Congreso de Perú involucra al ejército en juicio al presidente: primer ministro

El mandatario enfrenta cargos de incapacidad moral

El premier anunció que se presentará una demanda de competencia para frenar el proceso

▲ El presidente Martín Vizcarra, en mensaje a la nación del 10 de septiembre.Foto Afp

▲ El cantante Richard Cisneros, cuya contratación desató las acusaciones contra el mandatario.

Lima. Rodeado de altos mandos del ejército, marina y fuerza aérea de Perú, el primer ministro, Walter Martos, acusó ayer al jefe del Congreso de intentar involucrar a las fuerzas armadas en el pedido de destitución del mandatario Martín Vizcarra.

La fiscalía peruana allanó ayer las viviendas de funcionarios investigados por el escándalo de contratos del cantante Richard Cisneros, cuyo nombre artístico es Richard Swing, para desempeñar labores en el Ministerio de Cultura, lo cual provocó que el Congreso aprobara el viernes someter a Vizcarra a juicio político, en medio de una recesión económica por la pandemia de Covid-19.

El mandatario, quien carece de partido y bancada, deberá comparecer el 18 de septiembre ante el plenario para ofrecer sus descargos, tras lo cual los legisladores debatirán y procederán a votar si lo destituyen o no.

Martos, general en retiro, anunció además que el gobierno usará todas las armas legales para garantizar la gobernabilidad del país, como la presentación de una demanda de competencia en el caso ante el Tribunal Constitucional para frenar el proceso de vacancia presidencial o juicio de destitución emprendido por el Congreso.

El Congreso votó el viernes a favor de iniciar un juicio político contra Vizcarra con la acusación de incapacidad moral, en medio de investigaciones por presuntas contrataciones irregulares, lo que ha sumido al país en una profunda incertidumbre política en el contexto de la crisis económica y sanitaria resultante de la pandemia del coronavirus.

El ministro de Defensa, Jorge Chávez –también general en retiro–, quien estuvo en el pronunciamiento del primer ministro en Palacio de Gobierno, manifestó que el jefe del Congreso, Manuel Merino, se comunicó con el comandante general de Marina para comentarle sobre el proceso de vacancia un día antes de que se aprobara el pedido de destitución de Vizcarra.

Debo rechazar rotundamente la actitud de Merino al realizar estas llamadas, que no sólo fueron imprudentes y fuera del lugar, sino que colisionan con el orden democrático, sostuvo Chávez.

Agregó que Merino también intentó varias veces comunicarse con el jefe del comando conjunto de las fuerzas armadas, pero sin éxito, porque el oficial estaba de gira por una zona remota de la región amazónica de Madre de Dios.

Esta información fue revelada más temprano por el medio digital IDL-Reporteros. Representantes del Congreso no estuvieron disponibles de inmediato a las llamadas de Reuters para hacer comentarios sobre la reacción del gobierno.

La actitud del presidente del Congreso ha sido temeraria al pretender involucrar a las fuerzas armadas en un proceso político, del cual los comandantes generales se mantienen absolutamente al margen y en estricto respeto al principio no deliberante de las fuerzas armadas, afirmó Chávez.

El Congreso ha citado a Vizcarra –quien rechaza las imputaciones y acusa al parlamento de un complot– para que brinde sus descargos el viernes. La solicitud de iniciar un juicio político contra el presidente fue aprobada por 65 votos a favor. Para avalar la destitución se requieren 87 votos de los 130 legisladores.

La ministra de Justicia, Ana Neyra, quien también estuvo en el pronunciamiento, explicó por su parte que con la acción legal el gobierno busca que la máxima corte de Perú interprete la Constitución y determine si hay causal de vacancia presidencial.

El primer ministro Martos afirmó que Vizcarra lidera un gobierno democrático que respeta la autonomía de los poderes, mientras la nación enfrenta una de sus peores crisis. Reiteremos el llamado a la reflexión, a la responsabilidad de las fuerzas democráticas del Congreso para que no se presten a los intentos de algunos sectores de desestabilizar el país, dijo Martos, secundado por la cúpula militar del país andino.

Foto Ap

Reuters y Afp

 Periódico La Jornada

Médicos de Perú reclaman recursos para afrontar al virus

Pandemia

Realizan protesta sin suspender atención a pacientes

Brasil, Chile, Colombia y Perú participarán en ensayos clínicos del laboratorio belga Janssen Autoridades de EU provocan confusión al publicar nuevas pautas para detectar Covid

▲ Trabajadores sanitarios de Perú protestan frente al Ministerio de Salud, en Lima, por la falta de material y equipos para enfrentar la pandemia, y en demanda de mejores salarios.

Lima. Miles de médicos peruanos comenzaron ayer una protesta nacional debido a la carencia de recursos para enfrentar al coronavirus, que presentó un rebrote en el país, pero mantuvieron la atención de pacientes.

Doctores y enfermeras uniformados se manifestaron afuera de hospitales de la capital y de otras ciudades con ataúdes vacíos y carteles donde se leía: Estamos en huelga porque nos está matando, en alusión a los 146 médicos que han fallecido por el virus.

Exigen equipos de bioseguridad, más insumos para los hospitales y mejoras salariales.

Los médicos y paramédicos peruanos fallecidos suman más de 300, según gremios del sector.

La protesta ocurre en el contexto de un rebrote de la pandemia, luego de que el 1º de julio se levantó el confinamiento nacional. Con 33 millones de habitantes, Perú es el tercer país en América Latina en número de decesos (28 mil), después de Brasil y México. Además, es el segundo en contagios (607 mil 382) detrás del gigante sudamericano.

El laboratorio belga Janssen eligió a Brasil, Chile, Colombia y Perú con el fin de aplicar pruebas de su vacuna contra el Covid-19, reportó el diario chileno Las Últimas Noticias. Detalló que en el estudio de la unidad de Johnson & Johnson participarían 60 mil voluntarios de varios países.

En Panamá, el gobierno descartó por el momento contratar médicos cubanos para combatir el Covid-19, en medio de protestas del personal sanitario. En estos momentos esa decisión se ha dejado de lado, dijo el lunes el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, refiriéndose a la contratación de galenos de la isla de la que habló hace dos semanas.

Con 4 millones de habitantes, Panamá acumula más de 88 mil infectados y mil 919 muertos.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos afirmó ayer en un comunicado que las órdenes de los gobernadores estatales ante el coronavirus pueden haber causado la muerte de miles de residentes en hogares de ancianos, pues Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania y Michigan exigieron que las casas de asilo admitieran a los pacientes con Covid en sus poblaciones vulnerables, a menudo sin las pruebas adecuadas.

Las autoridades de salud provocaron confusión después de publicar nuevas pautas sobre cuándo aplicar pruebas de detección del coronavirus y consideraron que no son necesarias para quienes han estado en contacto con personas infectadas.

La nueva guía se divulgó a principios de semana en la página web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC por sus siglas en inglés).

Antes, los CDC aconsejaron a los departamentos de salud locales que realizaran pruebas a todas las personas que hayan estado a menos de metro y medio de un individuo infectado durante más de 15 minutos. El lunes se modificó esta directriz y desde ese día ya no se recomienda hacer la prueba a gente sin síntomas que estuvo cerca de enfermos del virus, salvo en casos de que existan comorbilidades, otras enfermedades infecciosas o si un médico la aconseja.

Los funcionarios de los CDC remitieron todas las preguntas a la organización matriz de la agencia, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) en Washington.

Eso parecía indicar que el HHS ordenó el cambio, no los CDC, sostuvo Jennifer Nuzzo, investigadora de salud pública de la Universidad Johns Hopkins.

Luego de que el cambio se publicó en Twitter, desató dudas y alarma. Funcionarios del HHS explicaron ayer que la pauta se revisó con el fin de reflejar la evidencia actual y la mejor manera de las autoridades de cuidar la salud pública.

Foto Afp

Afp, Ap, Reuters, Sputnik y Europa Press

 

Periódico La Jornada

Amazonia peruana a puertas de una catástrofe

Por Luis Hallazi 

Fuentes: Rebelión

Panshin Nete[1] es uno de los cuatro mundos shipibos, el que simboliza el color de las enfermedades, el color de las desgracias y de la muerte. Cuentan que el Panshin Nete está representado por el arcoíris y que cuando repentinamente aparece en medio de las colinas, el pueblo Shipibo teme una tragedia. La pandemia del coronavirus es el presagio de esa tragedia que viene azotando a toda la humanidad, pero que en las frías estadísticas se ceba con los más vulnerables y desprotegidos de éste mundo dramáticamente desigual en el que, sin reflexión, continuamos afanados en retornar a la normalidad.

Los pueblos indígenas de la amazonia peruana suman 51, organizados en aproximadamente 2 435 comunidades nativas[2]. De esos pueblos se sabe que por lo menos 15 de ellos estarían contagiados del SARS-CoV-2, conocido por COVID-19, entre ellos las etnias: Awajún, Ashaninka, Achuar, Candoshi, Kichwa, Matses, Shipibo-Konibo, Urarina, Ticuna, Yine, Huni Kuin, Culina, se calcula extraoficialmente que habría más de diez mil contagiados.  

De ellos el pueblo Shipibo- Konibo con más de 35 mil personas, organizado en 153 comunidades nativas, principalmente asentadas alrededor del rio Ucayali y afluente es el que está siendo duramente golpeado por COVID 19 se han registrado más de 500 contagios y 58 fallecidos[3]. De la misma manera, la comunidad indígena urbana de Cantagallo en Lima, tiene contagiados alrededor del 73% de los más de 2500 shipibos que viven hacinados a las faldas del rio Rimac, registrándose hasta el momento tres muertes. En ambas comunidades son sus ancianos y ancianas poseedores de la memoria ancestral shipiba los que están en inminente peligro, al igual que muchos de sus artistas contagiados o en estado de salud grave. La perdida cultural ya es una realidad y solo después de esta borrasca pandémica sabremos realmente la magnitud de lo que hemos perdido.   

