Somos un Colectivo que produce programas en español en CFRU 93.3 FM, radio de la Universidad de Guelph en Ontario, Canadá, comprometidos con la difusión de nuestras culturas, la situación social y política de nuestros pueblos y la defensa de los Derechos Humanos.
Mostrando entradas con la etiqueta Suramérica. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Suramérica. Mostrar todas las entradas

sábado, 25 de enero de 2020

Algunos detalles a destacar sobre las agitaciones al norte de Suramérica




Tomen sus deseos por realidades
París mayo de 1968

Como toda la convulsa Latinoamérica, la esquina norte de Suramérica estuvo muy inquieta en 2019; las agitaciones parecían situarse por razones internas y geopolíticas esencialmente en la vapuleada Venezuela, sin embargo, imprevisiblemente del lado colombiano se han huracanado los vientos. Las luchas sociales del sur, Chile, Ecuador, Argentina se han diseminado también al norte. El poder hegemónico de Washington es fuerte en estas tierras, pero no puede determinarlo todo; los seres humanos somos impredecibles, afortunadamente. Calles colombianas antes despolitizadas, rebosaron de vida social; hacia el futuro ¿se logrará revertir con la sostenida movilización social un adverso statu quo que parecía inamovible?
A pesar de todo, tranquilidad. En Venezuela el gobierno de Maduro, muy controvertido interna y externamente a causa del descuidado cumplimiento de la Constitución chavista de su país[1], debe sentirse especialmente satisfecho con su situación en los inicios del 2020, por haber sobrevivido, de acuerdo a sus propios cálculos, a cinco ‘intentonas’ golpistas en el pasado año[2], las cuales, miradas en detalle y en la perspectiva del golpe de estado ocurrido en Bolivia en octubre, parecen ser más sainetes, que estructuradas conjuras imperiales, si tenemos en cuenta todo el apoyo que para tales efectos Washington históricamente ha dado al pesado aparato que para tales efectos posee. De colofón el presidente venezolano reconoce sin ambages que depende de los militares para sustentar su gobierno, a través de lo que él denomina ‘unión cívico-militar’, de la cual no especifica detalles sobre su articulación, tan sólo y ante la escasez de logros fácticos hacia el pueblo, se adorna con la consabida catarata de abstracciones autorreferenciales [3]. Por ahora, la unidad en las élites gobernantes en Venezuela sosiega al Palacio de Miraflores.
Represión de un gobierno ‘del pueblo’. Y es que la actual Venezuela es particularmente curiosa en su gobierno, estimado por algunos intelectuales de izquierda como ’progresista’, ‘popular’,’antiimperialista’, ‘revolucionario’, aunque a la vez persiga a sindicalistas por delitos de opinión cuando reclaman derechos laborales expropiados de facto y en general y desde hace años los acose constantemente [4]. Tampoco encajan en un mandato ‘del pueblo’ las agresiones perpetradas por ominosos cuerpos de seguridad ‘bolivarianos’, que causan lesiones permanentes en personas manifestándose pacíficamente contra las políticas económicas, que puede ser catalogadas como quieran en Miraflores, pero desde hace un lustro les afectan directa y desfavorablemente [5].
El asunto va a peor puesto que como si fuera gobernado por el derechista y retrógrado gobierno de Colombia, en la zona fronteriza venezolana con este país se presentan sistemáticos homicidios en personas desposeídas que buscan su sustento allí, con una cifra de muertes del estilo de guerras de baja intensidad[6], las cuales se agregan a los cuatro centenares denunciadas como homicidios a manos de aparatos de seguridad ‘bolivarianos’[7]. Sin duda, para ser suaves con el gobierno de Maduro, los derechos humanos no son su fuerte y los homicidios de opositores en manos de los militarizados aparatos del Estado ‘revolucionario’ muestran sistematicidad acompañada de impunidad[8]; ni los propios militares insurrectos han escapado de tales tratos por parte de sus pares[9], a lo cual se agregan las desconcertantes recomendaciones del presidente ‘socialista’, de un implacable exterminio a quienes se levanten contra su gobierno[10]. La pauperizada población con álgidos asuntos a cuestas como estos es evitada por muchos analistas, así como estos pasan por alto el cómo militares ‘bolivarianos’, ‘revolucionarios’, ‘chavistas’, ‘antiimperialistas’, etc., condecorados por el mismo Chávez, han aprendido sus quehaceres militares justamente en las siniestras academias de EE.UU. y ahora son destacados agentes en la represión en su propia tierra[11]. Con lo cual nefastamente se hermanan con los pares del ultra reaccionario gobierno de Bogotá[12].
Métodos similares. En este mismo sentido, en la agobiada Colombia son perseguidos, acosados y exterminados líderes sociales, defensores de DD.HH. y miembros de comunidades indígenas por todo el territorio nacional[13], en actuaciones que cuesta mucho pensar que no sean metódicas[14], haciendo de este país un lugar muy peligroso para dichas personas, algo absolutamente inaudito en una auténtica democracia[15]. De su parte, Venezuela escenifica a los pueblos originarios del estado Zulia que buscan recuperar sus tierras, como perseguidos y encarcelados violando la Constitución chavista, justamente por parte las autoridades marciales bolivarianas[16]; derechos elementales de los trabajadores tampoco han sido respetados, los despidos injustificados amparados por el gobierno de Caracas se encuentran al orden del día[17], así como las acusaciones por terrorismo a trabajadores reclamantes capturados y juzgados por la ‘justicia penal militar’[18], una aberración para un denominado ‘socialismo del siglo XXI’, que debería respetar a los desposeídos.
