¿Un voto pro TPP por falsos motivos de seguridad nacional?: ¡No!

alainet.org

"Stop Fast Track" manifestación en Washington, DC en abril de 2015 (por cortesía de Wikimedia Commons).

Cuando el Congreso se reúna en su saliente sesión, después de las elecciones, debe resistir la presión para aprobar la Asociación Trans-Pacífico.

A pesar de los mejores esfuerzos del presidente Barack Obama por vender el Acuerdo de Asociación Trans-Pacífico (TPP)ⁱ al Congreso y al público por motivos económicos, los candidatos presidenciales y el congreso están evitando al TPP como un tema ganador de campaña. Incluso el senador Rob Portman, ex representante comercial de EE.UU., no menciona el TPP en su programa electoral "empleo y el crecimiento"ⁱⁱ. Los argumentos de previsión económica para el TPP son muy débiles, incluso de acuerdo con los supuestos "heroicos" de los defensores, como el de asumir ningún cambio en la balanza comercial de EE.UU. o el empleo neto como resultado del TPP. Entonces, ¿qué argumentos les quedan a los defensores del TPP?

Cuando el Congreso regrese a Washington después de las elecciones del 8 de noviembre, sus miembros, en particular los legisladores vencidos o que se retiran, serán presionados a votar por el TPP en gran parte por razones de seguridad nacional. Cuales sean estas razones, al igual que los textos del proyecto de TPP mismos, seguirán siendo un secreto muy bien guardado.

El Representante Ron Kind (Demócrata de Wisconsin) dijo a al portal Inside U.S.Tradeⁱⁱⁱ que, tras una sesión clasificada (secreta) de información de seguridad nacional sobre el TPP, "Hay un argumento muy poderoso; no sólo es el comercio, hay una herramienta importante en nuestro arsenal de seguridad diplomático y nacional." No podía revelar los detalles del "argumento muy poderoso" sin violar su autorización de seguridad. Después de las elecciones, dijo Kind, los líderes militares retirados (presumiblemente, puesto que a los oficiales en servicio activo no se les permite ejercer presión) se desplegarían a presionar al Congreso a votar por el TPP. Habrá sesiones de información, más anuncios para los miembros del Congreso, seguido de más conferencias de prensa sobre el "argumento muy poderoso", cuyas razones los Representantes de los Pueblos no puede revelar públicamente sin graves repercusiones legales. Justificar el voto de un TPP por razones opacas de seguridad nacional seguramente será más fácil que tratar de justificar el voto por motivos económicos, como lo ilustra la propia situación del representante Kind..

El plan del Representante Kind^iv para ayudar a las granjas lecheras familiares de Wisconsin con dificultades económicas en su distrito, implica la eliminación de barreras a la exportación y la legalización de la fuerza de trabajo inmigrante, que es la espina dorsal de la mano de obra de las Megas Operaciones de Alimentación de Animales lecheros Estabulados (CAFO, confinados masivamente en jaulas). A pesar de que Kind es un tipo partidario líder Demócrata pro TPP, el plan no menciona al TPP, como uno de sus colaboradores señaló. Si tratara de mencionar al TPP, el Representante Kind tendría que responder a las preguntas sobre el impacto del TPP por el aumento de las importaciones de ingredientes lácteos a precios bajos y la caída en picada de la leche cruda. Tendría que responder, como lo ha pedido recientemente el IATP (Instituto de Políticas Comerciales Agrícolas)^v, ¿por qué los partidarios del TPP quieren aumentar las importaciones de ingredientes lácteos cuando los procesadores lácteos estadounidenses están tirando leche cruda a las alcantarillas de alta tecnología de los agricultores de Estados Unidos. Dado que los principales beneficiarios de este régimen de importación de productos lácteos son los culpables de fijar los precios de la leche cruda, tales como los Dairy Farmers of America^vi y Dean Foods^vii, la mejor parte del valor dicta que el Representante Kind justifique su voto pro TPP sobre la base de sesiones clasificadas de seguridad nacional.

El 28 de septiembre, el secretario de Estado, John Kerry, se preguntaba a si mismo^viii que significaría para los otros 11 miembros del TPP, "Si Estados Unidos no entrará en asociación con nosotros en materia económica, ¿por qué deberíamos mirar a Washington para obtener orientación sobre cuestiones políticas o de seguridad?" Esta pregunta de ventrílocuo del Secretario Kerry tiene sentido si usted cree que Estados Unidos tiene influencia en seguridad geopolítica y militar en la medida en que pueda utilizar la política comercial como una herramienta de "poder blando" para premiar o castigar a los países en el “pivote de Asia” del presidente Obama.

Pero tenga en cuenta algunas de las fuentes de esa influencia. El presupuesto militar de EE.UU. es más grande que la suma de los siete presupuestos militares de los países con más gasto^ix (sin contar los presupuestos militares de los servicios de inteligencia de Estados Unidos). La Agencia Nacional de Seguridad está autorizada para espiar en 193 países y a 20 organizaciones internacionales^x, así como para informar sobre las actividades de las empresas extranjeras^xi. ¿No tienen los Estados Unidos suficiente control sobre las fuentes de influencia en asuntos políticos y de seguridad para que los futuros "socios" del TPP buscaran "orientación" de EE.UU., independientemente de si o no el Congreso aprueba el TPP? El presidente Obama y sus sucesores casi no necesitarán el TPP para ordenar a los servicios de inteligencia determinar si las actividades de las empresas extranjeras representan un peligro actual o inminente para los Estados Unidos o están robando propiedad intelectual de EE.UU.. No obstante, los aspirantes a la política exterior realista (haciendo caso omiso de los posibles países latinoamericanos miembros del TPP) sostienen que el éxito del "pivote hacia Asia" se enciende con la aprobación del TPP.

Un artículo reciente en Foreign Policy^xii observó que

El legado del pivote en última instancia, será determinado por la ratificación del TPP. El pacto de libre comercio de 12 miembros, por primera vez incluye a la segunda y a las terceras mayores economías del mundo, no sólo es importante para el negocio. Como un acuerdo de alto nivel que tiene el potencial de afectar a algo más que los aranceles, llegará a las profundidades de los países miembros para crear acuerdo sobre el trabajo, el medio ambiente, la seguridad alimentaria, la propiedad intelectual, la seguridad cibernética, la economía digital, el desarrollo, y otras normas. Si China se uniese al TPP, la conformidad con estas cláusulas tendría un efecto estratégico de transformación de la naturaleza del Estado chino. Aunque un resultado lejano por el momento, no es inverosímil.

Este tipo de argumento, aunque atractivo para los halcones de la política exterior en su idealismo, es totalmente inverosímil por una serie de motivos. Describimos aquí sólo tres.

El TPP no es un "acuerdo de alto nivel."^xiii Por ejemplo, el estándar TPP de los datos y estudios científicos que se utilizarán en la evaluación de riesgos de los alimentos y productos agrícolas- "razonablemente disponible y relevante" -permite la continuación de la utilización generalizada de la información empresarial confidencial pretendiendo proteger a la ciencia corporativa de mayores niveles de opinión pública y de certificación científica.

Los proponentes del TPP de "eliminar la irritante regulación para el comercio", como la Cámara de Comercio de EE.UU., también lo hace al están atacando a una amplia gama de presupuestos de los organismos de regulación y mandatos de EE.UU. a través de sus aliados en el Congreso^xiv. Por ejemplo, el Congreso se ha negado a financiar la Ley de Modernización de la Seguridad Alimentaria adecuada para poner en práctica sus "estándares más altos", incluyendo los aplicables a los productos alimenticios y agrícolas importados. La industria se ha opuesto firmemente a las tarifas^xv a los usuarios del servicio de regulación para compensar el déficit en el presupuesto federal. ¿Si los Estados Unidos no está dispuestos a ofrecer presupuesto para implementar y hacer cumplir las normas, debemos suponer que otros gobiernos del TPP lo harán?