Evidencias de una catástrofe

Si bien ningún Estado se preparó para enfrentar esta pandemia y rápidamente sus sistemas sanitarios fueron rebasados, es necesario apuntar que en el caso peruano desde el inicio (enero) de las primeras acciones para la contención ante la llegada de COVID 19, no se tomó en cuenta la vulnerabilidad epidemiológica de los pueblos indígenas. Así pasaron 67 días de la emergencia sanitaría, sin medidas específicas para atender a dichos pueblos, omitiendo como Estado la obligación de adoptar a tiempo medidas de prevención, atención y mitigación ante el contagio de la enfermedad, lo que se concretiza en la violación del derecho a la vida, salud y a la existencia digna de estos pueblos.

Como se sabe, 56 días después de declarado el estado de emergencia el Ministerio de Cultura, ente rector de los pueblos indígenas, emitió una tardía respuesta a través del Decreto Legislativo N° 1489, decreto insuficiente para atender la urgencia humanitaria que ya requerían las comunidades indígenas. Bajo ese marco es que, 11 días después, se aprueba el “Plan de intervención del Ministerio de Salud para comunidades indígenas y centros poblados rurales de la Amazonia frente a la emergencia de Covid 19”.

Si uno revisa la información organizada en el reciente repositorio sobre COVID 19 y Pueblos Indígenas[4] se encuentra que la primera exigencia dada desde los pueblos indígenas data del 16 de marzo, el mismo día que empieza la cuarentena en todo el territorio nacional. Se trata de un pronunciamiento de la Unión Indígena Asháninka Nomatsiguenga del Valle Pangoa (KANUJA)[5] reaccionando a dicha declaración de emergencia y pidiendo atención específica para sus comunidades. Dos días después AIDESEP[6] ,principal organización indígena amazónica, se pronunciaba ordenando el cierre de sus territorios comunales y evidenciando la vulnerabilidad de las comunidades indígenas ante el acecho de la COVID 19.

A partir de allí, se registran diversos pronunciamientos, cartas y solicitudes que contenían información sobre lo que estaba ocurriendo en los territorios indígenas. Se identificaban falencias de autoridades e institucionalidad, pero, al mismo tiempo, se adoptaban decisiones que las mismas organizaciones indígenas ejecutaban. Tal es así, que la medida de cuarentena a nivel nacional fue prácticamente paralela al cierre de los territorios indígenas, demostrando la eficacia en la gobernanza territorial de los pueblos originarios.  

Mientras eso ocurría en los territorios, los órganos competentes para atender a los pueblos indígenas no tuvieron capacidad de reacción. No es que actuaron de manera negligente, porque eso significa actuar con falta de cuidado o diligencia en el cumplimiento de sus obligaciones, simplemente no funcionaba esa parte del Estado que debería responder oportunamente a la situación que se iba agravando en las comunidades indígenas. Es más, ya en la situación de contagio y atención en el caso de la comunidad de Cantagallo en Lima (el epicentro del contagio) la reacción del Estado era tardía; la comunidad pide apoyo el 7 de mayo[7] y 5 días después esta recién llega. Es el mismo caso para la comunidad de San Francisco en Ucayali, donde el 14 de mayo se anuncia la situación de más de 40 fallecidos y tres días después el Estado recién reacciona. Otros ejemplos pueden caracterizar también la negligencia del ente competente por ejemplo con respecto a la entrega de víveres que, sin articulación con municipios, sin lista de comunidades beneficiarias, ni protocolos para a la entrega y recibimiento de canastas de alimentos, convirtió al propio Estadoen vector de contagio[8].

A veces las palabras y los papeles no solo se agotan ante la burocracia, sino que terminan careciendo de contenido, y esa es la impresión que se tiene cuando se revisan las más de cien cartas, pronunciamientos y solicitudes que, desde el inicio del estado de emergencia, interpelaban al Estado con algún tipo de respuesta que no llegó y cuando lo hizo llegó de manera tardía. En suma, lo que apreciamos de manera evidente es que hasta el momento son los pueblos indígenas, los que han gestionado la emergencia sanitaria de COVID 19. Nunca como ahora los reflectores de ineficiencia burocrática dejaron ver a toda luz la inoperancia de una languideciente institucionalidad en materia de pueblos indígenas.

La pandemia continua así es que el primer punto ante una reacción tardía es aprender cómo operar cuando el daño ya está hecho y sobre todo cuando el tejido comunal de los pueblos indígenas se está encargado de gestionar la crisis en este mismo momento. Queda eso o, caso contrario, nos encontramos a las puertas de lo que podría constituir un etnocidio en nuestra amazonia por una omisión ya histórica en la atención de estos pueblos.

Respuesta sanitaria: Plan de intervención en comunidades nativas  

Mediante resolución ministerial 308-2020-MINSA, el 21 de mayo se aprobó finalmente el esperado plan de intervención, dispositivo que debió tenerse al inicio de la emergencia sanitaria para prevenir y mejorar la capacidad de atención ante propagación de COVID 19 (como detalla en sus objetivos). Recordemos que este plan se enmarca dentro del D.L. 1489 que generó una estrategia limitada de implementación y ejecución de servicios y acciones para la protección y atención de los pueblos indígenas, donde se plantearon 5 ejes, uno de ellos es la respuesta sanitaría, los otros cuatro son: el control territorial, abastecimiento de bienes, información y alerta temprana, y protección de pueblos en aislamiento voluntario y contacto inicial (art. 4.3).   

El plan atenderá la emergencia sanitaria en 10 regiones amazónicas con un presupuesto insuficiente de 88 millones de soles. Tomando en cuenta que, prácticamente, se trata de implementar una política sanitaria en emergencia bajo la realidad de precarios establecimientos de salud, falta de medicinas e insumos básicos como el oxígeno, falta de personal médico especializado y sin contar con recursos para traslados y conexiones aéreas en casos graves, la realidad es que con dicho presupuesto no se podrá atender ni a Loreto.

El documento técnico enmarca la manera cómo se fortalecerá las medidas de prevención desde el nivel comunitario y cómo es que se mejorará esa capacidad resolutiva de los que implementarán las acciones operativas: las Direcciones Regionales de Salud, las redes de salud y las denominadas IPRESS, Instituciones Prestadoras de Servicio de Salud. La responsabilidad de difusión, implementación y supervisión está a cargo de la Dirección de Pueblos Indígenas y Originarios, dependiente de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Publica del MINSA. La pregunta es si habrá capacidad para que esta pequeña dirección de pueblos indígenas pueda cumplir con el encargo.

El plan no es nacional, puesto que deja excluida de la atención a las comunidades campesinas. El ámbito de aplicación es para 10 regiones amazónicas, pero, incluso en el mismo plan, se menciona que priorizarán la atención 5 distritos de la región de Loreto: Caballococha, Requena, Contamana, San Lorenzo y El Estrecho. Probablemente los recursos asignados no den para más. Por otro lado, no queda claro la articulación intersectorial con el Ministerio de Cultura, sabiendo que es esta institución la que tiene que aprobar distintos lineamientos y protocolos para la atención con pertinencia cultural y con enfoque intercultural (art.4.1 DL 1489).

El plan tampoco aclara la participación de las organizaciones indígenas para su implementación, sobre todo para el fortalecimiento de las medidas de prevención, lo único que refiere es la capacitación a líderes y agentes comunitarios de salud. Volvemos a mencionar: las comunidades y sus autoridades locales, regionales y nacionales, vienen encargándose en la práctica, con sus limitaciones, de atender la crisis, por lo que es necesario incorporar esa experiencia y aprendizaje y repotenciar las acciones realizadas en la implementación de este plan.  

Finalmente, la crisis pandémica COVID 19 sigue al acecho en los territorios indígenas. Esperemos que la reacción del Estado sea tangible a partir de estos instrumentos, puesto que la reiterada omisión de sus obligaciones puede constituir una catástrofe cultural. Hay, que duda cabe, responsabilidad política de sus funcionarios, pero, sobre todo, esta crisis sanitaria nos ha puesto los límites a los que se atiene la retórica intercultural. Necesitamos urgentemente aprender y desaprender caminado con los pueblos indígenas para incorporar en nuestras instituciones estatales mecanismos de co-gobernanza. De eso trata el reto del diálogo intercultural y para eso hay esperanza, así como en el relato shipibo existe un mundo de desgracia llamado Panshin Nete, coexiste también el mundo Jakon Nete o mundo de la esperanza, allí las estrellas, que en lengua shipiba se llaman wishmabo, representan la vida de cada shipibo o animal muerto y esas estrellas simbolizan la perpetuidad e inmortalidad del pueblo shipibo.   

Ilustración de Elena Valera que representa la muerte de Yoashiko Inca, un Inca mezquino con el pueblo Shipibo que los maltrataba. Fuente: relato Cómo los Shipibo le quietaron la candela a Yoashiko Inca; del libro: Antiguamente en el monte los animales, las plantes y otras seres eran gente, tradiciones orales de las naciones Shipibo y Uitoto, Casa de la Literatura Peruana, 2019

Notas:

^[1] Relato Shipibo-Konibo de  Los Cuatro Mundos, Inin Metsa /Harry Pinedo, en Antiguamente en el monte los animales, las plantes y otras seres eran gente, tradiciones orales de las naciones Shipibo y Uitoto, Casa de la Literatura Peruana, 2019.