Un odio que atrae. En el aspecto internacional una paradoja más consiste en que a más consignas de miembros del gobierno de la Casa Blanca de que el gobierno actual de Venezuela ‘debe irse’[19] (una agresiva atribución que se arrogado EE.UU.), acompañadas del ‘que ya va a caer’[20] (hablando de Maduro), sanciones decretadas como espada flamígera por Washington (y a variopintos países por todo el mundo) continúan con sus consecuencias aciagas violando la Carta de la Naciones Unidas[21], y pueden haber ya causado en Venezuela directa o indirectamente miles de muertos[22], una indiferencia de parte de Miraflores ante ello cada vez es más notable, más allá de la retórica vacua de constancias y declaraciones de su impasible ministro de Relaciones Exteriores.
Allí debemos tener en cuenta la semioculta visita a Caracas de una persona estadounidense de ominosidad conocida por ser dueño de empresas de mercenarios al servicio del Pentágono, reuniéndose justamente con la Vicepresidenta bolivariana Delcy Rodríguez[23], algo realmente insólito dadas las circunstancias sabidas de confrontación. O pensándolo bien, no tanto: ¿Acaso Maduro no le obsequió 500 mil dólares a Trump para su posesión como jefe de Estado en 2017[24]? ¿No se reunió secretamente con el abogado de este en 2018[25]? ¿Y Thomas Shannon no tuvo una entrevista con Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez en 2016? Debemos reconocer del madurismo su constancia en buscar apaciguar a sus adversarios externos, más mirado todo ello en contexto tiende a ser inexplicable.
A pesar de estos pertinaces esfuerzos del presidente revolucionario, bolivariano y antimperialista, por congraciarse con la Casa Blanca, esté quien esté allí, desde Washington no le ofrecen ninguna tregua: el Congreso de ese país acuerda un presupuesto para el 2020 de 400 millones (sin contar con partidas secretas), para apoyar a ese híbrido de espectro político con influenciador sin carisma, llamado Juan Guaidó[26]; una cifra significativa para alguien que no podría calificarse sino como personaje sin relevancia ni utilidad. Una vez más algo no encaja allí, si tenemos en cuenta que para 2020 las obstinadas amenazas a Maduro y su selecta cúpula cívico-militar por parte de los asesores en la Casa Blanca están muy lejos de disminuir[27]. No se le ha dado respiro declarativo al gobierno de Miraflores, empero, los reales afectados siguen siendo los de abajo.
Incompetencia ‘revolucionaria’, no es incompetencia. Por esto mismo el haber pensado que herramientas como presiones diplomáticas, bloqueos y sanciones económicas no iban a ser utilizadas por un imperialismo que ha acometido desde la Segunda Guerra Mundial a la fecha contra más de 37 naciones[28], y amenaza con la fuerza hasta a la CPI[29], y el cual, en caso de un estado díscolo en el hemisferio, siempre ha actuado de hecho sin miramientos en sus cruentas consecuencias, ha sido para Venezuela un suicidio en cámara lenta en un país que depende exclusivamente de una materia prima tan controlada mundialmente por EE.UU. y sus corporaciones, como el petróleo; cualquier gobierno mínimamente sensato lo hubiera previsto. Del desastre del Bolívar como moneda en manos de los economistas de Maduro hay serios indicios de su acentuada impericia, por llamarlo eufemísticamente[30]; es inocultable una gestión económica interna catastrófica[31]. El grotesco y paradigmático caso del bloqueo a Cuba que va para 60 años debería haber sido un ejemplo de lo que se debe hacer y lo que no, interna y externamente ante este tipo de agresiones. Con todo y estas ominosas acciones de ataque económico, la isla caribeña, ni en el ‘periodo especial’ de inicios de los 90, perdió el control de su economía doméstica ni tuvo una contracción social general tan drástica, como lo que ocurre en estos momentos en la ‘patria bolivariana’ con incongruencias imposibles (un país ‘socialista’ dolarizado, exonerando de impuestos a capitales foráneos), a ‘un nivel de improvisación, irresponsabilidad y corrupción dentro del gobierno venezolano, que ha creado una situación completamente explosiva’, en palabras del laureado escritor Claudio Katz[32]. No nos detendremos más en otros errores del periodo 1999-2013 y el 2013 al presente, pues ya hablamos de ellos hace un tiempo[33].
Brutalidad ambidiestra. Del lado colombiano, aunque en otro nivel, la economía se sostiene con un crecimiento moderado, empero con una muy desigual repartición de la riqueza y un inmenso desempleo disfrazado[34], justamente iniciando un periodo nuevo luego de más de 50 años, ulteriormente de los acuerdos de paz con las FARC; las urgencias sociales latentes han saltado a la palestra mediática, entre ellas la no disminución de la violencia atribuida antes al conflicto o medidas económicas contrarias a los intereses de las mayorías, lo cual ha traído consecuencias sociales imprevistas para el gobierno ultra retrógrado de Iván Duque en Casa de Nariño desde 2018. Así, el final de 2019 presenció un inusual descontento general con nutridas movilizaciones populares en las calles, ante las cuales el presidente nominal, Duque, respondió con dilación, engaños y brutalidad. Tanto Duque como Maduro en estas situaciones de máxima presión interna en el caso del primero, y en el segundo internacional, han exhibido como respuesta la incorporación de mayor pie de fuerza de sus respectivas policías[35], y respaldan a sus correspondientes cuerpos de escarmiento, aún pesar de su esmerada violencia con muertos y heridos de por medio[36].