China no tiene necesidad económica o estratégica para unirse al TPP y no puede ser "contenida" geopolíticamente por estas normas. Los Estados Unidos han estado negociando un tratado bilateral de inversiones con China desde 2008 y pueden concluir las negociaciones en 2017, por lo que China no tendrá que cumplir con las disposiciones de inversión del TPP. Los Estados Unidos han permitido a las empresas estatales chinas comprar acciones mayorítarias del gigantesco procesador de carne Smithfield^xvi, y la compañía de semillas agrícolas y químicos Syngenta^xvii siguiendo las revisiones de seguridad nacionales y sin "efectos estratégicos de transformación" ha terminado siendo adquirida por capital chino. China que es el primer socio comercial de Australia; Nueva Zelanda ha tenido un acuerdo de libre comercio con China desde el año 2008; Canadá ha anunciado su intención de iniciar negociaciones para un TLC con China; Perú, Vietnam y Chile están buscando inversión china. Ninguno de estos hechos apuntan a una China que cumplirá con lo que un TPP dictamina y que no ha negociado.

En una refutación del argumento geopolítico del Secretario Kerry para aprobar el TPP, el representante Sander Levin, el demócrata de mayor rango en temas de comercio e inversión en la Cámara de Representantes, dijo^xviii: "Un acuerdo que no está en nuestro interés económico no puede estar en nuestro interés de seguridad nacional porque nuestra seguridad nacional depende de nuestra fortaleza económica, incluyendo la manufactura". Levin advirtió a la administración Obama no tratar de pasar el TPP durante la sesión de salida. Para ello se intensificaría la oposición ciudadana a lo que llamó un "enfoque sin sentido que supone que más comercio es siempre mejor, no importa en qué condiciones."

Entre los temas que Levin quiere que la próxima administración vuelva a negociar es el Mecanismo de Solución de Controversias Inversionista Estado (ISDS), que permite a las empresas y otros inversores, como los fondos de cobertura, demandar a los gobiernos sobre las medidas reglamentarias percibidas como un impedimento a las ganancias esperadas por los inversionistas.. El ISDS, al que se opone el IATP^xix, es un tribunal privado unidireccional que no proporciona a los gobiernos recursos para poder recurrir a demandar a los inversionistas por evasión transfronteriza de regulación y daño al público, a los trabajadores y a la salud ambiental causado por las actividades de los inversionistas.

Es importante detallar exactamente cómo el comercio de EE.UU. y la sustancia política de las inversiones y del proceso deben cambiar, algo que IATP y muchos otros están desarrollando ahora. Pero para dar propuestas a Levin y a otros^xx dar la oportunidad de formar parte de la política comercial e inversión de los EE.UU., el espacio de políticas para ellos debe ser creado derrotando al TPP.

Steve Suppan, Analista Principal de Política del Instituto de Política Agrícola y Comercial (IATP).

 Traducción al español del original en inglés "The National Security Case for a TPP Lame Duck Vote: Not!" 12 de octubre de 2016, por A. Villamar-RMALC, disponible en: http://fpif.org/national-security-case-tpp-lame-duck-vote-not/

ix U.S. Military Spending vs World/. https://www.nationalpriorities.org/campaigns/us-military-spending-vs-world/

xiii Trade policy removal of regulatory “irritants” An effective geopolitical tool? By Steve Suppan. Institute for Agriculture and Trade Policy June 2015. http://www.iatp.org/files/2015_06_05_TTIP_GeoPolitics_SS.pdf

xiv Tom Donohue Says One Thing About Regulations but the Chamber Does Another. 07 Jul 2016. By David King, U.S. Chamber Watch. http://sensiblesafeguards.org/tom-donohue-says-one-thing-regulations-chamber-another/

xviii

El TTIP es incluso peor de lo que aparenta

Vicenç Navarro

Nueva Tribuna

El pensamiento neoliberal hoy es el dominante a ambos lados del Atlántico Norte. Tanto las ramas ejecutivas como las legislativas del Estado federal de EEUU, así como la rama ejecutiva (el Consejo Europeo), administrativa (la Comisión Europea) y legislativa (el Parlamento Europeo) del establishment europeo y también del Estado federal alemán (que domina en general el gobierno de la Eurozona) están controladas por partidos políticos, llámense conservadores, liberales, o incluso socialdemócratas (en realidad, socioliberales), que están todos ellos imbuidos de la ideología liberal. Y un elemento clave de tal ideología es que para salir de la crisis en la que todavía estamos (tanto en EEUU como en Europa) los países tienen que ser más competitivos, siguiendo la huella del modelo alemán, basado en las exportaciones, siendo estas el eje del estímulo de la economía alemana. Esta visión ha alcanzado los niveles de dogma, y como tal se reproduce a base de fe en lugar de evidencia científica.

Esta fe ha llevado a que se hayan firmado gran número de contratos bilaterales entre la UE y otros países, así como entre EEUU y otros tantos países. En este mensaje, el estímulo del comercio es la solución a la crisis económica que tenemos. Y ahora el reto mayor –según el pensamiento neoliberal- es aprobar la joya de la corona, la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (el TTIP en sus siglas en inglés). Tal tratado se promueve como elemento clave de la recuperación económica, pues facilitaría la recuperación de las tasas de crecimiento económico que Europa solía tener, con la consiguiente creación de empleo. Según la Comisión de Comercio del Parlamento Europeo, “el TTIP podría impulsar la contribución de la industria al PIB europeo, pasando de un 15% a un 20% del PIB en el año 2020, al facilitar la entrada en el mercado estadounidense de pequeñas y medianas empresas, pudiendo tener acceso a un mercado potencial (entre la UE y EEUU) de 850 millones de consumidores”. Es así como se presenta tal tratado por parte del pensamiento hegemónico neoliberal que domina los establishments político-mediáticos a ambos lados del Atlántico Norte.

El elemento central del TTIP (como lo ha sido en tratados anteriores, como NAFTA –entre Canadá, EEUU y México-) es no solo la reducción de aranceles (ya de por sí muy bajos) entre los dos continentes, sino también la homogeneización a ambos lados del Atlántico Norte de las regulaciones en las áreas de actividad económica, que incluyen agricultura, seguridad alimentaria, productos manufacturados y técnicos, servicios (incluyendo servicios financieros), protección de la propiedad intelectual e intervenciones públicas (entre otras), que afectan a la actividad económica privada de cada país.

El secreto como característica del proceso de elaboración de tal tratado

Una característica de la preparación de este tratado es el secretismo que envuelve el proceso, secretismo que, paradójicamente, es defendido por el equipo que prepara tal tratado por la necesidad de proteger a ese equipo de la influencia de los lobbies de las empresas afectadas por dicho tratado. Utilizo la expresión “paradójicamente” porque la evidencia muestra claramente que es precisamente al revés. El secreto favorece a los lobbies, que sí que saben lo que se está tramando, habiendo redactado gran parte de los tratados. Los que no saben su contenido son los ciudadanos y sus representantes de cada uno de los países.