^[2] Datos según el Sistema de Información de Comunidades Nativas del Instituto del Bien Común-IBC

^[3] MongaBay  https://es.mongabay.com/2020/05/peru-pueblos-indigenas-58-fallecidos-covid-19-shipibo-konibo-ucayali/

^[4] Servindi Repositorio Covid 19 y Pueblos Indígenas: http://www.servindi.org/actualidad/24/05/2020/repositorio

^[5] Servindi: 16 de marzo : https://www.servindi.org/actualidad-noticias/20/03/2020/edit-indigenas-demandan-intensificar-coordinaciones-y-medidas-en-sus

^[6] Aidesep 18 de marzo: http://www.aidesep.org.pe/noticias/pronunciamiento-emergencia-indigena-ante-el-coronavirus

^[7] Servindi 7 de mayo: https://www.servindi.org/actualidad-noticias/07/05/2020/hay-mas-de-300-shipibos-esperando-la-respuesta-del-gore-ucayali

^[8] PUINAMUDT 30 de abril: https://observatoriopetrolero.org/cuatro-casos-covid-19-en-delegacion-de-municipalidad-de-trompeteros-que-recorrio-comunidades-achuar-y-urarinas-en-el-rio-corrientes/

Luis Hallazi es abogado y politólogo, investigador en derechos humanos

Rápido avance del virus en Perú, Chile y Argentina

Pandemia

Sudamérica, nuevo epicentro global de contagios, determinan en Ginebra

▲ Toma aérea de personas que toman el sol confinadas en círculos trazados conforme a la sana distancia, ayer en el prado del parque Dolores, en San Francisco, California.

Ginebra. Sudamérica es un nuevo epicentro de la pandemia del Covid-19, estimó ayer la Organización Mundial de la Salud (OMS), en particular Brasil, el país más afectado en la región, donde la proporción de adultos jóvenes muertos es superior a la de otros países, al tiempo que el virus continúa con un rápido avance en Perú, Chile y Argentina.

Vemos el número de casos aumentar en muchos países sudamericanos, indicó Michael Ryan, director del programa de emergencias de la OMS, en videoconferencia desde Ginebra. Hay mucha preocupación en torno a esos países, pero claramente el más afectado por ahora es Brasil.

Brasil superó 20 mil muertes tras registrar el jueves mil 188 decesos en 24 horas, cifra récord, según el Ministerio de Sanidad, lo que confirma la aceleración del virus en el país.

La nación, con 57 por ciento de los muertos en la región, es el tercero en número de afectados en el mundo, con 310 mil 87 casos, detrás de Estados Unidos –un millón 598 mil 631 enfermos– y Rusia –326 mil 448–. La cifra de infectados podría ser hasta 15 veces mayor en el gigante sudamericano debido a la dificultad de tener estadísticas precisas por la falta de tests, según analistas.

Según Ryan, en términos relativos, los índices más elevados se hallan en la Amazonia, con unas 450 personas infectadas por cada 100 mil habitantes.

Brasil vive además días de fuerte confusión política, debido a las desavenencias entre la mayoría de los gobernadores, favorables a medidas de confinamiento, y el presidente de ultraderecha Jair Bolsonaro, que critica las medidas por el impacto económico que tienen.

El ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, dijo el 22 de abril en una reunión ministerial que habría que aprovechar que la opinión pública estaba más pendiente de la pandemia de Covid-19 para cambiar leyes ambientales que normalmente despiertan mucha polémica, según consta en un video divulgado ayer.

A diferencia de lo que ocurre en España o Italia, en Brasil el coronavirus mata a muchos más jóvenes; 69 por ciento de los fallecidos tienen más de 60 años, mientras en las dos naciones europeas 95 por ciento de los decesos se registraron en personas mayores de esa edad.

En América Latina y el Caribe han fallecido más de 34 mil personas y hay 617 mil contagios, reportó la agencia noticiosa internacional Afp.

En Perú, segundo país de la región en número de contagios y el tercero en fallecidos, se registraron unos 110 mil casos y más de 3 mil 100 decesos, por lo que el presidente Martín Vizcarra extendió el estado de emergencia y la cuarentena hasta el 30 de junio.

La mayoría de hospitales de Lima están al borde del colapso, indicó el jueves la oficina del defensor del pueblo, que supervisa el respeto de los derechos humanos. En los nosocomios faltan equipos de bioseguridad para el personal, camas, ventiladores mecánicos, oxígeno, pruebas de descarte, entre otros dispositivos e insumos, reportó la oficina.

Ecuador, otro de los países latinoamericanos más azotados por la pandemia, ya registró 3 mil 54 muertes y 35 mil 828 casos, informó el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos.

En Chile, con más de 57 mil casos, los fallecimientos aumentaron 29 por ciento en las últimas 24 horas, hasta alcanzar 589. Se trata de una batalla descomunal de la cual nadie puede desmarcarse, dijo el ministro de Salud, Jaime Mañalich.

Muchos habitantes rompieron en los últimos días el confinamiento para manifestarse y reclamar ayudas alimentarias. Un policía resultó herido ayer por disparos durante una protesta en la comuna de Cerrillos, en el sur de Santiago, en la que un centenar de vecinos reclamaron la falta de apoyo oficial a la población.

Argentina cuenta ya con 10 mil 649 casos confirmados, 718 en 24 horas, y 419 decesos. Cerca de 90 por ciento de las infecciones se encuentran en Buenos Aires y su periferia.

Por otro lado, Uruguay, con una veintena de fallecidos, informó que reiniciará en junio las clases presenciales en todos los niveles educativos.

En Estados Unidos, el presidente Donald Trump –quien aseguró el jueves que no va a darle a la prensa el placer de verlo con un cubrebocas– pidió a los gobernadores estatales permitir que los lugares de culto se reabran de inmediato por considerarlos servicios esenciales, cuando ya se contabilizan 95 mil 847 decesos en la nación.

El mandatario ordenó que las banderas estadunidenses en edificios institucionales y monumentos ondearán a media asta los próximos tres días como homenaje a los muertos a consecuencia de la pandemia.

Millones de estadunidenses se alistan para salir de sus confinamientos y celebrar el fin de semana en playas y reuniones familiares el Día de los Caídos en Guerras, lo que aumenta los temores entre las autoridades de salud pública de que grandes aglomeraciones puedan causar otra oleada de contagios.

Foto Afp

Afp, Reuters, Europa Press y Ap

Periódico La Jornada

"Las elecciones peruanas expresan la desaparición de los partidos arrastrados por la corrupción"

Entrevista a exdiputado constituyente y senador peruano Ricardo Napurí

Mario Hernandez

Rebelión

M.H.: Hubo elecciones legislativas en Perú, y un nuevo Congreso con 10 partidos. El partido que más votos sacó, Acción Popular, obtuvo 11.8%.

R.N.: El problema central es que estas elecciones han sido convocadas por el Presidente Martín Vizcarra para cumplir el mandato del Congreso anterior que fue suprimido en septiembre pasado por mandato constitucional, y donde el Fujimorismo era mayoría, tenía 73 de las 130 bancas.

M.H.: Ahora le quedaron 20.

R.N.: Sí. Se han producido las elecciones que van a completarse en un año y medio y en 2021 serán las nacionales donde terminará este Congreso y se nombrará a otro en las elecciones generales.

La novedad de esto es el desprecio popular, la apatía, ha habido un largo proceso de corrupción en el país en el que están involucrados 4 Presidentes, el militarismo, la Justicia, una realidad política tan específica que es difícil compararla con otra. Y la sorpresa de esta votación es que fue elegido como el candidato más votado, el General Daniel Urresti, que es un ex represor procesado por el asesinato de un periodista y de campesinos en una especie de guerra civil con Sendero Luminoso y que tiene condena pendiente. Fue ministro del Exterior del gobierno de Ollanta Humala entre 2011 y 2016.

Como segunda fuerza una secta evangélica, ultraconservadora, desconocida, el FREPAP. Una cosa inaudita. Como tercera fuerza un partido radical xenófobo que promete la pena de muerte ligado al ex militar, Antauro Humala, que está preso porque intentó una especie de simulacro de rebelión contra el gobierno de Alejandro Toledo. Y aunque está encarcelado hasta este momento, promete la represión a los inmigrantes, entre otras medidas xenófobas.

La gran novedad es la desaparición real del APRA que no ha tenido votación y ha quedado fuera del 5% de base. Y el Fujimorismo que de 73 bancas termina con 20 y esto es muy importante porque toda la controversia del Presidente actual, Martín Vizcarra, era un Parlamento hostil con una mayoría fujimorista imponiendo a su modo corrupto, una política salvaje de obstrucción y apoyo total a todo lo que significaba violación a los Derechos Humanos y la corrupción en el país.

Por estos datos podemos sacar una serie de conclusiones importantes. Esto expresa la realidad del país, Perú ha sido por todos los apologistas del sistema, citado como Chile, como un ejemplo de liberalismo triunfante, porque crecía a tasas de 3, 4 o 5% estables, casi como Bolivia, porque le sobraban dólares, porque las estadísticas lo daban como un país estable. Chile y Perú eran presentados como modelo del triunfo del neoliberalismo exitoso en América Latina. Pero así como se ha derrumbado el mito del neoliberalismo en Chile, en Perú, en cierta forma, estos resultados también expresan ese derrumbe.

