víctimas prevenibles, añadió.

Apenas la semana pasada, el Departamento de Justicia amenazó con demandar al estado de Nueva Jersey y al condado de King, Washington –donde se ubica la ciudad de Seattle–, por las llamadas políticas santuario que obstaculizan la labor de las autoridades federales de inmigración.

Las demandas son el intento más reciente del gobierno del presidente Donald Trump por sancionar a las localidades con políticas santuario –municipalidades que ofrecen protecciones a los migrantes que no cuentan con permiso para vivir en Estados Unidos– en momentos en que el mandatario se dirige a su campaña de reelección.

Hoy representa una importante escalada en las gestiones del gobierno federal para confrontar la resistencia de las ciudades santuario, dijo el Procurador de Justicia de Donald Trump, William Barr.

Algunas ciudades, como Nueva York, han promulgado leyes que prohíben compartir información con las autoridades migratorias. Funcionarios de inmigración han enviado citaciones a Denver y la ciudad de Nueva York para solicitar información de inmigrantes que están por salir de prisión, o han pedido a cortes federales que emitan citaciones, una medida sumamente inusual que puede provocar que se sancione por desacato a las autoridades locales que no cumplan con la orden.

De La Redacción 

Periódico La Jornada

Gasta gobierno mexicano 14 mdp en traslado de aspirantes a asilo rechazados por EU

El gobierno de México ha erogado 14 millones de pesos en renta de autobuses para el traslado voluntario de solicitantes de asilo devueltos por Estados Unidos desde Nuevo Laredo y Matamoros a Chiapas, revela información ofrecida por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en respuesta a una solicitud de información.

El programa fue dado a conocer en agosto del año pasado en redes sociales por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola, por sus siglas en inglés), el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), entre otras organizaciones defensoras de migrantes.

Al solicitar detalles sobre esta iniciativa, la SRE expuso que con motivo de la creación de la Comisión Intersecretarial de Atención Integral en Materia Migratoria, la Secretaría del Trabajo se encuentra realizando estos programas.

En la respuesta, del 23 de enero de 2020, agrega que la cancillería, por medio de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid), se encuentra desarrollando un proyecto denominado Apoyo para el traslado terrestre voluntario y gratuito de personas en territorio nacional, al margen del Plan de Desarrollo Integral para el Salvador, Honduras, Guatemala y México.

Especificó que Amexcid es la encargada de contratar los autobuses Estrella Blanca. Los costos se cubren mediante el Banco de Bienestar, intermediario financiero del Fondo de Infraestructura para Países Mesoamericanos y el Caribe.

La cancillería señaló que hasta diciembre del año pasado, fecha en que se presentó la solicitud de información, se habían dispuesto 66 autobuses para transportar aproximadamente a 2 mil 376 personas.

La oficina del INM en Matamoros, Tamaulipas, indicó que usó 98 autobuses y trasladó 4 mil 37 personas. En tanto, la representación del INM en Nuevo Laredo reportó que hasta el pasado 21 de noviembre se habían trasladado en total 5 mil 55 extranjeros de diversas nacionalidades.

Ana Langner

Periódico La Jornada

EU logró imponer en las fronteras sus políticas restrictivas: expertos

El gobierno de Estados Unidos ha pasado a una hipersecuritización de la migración y logró que México y los países de América Central se hayan visto forzados a aceptar sus políticas restrictivas y de contención, expusieron especialistas en un seminario coordinado por El Colegio de la Frontera Norte (Colef) y el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).

La imposición estadunidense en la región nos obliga a preguntarnos si Estados Unidos está asumiendo la responsabilidad que le corresponde o si lo está volcando a los demás estados, explicó Adriana Ramírez Costa, del INAP y consultora.
Al participar en el seminario La seguridad nacional en la relación México-Estados Unidos, expresó que la migración es un fenómeno que se ha securitizado de manera cíclica desde hace tiempo; lo que ocurre actualmente con el auge de gobiernos ultranacionalistas y xenófobos es que se renueva este enfoque, con el cual se criminaliza a las personas en situación de movilidad y se les convierte en una amenaza a la seguridad y estabilidad de un Estado. Cuando lo anterior se concreta, los propios gobiernos elevan la amenaza a un nivel tal que recibe la máxima atención en la esfera política y agenda pública.
Explicó que la respuesta al enfoque de seguridad en el tema migratorio (fenómeno que no es exclusivo de América del Norte) ha sido el endurecimiento a las políticas migratorias y fronteras. Así, en años recientes hemos visto la militarización de las fronteras para impedir el paso de los migrantes.

