¿Plan Colombia 2.0?
Poco duró la
celebración de los colombianos con el fallo de la Corte Constitucional
el 18 de julio en relación con las fumigaciones aéreas con glifosato
en el país. Lo que al principio parecía una ratificación de la
sentencia T-236 de 2017, que impuso condicionamientos para poder
reanudarlas, después de haber sido suspendidas en 2015, terminó siendo
en esencia una aclaración del sexto punto, en el cual se establecía
que el Gobierno debía demostrar con evidencia científica, objetiva y
concluyente la "ausencia de daño" que tenían las fumigaciones aéreas
para la salud humana y el medio ambiente.
Los mensajes del
presidente Duque para que los jueces “modularan” sus fallos
anteriores, surtieron efecto y el nuevo veredicto, aclaró que esas
condiciones "no son absolutas" y que la evidencia científica no
equivale a demostrar que existe certeza absoluta sobre la ausencia del
daño, ni equivale a demostrar que la ausencia de daño es absoluta, o
que “la actividad no plantea ningún riesgo absoluto".
Ahora el
gobierno a través del Consejo Nacional de Estupefacientes controlado
por varios de sus ministros, solo deberá demostrar que posee planes de
fumigación que minimizan los daños. En conclusión, el fallo le
concede la razón al gobierno y no a millones de campesinos. El
“riguroso” plan de Duque es elemental; arrancar las plantas de coca,
rociar el glifosato a mano, más la fumigación aérea “renovada”.
El ahora Bayer – Monsanto, productor del glifosato, lleva años
contratando investigaciones científicas para demostrar lo inofensivo
de su veneno sin lograrlo, por el contrario en el 2013 Monsanto se vio
obligado a retirarse del mercado europeo, y recientemente el estado de
California ha emitido una advertencia sobre su uso, al tiempo que
Bélgica, Francia, y los Países Bajos, han puesto freno a su venta y
aplicación. Estudios en todo el mundo han demostrado presencia de
glifosato en leche materna y altos porcentajes de residuos de
glifosato y otros agrotóxicos en el agua que se bebe en áreas donde se
aplica. En 2013, un estudio encontró residuos de glifosato en la
orina del 45 % de los ciudadanos muestreados en 18 ciudades europeas.
El glifosato de Monsanto, también enferma y mata todo lo verde menos
los brotes modificados genéticamente como la soja, el maíz y el
algodón de Monsanto. Mientras tanto el gobierno colombiano, se apresta
para el reinicio de las fumigaciones aéreas, las cuales habían sido
suspendidas en el 2015, a raíz del informe de la Agencia Internacional
para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) de la OMS, que concluía
que el glifosato, el ingrediente activo del herbicida RoundUp, es
“probablemente carcinogénico para los seres humanos”.
Hasta la
senadora Paloma Valencia del Centro Democrático, inició la campaña de
expectativa de lo que llamó: Plan Colombia 2.0, y en mayo de este año
en el marco de la reunión entre la vicepresidenta Martha Lucia Ramírez
y el secretario de defensa de EE-UU, Patrick Shanahan en el
Pentágono, se confirmó el suministro de armas y equipos para la lucha
antidrogas; las comunidades campesinas saben muy bien que las
fumigaciones no vienen solas. Desde agosto de 2018, se conoce que el
gobierno de los EE.UU., esta “listo para reiniciar el programa de
fumigación en cualquier momento”. A pesar que el mismo Departamento de
Estado indicó hace cinco años, que la erradicación aérea se estaba
volviendo ineficaz.
La experiencia colombiana demuestra que la
llamada lucha contra las drogas patrocinada por la Casa Blanca desde
principios de los años 90 hasta 2003 cuando el Congreso de EE.UU.
autorizó el uso de sus recursos para el verdadero objetivo que era,
combatir a la guerrilla y a la oposición social y política; fue un
rotundo fracaso.