En Perú ya no existen partidos nacionales tradicionales, el APRA que tiene 100 años desde su fundación, Acción Popular, con más de 50 años, el partido Conservador PPC que han desaparecido de escena y han sido reemplazados por personalidades regionales y provinciales desconocidas. Es el resultado de un sistema político corrupto, de un sistema de corrupción generalizada, donde no hay autoridad central, donde el regionalismo se impone a través de métodos perversos y donde el caudillo regional es el que puede imponer por su poder local las condiciones particulares.

Estas elecciones expresan esa realidad, la desaparición de los partidos. Porque aunque Acción Popular haya salido primero, es una federación de personalidades menores, es un partido que pactó con el fujimorismo y no tiene personalidad política ni los antecedentes con los que nació los 50 como un partido reformista. De tal manera que la consecuencia es que 4 ex presidentes están encausados por corrupción y Odebretch lleva más lejos, porque ellos no solo fueron corruptos sino que han sido parte de un sistema degenerativo político que en la época de Fujimori, EE UU y los defensores del liberalismo presentaron como modelo, junto con Menem, lo que llamaban “la democracia protegida” que en el caso de Fujimori fue una dictadura.

Toda la descomposición que se ha venido dando en el país tiene que ver con todos estos aspectos. Perú es un país que vive de la minería, el 80% de los ingresos vienen de ahí, hay dólares en exceso en Perú, no solo por la minería que hasta ahora tiene buenos precios, sino porque en Perú es tolerada la incorporación del narcotráfico al tráfico de dinero, de tal manera que entre un 20 y un 30% de los dólares que circulan son del narcotráfico con permiso del gobierno. Uno de los factores por los que en Perú hay exceso de dólares es por el narcotráfico, tolerado por el gobierno de forma intencionada.

Otra punta para comprender el grado de degradación es esta secta israelita que aparece ahora como tercera fuerza del Congreso. La secta evangélica ultraconservadora FREPAP tiene un impulsor que dice que los homosexuales tienen el mal enquistado en su corazón y su sangre pero que van a tener la oportunidad de conocer el decálogo universal y mediante eso van a entrar en la moral. “Nuestro señor Dios, Israel creó al hombre y a la mujer, promoveremos en los colegios la educación con moral”. Estas han sido las declaraciones del congresista más importante de esta secta que ha aparecido por primera vez como una novedad, ya no como en Brasil donde tienen un poder particular, sino como una secta particular en Perú para sorpresa de todo el mundo. Porque esta descentralización, esta pérdida del poder central, del orden que podían imponer los partidos aunque fueran degenerados, ha desaparecido.

La descentralización ha permitido que esta secta, que se llama Israelita, que era desconocida logre la tercera posición. Y otros como el candidato del hermano de Ollanta Humala que predica la persecución de los extranjeros, de los homosexuales y la pena de muerte para todos aquellos que infrinjan el poder del país. Estamos ante una xenofobia que ya no tiene nada que ver con la democracia liberal, con las formas liberales, estamos entre un resultado electoral que expresa toda una realidad degenerativa en todos los aspectos del país, porque si 4 presidentes y la hija de uno están acusados no solo por Odebretch como corruptos, Alan García se pegó un tiro antes de ir a la cárcel y Fujimori está preso no solo por ladrón sino por violador de los DD HH, es la expresión más suprema.

Si ellos son corruptos, corrompieron a las FF AA, la justicia en la población está encausada en un 80% de la población por el grado degenerativo que tiene y todos los estamentos de las estructuras del poder están tomados, acusados y denunciados por lo que llamo esa especie de rebelión ciudadana que le permitió a Vizcarra que era un provinciano, gobierne ahora reemplazando a Kuczynski que está preso también por corrupto.

La realidad del Perú expresada en este resultado electoral particular está demostrando hasta qué grado puede llegar la degeneración de un país tomado por grupos oligárquicos, por un club de bandidos oligárquicos, por un bloque político reaccionario y ultraliberal y conservador en medio de un país con un 40% de marginalidad que está en las estadísticas y con una realidad de un 15/20% que vive más o menos de acuerdo a los cánones del usufructo del poder económico liberal.

Perú: ¿de vuelta al futuro?

Gianni Proiettis*

Con una variedad similar a la de la rica geografía peruana –dividida en costa, sierra y selva– se presenta ahora el mapa político del país, después de las elecciones extraordinarias del domingo 26 de enero para la renovación del Congreso unicameral.

Disuelto el 30 de septiembre pasado por el presidente Martín Vizcarra, quien, en plena observancia de la Constitución ponía fin así a tres años de rabioso y obstinado boicot fujimorista, el nuevo parlamento de 130 congresistas, fraccionado en nueve bancadas, ha sorprendido a casi todos, ha puesto a reflexionar a los comentaristas y ridiculizado a las encuestadoras.

Junto a una serie de resultados previsibles, y de hecho anunciados, relativos al castigo del fujimorismo y sus secuaces –o, mejor dicho, cómplices– han emergido sorpresivamente unas formaciones políticas que se podrían definir como nuevas, si no fuera que en realidad quedaban dormidas en un rincón del inmenso armario de la política.

En primer lugar, falta considerar la baja participación del electorado, manifestación visual del disgusto difuso para con la clase política en general y el Poder Legislativo en particular. El 20 por ciento de los ciudadanos ha votado en blanco o viciado y otro 25 por ciento ha decidido practicar el ausentismo.

Viendo los resultados, lo más evidente y esperado ha sido el castigo al fujiaprismo, una alianza tan mefítica como el prianismo: el partido de Keiko Fujimori, Fuerza Popular, que en las elecciones de 2016 había cosechado 73 diputados de los 130, se ha visto reducido a 15 curules, mientras que el histórico Apra, fundado en 1924 por Haya de la Torre en México, no estará presente en el nuevo Congreso.

Considerando que la incipiente legislatura durará sólo un año y medio, para dar paso a las elecciones generales del 2021, es muy corto el tiempo que queda para concretar las reformas política, electoral y del Poder Judicial reclamadas abrumadoramente por la ciudadanía en un referendo en diciembre de 2018 y luego obstaculizadas y desviadas por los fujimoristas y sus aliados.

Se recordará que, frente a la disolución del Poder Legislativo el 30 de setiembre, el Congreso intentó un patético golpe de Estado –¿quizá una imitación del de Guaidó en Venezuela?– suspendiendo al presidente Vizcarra por incapacidad temporal y promoviendo, por pocas horas, a la entonces vicepresidenta, Mercedes Aráoz, como mandataria.

Entre los castigados por los electores, también aparecen –o mejor, desaparecen– el Partido Popular Cristiano, con más de medio siglo de vida, pero ya en vía de extinción luego de su alianza con el Apra, y el Partido Solidaridad Nacional, de la extrema derecha cavernícola, afortunadamente repudiada por los electores, a contracorriente de sus éxitos internacionales. Ninguno de los dos tendrá parlamentarios que los representen, pero nada les impedirá participar en las elecciones del próximo año, puesto que el Jurado Nacional de Elecciones decidió de dejar vigente el registro de todos los partidos, aun si no superaran la valla de 5 por ciento.

La gran sorpresa del nuevo Congreso, en el cual la izquierda con el Frente Amplio gana sólo nueve curules, es la presencia del Frepap –Frente Popular Agrícola del Perú– que es el brazo político de un movimiento religioso: la Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal. Fundada en 1968 por Ezequiel Ataucusi. Esta asociación conjuga mesianismo andino con adventismo cristiano y sus feligreses veneran al fundador, muerto en el año 2000 luego de haber recibido una revelación divina y haberse candidateado tres veces a la presidencia con muy escaso éxito.

Sus seguidores, quienes esperaron en vano su resurrección, visten con túnicas de corte bíblico, sandalias y se dejan crecer el pelo. El símbolo de su partido –el Frepap, que ha ganado 16 curules– es un pez, tal vez una referencia al cristianismo primitivo o por un recuerdo de infancia de Ezequiel Ataucusi, quien contaba que un gran pez lo había salvado de ahogarse en un río.

Los israelitas o hermanos/as, como se les llama comúnmente, habían sido hasta ahora objeto de estudio y atención exclusiva de antropólogos, sociólogos e historiadores, visto que participan de los movimientos mesiánicos que Vittorio Lanternari definía de liberación y salvación, protagonistas con frecuencia de éxodos bíblicos y ocupaciones de tierras, lumpen agrario que se aferra a una fe y a un líder religioso.

Su irrupción en la política institucional, fruto de un trabajo puerta a puerta, pero también de un voto antisistema, genera dudas y preguntas sobre sus futuras agendas. Al menos en cuanto al inesperado éxito del partido Unión por el Perú, fundado en 1994 por el ex presidente de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar y actualmente inspirado y liderado por Antauro Humala, hermano del ex presidente Ollanta Humala.

Antauro, también ex militar, purga desde 2009 una condena a 25 años por una asonada en contra del gobierno de Alejandro Toledo (2001-06) que provocó seis muertos. Su ideología, elaborada por su padre Isaac Humala, es el etnocacerismo, un zambullido en el pasado incaico y una emersión en un presente militarista y nacionalista sobre bases étnicas: la superioridad de la raza cobriza. ¿Vientos del pasado o tempestades futuras?

* Periodista italiano

Barreras a la participación política de los pueblos indígenas

Perú

Luis Hallazi

Rebelión

Los resultados de las elecciones congresales extraordinarias 2020, siguen generando muchas preguntas, la sorpresa para el Perú oficial y los desorientados medios de comunicación, no preveían un resultado donde el Frente Agrícola Popular del Perú (FREPAP) y Unidos por el Perú (UPP), tengan tan importante presencia dentro de un fragmentado Congreso para este periodo 2020-2021.