Brutalidad ambidiestra II. A primera vista resulta extravagante en el norte de Suramérica, que tanto Maduro como Duque (adversarios declarados), han apelado para sostener sus gobiernos primordialmente a la fuerza de los cuerpos armados de sus respectivos estados; el primero desde tiempo atrás ha delegado abundantes funciones en la FANB y tiene un grupo de choque policial llamado FAES, de muy alto poder letal destinado a los barrios populares, sembrando el terror allí con miles de muertos[37]; y de su parte el segundo, a raíz de las multitudinarias movilizaciones de fin de año de 2019, acuarteló a las fuerzas armadas y empleó a la Policía Nacional (militarizada) en su carácter de especializado cuerpo de castigo, particularmente al ESMAD, un destacamento que supuestamente ejerce violencia ‘no letal’ contra la población (sin embargo, son despiadados sus miembros y emplean armas prohibidas por las convenciones internacionales para disolver marchas pacíficas), en consecuencia, tiene a su haber 34 muertos y los heridos a su cargo podrían ser miles en 20 años de deplorable existencia[38]. Aquí entramos a concatenar esto con los cientos de asesinados en todo Colombia en su calidad de líderes sociales o indígenas, que parece ser un plan de exterminio por su carácter sistemático y extensión geográfica. En este aspecto lo que unas vez más equipara a Maduro con Duque y viceversa, es que en medio de una absoluta indolencia y crueldad común, ambos vitoreen a los cuerpos exiciales mencionados a pesar de las repetidas y documentadas denuncias sobre sus desafueros[39]; un atroz parangón es evidente: al lado oriental del norte de Suramérica suceden 5200 muertes en 2019 por una supuesta ‘resistencia a la autoridad’[40], del lado occidental han ocurrido desde tiempo atrás los denominados ‘falsos positivos’ (entre 4000 y 5000 muertes a manos de militares), más recientemente no menos de 250 líderes sociales han sido asesinados uno a uno[41], y barbáricamente se bombardean niños ¡por orden presidencial[42]¡.
Brutalidad + Injusticia + abusos = sociedad movilizada. Lo de Colombia fue inesperado, a semejanza de un fenómeno metereológico caribeño emergiendo intempestivamente. La indignación al parecer allí fue alimentándose de las experiencias de lucha del sur, de antiguas y presentes ignominias de parte de todo el conjunto del gobierno de Bogotá, como aquella de finales de agosto del semioculto bombardeo de ocho niños en el departamento de Caquetá (¿en que otro lugar del hemisferio bombardean personas?[43]), de los antipopulares paquetazos congresionales para enriquecer más a los poderosos (en Colombia se destaca el avaro y bribón banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo, 129 entre los más ricos del mundo[44]), alejando aún más la posibilidad de educación a los jóvenes, de pensión a los mayores, con menos salario y con mayor precarización a los empobrecidos trabajadores, entre otras razones.
¿Arlequines? ¿Obtusos? ¿Peleles? Paralelamente al presidente Nicolas Maduro, estimado por personas de izquierda como una persona incapaz de conducir un Estado moderno en una situación compleja[45], Duque es tenido en Colombia como un ‘inepto total’, un improvisado que no sabe de las responsabilidades que tiene a cuestas[46]; hubiera podido ser mejor el animador fastidioso de un programa de concurso de televisión u oficios similares, más la política en Colombia se ha degradado tanto que una persona tan superficial y carente absoluta de conocimientos elementales llegó a la presidencia sin mediar muchos esfuerzos. Sus sandeces reflejadas en actos de gobierno ya son épicas[47]. Incluso ha llegado, sin darse por enterado, a reconocer su propia grave incapacidad, su nulidad como gobernante[48]. No obstante, su mentor y jefe para todos los efectos, Álvaro Uribe (acusado de paramilitarismo, masacres, peculados, etc.), es internamente el poder cada vez menos tras la sombra y en consecuencia homicidios, corrupciones, arbitrariedades, etc., han continuado como si nada. De tal manera ha ido creciendo la percepción de que ello no puede detenerse sin una legítima acción colectiva directa: multitudinarias y constantes protestas como las que fueron elevándose hasta estallar masivamente del 21 de noviembre en adelante.
Defendiéndose con los peores… Ante la amenaza de una parte de la sociedad organizada y actuante, quienes se benefician con el estado de cosas existente en Colombia desde el gobierno, en la actualidad se agrupan ferozmente en el Centro Democrático (partido fascistoide) y demás partidos clientelares (ávidos del botín del erario y de cargos públicos: Liberal, Cambio Radical, Conservador, De la U, etc.), miembros de ese circo de chanchullos y ordinariez denominado Congreso de Colombia[49], a su vez conformado por parlamentarios intonsos con el salario más alto de América Latina[50]. Los pomposamente llamados de ‘entes de control’ (Fiscalía, Procuraduría, poder judicial, Defensoría del Pueblo, Contraloría, etc.) han sido fácilmente cooptados por el poder ejecutivo y legislativo y conviven tranquilamente administrando el clima habitual de corrupción y violencia a cambio de variadas canonjías[51].
Más si se piensa en desigualdades al otro la lado de la frontera, las clases ricas venezolanas aún viven allí y en muchos casos hacen buenos ‘negocios’ con el estado madurista[52]; en variadas maneras se benefician de las insensateces de este, pudiendo continuar con su tren de vida (y en dolares) como si nada hubiese ocurrido en su nación gracias a las ‘importaciones’ que desde Miami hacen por habilidosos y bien conectados comerciantes[53], algo que ocurría antes en pequeña escala pero que en 2019 fue un hecho notorio y de impacto, reflejante de las abismales diferencias sociales que van creciendo cómodamente en la Venezuela ‘revolucionaria’. Naturalmente, a la cúpula cívico-militar no se le ha visto haciendo filas para recibir risibles aumentos o bonos ni recogiendo cajas CLAPs, pues la vanguardia ‘socialista’ y sus entornos más cercanos (dirigencia del PSUV, ministros, etc.) además de ostensibles privilegios, pueden llegar hasta comprar fácilmente a los comediantes de la oposición[54]. Así, el poder legislativo en Venezuela tiene a partir de enero de este año tres presidentes de asambleas nacionales: el de la constituyente del chavismo creada en 2017 para suplantar a la no chavista Asamblea Nacional (con el inamovible e irritante Diosdado Cabello), y la citada Asamblea Nacional electa en 2015, ahora con dos presidentes, uno respaldado internacionalmente y otro reconocido por el chavismo y Rusia[55]. En la práctica, ninguna tiene mayor efecto en la vida venezolana, pues Maduro y sus adláteres son el único poder efectivo gobernando por decreto, marchando sin afujías notorias al compás de la dosificada presión de EE.UU.