Históricamente, Estados Unidos ha visto a los extranjeros con temor y como elemento desestabilizador y amenaza. La relación con México siempre ha incluido el tema migratorio, pero ha sido colocado de manera central por la administración del presidente Donald Trump, al grado de aplicar políticas contrarias a la legislación estadunidense y el derecho internacional, aseguró la especialista del INAP.
Advirtió que hay caos gubernamental en los dos países (México y Estados Unidos) sobre el tema migratorio y señaló que en el primero de ellos es la Secretaría de Relaciones Exteriores la que lleva la batuta, lo que demuestra que el fenómeno es visto como asunto de diplomacia.
En México hay dualidad entre una política centrada en el individuo y el respeto a los derechos humanos y una política de mano dura y contención a la migración, destacó Ramírez Costa.
En este sentido coincidió Carlos Barrachina, investigador de la Universidad Anáhuac, quien expresó que está claro que la política mexicana en los meses recientes se ha asociado a una visión dirigida a la seguridad fronteriza más que a un enfoque de seguridad humana: Se ha fomentado más el tema de la militarización que del desarrollo.

Ana Langner 

Periódico La Jornada

Juan José García: Vamos a tener migrantes por mucho tiempo

El experto en migración, Juan José García, hace una valoración sobre las caravanas de migrantes centroamericanos y su reaparición en este inicio de año. Además habla sobre lo que debe pasar en nuestro país para poder frenar estas migraciones masivas.

El éxodo de los desposeídos: marginación y violencia hacia los migrantes centroamericanos

Guillermo Castillo Ramírez

Rebelión

“…Los derechos humanos de los migrantes son aún una lejana y remota promesa de equidad y de justicia social… en los hechos, los migrantes son el destinatario y blanco de las políticas y discursos xenófobos y racistas de buena parte de los países del norte global ”.

Urbano Arbide

En el contexto de los flujos de capitales y bienes que favorecen a las élites políticas y económicas transnacionales, uno de los rostros más lacerantes de la globalización neoliberal son las masivas migraciones a través de diversas fronteras y hacia los países del norte. Diversas migraciones irregulares se han incrementado y son el resultado de décadas de políticas neoliberales. En varios países del sur global, el vertiginoso incremento de la desigualdad, al aumento imparable de la pobreza (resultado de la previa y voraz concentración de la riqueza) y la producción de adversos contextos de existencia vinculados a la violencia y corrupción en estados antidemocráticos (que favorecen a ciertos grupos privilegiados y deterioran las condiciones de vida de las grandes mayorías), han sido los diversos contextos y causas de estas migraciones forzadas y altamente precarizadas.

Uno de los casos más acentuados y dramáticos son los centroamericanos, quienes, desde cerca de dos lustros y en proporciones de centenas de miles al año, se dirigen de sus lugares de origen hacia el norte (Estados Unidos), en busca de mejores condiciones de vida y, en muchas ocasiones, sólo con la finalidad de sobrevivir. Particularmente en la región centroamericana, los impactos del neoliberalismo y las complejas historias de violencia política han estado relacionados directamente con las causas y motivaciones para migrar.

De acuerdo a diversos informes de organizaciones pro migrantes (REDODEM, MSF) [1], los migrantes se ven forzados a huir de sus países de procedencia principalmente por tres razones: (1) las causas de tipo económico (pobreza, bajos salarios, falta de oportunidades laborales, acelerado encarecimiento de la vida y crisis económicas); (2) la violencia generalizada como factor de expulsión (relacionada al crimen organizado y pandillas, así como a los contextos de inseguridad estructurales); (3) y los impactos socioambientales y el cambio climático, derivados de los altamente contaminantes procesos de producción transnacional del capitalismo global neoliberal.

Particularmente relevante es considerar que Estados Unidos, desde hace décadas y mediante una agresiva política intervencionista y de control, ha jugado un papel central para implantar forzadamente este modelo económico en la región centroamericana. Asimismo, en los últimos años este país del norte global, mediante diversas estrategias de presión geopolíticas y socioeconómicas, ha definido y moldeado las políticas migratorias restrictivas y de control (cierre) fronterizo de México y los países del triángulo norte de Centroamérica (Honduras, El Salvador y Nicaragua), en este amplio corredor migratorio. De esto modo, el peso del racismo antinmigrante de Estados Unidos es un elemento clave para entender la precarización y la violencia que sufren los migrantes en los diversos puntos de sus recorridos, a través de múltiples países y en diversas fronteras.