Ello ha quedado claro a partir del último 1º de mayo, cuando Greenpeace de Holanda publicó 248 páginas de los documentos secretos que muestran que la realidad sobre tal tratado es incluso peor que lo que los grupos escépticos habían señalado. Greenpeace Netherlands hizo un gran servicio a las poblaciones a los dos lados del Atlántico Norte al recibir y publicar tales papeles, que contienen los elementos más importantes de los borradores de tal tratado. Lo que esas páginas muestran es el ataque frontal a las medidas de protección del ciudadano que los gobiernos y los movimientos sociales (desde las asociaciones ecologistas a los sindicatos) habían ido consiguiendo a lo largo de estos años en los países de la UE. En breves palabras, lo que estos papeles muestran es que:

1. Las reglas aprobadas para proteger el medioambiente han desaparecido en tal tratado. Reglas tan sencillas (y a la vez tan importantes) como el derecho de los países a proteger la vida humana, la vida animal y la vida vegetal, han desaparecido. El bien conocido Principio de Precaución vigente en la legislación europea permite a los Estados prohibir o limitar la distribución de productos o la introducción de sustancias que pudieran causar daño a la salud humana o a la vida animal y vegetal, incluso en el caso de que la comunidad científica no haya dictaminado de una manera definitiva su efecto nocivo. Este principio es distinto (en realidad, opuesto) al vigente en EEUU, donde el Estado no puede intervenir hasta que no se haya probado definitivamente la nocividad de la sustancia o de los productos. El TTIP adopta el principio vigente en EEUU, desprotegiendo al ciudadano consumidor, trabajador o residente en un territorio. Dejaría de ser práctica común en la UE, entre otras cosas, que se escribiera el etiquetado en los productos alimenticios, por ejemplo, notificando al consumidor que se trata de productos transgénicos. Y así, un largo etcétera.
2. Las reglas aprobadas para proteger a la población frente al cambio climático (como la necesidad de mantener un incremento de la temperatura por debajo de 1,5 grados, tal como se aprobó en la Conferencia de París sobre el clima) no aparecen por ninguna parte en el TTIP. Y sí, en cambio, aparecen normas para eliminar las reglas que obstaculizan y/o frenan la importación de fuentes de energía altamente productoras de CO2.

El debilitamiento del poder público en su potestad de proteger al ciudadano

1. El tratado debilita el papel de los Estados para regular nuevas sustancias que puedan tener consecuencias desconocidas pero preocupantes, como, por ejemplo, la introducción de productos químicos que puedan afectar la producción hormonal en seres vivos.
2. Da gran protagonismo al mundo empresarial privado para que participe en la elaboración de cualquier nueva norma o regla que se establezca, señalando (en los papeles que no estaban destinados a conocerse) el rol que muchas empresas ya han tenido en la elaboración de tales normas. La persona que dirige el área de comercio de la Comisión Europea ha respondido, cínica y antidemocráticamente, a las protestas de asociaciones cívicas diciendo que “la Comisión no recibe su mandato de la población europea” (ver el artículo de Thomas Fazi “TTIP: We Were Right All Along”, Social Europe Journal, 06.05.16).
3. Abre la puerta a un proceso constantemente litigioso, en el que cualquier empresa que considere que las regulaciones existentes en un país afectan negativamente sus intereses, puede llevar al Estado en el que existen tales regulaciones a los tribunales, controlados por agentes próximos al mundo empresarial, que paga a tales agentes. Frente a la enorme crítica sobre la composición y financiación de estos tribunales, estas han variado algo, pero no lo suficiente, porque el tribunal estará todavía sesgado a favor de que las empresas inicien el litigio, pues a mayores litigios, mayores los ingresos de tales tribunales. De ahí que el nuevo cambio en la composición de dichos tribunales, que estarán formados por jueces en lugar de árbitros legales, no resuelva el problema del sesgo de tales tribunales a favor de las empresas, estimulando que favorezcan la actitud litigiosa, en la cual el Estado puede perder muchos millones de euros.

La necesaria defensa de la democracia

En resumidas cuentas, este tratado es un intento descarado de las grandes transnacionales de controlar las economías y las sociedades. Ello explica la enorme oposición que está generando tal tratado. El porcentaje que se opone a él ha pasado de ser en Alemania del 25% en 2014 al 45% en 2015. Un tanto igual en otros países. En Francia, el 54% de la población vive en localidades que se han declarado “TTIP free”, es decir, que no quieren que el TTIP se aplique en su territorio. Y el gobierno francés ha señalado su oposición a tal tratado. Lo que es lamentable es que en el Parlamento Europeo, donde los conservadores y liberales tienen mayoría, la oposición al TTIP sea muy débil. Y lo que es todavía peor es que los socialdemócratas, como síntoma de su neoliberalización, apoyan también tal tratado.

En EEUU la oposición de las clases populares explica el gran éxito del candidato republicano Trump y del demócrata Sanders, y el cambio de actitud de la candidata demócrata Clinton que, de apoyarlo, ha pasado a oponerse al TTIP. En España, el PP, el PSOE, C’s y Convergència lo apoyan, mostrando una vez más que las fuerzas políticas que hacen gala de su nacionalismo y amor a la soberanía nacional son las primeras en apoyar tratados que eliminarían tal soberanía. Es necesario que se recuperen las soberanías populares que frenen una globalización que beneficia única y exclusivamente a las empresas transnacionales cuyos beneficios están basados en la pérdida de derechos laborales y sociales que la población había adquirido.

Vicenç Navarro es Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y ex Catedrático de Economía. Universidad de Barcelona

Fuente: http://www.nuevatribuna.es/opinion/vicenc-navarro/ttip-incluso-peor-aparenta/20160512113118128272.html

Capitalismo y colapso climático

John Saxe-Fernández/ V

La Jornada

Respeto y solidaridad ante la tragedia y luto que viven 32 familias petroleras, y las de poco más de cien lesionados y varios desaparecidos, por el estallido en la planta Clorados III del Complejo Pajaritos. También mi apoyo para abrir nuevos caminos y luchas para que Mexichen repare el daño e indemnice a las familias y determinar la base legal y constitucional vigente al momento de la formalización de esa privatización, para cancelarla. El peso de la responsabilidad de esa explosión cae sobre Mexichen, la empresa privada a la que se le entregó el complejo petroquímico en estas asociaciones público-privadas (APP) aclaró Rocío Nahle, coordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, luego de calificar esa APP como una irresponsabilidad. Las APP y los programas de ajuste estructural (PAE), son mecanismos financieros para la extracción de riqueza de lo público a lo privado y hacia el 1%, en este caso un ex-banquero del Fobaproa, en lista Forbes con 4 mil 940 millones de dólares.

Las APP no se encaminan a fortalecer, sólo en la retórica, la capacidad de Mexico para enfrentar los grandes retos del siglo XXI: pobreza, desigualdad extrema, violencia y el colapso climático antropogénico (CCA) en curso. Establecidas en los 90s y manejadas por el FMI en lo macro y el Banco Mundial (BM) y BID por rama, operan en 134 países bajo línea del Departamento del Tesoro conjuntando las codicias de las oligarquías con las de la geoeconomía y geopolítica corporativo/bancaria de EU. Allá y acá la explotación de los trabajadores es crucial para la dilucidación del imperialismo y de los accidentes de trabajo. La Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTyPP) enfatizó que en Mexichem se labora en condiciones de precariedad, los trabajadores compran sus uniformes, cubren horarios extendidos con pésimo equipo, prestaciones mínimas, bajos salarios, por lo que vale la advertencia de Nahle de que la petroquímica es industria de alta peligrosidad que debe considerarse en todo momento como de seguridad nacional (Proceso 21/4/16).

Clorados III, patrimonio nacional, se entregó a precio vil a PMV al 55.91% a favor de Mexichen y el 44.09 fue para Pemex. Es lo que los adictos a las inconstitucionales reclasificaciones petroquímicas de los 80s y 90s le dejaron para, según recetarios del BM-BID, poder operar una APP. La contra-reforma energética no puede ser más dañina al interés público nacional, porque en tiempos de creciente clima extremoso que empieza a azotar al país -y al mundo-, urge la reversión del robo de futuro a la nación, reparando lo que hace diez años Moisés Flores Salmerón denunció bajo el título de La Destrucción de la Industria Petroquímica Estatal de México (La Energía en México, CEIICH-UNAM 2006) una de las ramas industriales de mayor generación de empleo. Es un proceso sistemático de desarticulación y desmantelamiento de los fundamentos de la paz social, con repercusiones para la seguridad humana mexicana. De ahí la urgencia de salir de la tenaza neoliberal para lanzar la vasta movilización social y material necesaria para frenar y revertir la amenaza existencial a la nación y al mundo, del CCA.