Impunidad y destino del país. En medio de la omnipresente palabrería ‘revolucionaria’ del madurismo, los controles políticos se encuentran también cooptados por entero y cualquier causa judicial dirigida a las altas esferas por ostensibles crímenes, abusos y negligencias, es del todo inútil[56]. De su parte, las clases medias e incluso los teóricos beneficiarios de la ‘revolución’ bolivariana migran a causa de salarios de hambre a un ritmo nunca visto para el continente[57], lo cual ha permitido manifestar cínicamente a quien directamente impone las sanciones económicas, Donald Trump, que ‘tomará un tiempo recuperar las riquezas[58]’ (¿para quién?) y que Venezuela puede convertirse en ‘un pueblo fantasma’[59], develando sus no muy bien mimetizados deseos.
Dominio directo e indirecto. Es innegable la existencia de planes de embestida pausada a los pilares de la sociedad venezolana, es decir, las comunidades, sus habitantes en general, los cuales marchan al ritmo de los acontecimientos internacionales (y naturalmente Latinoamericanos) y de las tácticas del Pentágono[60], siendo articulados en el marco del ‘caos controlado’ bajo el cual se desarrollan[61]. Ello logra una presión para el gobierno de Caracas, empero, mucho más para la población aunque aquella se desarrolle por ciclos; Miraflores a su vez responde con un afianzamiento de su despotismo cívico-militar para mantenerse en el poder a pesar de sus rocambolescas medidas políticas y económicas; de su parte, el desprestigiado gobierno de Bogotá cumple las misiones que en este sentido le son dictadas desde los poderes imperiales, frecuentemente sin que esté enterado de las reales tácticas y tiempos de sus señores (es posible que por la capacidad intelectual de los miembros del gobierno Duque no se logren captar), de ahí sus permanentes salidas en falso en la materia[62]. De facto y de tiempo atrás, las fuerzas armadas colombianas se hallan al servicio del Pentágono[63], a más de las bases que este posee este en territorio neogranadino; dicho control externo absoluto de las FFAA es ya un asunto público allí[64].
Esperanzas en la calle y en movimiento. No obstante todo lo anterior, el factor humano hace imprevisible cualquier plan por esmerado y asegurado materialmente que parezca; el descontento ante una cadena de gobernantes oprobiosos desde hace unas cuatro décadas, pero que, en el presente siglo, han malgobernado con especial ensañamiento, ha emergido en Colombia con fuerza y masividad desde noviembre. Mucho se ha escrito y hablado sobre el asunto y a ello nos remitimos. Sólo cabría añadir que el pasado enseña a multitudes como estas la aparente locura de ‘ser realistas’ y ‘pedir lo imposible’[65]. Si la sociedad se moviliza denotando sus vastas capacidades, a tono con ello debería exigir, lo que el gobierno y sus dueños aseguran que es irreal, no realizable; así, si las exigencias tienen miras cortas, nada importante se logrará. Verbi gracia: si la movilización social precisa únicamente la disolución del aciago ESMAD, ni una mínima reforma de este se obtendrá; si se exige la disolución de la policía en su genuino papel de cuerpo militarizado de castigo, organizado bajo la Doctrina de la Seguridad Nacional, incapaz por tanto de cumplir con su función normal en una sociedad efectivamente democrática, la sociedad podrá obtener algo tangible; en cuestiones económicas, cualquier ‘eso no se puede hacer por que contraría las ‘leyes’ de la economía’, debería ser enfrentado con un ‘que reviente la economía’[66], la neoliberal, esa que ya ha destruido millones de existencias y amenaza las siguientes generaciones. Es tiempo que se reviertan los hechos pauperizantes, es hora de al menos un poco de justicia. Si hablamos de esto último, la demanda del cese de las muertes de líderes sociales debería no poder ser denegada por un gobierno del hemisferio occidental en pleno siglo XXI, pues si un Estado no puede garantizar la vida humana, no tiene razón alguna para su existencia. Obviamente, esto es válido plenamente en un futuro próximo para la Venezuela que enfrenta las absurdas políticas reales de Maduro[67], y siente y lucharía por el cese de los abusos y desaparición de destacamentos policiales mortíferos, apenas como pasos iniciales; reavivando con objetivos concretos, inequívocos las movilizaciones en Venezuela, aquellas que fueron potentes hasta hace un lustro, se podrá superar su cooptación por parte del ‘oficialismo’ y sus amanuenses que las han transformado en un forzado rito clientelar, para así rebasar el estalinismo tropical reinante.
Hemos reseñado algunos detalles comparativos de los dos estados al norte de Suramérica; las apariencias de una oposición ideológica entre ellos, se diluyen hasta la desorientación por el ambiente de violencia, corrupción, injusticia, pobreza, etc., que, aunque con matices, es imperante a ambos lados de esa dudosa frontera de más de 2200 kilómetros. La militarización y paramilitarización (Águilas Negras, Autodefensas Gaitanistas, etc. en Colombia; Milicias, Colectivos ‘Bolivarianos’, ‘Cuadrillas de Paz’, en Venezuela) de la cotidianidad en los dos países es la norma no escrita; por tanto, un control social brutal impera sobre sus poblaciones.
No se conoce una forma más efectiva de materializar los deseos políticos, que la retoma de las calles para detener la expropiación violenta de derechos, recuperar lo perdido y proyectar el futuro de las generaciones que vendrán. De lo contrario, la barbarie continuará en ambos lugares.
Notas:
en el link de la fuente 
http://rebelion.org/noticia.php?id=264768