Resultado de lo anterior y conforme a información de la ONU, el 2019, de acuerdo con Missing Migrant Project (MMP), fue un año fatal y letal para los migrantes en América, donde se registraron que cerca de 800 personas murieron en sus trayectorias migratorias [2]; y las zonas que concentraban un mayor número de pérdidas de vidas humanas eran justamente algunos puntos de la frontera México-Estados Unidos, siendo el río Bravo (entre Texas y los entidades federativas mexicanas Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila) y el desierto de Altar (entre Arizona y Sonora), dos de los puntos más peligrosos. Así, 2019 fue el año con más muertes en el último lustro. Y, desde 2014 (año en que iniciaron los registros del MMP) a la fecha, se han contabilizado más de tres mil muertes en el continente (la gran mayoría son probablemente centroamericanos y acontecieron sobre todo en las fronteras en México y Estos Unidos). Estas muertes están, de diversas maneras, relacionadas con el racismo y el cierre de las fronteras.

Notas

[1] http://redodem.org/wp-content/uploads/2019/09/REDODEM-Informe-2018.pdf

[2] https://news.un.org/es/story/2020/01/1468662

El poder de las madres

Laura Carlsen

Counterpunch

Traducido del inglés para Rebelión por J. M.

¿Quiénes somos? ¡Madres centroamericanas!

¿A quién estamos buscando? 

¡A nuestros hijos! 

 Por qué los buscamos?

 ¡Porque los amamos!

 ¿Qué queremos?

 ¡Justicia!

Se dan la mano y forman un círculo en la pequeña iglesia de Marín, Nuevo León. La Caravana de Madres Centroamericanas de Migrantes Desaparecidos ha venido a esta ciudad del norte de México precisamente por lo que está por suceder. Es la razón de la existencia de la Caravana anual: una reunión entre madres e hijos, separados durante mucho tiempo por la migración forzada y ahora reunidos por el trabajo de este grupo.

Hace treinta y un años Lilian Alvarado de Romero vio a sus dos hijos, Dalinda de 9 años y Salvador de 7, salir de su casa. Los envió al norte para mantenerlos a salvo durante el conflicto armado en El Salvador donde la violencia ya se había cobrado la vida de varios de sus familiares. Desde ese día no los volvió a ver ni tuvo noticias suyas.

Cuando los dos ven a su madre caminando hacia el círculo Dalinda grita "¡Mamá!" Se abrazan, lloran y todos lloramos. La abuela ve a sus nietos por primera vez. El círculo roto se repara. La Caravana finalmente continúa su camino dejando a la familia unida, ansiosa por compensar las décadas de separación.

En su decimoquinto año, la Caravana de Madres Centroamericanas reunió a seis familias como la de Lilian: un hijo que dejó Honduras cuando era adolescente para encontrar un futuro mejor y perdió contacto con su madre durante más de tres décadas. Un padre indígena de Guatemala que encontró a su hija en una prisión en Reynosa, encarcelada 6 años sin sentencia por un delito que no cometió. Una madre que encuentra a su hijo en Coatzacoalcos y una hermana que conoce a su hermana perdida en Tuxtla Gutiérrez. En total la Caravana ha acumulado 315 encuentros en sus 15 años.

Este año 38 familiares de migrantes desaparecidos viajaron por 14 estados mexicanos, junto con miembros del Movimiento Migrante Mesoamericano, la prensa y seis activistas por los derechos de los migrantes de España e Italia, aliados naturales del movimiento que ahora es global. La ruta de la Caravana sigue las cambiantes rutas migratorias a través de México. Las madres se quedan en los mismos refugios que reciben a sus hijas e hijos. Siguen las huellas de los trenes que son las arterias de los flujos migratorios. Hablan con personas en plazas públicas y con miembros de la amplia red en México que se atreve a apoyar a los migrantes centroamericanos que han sido cada vez más criminalizados, perseguidos y explotados.

Algunas de las madres están buscando hijos que se fueron hace décadas, otras perdieron a sus seres queridos hace solo unos meses. Después de la ola de refugiados durante los conflictos armados y las guerras civiles, poblaciones de los países centroamericanos fueron expulsadas debido a la violencia estructural y las crisis políticas. La paz no llegó a los lugares de donde provienen y surgieron nuevas amenazas. Ninguna ley, muro o fuerzas armadas desplegadas contra ellos pueden impedir que las personas huyan de la muerte y de una vida sin futuro.

Junto a las madres también hay padres, hermanos, hermanos y descendientes. La Caravana no discrimina ni excluye, pero su nombre, La Caravana de las Madres Centroamericanas, es más que simbólico. El hecho es que la mayoría de los miembros de la familia que buscan migrantes desaparecidos y continúan buscando durante años y décadas son madres. Ante una pérdida devastadora, si les dicen que tienen que seguir con sus vidas -consejos no solicitados que a menudo se oyen- responderán que buscar a sus hijos es su vida. La ausencia de una hija o un hijo no es algo que permanezca en el pasado o que alguna vez se supere.