Los caminos sinuosos que traza el Perú no oficial, son desconocidos y marginales para esa realidad limacentrista, y claro, las propuestas que se esbozan, suelen estar aún lejos de abordar esa complejidad social, un reflejo más de nuestra débil democracia.

Lo cierto es que esa fractura social la podemos corroborar, si hacemos una breve revisión sobre las barreras que ha enfrentado la participación política de los pueblos indígenas u originarios en las elecciones 2020.

Barreras institucionales

El Convenio 169 de la OIT es para los pueblos indígenas uno de los principales tratados internacionales que protege sus derechos colectivos, ratificado por el Perú desde 1995 aún sigue siendo un reto implementarlo. Por tanto, existe una vulneración constante y sistemática a este tratado, que en un proceso electoral como analizado salta rápidamente a la vista.

Perú fue una de los últimos países adheridos al Convenio 169 en introducir una pregunta de identificación étnica en los censos nacionales, en el 2017 por primera vez se elabora la pregunta, a pesar de ser una pregunta racializada la que se hizo, dio como resultado que el 25.6% de los peruanos y peruanas, cerca de 6 millones de ciudadanos, se identifique como parte de un pueblo indígena u originario. Es decir, hoy contamos con cifras disgregadas en todas las regiones del país que no fueron utilizadas para el proceso electoral.

En ese sentido, no se informó que regiones del país cuenta con mayor cantidad de población indígena, no se preguntó a las y los candidatos si pertenecían a uno de los 55 grupos indígenas o hablan una de las 48 lenguas; menos aún se pudo conocer las propuestas de cada candidato (1). Si bien no existe ninguna ley explicita que obligue a dar esa información, si hay normas de gestión pública que buscan transversalizar el enfoque intercultural.

El Jurado Nacional de Elecciones- JNE, en el proceso electoral 2020 no visibilizo la problemática indígena, simplemente lo redujo a enviar una nota de prensa exhortando a los partidos políticos a asegurar la participación de los pueblos indígenas (2) y un saludo en idioma indígena en un spot publicitario.

Por su parte, el ente rector en materia de derechos de pueblos indígenas, Ministerio de Cultura conjuntamente con el JNE, organizaron un diálogo denominado “Una nueva política con igualdad” (3) donde además participaron grupo LGTBI y otras minorías, ese fue el único acto que informe y visibilice la problemática de los pueblos indígenas.

En general hubo muy pocos espacios de discusión sobre la agenda indígena, uno de ellos fue la organizada por la Confederación Nacional Agraria-CNA (4) en donde se invitó a candidatos de los veintiún partidos y solo asistieron cinco: Frente Amplio, Juntos por el Perú, Perú Nación, RUNA y Perú Libre; dejando en evidencia el poco interés por parte de la mayoría de partidos políticos en esta temática.

Barreras sociales: Discriminación y racismo

Como sabemos el Estado peruano no tiene ninguna norma que promueva que ciudadanos indígenas sean candidatos para elecciones legislativas, los partidos políticos tienen total discrecionalidad en incluirlos o no. Sin embargo en los procesos electorales regionales y municipales desde el 2002 se incluyó una “cuota indígena” modificando la Ley 26864, Ley de Elecciones Municipalidades, que obligaba incluir a ciudadanos indígenas en las listas partidarias. En la práctica este mecanismo fue utilizado residualmente para acumular las categorías de mujer indígena joven y desnaturalizar el espíritu de la norma.

Es entonces que solo podemos identificar a un candidato o candidata indígena si el partido tiene en bien considerarlo, pero además no hay obligatoriedad para registrar dicha información. En estas elecciones congresales fueron principalmente partidos progresistas los que incluyeron en sus listas, es el caso del Frente Amplio que llevó a Ketty Marcelo por Junín y Denis Pashanase por Loreto, Juntos por el Perú a Gahela Cari por Lima, RUNA a Isabel Lopez por Lima, Perú Libre a Jhirely Diaz Oliva por Lambayeque, Democracia Directa a Rosa Palomino por Puno, además de dos partidos conservadores como Vamos Perú que llevó a Teddy Sinacay por Junín y Podemos Perú a Robert Guimaraes por Ucayali (5).

Como no se tiene información sobre la identidad étnica de los candidatos es complicado hacer el seguimiento, pero se ha podido identificar que principalmente son las mujeres indígenas las que sufrieron diversos ataques de racismo y discriminación, es el caso de la candidata Rosa Palomino de la región de Puno, auto-identificada como aymara, de la misma manera la candidata Ketty Marcelo, asháninca de la región Junín y Gahela Cari, trans-indígena candidata por Lima, quien recibió diversos ataques racistas y transfóbicos.

A esta problemática durante el proceso electoral, hay que sumarle la reacción eminentemente racista y discriminatoria ante los resultados del partido político FREPAP, que lograra colocar 16 representantes en el Congreso y cuyos virtuales congresistas si bien no se autoidentifican como miembros de pueblos indígenas, su ideario político, tiene referencias a ser un partido tawantisuyano.

Lo cierto es que sigue siendo la identificación étnica en el Perú una problemática de la cual no se quiere tratar abiertamente como una cuestión Estatal, lo que lleva a no poder abordar de manera clara y definida los ataques racistas, a esa situación hay que agregarle que los medios de comunicación abierta suelen reproducen y trasmitir impunemente el racismo y discriminación hacia los pueblos indígenas.

Barreras normativas

La implementación de la norma de cuotas indígenas en la lista de partidos políticos, ha sido un fracaso, es por tanto una urgencia que el actual Congreso retome el debate de las reformas políticas necesarias para llegar al 2021 con un marco jurídico que promuevan la participación directa de los pueblos indígenas en el Congreso.

Recordemos que la Comisión Tuesta, elaboró 12 proyectos de reforma, uno de ellos abordaba de manera tímida y desproporcional la participación política, proponiendo la introducción de un distrito electoral indígena y asignándole un escaño. Ante ello las organizaciones indígenas aprovecharon la oportunidad para presentaron el proyecto de ley N° 4542/2018-PE[6], introduciendo cambios sustanciales, donde en base a los resultados del censo nacional del 2017 se aplicase la proporcionalidad en la representación política otorgándoles 32 escaños reservados para los pueblos indígenas.

Además la manera de elegir a los representantes indígenas respetase los usos y costumbres en de pueblos indígenas, puesto que el mecanismo de partidos políticos no es el idóneo. El proyecto de ley actualmente está en la Comisión de Constitución y tiene que ser discutido cuando se instale el nuevo Congreso.

Es urgente una reforma política que ponga sobre la mesa la problemática que significa tener excluidos a las comunidades y pueblos indígenas de las decisiones del actual Estado, al no otorgar ninguna cuota de poder político a pueblos y comunidades poseedores y propietarias de más del 40% del territorio nacional y que cada mes constituyen más del 70% de conflictos sociales que reporta la Defensoría del Pueblo.

Hay por tanto una situación de asimetría de poder en la actual organización política, que no visibiliza el control verdadero de los territorios indígenas y que una vez instalado el conflicto obliga al Estado a enfrentarlo con violencia en lugar de canalizar parte de las demandas por vía democrática y que mejor que hacerla de manera directa, a través de la participación política de los pueblos indígenas.

Notas:

(1) La CNA a través de un trabajo interno elaboró una agenda legislativa de pueblos indígenas que el actual Congreso podría abordar: https://www.cna.org.pe/wp-content/uploads/2020/01/Agenda-legislativa-de-los-pppi-web.pdf

(2) Nota de prensa de JNE: https://portal.jne.gob.pe/Portal/Pagina/Nota/8063

(3) Nota de Prensa MINCUL: https://www.gob.pe/institucion/cultura/noticias/76557-representantes-de-poblaciones-priorizadas-expondran-propuestas-de-cara-a-proximas-elecciones-congresales-extraordinarias-2020-en-conversatorio-una-nueva-cultura-politica-con-igualdad

(4) Nota de prensa CNA: https://www.cna.org.pe/organizaciones-indigenas-partidos-politicos-dialogan-primera-vez-la-agenda-legislativa-los-pueblos-originarios/

(5) Indígenas al Congreso: https://www.servindi.org/actualidad-noticias/22/01/2020/indigenas-al-congreso-quienes-son-que-proponen-y-como-elegirlos

(6) Proyecto de ley 4542/2018-PE: http://www.congreso.gob.pe/pley-2016-2021  

Luis Hallazi Méndez es abogado y politólogo, docente universitario e investigador del Instituto del Bien Común

Fujimorismo, un cáncer con metástasis

Gianni Proiettis*

La Jornada

Si se adoptara un punto de vista maniqueo al mirar la actualidad peruana, se observaría que las fuerzas del mal –encarnadas en el fujimorismo, sus diferentes aliados y todos los conglomerados que consideran la corrupción un motor de la economía, algo que defender por intereses propios– están empeñadas en un agresivo contraataque, muy parecido al de la rata, acorralada en un rincón y en lucha para su sobrevivencia.

En vísperas de las elecciones del próximo domingo, cuando se relegirá un Congreso unicameral de 130 diputados disuelto constitucionalmente por el presidente Martín Vizcarra el 30 de septiembre pasado, el estado de ánimo que prevalece en la sociedad peruana –la misma que aplaudió en su gran mayoría la clausura del Congreso, paralizado por los fujimoristas– es de disgusto y desinterés.