La inconstitucional desincorporación del vital y estratégico sector energético de México, al pasarlo del dominio público al privado se vincula a la gestación de la conflagración humanitaria que vivimos, de la abismal desigualdad (salario de 0.50 de dólar aquí, 15 en EU) y de la represión y terror que sostiene al neoliberalismo, una verdadera e incalificable guerra de clase contra la población por medio de una economía diseñada para ser saqueada desde dentro y desde fuera, sin capacidad para generar bienestar y empleo y al contrario alentando la informalidad económica-y el desboque de la criminalidad-, que a su vez nos abre desde 2006, a más intervención y ocupación. Al flexibilizar la Constitución para cubrir de legalidad precaria las transas del capitalismo de amiguetes, que desmantelan la nacionalización petrolera, el 1% queda feliz con la co-participación en la apropiación del excedente petro-eléctrico mediante las APP, instrumentos de corte colonial que despojan a la la soberanía nacional de los instrumentos sustantivos para enfrentar las grandes tareas del futuro.

Coda: al ser de gran calado los retos de EU (crisis hegemónica y CCA), vale revisar su política de fuerza luego del 11/S, que acompaña al TLCAN con un desborde de su estado de excepción, del homeland security y de la cruenta guerra irregular que realiza aquí de facto la Iniciativa Mérida bajo la rúbrica de guerra al narco o crimen. Derivada de la experiencia contrainsurgente de EU en Colombia, Irak y Afganistán, según dijo un alto cargo militar de EU, se le utiliza en áreas de sacrificio, es decir, en naciones ricas en recursos, no para ser industrializados in situ, como en Pajaritos sino, como se establece en los PAE y APP del BM-BID, para ser exportados a los centros capitalistas.

jsaxef.blogspot.com

La opacidad y la secrecía del Acuerdo Transpacífico TPP y las APP

(Entrevista a Irma Eréndira Sandoval en "Sin Censura" con Vicente Serrano)

 La regla en el sector privado, no es la transparencia sino la opacidad. La legislación privada está colmada de figuras jurídicas como los secretos bancario, fiscal, hacendario y corporativo que se orientan a generar un nicho de impunidad y opacidad en beneficio de los poderes fácticos. El extremo y abusivo poder de las corporaciones oligárquicas y multinacionales se han convertido en los agentes que con mayor fuerza impulsan el hundimiento de los valores democráticos y civilizatorios vigentes a través de la normalización de la enfermiza búsqueda del lucro, la maximización de la ganancia, la acumulación desenfrenada y el crecimiento económico incesante. A nivel internacional la secrecía del capitalismo de casino en que se ha convertido la actual fase de globalización neoliberal no tiene límites. Hoy el TPP o el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Internacional es la prueba más reciente y palpable de tal fenómeno.
 

 En México las APP son precisamente los vehículos ideales para este ominoso proceso, las APPs no buscan promover una mayor eficacia o eficiencia en la prestación de los servicios públicos a la sociedad, no son ni novedosos ejemplos de “intersectorialidad” ni de fluidez en las nuevas políticas sociales, como las lecturas apologéticas de la Admon Pública las retratan. Aquí demostramos con datos y detallada información que bajo condiciones de corrupción estructural, como es el caso de México, y en donde el sector privado yace en manos de un reducido grupo de corporaciones oligopólicas, las APP lejos de transferir el riesgo económico del sector público al privado, transfieren riesgos, costos y pérdidas al gobierno, a la fuerza de trabajo, y al público usuario y contribuyente Entrevista con Irma Erendira Sandoval Ballesteros, Investigadora Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Coordinadora Laboratorio Anticorrupción, UNAM y y autora del libro interés publico y Asociaciones Publico Privadas para hablar del Acuerdo de Asociación Transpacífico conocido en ingles como TPP.

El TPP, corona de la estrategia trasnacional

Alejandro Villamar

alainet

La reciente conclusión formal de las negociaciones del mega-tratado Transpacífico (Acuerdo de Asociación Transpacífico – TPP por sus siglas en inglés) pretende y apunta a alcanzar metas que el capital trasnacional ha perseguido desde la década de los ochenta.  Su primera estrategia fue encabezada por los programas de ajuste estructural de la triada BM-FMI-BID, y su primer avance para integrar los propósitos políticos de manera vinculante en un texto fue el Tratado de Libre Comercio TLCAN (1994), seguido de la creación de la Organización Mundial de Comercio (OMC, 1995).

Recién creada la OMC, y tratando de introducir los temas Financieros y Derechos de Propiedad Intelectual (Agenda de Singapur-1996), lo mismo que un Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI), el director general de la OMC, Renato Ruggiero, describió cínicamente el momento: "Estamos escribiendo la Constitución para una sola economía mundial" (Singapur, 1996).

Diecinueve años después de Ruggiero resurge el discurso de la hegemonía y la economía mundial con el TPP: "En virtud de este acuerdo, nosotros, en vez de países como China, estamos escribiendo las reglas para la economía mundial." (B. Obama, octubre de 2015[1]).

Sin embargo, el objetivo nunca se ha restringido a la economía mundial, ni regional, ni se busca la prosperidad, la seguridad y sustentabilidad global, y menos la democracia, sino la transformación de las reglas del orden mundial a las necesidades de la globalización del capital transnacional. 

A lo largo de más de 20 años de luchas de resistencia, redes de activistas sociales, de personalidades, académicos y de gobiernos, han demostrado que detrás del cliché de “acuerdo de libre comercio”, en el trasfondo hay objetivos esencialmente políticos como el eliminar las facultades del Estado para regular con fines sociales, poner los derechos corporativos del capital por encima de los derechos humanos y de la naturaleza, crear mecanismos de gobernanza global de la economía sin ninguna legitimidad o control democrático.

Los tratados como instrumentos de la política trasnacional

Estados Unidos ha acumulado en los últimos 30 años una experiencia y fracasos por tratar de imponer las reglas mundiales, escritas en Tratados, que consoliden los intereses de la globalización trasnacional.  Los tratados de libre comercio (TLC), han sido una de esas vías y el más conocido cliché para imponer esa estrategia corporativa.

EEUU, después de alcanzar un TLC, primero con Israel (1985) y otro con Canadá (1987), así como un TLC regional (TLCAN, 1994), desplegó una estrategia mundial para alcanzar un Tratado Multilateral (en la OMC), o mediante tratados bilaterales o regionales tanto de tipo TLC, como del tipo de Protección de Inversiones, de Protección de Propiedad Intelectual, o preparando el terreno político diplomático mediante los llamados Acuerdos Marco de Comercio e Inversión.  El terreno privilegiado para la ofensiva de los TLC fue el espacio latinoamericano: 11 TLC, de un total de 20 tratados, alcanzados antes de pretender coronar su estrategia con el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA)[2].