También hay otra razón que explica el compromiso inquebrantable de las madres: la transformación personal y social que se logra a través de la organización de base. Todas en el grupo se han convertido en elocuentes portavoces de su causa y en líderes comunitarias. Han formado colectivos en sus países (Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua) que trabajan para continuar la búsqueda y presionar a los gobiernos. Siendo mujeres, su empoderamiento es doblemente desafiante para un sistema capitalista global que dicta que los pobres, los excluidos, los diferentes y las mujeres tienen un lugar por debajo de los demás y no deberían ocupar otro.

Las madres han aprendido a hablar en público sin miedo y sin censura. Han aprendido a navegar por complejas leyes e instituciones gubernamentales diseñadas para simular acciones y obstaculizar el progreso hacia la verdad y la justicia. Redactan demandas, completan formularios, inventan consignas, hacen relaciones públicas en las plazas públicas donde se muestran las fotos de sus hijos desaparecidos. Conocen sus derechos y los exigen. En los refugios y centros comunitarios que visita la Caravana en su búsqueda, las personas que reciben a la Caravana repiten el mismo homenaje, con variaciones: "Ustedes son las defensoras de la vida frente a un sistema de muerte".

La forma más importante de empoderamiento para estas madres es desarrollar el poder de buscar y encontrar a sus hijos. Se convencieron de este poder, si no, no habrían abandonado sus hogares y comunidades para viajar a lo largo y ancho de México. Han aprendido que este es un poder colectivo, que deben organizarse para buscar de manera efectiva a sus seres queridos y para hacer frente a los poderes que están contra ellas: el poder despiadado del crimen organizado que ve a los migrantes como botín de sus guerras territoriales, el poder de los gobiernos que aplican políticas antimigrantes, que crean un mercado negro de seres humanos, que extorsionan a los migrantes, que golpean y separan a las familias en nombre de la ley. Y el poder patriarcal que ve en los cuerpos de las mujeres migrantes otra propiedad para su beneficio.

Las familias de los mexicanos desaparecidos, que pronto lanzarán su propio emprendimiento de búsqueda nacional con la Quinta Brigada Nacional para Buscar a los Desaparecidos, tienen un lema: "Al buscarlos nos encontramos". Se aplica también a la Caravana de Madres Centroamericanas. Además de las amistades que se hacen, que en la Caravana de este año fueron una fuente de amor, alegría y unidad, encuentran que otro mundo es posible. Como dice la fundadora de la Caravana y del Movimiento de Migrantes Mesoamericanos, Marta Sánchez, ese mundo es un mundo de solidaridad y comunión que restaura la creencia en el futuro, a pesar del dolor del presente, un dolor que nadie conoce tan de cerca o tan profundamente como una madre que ha perdido un hijo.

Laura Carlsen es directora del Programa de las Américas en la Ciudad de México y asesora de Just Associates (JASS).

Fuente: https://www.counterpunch.org/2020/01/30/the-power-of-mothers/

Investigan autoridades mexicanas redes de tráfico de personas en Honduras

Grupos radicales integran caravana

El gobierno federal indaga las redes de tráfico de personas en Honduras que –afirman funcionarios consultados– han provocado el incremento sin precedente en el flujo de personas que intentan ir hacia Estados Unidos, alentadas por la situación económica y de violencia.

Esta semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la caravana era movida por intereses políticos.

Es un movimiento no espontáneo. Claro que hay la necesidad, pero hay una conducción, vamos a decir, política, dijo el viernes.

A su vez, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, puntualizó que el año pasado las caravanas estuvieron integradas básicamente por familias, al grado que 40 por ciento de todos los contingentes eran menores de edad.

Hoy, comentó, la inmensa mayoría son varones adultos y, entre éstos se detectó un grupo radical que no aceptó ninguna alternativa de empleo o refugio y, en cambio, alentaba a sus compañeros a seguir adelante e incluso enfrentarse a la Guardia Nacional.

Hay que seguir la pista a ese grupo... se está investigando el particular, dijo en entrevista.

Fue en 2018 cuando se disparó la migración hondureña, al grado de rebasar a Guatemala, el principal grupo de migrantes hasta entonces, presentados ante la autoridad.

En 2019, el Instituto Nacional de Migración (INM) impidió el paso de más de 80 mil personas originarias de Honduras, 40 por ciento por encima de los guatemaltecos.

La mayoría no quiere quedarse en México y así lo muestra el número de solicitudes a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).