En el lapso de más de 20 años en el que se
rociaron con glifosato 1.790.000 hectáreas, no sólo no se redujo
significativamente la extensión de los cultivos de coca en nuestro
país sino que aumentó la cantidad de clorhidrato de cocaína que se
exporta desde Colombia al mundo y el consumo interno de la pasta base
de cocaína.
Los daños producidos en términos humanos,
materiales y ecológicos, a los cultivos de alimentos y a los animales
de los campesinos, aumentó la dependencia de los agricultores a los
cultivos ilícitos.
Pero Bayer - Monsanto, con el beneplácito de
las élites corruptas que gobiernan el país, le vende a los campesinos
de las zonas fumigadas de Colombia, las únicas semillas que pueden
resistir al glifosato y que también produce Monsanto; el negocio es
redondo. Detrás de la guerra contra las drogas están las ganancias de
Bayer - Monsanto y de los contratistas del Pentágono que efectúan las
fumigaciones. En el año 2007 cuando se presentó el mayor volumen de
fumigación aérea de cultivos ilegales, fue uno en los que la
producción de coca en Colombia más aumentó.
Por eso lo que si
fue un éxito fueron las ganancias extraordinarias que arrojó el Plan
Colombia, para empresas como Monsanto, Lockheed Martin, que elabora
los helicópteros UH-60 Black Hawk;, y para la empresa de mercenarios
Dyncorp, que presta servicios a la Policía y al Ejército.
Hace pocos meses la farmacéutica Bayer, adquirió a Monsanto por 63 mil
millones de dólares en la que fue llamada “la operación más costosa de
la historia". Monsanto produce pesticidas y semillas modificadas
genéticamente resistentes a sus propios productos químicos.
Con
esta adquisición, Bayer espera tener unas ganancias de 1.2 mil
millones de dólares anuales a partir de 2022, y su nuevo poder evoca
la frase de Henry Kissinger, en la década del 70: “Quien controla los
alimentos, controla a la humanidad”. Hoy también podríamos afirmar con
millones de afectados en el mundo: “Monsanto nos enferma y Bayer nos
medica”.
Bayer cuenta con antecedentes en la producción de
productos utilizados en las cámaras de gas de los campos de
concentración nazis durante la II Guerra Mundial, y Monsanto fue la
empresa que aportó al gobierno norteamericano el llamado Agente
Naranja, del cual se usaron 76 millones de litros en la guerra contra
Vietnam, que dejó unos 500.000 niños afectados.
Hoy Bayer
domina el mercado farmacéutico, el cual supera las ganancias por
ventas de armas o el del negocio de las telecomunicaciones, mientras
que más de 2.000 millones de personas se ven privadas de su derecho a
la salud en el planeta; y Monsanto controla el 41% de la producción de
semillas y el 90% de las semillas modificadas genéticamente, al
tiempo que produce el glifosato.
Las diversas luchas sociales
en contra de estos fenómenos, los paros campesinos como el del 2013,
que obligó al Estado a “congelar” la ejecución de la resolución 970
del ICA (Ley Monsanto), que prohibía a los campesinos almacenar sus
semillas, han sido respondidas con persecución y asesinato contra los
líderes sociales en Colombia. Casi el 40 % de activistas sociales
asesinados a nivel mundial son colombianos, y la mayoría luchan contra
las políticas mancomunadas entre gobiernos neoliberales y
multinacionales.
Esto tiende a agravarse, Bayer - Monsanto
necesita nuevos mercados para RoundUp, y en ese contexto, es obvio,
que los programas de sustitución voluntaria, la Reforma rural
integral, que incluye el reconocimiento de títulos de propiedad,
carreteras de acceso al mercado, y otros servicios, que le permitirían
al campesino desarrollar proyectos de cultivos alternativos y
comercializarlos; no se lleven a cabo, y que en su lugar se planee
ejecutar un “Plan Colombia 2.0” soslayando cualquier otra evidencia.