Dentro de esta estrategia, la prioridad ha sido puesta en materia de inversión y propiedad intelectual.  Los Tratados, eufemísticamente llamados Tratados Bilaterales de Protección y Promoción Recíproca de Inversiones (TBI), fueron impuestos mundialmente a países subdesarrollados.  De los 42 tratados TBI que EEUU ha firmado, el espacio elegido en la década 1994-2004, fueron los llamados países en transición (16 países); sólo 8 países latinoamericanos, carentes de TLC, fueron añadidos a ese acervo.[3]  En este campo, los países europeos son dominantes mundiales con el 30% de los aproximadamente 4,600 TBI en vigor.[4]

Una estrategia muy defendida por los monopolios trasnacionales han sido los Tratados Multilaterales y bilaterales de la llamada protección de la propiedad intelectual (patentes, marcas, derechos de autor, diseños industriales y otros), área dominada mundialmente por los países desarrollados, con 51% de los 2.3 millones de solicitudes de patentes.  Sin embargo, la importancia de China es indudable, con 28% del total, mayor que el 23% de EEUU.  En solicitudes de marcas China alcanza el 25% y EEUU el 17% de las 6.5 millones de solicitudes.[5]

En esta estratégica materia, de los 34 tratados de protección a la Propiedad Intelectual, 24 han sido acuerdos bilaterales con 24 países (13 antes de la OMC y 11 después).  Dos Tratados Multilaterales han precedido a 8 acuerdos multilaterales o reformas específicas surgidas con la OMC o después.[6]

Una estrategia de tres pistas

Los intereses trasnacionales, encabezados por la triada del gobierno de EEUU, la Unión Europea y Japón, desde hace tres décadas han venido empujando sus iniciativas bilaterales, regionales y multilaterales.  A partir de las neoliberales reglas alcanzadas en el TLC de América del Norte (TLCAN), su reproducción en la OMC, y la búsqueda de su extensión a todo el hemisferio mediante el ALCA, se trasformaron las condiciones en que Japón venía desarrollando su articulación productiva en el área asiática mediante el Foro APEC, lo mismo que las condiciones en que la Comunidad Europea-Unión Europea venía manteniendo su relación neocolonial con los Acuerdos de Lomé-a-Cotonou con los países ACP (sus 79 ex colonias de Asia, Caribe y Pacífico).

La triada buscó infructuosamente incorporar temas adicionales a la agenda de la OMC y se encontró con la sorpresiva movilización civil y la oposición de varios bloques de países, encabezados por los de África y los más desposeídos en la tercera cumbre ministerial en Seattle, EEUU (1999).  Cuatro años antes, la Cumbre de APEC en Osaka (1995) había entrado en crisis por la pretensión de transformar un foro de diálogo político-económico en espacio de desregulación obligatoria de varios temas.  Y lo mismo se repitió durante la fracasada quinta Cumbre de OMC en Cancún, septiembre de 2003.[7]

El espacio regional, donde ya se habían sembrado los temas controversiales en el corazón de los 11 TLC con países latinoamericanos, animó a EEUU a insistir y pretender llegar a obtener la aceptación del proyecto hemisférico de TLC, el ALCA.  Sin embargo, en la histórica Cumbre de las Américas en Mar del Plata (noviembre de 2005), el presidente de los EEUU (G. W. Bush) y sus destacados aliados de México (V. Fox) y Chile (R. Lagos) sufrieron una estrepitosa derrota a manos de una inusitada alianza entre gobiernos opositores al ALCA y redes sociales hemisféricas alternativas, como la Alianza Social Continental (ASC) y la Campaña Continental contra el ALCA.

"Lo bueno es que no tuvimos que hacer el trabajo.  Los mexicanos y chilenos estaban más enojados que nosotros.": Thomas H. Shannon, Secretario Adjunto para América Latina y Caribe del Departamento de Estado, en declaración a la prensa.[8]

Cambio de estrategia, usar lo disponible para alcanzar lo deseable

Con un rosario de fracasos y una estrategia desgastada y claramente impopular, la coalición neoliberal, sobre todo la estadounidense, cambió de estrategia al adoptar una agenda multivariada de un “soft power”[9] renovado como “poder inteligente”, que facilite el debilitamiento de las resistencias y adopte las políticas buscadas.  Para ese propósito, se propusieron: 1) fortalecer y profundizar la agenda y la labor de las instituciones oficiales hemisféricas, la mayoría surgidas desde la primera Cumbre de las Américas (Miami, 2004); 2) coordinar las políticas de las organizaciones financieras regionales, y dar continuidad a la agenda de asesoría en desregulación o “modernización competitiva” de los gobiernos latinoamericanos y las cúpulas de las organizaciones empresariales; 3) apoyar de manera firme la labor de cabildeo de las organizaciones estadounidenses con agenda latinoamericana, como el Consejo de las Américas, las instituciones académicas; 4) usar intensivamente el apoyo de los poderosos grupos mediáticos; y 5) apoyar y fortalecer la oposición empresarial a los gobiernos latinoamericanos que buscan enfrentar este modelo dominante, llegando incluso a impulsar golpes de Estado (duros o suaves).

En palabras de la ex Secretaria de Estado, Hillary Clinton, en julio de 2009: En “Nuestro enfoque de política exterior… los hechos exigen una estructura mundial distinta… trabajaremos a través de instituciones existentes y las reformaremos.  Trascenderemos a los Estados y crearemos oportunidades para que instituciones no estatales y particulares puedan contribuir a las soluciones…colaboramos con nuestros principales aliados de tratados, como Japón y Corea, Australia, Tailandia, Filipinas y otros socios para fortalecer nuestras relaciones bilaterales, así como las instituciones transpacíficas.  Somos al mismo tiempo un país transatlántico y transpacífico”.[10]

La Sra. Clinton decía en público lo que sin aspavientos ya venían haciendo bajo el mandato de las nunca enterradas 23 Iniciativas temáticas del Plan de Acción de la Cumbre de Miami (1994)[11] e intensificándolo después del 2005 con las alianzas público-privadas mediante las reuniones periódicas de Ministros de las Américas en Finanzas, en Energía, en Agricultura, en Minas, en Defensa, y una docena más de temas, bajo el paraguas formal del BID, de la OEA, del IICA.[12]

A la par, una red de instituciones y organizaciones ‘civiles’ íntimamente ligada a la política del Departamento de Estado de EEUU, ha venido “modernizando” mediante la “reforma regulatoria” y la “competitividad” la política pública de la mayoría de los gobiernos latinoamericanos y del Caribe, así como creando alianzas con las cúpulas empresariales de nuestros países.

Así, el bufete de ex funcionarios privatizadores, Jacobs-Cordoba y As., autores directos de 11 de los programas de reforma (des)regulatoria de gobiernos latinoamericanos (de un total de 74 gobiernos “asesorados” en el mundo)[13], son también los “super-expertos” de la Red Inter-Americana de Competitividad RIAC[14] de la Federación Global de Consejos de Competitividad articulado al Foro Económico Mundial, la Cumbre de las trasnacionales.[15]

Por su parte, la organización empresarial Consejo de las Américas, creada por D. Rockefeller, ha intensificado desde 2006 su programa hemisférico de promoción neoliberal y de relaciones políticas; 75 reuniones en 16 ciudades capitales; cabildeos convertidos en culto por las cúpulas empresariales, gubernamentales, incluyendo a algunos presidentes afines.[16]

Así, bancos, tecnócratas, cabilderos, académicos y poderosísimos monopolios de medios de comunicación corporativos han continuado trabajando cotidianamente, en coordinación con funcionarios y algunas organizaciones civiles, desde dentro de nuestros países con programa e ideología trasnacional, que no terminamos de enterrar, ni con gobiernos progresistas.

Desde 2007, advertimos de esta peligrosa estrategia[17] que no sólo ha propiciado la Alianza del Pacífico, sino que ahora se convierte en el apoyo político del TPP; ese peligroso brazo de la nueva tenaza trasnacional, y mañana podría serlo del tratado gemelo Tras-Atlántico.