Durante 2019, de un número general de 179 mil 971 migrantes presentados ante el INM –y, por tanto, impedidos de continuar su ruta hacia Estados Unidos– 30 mil 678 personas originarias de Honduras presentaron solicitud de Refugio.

Sin embargo, acorde con los registros oficiales, no todos dan continuidad a la petición y, en cambio, buscan otras posibilidades para seguir su camino hacia el norte de México, pero ya con el documento de solicitantes de apoyo internacional.

Es por ello que Gobernación y la Comar emitieron un comunicado en el cual advierten que el trámite de refugio no significa un salvoconducto y, por tanto, durante el tiempo que se prolongue el proceso (hasta tres meses) no podrán salir de Chiapas.

Los ciudadanos hondureños están muy por encima del flujo de migrantes de otros centroamericanos, el principal grupo de extranjeros en situación irregular que llegan al país. Igualmente predominan respecto a otros peticionarios de refugio como los ciudadanos de El Salvador, Cuba, Venezuela y Guatemala, en ese orden.

Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Mil migrantes alistan nuevo intento de ingreso a México

Advierten migrantes que hoy intentarán cruzar a México

Demandamos libre tránsito, afirman hondureños y salvadoreños

▲ Cientos de migrantes continúan llegando a Tecún Umán, Guatemala, donde se instalaron albergues para brindarles apoyo.

Tecún Umán. Alrededor de mil migrantes centroamericanos acordaron intentar ingresar este lunes a México, informó Denis Omar Contreras, quien ha colaborado en siete caravanas anteriores similares.

El acuerdo fue tomado ayer en esta ciudad fronteriza de Guatemala, durante una reunión a la cual acudieron unas 800 personas originarias de Honduras y El Salvador, entre otros países. Estamos esperando saber qué condiciones va a ofrecer el gobierno de México para hacer una petición, ya que no podemos venir a exigir a un país que no es el nuestro; mañana vamos a ir al puente (sobre el río Suchiate, que une a México con Guatemala) a las 4 horas, señaló Contreras en entrevista colectiva.

Lo que queremos es libre tránsito, así como entramos a Guatemala, pero a los que más vamos a escuchar para tomar una decisión es a las mujeres y los niños, dijo el hondureño, quien en días pasados fue deportado de San Diego, California.

Los casi mil indocumentados que según Contreras se encontraban en Tecún Umán llegaron desde el sábado, por lo que iglesias evangélicas y la católica les habilitaron un albergue provisional fuera del centro de la ciudad, ya que las autoridades locales no les permitieron instalarse en el parque central.

Un funcionario de la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala aseguró que el espacio en el que se instaló el campamento temporal fue pagado con recursos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

Contreras añadió que lo que hemos escuchado de Olga Sánchez, secretaria de Gobernación, es que quieren que la gente se regularice, y nos va a pasar lo de caravanas anteriores, que nos llevaban a la estación migratoria Siglo XXI, nos engañaban con 2 mil 500 pesos.

Acotó que el gobierno mexicano fue claro en que la caravana no ingresará, y si lo hace iba a ser con sus documentos y que todos nos íbamos a regularizar. Ese punto por una parte es bueno, pero el otro es que el gobierno nos ofrece 4 mil empleos en condiciones, lo cual es totalmente falso, cuando hay 7 mil haciendo trámites con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en Tapachula, ¿y qué empleos les han dado? (...) Lo del empleo es totalmente falso.

Manifestó que en la desesperación la gente podría pasar este lunes por el río Suchiate si no nos dejan pasar como el año pasado, y ahí será un gran problemón, porque la Guardia Nacional no nos va a dejar pasar.

Destacó que la mayoría de los migrantes que intentarán cruzar este lunes hacia México pretende llegar a la ciudad de Tijuana (Baja California) o a Tamaulipas.

En el puente internacional Rodolfo Robles, ubicado sobre el río Suchiate, el gobierno federal colocó junto a la reja de entrada unas bocinas para repetir el mensaje que transmitió todo el sábado: Están cruzando de manera irregular a México. Deben portar la visa mexicana o documento migratorio. No se expongan a los traficantes de personas; su vida corre peligro. No se dejen engañar. No es un hecho que Estados Unidos les otorgará asilo; al contrario, los podría regresar de inmediato a Guatemala. México le ofrece oportunidad de empleo en su país de origen.

También colocó cartulinas ante el edificio aduanal, en las que se enumeraron las poblaciones de países de Centroamérica donde los migrantes podrían acceder a empleos del programa Sembrando Vida.

Foto Víctor Camacho

Elio Henríquez

Corresponsal, Periódico La Jornada