Un simulacro de votación nacional, realizado por la encuestadora Ipsos hace una semana, ha revelado que 43.1 por ciento del electorado votaría en blanco o viciado, sin contar el abstencionismo. Estas elecciones, cuya campaña ha sido tremendamente deslucida, constituirán, de paso, una encuesta adelantada sobre las próximas elecciones generales –para el Poder Legislativo y el presidente a la vez– de 2021, año del bicentenario de la independencia del Perú. De hecho, el Parlamento que se elige el domingo 26 de enero tendrá la misma duración de lo que queda del actual mandato presidencial, o sea un año y medio.

Con los últimos cinco presidentes atrapados en las redes de la justicia por haberse llenado los bolsos sin escrúpulos –y Odebrecht es sólo la punta de un iceberg inmenso– la sociedad ya no se siente indulgente hacia la corrupción como antaño y respalda la lucha contra este cáncer, impulsada con decisión por el presidente Vizcarra. Estoy hablando de la sociedad civil, pero no se puede soslayar la existencia de una sociedad incivil, que engorda o simplemente subsiste gracias a la corrupción, hasta ahora representada eficazmente por el fujimorismo y su partido, Fuerza Popular.

Al ufanarse de gobernar desde el Congreso, y de hecho paralizando o torciendo con arrogancia la actividad legislativa por más de tres años, el partido de Keiko Fujimori ha acabado por provocar su propio derrumbe. Con un patriarca encarcelado por asesino y ladrón, un heredero –Kenji– expulsado del Congreso por la propia hermana, y la misma Keiko a un paso de reingresar a la cárcel por lavado de dinero y obstrucción a la justicia, uno podría ilusionarse –ingenuamente– que el fujimorismo tiene las horas contadas. Sin embargo, considerando que el fujimorismo no es ninguna teoría, sino la práctica de adueñarse del poder para saquear a placer los recursos del Estado y los bienes de la sociedad, favoreciendo un restringido círculo y vastas clientelas, falta reconocer que su capacidad de sobrevivencia supera –con de mucho– la suerte de un partido. Basta con ver cómo, en la presente campaña electoral, muchos ex congresistas de Fuerza Popular, conscientes del actual rechazo a su partido, se han candidateado bajo las siglas de otras agrupaciones.

Frente a casi 25 millones de electores, son 21 los partidos que se presentan en estas elecciones extraordinarias, pero se prevé que sólo cinco superarán la valla de 5 por ciento, indispensable hasta hoy para conservar el registro. En realidad, una decisión de última hora del Jurado Nacional de Elecciones ha alterado esta medida y no se cancelará ningún registro. Hay quien reclama que este cambio de reglas es un favor explícito al Apra, el partido en vía de extinción del suicida Alan García. Concretamente, es una medida que dejará con vida una miríada de partiditos, definidos irónicamente vientres de alquiler por su tremendo pragmatismo y su total ausencia de ideología. Bien podrían ser la concretización del chiste de Groucho Marx: Estos son mis principios, pero si no le gustan, tengo otros.

De la izquierda, da pena hablar. Mientras en las elecciones presidenciales del 2016 obtuvo un excelente resultado, llegando casi al segundo turno con Verónika Mendoza y ganando 20 curules en el Congreso, empezó a fragmentarse inmediatamente después y se presenta hoy en día en tres formaciones, de las cuales sólo una –paradójicamente denominada Frente Amplio, del ambicioso Marco Arana–- tiene posibilidad de superar la ya simbólica valla.

Un ejemplo pintoresco de transfuguismo fujimorista, y al mismo tiempo del nivel mental de sus adeptos, lo ofrece la ine-fable Rosa Bartra, ex portavoz de Fuerza Popular que hoy se presenta como cabeza de lista del partido Solidaridad Nacional, fundado y dirigido por el ex alcalde de Lima, Luis Castañeda, embarrado hasta el cuello en los sobornos de Odebrecht. Las declaraciones en campaña de la señora Bartra, quien a pesar de su enorme impopularidad será nuevamente elegida congresista gracias al vientre que la hospeda, han denunciado a gritos que la actual política del sistema escolar peruano es la de homosexualizar a los niños y enseñar a las niñas a masturbarse con tornillos y navajas. ¡En serio!

* Periodista italiano 

¿Quiénes ganan y quiénes pierden en las elecciones del domingo 26?

Perú

Red Obrera

Con la canción El Baile de los que sobran coreado por millones en las calles de Chile, la juventud y el pueblo pobre de este hermano país, se levantaron contra la tiranía del libre mercado capitalista y su gobierno, demandando una sociedad más justa.  

Otros tantos millones de pobres y excluidos de nuestro país, este 26 de enero iremos a expresarnos en las urnas, coreando nuestro propio baile, esta vez en repudio a la reedición del sistema político y electoral con el que los ricos se hicieron y hacen más ricos, y con el que sus partidos se corrompieron y se corrompen hasta la médula, mientras nos hunden en la pobreza.

Por supuesto, no nos referimos a los escasos candidatos y electores, en particular trabajadores, que concurren a las elecciones con sanas promesas e ilusiones, que son la minoría dentro de un vasto sector de jóvenes sin futuro, de obreros desempleados, de madres sin un pan para sus hijos, que frustrados por el total descrédito del sistema y de sus políticos de derecha y de “izquierda”, descrédito que se corrobora con la imagen de un proceso electoral gris y carente de todo estímulo, y que al no saber por quién votar muchos se inclinan por el voto viciado o en blanco, o simplemente decidirán su voto en la cola, haciendo de estas elecciones una de las más insulsas de nuestra historia.

Y no les falta razón. Si nuestros hermanos chilenos dicen no son 30 pesos sino 30 años, nosotros podemos decir, para no ir más lejos, que son 20 años de “democracia” fraudulenta en las que votamos para que los “políticos” de turno hagan más ricos a los ricos, nos engañen, roben y encima se peleen unos contra otros o corruptos contra corruptos. Y la elección del 26 de enero es más de lo mismo.

Para colmo, estas elecciones tienen nombre propio: Vizcarra. El presidente disolvió el odiado Congreso con la pretensión de combatir la corrupción y elegir otro más afín a las expectativas populares. Pero, ¿qué estamos a punto de obtener? Otro igual o peor, con AP, APP, PPC y el partido Morado serviles de la CONFIEP como principales opciones; con el fujimorismo fuertemente vigente y con la novedad de la aparición de otras fuerza más oscuras aún como Podemos, Vamos Perú y Solidaridad Nacional, que crecen a expensas de la “izquierda” que verá reducida sus mandatos. Es decir, volveremos a tener un Congreso igual o peor del que se disolvió el 30 de setiembre.

Claro, muchos aplaudieron la disolución del Congreso porque ya era insoportable. Pero de ahí a vendernos las elecciones como la gran solución y pintar a Vizcarra como a un héroe, es una estafa, la estafa de Vizcarra y del sector que lo apoya, y que ha servido únicamente para empoderarlo a fin de que siga prestando mejores servicios a la CONFIEP y a la aplicación de su agenda laboral.

De aquí la frustración actual, el desdibujamiento de las expectativas creadas tras el 30 de setiembre. Esto es lo que alienta el sano escepticismo de los sectores de avanzada del movimiento obrero y popular que asisten forzados y sin opciones a votar en las elecciones de este domingo 26.

Vizcarra ganó (tiempo) y la izquierda hizo el peor negocio

A Vizcarra esto no le interesa. Él ya ganó. Además, luego de estas elecciones vendrá otra con la que nos tendrá entretenido hasta el 2021, opacando así no solo su responsabilidad para con la resolución de los problemas medulares del país sino con el cumplimiento de sus propias promesa de lucha contra la corrupción y de reforma del sistema político y judicial, las que se irán evaporando.

Quienes son presas de su propio juego son todos los que lo sostuvieron y sostienen, donde ninguno se puede sentir ganador y dueño del espacio que dejó el cierre del Congreso, entre ellos la misma “izquierda”. Todos estos sectores no han crecido en las actuales elecciones. En el caso de la “izquierda” en los hechos hizo un pésimo negocio: perdió 20 curules y ahora pelea por unos cuantos. En el caso del fujimorismo, que se dio por muerto, sigue en pie. Esto explica por qué desde los grandes promotores del 30 de setiembre, a pocos días de las elecciones, vengan agitando el fantasma de la vuelta del fujimorismo y del “peligro” que significaría votar en blanco o viciado, en lo que es un llamado desesperado a votar por ellos mismos.

Todo esto, repetimos, reafirma la vuelta al escenario anterior al 30 de setiembre, de polarización y crisis, pero donde se diluye cada vez más el discurso oficial de la lucha contra la corrupción y el de la reforma política y de la justicia, quedando en pie únicamente la continuidad de la política económica y de reforma laboral que nos afecta a los trabajadores.

Todo esto confirma que el régimen no se renovará con maniobras electorales sino que debe der derrumbado y refundarse de raíz, y que el fujimorismo y todos los demás partidos patronales y reaccionarios no serán derrotados con maquinaciones, incluso de otros corruptos, ni con el voto, sino en las calles, poniendo en pie una opción independiente de los trabajadores que abandere los intereses de los más pobres.

De este modo, aunque desde Palacio y las portadas de algunos diarios nos sigan vendiendo ilusiones, el 26 de enero deberá acabarse la farsa y podremos ver nuevamente con más claridad a nuestros verdaderos enemigos, los que no se reducen al fujimorismo como interesadamente se nos ha pintado hasta hoy, sino que comprenden a todos los viejos y nuevos partidos de la burguesía adocenados al régimen, y donde Vizcarra es su máximo representante y principal ejecutor de las políticas que afectan al pueblo trabajador.