El TTP busca superar la derrota del ALCA y coronar en triunfo esta larga y multiforme estrategia para crear un mundo adaptado a sus intereses.  Solo la movilización social global y unitaria podrá presionar a los legisladores y gobiernos, para derrotar a este Super-ALCA.

Alejandro Villamar es analista, activista y miembro de la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC).

 * Artículo publicado en la Revista América Latina en Movimiento No. 509 (noviembre 2015), con el título "A 10 años de la derrota del ALCA" - http://www.alainet.org/es/revistas/509

---

[1] https://goo.gl/noFhUh

[2] USTR. 2015. https://goo.gl/Diuupv

[3] Cálculos con la estadística del USTR, 2015. http://goo.gl/MsuYCr

[4] Cálculos con datos UNCTAD. http://goo.gl/4VYcNv

[5] Cálculos con Datos y cifras de la OMPI sobre P.I. http://goo.gl/UDZCMV

[6] Cálculos a partir de estadística del USTR

[7] http://goo.gl/UDZCMV

[8] http://goo.gl/UPpyXF y http://goo.gl/4qR31K

[9] https://goo.gl/ZfVktF

[10] http://goo.gl/2YAAS4 http://goo.gl/NyPrZz

[11] http://goo.gl/enZ0tt

[12] http://goo.gl/LE4XHV; http://goo.gl/wMV5xr; http://goo.gl/lPzN5R; http://goo.gl/4PU0NL; http://goo.gl/0YK5NS; http://goo.gl/dWbW78

[13] http://goo.gl/ZWldB2

[14] http://www.riacnet.org/

[15] http://goo.gl/uoF01j

[16] http://goo.gl/EbF8uV

[17] http://goo.gl/ku2Dhx

http://www.alainet.org/es/articulo/173893  

¿Cuánto gasta la industria farmacéutica en hacer presión a los poderes públicos?

CubaDebate

Adital

Que la industria farmacéutica ostenta un poder inmenso de influencia en los gobiernos es de sobra conocido. Temas tan espinosos (por decirlo de una manera suave) como su lucha contra la venta de genéricos para el SIDA o sus recurrentes denuncias contra el gobierno indio por su decisión de prohibir la comercialización de algunos medicamentos [1] son de sobra conocidos, lo que es curioso, porque es uno de los sectores más subvencionados por los gobiernos tanto en becas de formación como en subvenciones directas para investigación. Dinero público que revierte únicamente en manos privadas.

Por Genoveva López Morales

Allen Frances, el director durante años del DSM que define los trastornos y patologías mentales, en una entrevista a El País admitía: ’fuimos muy conservadores y solo introdujimos dos de los 94 nuevos trastornos mentales que se habían sugerido. Al acabar, nos felicitamos, convencidos de que habíamos hecho un buen trabajo. Pero el DSM IV resultó ser un dique demasiado endeble para frenar el empuje agresivo y diabólicamente astuto de las empresas farmacéuticas para introducir nuevas entidades patológicas. No supimos anticiparnos al poder de las farmacéuticas para hacer creer a médicos, padres y pacientes que el trastorno psiquiátrico es algo muy común y de fácil solución’ [2].

¿Pero cuánto gasta la industria farmacéutica en hacer presión a los poderes públicos? El Observatorio de las Corporaciones en Europa ha estudiado las cifras y apunta a que la industria farmacéutica ha declarado unas cifras de en torno a 40 millones de euros, incluyendo empresas, asociaciones farmacéuticas y las empresas de lobby que contratan para tal fin. Esta cifra es en torno a 15 veces más que lo que pueden gastar en lobby las organizaciones de la sociedad civil y los grupos de consumidores que trabajan por la salud pública o para promover el acceso a los medicamentos. Sin embargo, estas son las cifras declaradas, el gasto real puede ser mucho más. El incremento, respecto de 2012, suponen 6 millones de euros, a pesar de que las ocho asociaciones comerciales de lobby más importantes declaran un incremento siete veces mayor.

Pero no sólo es dinero lo que gastan, la industria farmacéutica mantiene reuniones frecuentes con los departamentos y personal de la Comisión Europea, de hecho, los partenariados público-privados más grandes en la Unión Europea son realizados con la industria farmacéutica. Los canales de influencia que la industria farmacéutica utiliza para promover sus intereses son, por ejemplo, la participación en los grupos consultivos de la Comisión Europea o las aproximadamente 50 reuniones que ha llevado a cabo EFPIA – la Federación Europea de las Industrias y Asociaciones Farmacéuticas – en los primeros cuatro meses y medio de la Comisión Juncker, nivel de reuniones impensable para lobbys que representan los intereses de la ciudadanía o de los consumidores. Pero, ¿por qué se está haciendo tan visible últimamente el sector farmacéutico?, ¿Cuál es ahora su mayor preocupación? La respuesta es fácil, el TTIP.

Su mayor preocupación: EL TTIP

El TTIP, el acuerdo comercial entre Estados Unidos y Europa, está en el punto de mira de la industria, especialmente por las patentes y los acuerdos de transparencia, de hecho el lobby de las farmacéuticas incrementó de manera dramática una vez terminada la fase preparatoria y cuando las negociaciones reales se iniciaron. Las negociaciones, a puerta cerrada, tienen como objetivo que el TTIP no incluya medidas regulatorias como por ejemplo, la inclusión de estándares o de marcos legales, eliminación de derechos de propiedad intelectual o medidas de protección de inversión. Frente a esto, amplios sectores de la sociedad civil están muy preocupados, ya que probablemente el TTIP supondrá una reducción de los estándares de protección de los consumidores y una consiguiente erosión de las políticas de salud y medioambientales para la ciudadanía.

La armonización de políticas entre Estados Unidos y Europa corre el riesgo de precipitarnos al vacío, reduciendo las obligaciones regulatorias a estándares mínimos a ambos lados del Atlántico. El secretismo y la ausencia de transparencia en torno a las negociaciones, junto con el inmenso acceso de las corporaciones a los poderes público en comparación con el público en general, acrecienta las sospechas de que el TTIP supondrá la promoción de los intereses comerciales de las multinacionales, en lugar de la promoción del interés general de la ciudadanía.

Los amplios y numerosos contactos entre la industria farmacéutica y la Comisión Europea sobre el TTIP, combinado con que las demandas sectoriales supondrían un detrimento importante en el acceso a las medicinas y a la salud pública en la Unión Europea. Estas demandas incluyen amplios periodos de monopolio a través de medidas de propiedad intelectual, la erosión de las regulaciones establecidas en la UE para proteger la salud pública y críticas a la reciente regulación de los ensayos clínicos [3].

La necesidad de controlar el lobby

Por todas estas razones es necesario controlar el nivel de lobby que reciben los poderes públicos. En una intentona, la Comisión Europea abrió lo que se llama el Registro de Transparencia, donde se deben registrar el número de lobbistas que tiene cada organización. A continuación, el gasto declarado por cada una de las corporaciones:

Es interesante ver cómo, de acuerdo al Registro de Transparencia, al menos dos corporaciones farmacéuticas declaran menos en lobby que lo que es declarado por las empresas subcontratadas para ejercer el lobby. Por ejemplo, Alexion Pharmaceuticals, declara en la Unión Europea gastos inferiores a 9.999 euros (entre enero y noviembre de 2014), sin embargo, la organización que le gestiona el lobby, g+ (europe) declara que paga entre 25.000 y 49.999 euros. Otro ejemplo, Stallergenes que declara un gasto de lobby entre 50.000 euros y 99.999 euros, aparece en la lista de FTI Consulting Belgium, su empresa de lobby, en el ratio entre 100.000 y 199.999 euros.

Es necesario establecer controles al sistema de lobby, lo cual sólo puede ser conseguido a través de un registro obligatorio y real de las empresas de lobby en la Unión Europea, así como la publicación y apertura de las reuniones de lobby que se llevan a cabo entre las empresas privadas y los poderes públicos.