viernes, 8 de noviembre de 2019

Miradas críticas a los nuevos constitucionalismos suramericanos


A propósito de la continuidad de las movilizaciones en Chile, ha comenzado un proceso de cabildos autoconvocados y abiertos, en donde la población ha comenzado a sentar las bases para dar inicio de un proceso constituyente inédito, el cual le devuelva la dignidad a un pueblo que ha tenido que lidiar por más de 40 años con una Carta Magna que tuvo un origen espurio durante la dictadura de Pinochet, y que tiene la particularidad de haber estado a la medida de la ideología neoliberal, lo que ha sido visto por el mundo entero como un verdadero experimento político, implementado a través de una doctrina del shock.
Es así como los primeros resultados de esos cabildos, se manifiestan demandas prioritarias que buscan justamente recuperar y ampliar derechos de toda índole, privatizados y negados en la constitución de 1980. Es el caso de un nuevo sistema de pensiones, la protección del medioambiente, la nacionalización de recursos naturales, el aumento del salario mínimo, una educación pública y gratuita, un sistema único de salud, acceso a la vivienda, impuestos a los más ricos, igualdad de género y enfoque feminista en políticas públicas, democracia participativa y vinculante, derechos de los migrantes, reconocimiento de los pueblos indígenas y realización de una asamblea constituyente.
Es esta última demanda, la realización de una asamblea constituyente, la cual puede verse como la piedra de tope para los grupos más conservadores del país, vista por ellos como una amenaza para una democracia de mercado que se ha profundizado en los últimos 30 años, no solo gracias a la derecha sino también gracias a una izquierda que creyó la idea del fin de la historia, como pasó con la ex Concertación, la cual gobernó entre los años 1990-2009, a través de la profundización y administración del modelo económico existente.
No es de extrañar entonces, que mientras países como Bolivia, Ecuador y Venezuela, realizaban profundos procesos constituyentes, la izquierda de mercado legitimaba la constitución de Pinochet, mediante la firma del ex presidente Ricardo Lagos el año 2005. Además de denostar aquellos procesos, tratándolos de populistas, mientras se en Chile se fortalecía una institucionalidad que privatizó la educación, la salud, el agua, las carreteras, los medios de información, los puertos, etc.
Por otro lado, solo con la llegada de la ex Nueva Mayoría al poder el año 2014 (ex partidos de la Concertación junto al Partido Comunista), hubo un tímido giro al progresismo, en sintonía con lo que estaba pasando en la región. No obstante, la discusión constituyente quedó a segundo plano, reduciéndola a unos diálogos ciudadanos no vinculantes y sin capacidad de injerencia política.
De ahí la importancia de abrir un inédito proceso constituyente en Chile, pero que se conecte con la experiencia de aquellos países vecinos, los cuales tienen mucho que aportar a lo que eventualmente pueda pasar, no solo en lo que respecta a los elementos participativos que llevaron a la redacción de las nuevas constituciones, sino también a los elementos autoritarios de los gobiernos progresistas realmente existentes en aquellos países mencionados.
Para reflexionar sobre aquello, lo señalado por personas como Alberto Acosta de Ecuador, Raúl Prada Alcoreza de Bolivia y Edgardo Lander de Venezuela, nos puede ayudar a acercarnos a esos procesos en clave suramericana, pero desde una mirada crítica. Es decir, yendo más allá de discursos ideológicos reduccionistas, que están con o contra de esos procesos de manera absoluta, la cual no hace más que reproducir lógicas binarias en la política.
En el caso del economista Alberto Acosta, quien fuera presidente de la Asamblea Constituyente del Ecuador el año 2008, ha planteado que si bien la Constitución de Montecristi fue la primera en el mundo en incorporar principios quechuas como el Buen Vivir o Sumak Kawsay, su problema ha sido su implementación, tanto durante el gobierno de Rafael Correa como de Lenin Moreno, los cuales se han subordinado a políticas desarrollistas, centradas en la producción y el consumo de mercancías. Lo mismo con respecto a los Derechos de La Naturaleza, que también pueden verse como un giro civilizatorio, tan necesarios en estos días, pero que en la práctica no solo no se ha respetado, sino que se ha profundizado el extractivismo minero y petrolero de aquel país.