Si bien Vizcarra ganó tiempo y algunos puntos, y tiene una nueva válvula con la salida electoral del 2021, sus recursos demagógicos apuntan a agotarse y cada vez él como el mismo régimen con el Congreso reciclado, serán más débiles para enfrentar las demandas populares.

Las nuevas tareas

Ante esto es menester poner en pie una alternativa independiente de los trabajadores, con su lucha, sus sindicatos y su propio partido político, para forjar una nueva salida. Esta alternativa no pasa por el Frente Amplio, Nuevo Perú ni Juntos por el Perú, quienes han tenido un papel por demás vergonzante en todo este proceso al convertirse en escuderos de Vizcarra, renunciando a una posición independiente e identificada realmente con los trabajadores, postura que hoy repiten cuando sus diversos candidatos se ofrecen como alternativa para “rescatar la imagen del Congreso”, razón por la que hasta obtendrán menos votos. Necesitamos una alternativa realmente obrera y con un programa obrero, forjado no en los turbios procesos electorales sino en las luchas.

Si algo bueno no trae estas elecciones que “disuelve” las falsas expectativas generadas en torno a Vizcarra y el cierre del Congreso, es volver la vista hacia nuestras fuerzas y organizaciones, hacia la lucha y la organización por abajo para alcanzar nuestras reivindicaciones, y retomar la lucha contra el gobierno y su reforma laboral.

Solo de esta manera es posible que empezaremos a corear El Baile de los que Sobran ya no en las urnas sino en las calles, como se hace en Chile, y que ha demostrado ser la única garantía para derrotar a nuestros enemigos y el único camino para alcanzar nuestras aspiraciones. 

Legal, la disolución del Congreso, falla Tribunal Constitucional de Perú

Lima. El Tribunal Constitucional de Perú resolvió ayer que la disolución del Congreso ordenada por el presidente Martín Vizcarra fue legal, al zanjar el debate sobre el tema que allana los comicios legislativos del 26 de enero.

Por cuatro votos a favor y tres en contra, el tribunal declaró infundada la demanda de inconstitucionalidad presentada a finales de octubre por el jefe del Congreso disuelto, que era dominado por la oposición.

Tras el cierre, el mandatario peruano convocó a elecciones para completar el periodo legislativo en julio de 2021, proceso que ya está en marcha y en el cual participan una veintena de partidos políticos.

La actuación de este gobierno es, y ha sido siempre, con base en el respeto a nuestra Constitución. La decisión tomada el 30 de septiembre del año pasado es muestra de ello, sostuvo Vizcarra en un tuit luego de conocer el fallo. El máximo intérprete de la Constitución ha cerrado este capítulo, señaló.

Vizcarra, político centrista, cerró el Congreso tras una larga pugna con la oposición sobre reformas relacionadas con el combate a la corrupción. La decisión fue respaldada por las fuerzas armadas y la población, que se manifestó en las calles contra el desacreditado Congreso.

La disolución fue rechazada en su mayoría por legisladores del partido Fuerza Popular, de la ex candidata presidencial Keiko Fujimori, investigada por presunto lavado de dinero y recibir dinero de la constructora brasileña Odebrecht para su campaña electoral de 2011.

Los opositores a Vizcarra alegaron que el presidente excedió sus poderes al cerrar el Parlamento, y denunciaron un golpe.

El ex jefe del Congreso y ahora líder de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, aseguró que acatará la decisión del máximo tribunal y que la historia juzgará la decisión.

La popularidad de Vizcarra creció a niveles máximos luego de que ordenó disolver el Congreso, medida que pudo concretar gracias a que los legisladores habían aprobado el nombramiento de un nuevo magistrado del Tribunal Constitucional, que dirime los conflictos entre poderes del Estado.

Reuters 

Periódico La Jornada

Elecciones atípicas y estallidos sociales

Perú

César Zelada

Rebelión

El cierre del Congreso de la República, por parte del Ejecutivo, sorprendió a tirios y troyanos. Y más al fujiaprismo, que pretendía vacar al mandatario Vizcarra. Y es así como nos encontramos ahora en un escenario de adelanto de elecciones, con viejas y nuevas reglas de juego (franja publicitaria estatal que no permitirá conocer bien a los candidatos), donde la campaña electoral en sí misma, pareciera pasar desapercibida para el ciudadano común y corriente, ya que las mismas son convocadas para complementar el período de los congresistas destituidos. En este sentido son elecciones atípicas.

Y en efecto, a un mes de las elecciones del 26 de enero, según varias empresas encuestadoras, más del 50% de la población electoral no sabe todavía por quien votar, el voto nulo alcanza al 22% (con tendencia a subir) mientras que solo el 16% dice estar seguro de su voto. “Ni reír, ni llorar, comprender”, diría el filósofo Baruch Spinoza. Y es que esta contienda política se da en un contexto donde, por un lado, lxs ciudadanxs están más preocupados por las fiestas de fin de año, y por otro, por el odio o indiferencia del poblador con lxs políticxs (siendo este un síntoma profundo en los sectores más pobres), donde por regla general, una buena parte de los electores recién deciden su voto entre el debate electoral final y la última semana previa a la elección.

A estos factores habría que agregar que estas encuestas podrían reflejar una tendencia a la recomposición del régimen político, así como un recordatorio de “marca” tanto por las recientes elecciones locales (donde AP salió ganador), como por la confrontación mediática contra el fujiaprismo acaparando titulares de prensa todos los días.

No obstante, a la misma vez, hay algunas estadísticas que son interesantes para el análisis, partiendo de que las encuestadoras responden a un status quo y que las mismas son “fotos” de un momento determinado, donde lo más importante es la valoración de las tendencias de la opinión pública.

En este marco, es comprensible que la derecha (y centro derecha), siga manteniendo la hegemonía política nacional ya que el Cierre del Congreso, no se produjo por una rebelión popular, sino por la iniciativa estratégica que sigue teniendo el populismo liberal en el poder. La clausura del Parlamento por las masas sublevadas podría haber generado una “sacudida” del pensamiento conservador de lxs trabajadorxs peruanxs. Ejemplos de esto lo tenemos, en otro nivel, en el Argentinazo que aupó al poder al Kirchnerismo o en el Bolivianazo que coadyuvó el ascenso del indígena Evo Morales a Palacio Quemado. En Perú, en cambio, fue la policía la que clausuró el Congreso por órdenes del bonapartista Vizcarra, acentuando el pensamiento conservador en lxs electores.

Así las cosas, las diversas denuncias como la de los peajes contra el alcalde Jorge Muñoz, pareciera no hacerle mella a los partidarios de la lampa que figuran en el primer lugar de las preferencias electorales con un 10.1%, mientras que Fuerza Popular (FP), Alianza para el Progreso (APP), el Partido Morado (PM), el Partido Aprista Peruano (PAP), y Somos Perú (SP) bordean el 6.8%, 4,3%, 4.1%, 3.2% y el 2.7%, respectivamente (Encuesta IEP, La República, 15/12/19).

Y si bien es verdad, la encuestadora IPSOS, ubica a AP, FP, PM y APP, entre los primeros cuatro preferidos, pues, es interesante observar cómo Vamos Perú (VP), el Partido Popular Cristiano (PPC), y el APRA, aparecen con el 2% de intención de voto, en el séptimo, octavo y noveno lugar. Atrás, con el 1%, se encuentran el FREPAP, Avanza País (AP), Democracia Directa (DD), Perú Podemos (PP), Juntos por el Perú (JP), Unión por el Perú (UPP), Perú Patria Segura (S), y Perú Libre (PL). Talvez estas diferencias se deban a que mientras que IEP realizó su encuesta hasta el 19 de diciembre, la de IPSOS, es del 11-13 de diciembre, una semana antes.

Sin embargo, algo a destacar de ambas empresas encuestadoras, a pesar del carga montón del establishment contra la izquierda por no postular unida, es la ubicación expectante que le dan al centroizquierdista Frente Amplio (FA).

Mientras que IPSOS le da un 3%, IEP le da un 2.1%, algo comprensible dentro del marco del error técnico. Es obvio que la unidad de toda la izquierda pudo haber tenido un mayor impacto emocional en la población (como sucedió en su momento con Izquierda Unida), lo que difícilmente podríamos decir de la derecha que va dividida en 18 partidos políticos, sin embargo, pareciera que las amargas experiencias del FA con Verónica, la división de la bancada congresal, escándalos de corrupción apuntando a Jehude Simons, una “flor” como marca posicionada y un cuadro mediático como “Chaparrón”, empujaron al FA, a promocionar sus propios cuadros políticos y a desarrollar una estrategia de alianzas con líderes de los movimientos sociales e intelectuales como de la Federación Minera, maestros radicalizados, Magno Ortega, Rocío Silva Santiesteban, Arlette Contreras (Ni una Menos) o Farid Matuk.

Es también de destacar que, según IPSOS, los sectores A y B, sean los que más respaldan a AP, con el 28% y 14% respectivamente, mientras que los sectores C y E se inclinan por el fujimorismo con el 8% y 13% también respectivamente, que podría expresar –en este último caso- su voto duro y el sector más atrasado políticamente. En el sector E solo se ve con tendencia a subir a APP, Morados y el FA. Y en este sector es probable que el antaurismo también de una sorpresa.

En definitiva, hay “miradas” para todos los gustos, pero con un factor particular para analizar ya que de elegirse a varios candidatos fujimoristas que van “camuflados” en varias listas, pues, la crisis podría volver a salir a la superficie generando estallidos sociales ya que el cierre del parlamento por parte de Vizcarra, respondía a descomprimir la ira popular, que, en su momento también rechazaba el co-gobierno congresal con el fujiaprismo y/o escándalos de corrupción de varios partidos que hoy lideran las encuestas como AP, APP, SN, etc.