Es necesario terminar con un sistema donde los intereses privados son asesores de los poderes públicos y llegar a un sistema más equilibrado, donde las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas sean representados. Es necesario terminar con la miopía de los poderes reguladores, que fallan en reconocer que los intereses lucrativos de los regulados, en este caso la industria farmacéutica, son incompatibles con las responsabilidades públicas, que en teoría, deberían llevar a cabo los políticos en pro de la ciudadanía general.

Se ha producido una importante captura de la información en torno a los medicamentos y a las políticas de salud por parte de la industria farmacéutica. Muchas veces, su retórica parece ganar en los debates políticos, argumentando que las patentes fomentan la ’innovación’ y la ’investigación’ y la regulación supone una barrera a las mismas, mientras que reciben inmensas sumas a través de la Iniciativa para la Innovación en Medicamentos (IMI en sus siglas en inglés), que según reza su página web es el mayor partenariado público-privado de Europa.

Arrojar luz sobre el lobby de la industria farmacéutica y ofrecer más claridad a la ciudadanía es absolutamente necesario para servir de manera genuina a las necesidades de salud de la ciudadanía, además de facilitar el acceso a los medicamentos esenciales, en lugar de servir a los oscuros intereses comerciales de uno de los lobbys más importantes del mundo.

Los datos de este artículo han sido obtenidos del informe: Policy prescriptions: the firepower of the EU pharmaceutical lobby and implications for public health http://corporateeurope.org/power-lobbies/2015/09/policy-prescriptions-firepower-eu-pharmaceutical-lobby-and-implications-public Publicado por Corporate Europe en septiembre de 2015.

Fuente: Cubadebate

TPP: el verdadero debate está comenzando

Red Tercer Mundo

Adital

Finalmente concluyeron las negociaciones sobre el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP). Si bien el texto oficial aún no se ha hecho público, a partir de informes de prensa y textos filtrados pueden hacerse algunos comentarios preliminares. En primer lugar, el comercio es solo una parte del TPP.

Por Martin Khor*

Tanto o más importante son la inversión, la propiedad intelectual, las compras del sector público, las empresas estatales, los asuntos laborales y el medio ambiente. Los aspectos comerciales directos deberían tener un beneficio tan enorme que compensen con creces las desventajas de estos capítulos. De lo contrario, ¿para qué entrar en él?

En materia de propiedad intelectual es donde tal vez se concentren los mayores efectos adversos. Médicos Sin Fronteras, que definió al TPP como "el peor acuerdo comercial para el acceso a los medicamentos”, advirtió que el aumento de precios por la ampliación de los monopolios de las grandes compañías farmacéuticas perjudicará a los pacientes de los países en desarrollo y retrasará la competencia de los medicamentos genéricos.

En materia de inversión, el TPP abre el camino para que las empresas extranjeras sean tratadas en pie de igualdad o mejor que las locales, a la vez que prohíbe al Estado anfitrión imponer "requisitos de desempeño”.

El TPP también contiene el cuestionado sistema de solución de diferencias inversionista-Estado, que permite a los inversores extranjeros demandar al país anfitrión ante un tribunal internacional. El acuerdo contemplaría algunas salvaguardias, como reducir la capacidad de las empresas para hacer reclamaciones frívolas, pero no se sabe exactamente en qué consisten éstas.

En cuanto a las empresas de propiedad estatal, el TPP impondrá disciplinas y normas acerca de cómo deben funcionar, las subvenciones que pueden o no recibir y el requisito de que no sean discriminatorias (léase, que no den preferencia a las empresas locales).

La política de inversiones, las compras del sector público, las empresas estatales y el acceso a los medicamentos, que ocupan un lugar central en la economía de muchos países en desarrollo, ahora deben ser defendidas como excepciones y flexibilidades. Éste es un trago amargo y habrá que ver si vale la pena tomarlo.

El debate sobre el TPP se intensificará ahora que terminaron las negociaciones y todavía faltan otros dos años para que sea ratificado y entre en vigor. Así que no se trata de un "hecho consumado”. El verdadero debate apenas está comenzando.

*es director ejecutivo del Centro del Sur.

Fuente: Red del Tercer Mundo

Hay otro tratado en proceso para Europa

Antonio Gershenson

Algo se ha sabido aquí sobre el nuevo Acuerdo Transpacífico, que incluye a Estados Unidos, a México y a otros 10 países, y se mantiene en secreto en especial para sus víctimas, pero se ha hablado todavía menos sobre la existencia de otro proceso paralelo, del Atlántico, entre la Unión Europea y Estados Unidos, también en secreto. Así como hablamos del descontento en Estados Unidos, lo hay en Europa también.

Se han llevado a cabo estudios que apuntan a la pérdida de cientos de miles de puestos de trabajo, como sucedió con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, por el que sólo en Estados Unidos se perdieron medio millón de empleos.

También allá se pone a grandes empresas por encima de los gobiernos en cuestiones económicas. Se eliminan reglas de protección a trabajadores y a consumidores.

Dependencia energética.

Supuestamente, la Unión Europea podría diversificar sus suministros para no depender tanto de Rusia.

Ya hemos visto que la venta de crudo y gas de Rusia a Europa occidental se ha reducido, por los castigos a Rusia y por la compra en otros sitios. También está el regreso de Irán al mercado petrolero por la terminación del castigo que se le había aplicado. Y hemos visto que la exportación de crudo de Rusia al Lejano Oriente aumentó de 2013 a mayo de 2015 en 34 por ciento.

Las protestas en Europa se basan en que se supone que las importaciones masivas de gas desde Estados Unidos suponen reservas en ese país muy superiores a las reales; y que el crudo y gas de esquisto, no de petróleo, es muy contaminante.

El gas necesitaría licuarse para el transporte a Europa, y luego deslicuarse en Europa.

Aceleraría el ritmo de calentamiento global.

Aquí se publicó, el miércoles, que por el fracking, en Estados Unidos se dieron 13 mil derrames y otros incidentes graves en 2012 y 2013. Recomiendan que no se use en México.

Lo que podemos deducir de todo este cuadro es que el impulso a estos dos tratados, del Pacífico y del Atlántico, es sólo en beneficio de un puñado de monopolios, principalmente de Estados Unidos. Ya hemos visto que aun en Estados Unidos, muchos, incluso la principal candidata para el siguiente periodo presidencial en ese país, están contra esos tratados.

En México nos anuncian que se prolongará el secreto del convenio 30 días más. Eso hace pensar lo peor. ¿Están preparando la expropiación de tierras de cultivo para el fracking? ¿Seguirán sacrificando a la población agrícola en aras de las trasnacionales? ¿Seguirán dejando quebrar a empresas y que los trabajadores se queden sin trabajo, como ha sucedido con muchos?

Se busca echarle la culpa de todo a China. Pero lo que queda ausente de las maniobras estadunidenses no es China, sino Asia como tal. El Banco Asiático, del que ya hemos hablado, incluye a todos los países del mundo con mayor crecimiento. Los países con crecimiento anual de 5 por ciento o más, según el Banco Mundial y para 2014, son: Mongolia, 7.8 por ciento; China, 7.4 por ciento; India, 7.4 por ciento; Vietnam, 6.0 por ciento; Pakistán, 5.4 por ciento e Indonesia, 5.0 por ciento. Todos ellos no son sólo de Asia, sino del Banco Asiático. La población de los seis países rebasa los 3 mil millones de habitantes. Ahí el poder de Washington está ausente, y esa parte del mundo, con su crecimiento, será la mayor del mundo en producción tarde o temprano, así lo dice un análisis alemán que publicamos hace tiempo (el 23 de febrero pasado, Las economías del mundo, ayer, hoy y mañana).