De ahí que Acosta plantee que la constitución deba ser entendida más bien como una caja de herramientas para la ciudadanía, en donde sea ésta quien deba hacer valer el respecto de los derechos constantemente. En otras palabras, el proceso constituyente no termina cuando se redacta y aprueba la Carta Magna, por el contrario, es solo el comienzo de un camino de vida en común sin fin, como lo es la democracia.
Sobre Bolivia, lo planteado por el sociólogo Raúl Prada Alcoreza, quien fuera asambleísta de la Constitución de Bolivia, aprobada el año 2009, tiene una mirada similar a la de Acosta, pero que va más allá en su crítica. Si bien revindica también la presencia a nivel constitucional de la noción aymara de Vivir Bien o Suma Qamaña, la Ley de Derechos de la Madre Tierra y la construcción de un Estado de carácter Plurinacional, el problema no es solo con respecto al extractivismo llevado al extremo por Evo Morales, sino en la reproducción misma de un fetichismo jurídico, en donde el derecho termina siendo el sentido mismo del Estado.
En otras palabras, lo que ha pasado en Bolivia, es que ha hecho de su constitución un fetiche, en donde se pasó de un contenido liberal a un contenido socialista, con rasgos indígenas, el cual renuncia a la movilización social, entendida esta como potencia, para dar paso a una burocracia legal, en donde la figura del caudillo autoritario se apropia de un discurso que deriva de los pueblos finalmente
Por último, en el caso de Venezuela, quizás el más dramático de los tres, planteado por el sociólogo Edgardo Lander, referente del llamado giro decolonial, nos señala que la constitución de 1999 marcó el inicio de los ciclos progresistas posteriores en la región. Si bien la constitución no tuvo fuertemente elementos indígenas como en los casos de Ecuador y Bolivia idea de construir un Estado Comunal, centrados en la autogestión y democracia participativa, lo que para un contexto regional, en donde el neoliberalismo se expandía a través de los gobiernos, fue revolucionario.
El problema, como bien dice Lander, es que el proceso venezolano en el tiempo no hizo más que profundizar el rentismo petrolero de décadas, a través de un estado completamente autoritario, clientelar y corrupto, en donde la militarización del país ha permitido que se hipoteque el 12, 2% del territorio nacional, a partir del llamado Arco Minero del Orinoco, el cual tiene un carácter completamente ecocida y de vulneración de derechos de los pueblos indígenas que habitan en aquel lugar.
Asimismo, el excesivo personalismo, primero con Hugo Chávez, posteriormente con Nicolás Maduro, recuerda lo peor de los Socialismos Reales del Siglo XX, en donde la concentración del poder político ha llegado al extremo de tener que hacer una nueva asamblea constituyente el año 2017, hecha a la medida del gobierno actual, la cual no hace más que desprestigiar lo realizado el año 1999 democráticamente y con participación plural del pueblo venezolano. .
A modo de reflexión general, si los pueblos de Chile pretenden tener una nueva constitución a partir de una asamblea constituyente, no pueden descuidar estos tres procesos suramericanos, con fortalezas y debilidades, los cuales no hacen más que evidenciar que no basta con redactar una constitución que contenga múltiples derechos, si eso no va acompañado de cambiar las estructuras de poder mercantiles, coloniales y patriarcales del Estado mismo. Las constituciones podrán tener horizontes democráticos, comunitarios, interculturales, participativos, pero si no tiene mecanismos reales de intervención ciudadana para su ejecución, el fantasma del autoritarismo estatal está a la vuelta de la esquina.
Andrés Kogan Valderrama es sociólogo y editor del Observatorio Plurinacional de Aguas 