Otro factor como expresión de la propia crisis política es el hecho que hasta la derecha se haya visto obligada a levantar propuestas populistas como la eliminación de los privilegios de los congresistas incluyendo hasta los Iphones, bonos, pasajes aéreos, etc. Todo con el fin de evitar una rebelión popular y afirmar la tendencia a la recomposición del état politique bourgeois.

Finalmente, hay que señalar que la guerra política electoral se desarrolla en un clima enrarecido, de tendencias a la reacción (golpe de Estado en Bolivia) así como de tendencias a la rebelión popular (Haití, Puerto Rico, Ecuador, Chile, Colombia), polarizante (con la cuestión de la Constituyente), de liberación de keiko, de denuncias de corrupción contra el gobierno vizcarrista, de protestas de nuevos movimientos sociales como las de Secundaria combativa y los colectiveros; y de una crisis económica que tiene a la caída del crecimiento del PBI hasta el 2% como un efecto central de la crisis mundial, que en otros países ha producido estallidos sociales históricos (Piñera fue electo con el 2017 con el 54,48% de los votos y hoy solo tiene el respaldo del 4% de la población).

César Zelada. Director de la revista La Abeja (Teoría, análisis y debate).

Keiko Fujimori: circo sin carpa y final inevitable

Perú

Iván Salas Rodríguez

Rebelión

El show fujimorista (expresión del “Non plus ultra” de la ultraderecha corrupta, huachafa y matonesca) tiene un problema: mantienen una enorme cuerda atada al cuello que viene ajustándose conforme avanzan sus malévolas torpezas. Veamos:

1.- Su partida de nacimiento surge en el régimen más corrupto y matonesco en historia republicana, liderado por Vladimiro Montesinos y su pupilo Alberto Fujimori (1990-200). Ambos se creían todopoderosos, fueron apresados al igual que sus socios de la época: comandantes generales del Ejército, Fuerza Aérea, Marina de Guerra. Director General de la Policía Nacional, la Fiscal de la Nación, entre otros.

2.- Fuerza Popular no es un partido político. Coincido con destacados y analistas políticos como César Hildebrandt, Augusto Álvarez Rodrich, César Lévano en su momento, quienes afirman que esta gente integra más bien una banda criminal desalmada (lo dijo además el fiscal Rafael Vela a mediados del pasado mes de setiembre: ‘Nos enfrentamos a organizaciones criminales con mucho poder económico https://trome.pe/actualidad/politica/rafael-vela-enfrentamos-organizaciones-criminales-economico-entrevista-video-fotos-135635/)

3.- Lo más terrible: su estructura neuronal. Todos ellos SABEN QUE SON CULPABLES, pueden hacer piruetas mil. Intentar por ejemplo caminar en una cuerda llevando una escoba en las manos como equilibrista de circo pobre; organizar más llantos, abrazos forzados y telenovelas lloronas, lo real – y lo saben – les espera la cárcel y el basurero histórico por todas las barbaridades que cometieron y siguen cometiendo.

Mirada proactiva y optimista

Creo sinceramente que son tres los factores clave que lograrán el avance en la lucha contra la corrupción :

1° La patriótica labor del equipo de trabajo de fiscales y jueces comprometidos en la lucha contra la corrupción y la salud moral del país.

Recordemos que el Perú pierde 17,000 millones de soles (más de cinco mil millones de dólares) al año por actos de corrupción, según informe de la Contraloría General de la República.

2° El esfuerzo titánico del Periodismo de Investigación seguirá descubriendo nuevos hechos, testigos, cuentas bancarias que contribuirán a la sanción ejemplar de la sobreviviente mafia itinerante en los diferentes gobiernos de turno.

3° La amplia y constante movilización ciudadana encabezada por su juventud progresista, enemiga de la indiferencia y el bostezo cómplice de la crisis.

En estas circunstancias, Keiko y parte de su banda intentarán huir al lejano oriente, como lo hizo su padre hoy preso. La verdad y justicia tardan, pero llegan.

Iván Salas Rodríguez es sociólogo y columnista periodístico.

Una afrenta a la justicia

Perú

Gustavo Espinoza M.

Rebelión

Bien podría decirse que la Mafia recupera posiciones, con los hechos ocurridos en la semana que concluye. Por supuesto que nos quedamos cortos si consideramos que la decisión adoptada por el Tribunal Constitucional el pasado lunes 25 de noviembre, constituye una afrenta a la justicia. Es mucho más que eso. Pero debemos usar “palabras mesuradas” para expresar de manera formal el sentimiento que embarga a millones de peruanos, empeñados en la lucha contra la Mafia y la corrupción.

Es claro que en el caso, se han violado todos los procedimientos y se ha sorprendido a la ciudadanía. 24 horas antes de adoptada la decisión de liberar a Keiko Fujimori, el país había sido notificado de un debate en torno al tema, que el TC debía procesar en el transcurso de la semana, y que sólo el viernes se podría saber el resultado del mismo. Ocurrió, sin embargo, que no, que apenas el recursos presentado para liberar a la acusada, pudo alcanzar cuatro votos en su beneficio, se tomó el acuerdo, y se puso al Perú ante hechos consumados. ¿A quién podría beneficiar una decisión adoptada de ese modo? Sólo a ella, pero en absoluto a los peruanos, ni a la administración de justicia.

Es curioso, la resolución del TC tuvo lugar cuando quedó plenamente confirmado la denuncia que siempre se hizo: que Keiko Fujimori había recibido cuantiosas sumas de dinero de sospechoso origen, y las había administrado en secreto, violando todas las disposiciones vigentes.

Porque la beneficiada aseguró siempre que todas sus operaciones financieras eran legales. Lo informó así a la ONPE, lo acreditó ante la SUNAT, y lo sostuvo finalmente ante el Poder Judicial. Hoy se supo, sin embargo, que sólo había construido un castillo de mentiras que se derrumbó con la primera brisa de primavera.

Keiko recibió donativos secretos, creó depositantes fantasmas –verdaderos testaferros-, ocultó hechos, mintió aviesamente, inventó fuentes de financiamiento inexistentes, hizo uso de la modalidad de “pitufeo” para engañar. En otras palabras, se valió de todos los recursos para esconder aportes que sólo podían provenir del lavado de activos.

Los dineros del Consorcio de Dionisio Romero, estaban en el exterior, y fueron traídos e introducidos al país –vía Islas Vírgenes / Gran Caimán- sin que nadie lo supiera. Por eso, no fueron declarados en su momento por sus propietarios, ni por Keiko

Si hoy se supo del asunto, eso no debe atribuirse a la franqueza de los actores de este ostentoso fraude, sino al hecho que las investigaciones de la Fiscalía pusieron contra la pared a los banqueros y los obligaron a confesar. Si eso no hubiera sido así, no habrían dicho nada y el país entero habría continuado ignorando tamaños desaguisados.

Es claro que la decisión del TC es casi una victoria Pírrica de la Mafia. Como ha tenido que admitirlo el propio Blume, el úkase conocido no se ha referido al fondo del tema, sino apenas a la periferia. No ha dicho, ni de lejos, que Keiko sea inocente de los delitos que se le imputan, ni que no merezca una sanción ejemplar al momento de la sentencia. Ha dicho –apenas- que puede esperarla en libertad.

Claro que con eso ha dado un portazo a la justicia. No sólo porque a la sombra de esa disposición se ha archivado la acusación contra el Fiscal Chávarry–uno de sus más calificados cómplices-; sino porque también por esa vía abandonarán la cárcel otros caimanes del mismo pozo, como los “árbitros” , abogados que se llenaron de plata favoreciendo a Odebrecht contra el Estado Peruano. Algunos más, harán lo propio.

La libertad de estos peces gordos constituirá, sin duda, un mecanismo de obstrucción de la justicia, que deberá tenerse en cuenta en la perspectiva. No será fácil, entonces, remontar la marea. Pero será indispensable hacerlo.

Para enfrentar el alud, hay que alentar el funcionamiento de la Fiscalía. Ya existen pruebas más que suficientes para acusar a Keiko y condenarla por la comisión de diversos delitos contra la Administración de Justicia y contra el Estado. La Fiscalía debe proceder como corresponde.

Y hay que mantener la batalla en dos planos: el de la denuncia y la campaña de masas; y el de la movilización activa de la población. Un signo alentador en la materia ha sido, sin duda, el hecho que el mismo día, y a escasas horas de conocido el dictamen del TC, miles de peruanos y peruanas hayan tomado las calles en Lima y en otras ciudades del país mostrando verdadera voluntad de lucha. Ese camino, hay que recorrerlo.

Vivimos un escenario exterior convulso. En Bolivia, tras el Golpe Fascista, se ha instaurado un régimen asesino. En Chile, el ejército y los Carabineros matan a la juventud y a los trabajadores día y noche. En Colombia, se alzan las masas combatiendo al “uribista” Duque. En Ecuador, el pueblo enfila contra el traidor. En todos esos países los pueblos se han alzado contra los abusos y los atropellos, y en la búsqueda de dignidad y de justicia. En nuestra patria habrán de ocurrir episodios similares.

Aquí también la gente está harta de abusos y atropellos, de inequidad y de injusticia, de desigualdades y de discriminaciones. Pero, sobre todo, está harta de una Mafia que envileció la vida nacional y que busca recuperar posiciones a cualquier precio. Co sus líderes libres y sus candidatos “habilitados”, están al acecho. ¡Cuidado!