Las obras financiadas por el Banco Asiático empiezan con el año próximo. Se ha hablado, entre otros, de ferrocarriles internacionales y de líneas de transmisión de electricidad de muy alta tensión, también internacionales. Con el tamaño de los países, pueden esperarse también obras enormes.

El crecimiento en Estados Unidos es de 2 por ciento y fracción. El de la Unión Europea, en el mejor de los casos ha sido de uno por ciento. En México estamos en uno por ciento y fracción.

Si logran sacar sus tratados, lo único que van a lograr es hundirnos aún más económicamente, en México y demás países de este tratado, en Estados Unidos y en la Unión Europea, como hemos visto… y el mayor enriquecimiento de unos cuantos.

antonio.gershenson@gmail.com

¿Hay alternativas al TTIP y los tratados de “libre comercio”?

Juan Hernández Zubizarreta y Pedro Ramiro

OMAL/La Marea

El Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones entre la Unión Europea y Estados Unidos (TTIP) se asienta en un modelo de sociedad y de economía indiscutido e indiscutible: el capitalismo como el único sistema posible y el mejor. A partir de ahí, los argumentos para promoverlo se transforman en “verdades objetivas”: nos aseguran que con el TTIP se generará crecimiento económico, empleo y desarrollo; las pymes aumentarán sus oportunidades de negocio y el acuerdo entre los dos mayores bloques económicos del mundo ofrecerá, además, la posibilidad de crear estándares y reglas que luego se adoptarán a nivel global, lo que beneficiará a terceros países.

Sus impulsores sostienen que el TTIP puede contribuir a un mejor aprovechamiento de la liberalización económica y a paliar lo que hasta ahora habría sido una “globalización sin reglas”. Todo en base a una idea fuerza: considerar que el comercio internacional tiene como objetivo el libre intercambio de servicios y mercancías, profundizando la competencia entre economías y favoreciendo, por tanto, la disminución de los precios y la creación de empleo.

La realidad, sin embargo, es muy diferente. La UE, que tiene como dogma la libre circulación de capitales y el “libre comercio”, ha sustentado su política económica en el crecimiento económico por el lado de la oferta, el predominio de los intereses del sector financiero, las privatizaciones de los servicios públicos y las políticas fiscales regresivas. Así, el TTIP se vincula con la idea de estimular la economía con el aumento de las exportaciones, el comercio exterior y la competitividad; es decir, a través de la desregulación de los derechos sociales, la bajada de los salarios y la contención de todas las políticas públicas.

Asociar el incremento de los flujos comerciales y el crecimiento económico al bienestar del conjunto de la ciudadanía no es una verdad inmutable. En realidad, en un contexto económico marcado por la caída de las tasas de ganancia y la reducción del consumo, el TTIP responde —al contrario de lo que dicen los propagandistas del acuerdo transatlántico— a la necesidad intrínseca del capitalismo de ampliar las esferas de comercialización, la acumulación ilimitada de la riqueza y la mercantilización de la vida.

Pero los tratados de comercio e inversiones —a los que habitualmente se llama “tratados de libre comercio”, a pesar de que tienen muy poco de intercambios entre libres e iguales— no tienen por qué ser útiles por sí mismos, y sus normas y contenidos no pueden ser ajenos a las realidades internas de los países y a las necesidades del conjunto de la población. De hecho, los contenidos del acuerdo deberían ser fruto del equilibrio entre variables económicas y resultados sociales.

La evaluación de los impactos de estos tratados sobre la vida de las personas tendría que ser el verdadero indicador a tener en cuenta. Porque las cifras macroeconómicas, el incremento de las exportaciones y el crecimiento del PIB no pueden ocultar el hecho de que, por una parte, una minoría continúa con su lógica de crecimiento y acumulación mientras, por otra, aumentan la pobreza y las desigualdades para las mayorías sociales.

El TTIP sirve para apuntalar el modelo económico que está destruyendo la vida en el planeta, dando prioridad a las energías más contaminantes y abriendo la puerta al fracking . Como afirma Noam Chomsky , “la humanidad está en una carrera hacia su propia destrucción: se subsidia a las industrias letales, se incentiva la extracción de la última gota de petróleo aunque la evidencia científica dice que debemos dejar esos combustibles fósiles donde están”. Y es que el crecimiento ilimitado y la competitividad a ultranza, que son el telón de fondo que está detrás de todos los acuerdos comerciales impulsados en el marco de la nueva lex mercatoria , nada tienen que ver con las necesidades reales de la población y con el respeto a la naturaleza.

Desde esta perspectiva, el comercio y las inversiones no pueden ser fines en sí mismos. La distribución de la riqueza, el crecimiento económico y la cuantificación de los indicadores macroeconómicos deben adecuarse, como mínimo, a los principios del desarrollo humano y sostenible, cuando no al planteamiento de otro modelo económico radicalmente distinto que parta de asumir, para empezar, los límites físicos del planeta.

En este contexto, existe una multitud de movimientos sociales que pretenden superar la economía capitalista y el Estado como pilares inmutables de la organización social, buscando alternativas radicales basadas en la solidaridad, la proximidad y la participación. De este modo, la democracia radical y las necesidades humanas aparecen como factores clave para una nueva organización social, en la que se subordinen las dimensiones productiva y financiera de la economía a las personas, a los trabajos de cuidados y a las responsabilidades domésticas.

Eso sí, yendo a lo concreto, ¿cómo articular alternativas reales y viables que sirvan para ir diseñando otra manera de entender la economía? Tratando de avanzar en esta dirección, el nuevo mandato de comercio alternativo establece algunas pautas en esta dirección, siempre en base a una premisa central: “L os derechos humanos, la democracia y la transparencia deben priorizase por encima de los intereses empresariales y privados, al igual que el acceso universal a los servicios públicos de calidad, la protección social, las normas laborales y ambientales”.

A partir de esta idea, apostando “por una nueva perspectiva frente al comercio”, pueden irse concretando diferentes propuestas alternativas de regulación que tengan en cuenta, entre otros factores, que:

1. La política comercial europea respete el derecho de los países y las regiones a desarrollar —y a darle prioridad— el comercio local y regional por encima del global; por ejemplo, en el sector de la alimentación.

2. Los bienes comunes y los servicios públicos queden excluidos de las negociaciones de la UE en materia de comercio e inversiones.

3. Los gobiernos y los parlamentos europeos han de exigir a las corporaciones transnacionales que rindan cuentas en sus países por las consecuencias sociales y ambientales de sus operaciones en todo el mundo.

4. Los gobiernos deben regular las importaciones, exportaciones e inversiones de forma que estas sirvan a sus propias estrategias de desarrollo sostenible.

5. Los países, las regiones y las comunidades tienen que controlar la producción, la distribución y el consumo de sus propios bienes y servicios.

6. Los gobiernos, los parlamentos y las autoridades públicas deben tener plenos derechos para regular los mercados financieros, con el fin de proteger los derechos sociales, salvaguardar el control democrático y garantizar la sostenibilidad socioambiental.

Junto a ello, estas propuestas sobre comercio alternativo —y otras complementarias que vayan en el mismo sentido— pueden completarse con opciones como el Tratado internacional de los pueblos para el control de las empresas transnacionales : “Un tratado del presente y del futuro, basado en la responsabilidad y ética de las generaciones presentes y futuras, y en la obligación de proteger la Tierra y sus habitantes”.

Juan Hernández Zubizarreta es profesor de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). Pedro Ramiro (@pramiro_ ) es coordinador del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL)

Fuente: http://www.lamarea.com/2015/05/01/hay-alternativas-al-ttip-y-los-tratados-de-libre-comercio/