miércoles, 19 de julio de 2017

Sudamérica: gobiernos progresistas y corrupción




La Jornada 
Ayer, en una conferencia impartida en la sede del gobierno municipal de Montevideo, el pensador estadunidense Noam Chomsky señaló que los gobiernos progresistas de Sudamérica no han tenido capacidad para enfrentar y combatir la corrupción, una falla que amenaza con hundir y revertir los avances logrados en casi dos décadas de proyectos soberanistas y con sentido social.
El lingüista y analista político del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés) no escatimó la valoración positiva de lo conseguido por tales gobiernos, entre los que destacan el de Hugo Chávez en Venezuela, los de Luiz Inacio Lula da Silva y Dilma Rousseff en Brasil, los de Néstor Kirchner y Cristina Fernández en Argentina, el de Evo Morales en Bolivia o el de Rafael Correa en Ecuador. A su juicio, tales ejercicios del poder público se han caracterizado por el esfuerzo para revertir la desastrosa situación social que dejó en los países correspondientes el previo ciclo de gobernantes neoliberales.
Un aspecto importante de tales esfuerzos, dijo Chomsky, fue el distanciamiento de las directivas del Fondo Monetario Internacional (FMI), las medidas de combate efectivo a la pobreza, los esfuerzos en materia educativa y el fortalecimiento de los derechos civiles. Y todas esas acciones han sido, en efecto, denominadores comunes de las presidencias referidas.
Pero la falta de capacidad de liderazgo de la izquierda para evitar los niveles de corrupción endémica, heredados de administraciones anteriores, puede echar abajo lo conseguido en años anteriores.
El caso brasileño es sin duda el más claro para entender este fallo. Aunque en los tres periodos presidenciales del Partido de los Trabajadores (dos de Lula y uno de Rousseff) se desarrolló una indiscutible lucha gubernamental contra la desigualdad, el hambre y la pobreza, y por más que el gigante brasileño fue orientado a posturas de soberanía nacional e integración regional, el poder público no atacó la corrupción con la energía necesaria y ésta contaminó a numerosos funcionarios.
A la postre, los intereses mafiosos se reagruparon, tomaron el control del Legislativo y desde allí emprendieron la demolición del mandato popular de Dilma Rousseff, la cual culminó con su destitución arbitraria e ilegítima –porque nunca le fueron probados actos deshonestos–, en lo que ha sido calificado de golpe de Estado institucional o blando.
En cuanto a Argentina, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner los medios informativos oligárquicos lograron construir, con base en escándalos aislados y acaso con fundamento real, una percepción de generalizada corrupción gubernamental que resultó determinante en la derrota electoral experimentada por el oficialista Frente para la Victoria en los comicios presidenciales de 2015 y, paradójicamente, en la llegada a la presidencia de Mauricio Macri, un empresario con abundantes señalamientos de corrupción.
En suma, la incapacidad de los honestos para combatir con eficacia las prácticas deshonestas en la administración pública ha redundado en graves derrotas políticas y en un marcado retroceso de las políticas públicas de bienestar social y de los ejercicios de soberanía nacional que llevaron a cabo.
El señalamiento de Chomsky, formulado desde la empatía y la solidaridad con el campo progresista latinoamericano, debe ser asumido como una crítica constructiva, y resulta
particularmente atendible por los proyectos de izquierda que aún se mantienen en el poder, como ocurre en Bolivia y Ecuador.

viernes, 23 de junio de 2017

Guerra híbrida en Suramerica



Por estas horas se informa de un hackeo a la página oficial del Ejército Argentino, y que los que realizaron este ataque informático instalaron imágenes del el grupo terrorista Daesh (ISIS o Estado Islámico). [A]
En primer lugar debemos recordar que desde nuestro colectivo investigador venimos afirmando que los conflictos o guerras en el siglo XXI son y serán distintas a las guerras de baja intensidad o asimétricas del SXX por las nuevas de carácter de conflicto híbrido [1]; o de guerra irrestricta [2]; que son superadoras de la teoría clásica de guerra total de Clausewitz y de la Nación en armas de Von der Goltz.
Estas nuevas teorías de conflicto ya se están aplicando muy especialmente en el espacio geográfico inestable de la media luna, que va del Magreb árabe africano (Libia), al medio oriente con (Siria) y centro este de Europa en Ucrania- simplemente a modo de ejemplo pues son mayores los conflictos en esa misma zona-. Pero ello no significa que no se puedan desarrollar fuera de esa área geográfica, según los intereses de los grandes contendientes en lucha por el control global de la actualidad
Durante muchos años el equipo de Dossier Geopolitico viene sosteniendo y advirtiendo que América Latina debe cuidarse en salud de este tipo de nuevo modelo de conflicto, administrado tanto por la República Imperial y sus socios como por las potencias que las enfrentan. El año pasado hablamos sobre estos riesgos en el Primer Congreso de Geopolitica y RRII organizado por el Centro de Estudios Estratégicos Suramericanos CeeS, en una Conferencia en Córdoba en el Sindicato bancario de esa Ciudad, este año en las disertaciones que realizamos el Dr. Miguel Barrios, el Dr. Mario Duarte y quien escribe estas líneas en el I Encuentro de Geopolitica de Brasil en la Academia de Guerra del Ejército y la Marina.
Nuestra preocupación mayor estuvo y está centrada en Argentina donde el estado de indefensión, de nulo estudio de estas doctrina, que se observa en los Centro de Estudios que deberían estar realizando, actualizando, como también preparando al País para eventualidad de un conflicto híbrido. Argentina, el octavo País más grande del mundo, carece de unas fuerzas armadas con poder disuasorio y de preparación para este tipo de conflicto y que se pueden manifestar claramente en el control del Océano Atlántico por potencias extracontinentales que cuentan con apoyos en algunos países de nuestro subcontinente. Que tampoco controla los espacios aéreos como lo exprese en un reciente artículo periodístico: “Argentina no tiene plan estratégico sobre Malvinas” [3]; o los trabajos sobre seguridad y narcotrafico (herramienta imperial para dominar controlar y domesticar pueblos) de los Dres. Barrios y Emmerich -Equipo Dossier Geopolitico-.
Ahora se suma está nueva escalada de guerra híbrida como la podemos definir al ataque cibernético de “falsa bandera” [4] realizado a la página Web del Ejército Argentino. Pues ya es una verdad de perogrullo que los grandes grupos de terroristas como Al Qaeda y/o ISIS son creaciones de los potencias occidentales que las crearon para reconfigurar el medio oriente ampliado, y hoy lo podemos confirmar con las acusaciones que se hacen los ex socios de las monarquías árabes acusando de haber organizado armado y financiado a los terroristas en Irak y Siria.
Lamentablemente en la Argentina de hoy, y coincidiendo con el politólogo Claudio Fantini, la clase dirigente política y social, se caracteriza por su mediocridad, toda atravesada por la corrupción, preocupada solamente en las elecciones de medio término, estos temas NO están en “agenda”. El problema es que los conflictos en el siglo XXI estallan con el nivel de preparación que tengas y no te da tiempo a planificar y desarrollar una defensa eficaz.
Por ello, vemos que avanza el narcotrafico, la inseguridad, el descontrol de zonas completas del País (aire mar y tierra), etc etc. En un país que pareciera feudalizado donde cada gobernador hace y deshace, con los recursos naturales a placer con el visto bueno de BsAs.
Por ello, este llamada de alerta de Dossier Geopolitico, al argentino común, ese atosigado para llegar a fin de mes, pero que todavía tienen una conciencia nacional y que pretende que sigamos manteniendo una unidad e identidad nacional y latinoamericana.

Notas
[3] “Argentina no tiene plan estratégico sobre Malvinas” http://espacioseuropeos.com/2017/06/argentina-no-plan-estrategico-malvinas/
[4] Atentados de falsa bandera: https://es.wikipedia.org/wiki/Operaci%C3%B3n_de_bandera_falsa

domingo, 20 de marzo de 2016

Correa alerta sobre nuevo “Plan Cóndor” en Suramérica


correapresidente
El dignatario ecuatoriano consideró que no es casualidad los hechos registrados en Brasil y Venezuela. “Ya no se necesitan dictaduras militares, se necesitan jueces sumisos”, dijo.
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, alertó este viernes que un nuevo “Plan Cóndor” intenta desestabilizar a los gobiernos progresistas de la región latinoamericana, esto en alusión específica a los hechos que se han registrado en los últimos días en Brasil.
“¿Usted cree que eso es casualidad? Es el nuevo plan Cóndor contra los gobiernos progresistas (…) Ya no se necesitan dictaduras militares, se necesitan jueces sumisos, se necesita una prensa corrupta que incluso se atreva a publicar conversaciones privadas, lo cual es absolutamente ilegal”, declaró Correa.
En una entrevista a la televisión local, Correa calificó de “gravísimo lo que está pasando en Brasil”.
“Querer romper el orden constitucional, sacar un presidente democráticamente electo es gravísimo, la judicialización de la política, si un juez que no tiene legitimidad democrática pueda tumbar a un gobierno, a un potencial candidato presidencial”, manifestó.
Dijo además que “no es una casualidad lo que sucede con el expresidente brasileño y líder del Partido de los Trabajadores (PT), Luiz Inacio Lula da Silva”, quien es perseguido por la justicia acusado supuestamente de actos de corrupción vinculados a la empresa Petrobras.
Recordó que “lo mismo le han hecho a la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kircher, a los actuales mandatarios de Bolivia, Evo Morales, de Venezuela, Nicolás Maduro, y que incluso él mismo ha sido víctima de esta campaña de desprestigio y ataque”.
El mandatario ecuatoriano aseguró además que “Lula vencerá y que los pueblos latinoamericanos no permitirán un retroceso”.
“La derecha tiene sed de venganza, porque diez años que no ha podido como antes elevar el teléfono para ordenarle a un presidente hacer tal o cual cosa. Entonces, tiene sed de venganza, no solo que viene a derrumbar lo logrado sino a tratar de perseguir, masacrar a los que osaron desafiar su poder”, dijo.
El Plan Cóndor fue una operación que consistió en la coordinación de acciones entre las dictaduras de derecha que se registró en varios países de Suramérica (Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Perú y Ecuador) entre las décadas del 70 y 80 en el que estuvo involucrado Estados Unidos.
LibreRed