Somos un Colectivo que produce programas en español en CFRU 93.3 FM, radio de la Universidad de Guelph en Ontario, Canadá, comprometidos con la difusión de nuestras culturas, la situación social y política de nuestros pueblos y la defensa de los Derechos Humanos.

sábado, 23 de junio de 2018

Cuatro palabras que cambiaron el curso de la historia



Amy Goodman y Denis Moynihan

-¿También bebés?
-También bebés.

Estas cuatro palabras, emitidas por la cadena de noticias CBS en 1969, tuvo un profundo impacto en la opinión pública estadounidense, en la presidencia de Nixon y en el curso de la Guerra de Vietnam. Esta semana, la pregunta sobre los bebés volvió a escucharse en la Casa Blanca, esta vez en torno a los miles de niños inmigrantes, algunos de apenas unos meses, arrancados de los brazos de sus madres y padres y encarcelados en jaulas por orden del presidente Donald Trump.

La pregunta “¿También bebés?” fue planteada hace medio siglo por el experimentado periodista de investigación Mike Wallace a un joven veterano de guerra de Vietnam llamado Paul Meadlo. “También bebés”, respondió Meadlo, un soldado raso del ejército que, junto con muchos otros soldados estadounidenses, había llevado a cabo una incursión contra un poblado vietnamita llamado My Lai el 16 de marzo de 1968.

Lo que siguió llegó a conocerse como la Masacre de My Lai. Los soldados estadounidenses masacraron a más de 500 civiles en el transcurso del día. “Suplicaban y decían: ‘No, no’. Y las madres abrazaban a sus hijos y… bueno, seguimos disparando. Ellos agitaban los brazos y suplicaban”, le declaró Meadlo a Wallace.

Meadlo llegó a la entrevista con CBS gracias a un joven periodista independiente llamado Seymour Hersh, que estaba investigando la masacre. Hersh localizó a Meadlo, obtuvo su testimonio y lo convenció de hacer la entrevista para CBS. Lo que el periodista descubrió sobre la masacre de My Lai lo atormenta hasta el día de hoy. En una entrevista para Democracy Now! sobre su nuevo libro, “Reporter: A Memoir” (“Periodista: una autobiografía”, en español), Hersh expresó: “En lugar de encontrarse con el enemigo, en el poblado solo había familias, mujeres, niños y ancianos. Y entonces comenzaron a asesinarlos. Los arrojaron a una zanja, violaron a las mujeres, los mataron. Arrojaban a los bebés y les disparaban con bayonetas. Esto fue difícil de procesar para mí, fue muy difícil en el primer año. Algunas de las cosas que mantuve fuera del artículo inicial eran simplemente horrendas”.

En cuanto a la aparición de Meadlo en CBS, Hersh recordó: “Mike Wallace, que era fuerte como un toro, le preguntó cinco veces en esa entrevista, ‘¿También bebés?’ y siguió repitiendo ‘¿También bebés?’”.

Más adelante, Hersh publicó el informe sobre la masacre en la pequeña agencia de noticias antibélicas Dispatch News Service, después de que varios de los principales medios estadounidenses la rechazaran. En 1970 recibió el Premio Pulitzer por esta investigación. Hersh considera que existen paralelismos entre aquella situación y la cobertura que finalmente está haciendo la prensa sobre la actual crisis de separación de familias inmigrantes. “Esto podría ser un punto de inflexión”, opinó Hersh.

Hoy vemos fotos de niños y niñas llorando junto a sus padres y madres esposados, y hemos podido escuchar una grabación publicada por el medio ProPublica donde se escucha a los niños gritar “¡Mamá! ¡Papi!” mientras un guardia se burla de ellos, diciéndoles “Bueno, aquí tenemos una orquesta. Solo falta el director”. Autoridades electas y medios de comunicación se han congregado en la región fronteriza de Estados Unidos y México para exigir el acceso a los centros de detención. La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, fue interrogada en una conferencia de prensa en la Casa Blanca acerca de por qué su departamento solo había publicado fotos de niños de más de 10 años de edad encarcelados en jaulas y ninguna foto de niñas o niños pequeños. “¿Dónde están las niñas? ¿Dónde están los bebés?”, le preguntaron varias veces. La confusión de la secretaria Nielsen sobre el paradero de bebés y niñas desató reacciones aún más fuertes.

La política de Trump de “tolerancia cero” hacia inmigrantes indocumentados y solicitantes de asilo en la frontera sur de Estados Unidos, anunciada por el fiscal general Jeff Sessions el pasado 6 de abril, permitió que el Departamento de Seguridad Nacional, con su Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y su Patrulla Fronteriza, arrestara a los adultos sospechosos de cruzar la frontera sin la documentación adecuada, y los separara de sus hijos. La cantidad de niños y niñas secuestrados por estos organismos es mayor a 2.300. La revista electrónica The Intercept estima que han sido más de 3.700 desde octubre.

Decenas de activistas defensores de los derechos de los inmigrantes han organizado protestas en todo el país contra la orden de Trump desde el mismo día de su emisión. El movimiento se fue multiplicando. Muchos congresistas exigieron ver a los niños encarcelados. Gobernadores demócratas y republicanos comenzaron a emitir órdenes ejecutivas para retirar o impedir que las tropas de la Guardia Nacional dependientes de sus estados acudan a la frontera para ayudar al Departamento de Seguridad Nacional. Varias aerolíneas se unieron en su rechazo de transportar a los niños separados de sus padres. El miércoles, finalmente, Trump emitió una orden ejecutiva que revierte su propia decisión. Desde ahora, las familias ya no serán separadas al atravesar la frontera.

Sin embargo, eso no soluciona la crisis de los miles de niños y niñas que ya han sido arrancados de los brazos de sus padres. No se generó un mecanismo para reunir a los padres, de los cuales algunos ya han sido deportados, con sus hijos, que todavía están en jaulas, cárceles y campamentos de emergencia establecidos a lo largo de todo el país en 17 estados.

Hace cincuenta años, cuatro palabras escuchadas en todo el país cambiaron el curso de la Guerra de Vietnam: la pregunta “¿También bebés?” y la respuesta “También bebés”. Cuatro palabras que se escucharon esta semana, “Mamá, mamá. Papi, papi”, expusieron la crueldad del gobierno de Trump y cambiaron poderosamente el curso del debate sobre la inmigración.

© 2018 Amy Goodman

Traducción al español del texto en inglés: Inés Coira. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org

Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 450 en español. Es co-autora del libro “Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos”, editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.

Industrias extractivas en Guatemala, un atentado


Al hablar de políticas energéticas se está hablando de industrias extractivas. Es decir: aquellas actividades humanas directamente relacionadas con la obtención de recursos naturales por extracción del subsuelo que se vinculan con la generación de energía, algo sin dudas básico para la vida. Caben ahí, entonces, las industrias del petróleo, del gas, del agua (hidroeléctricas), y la minería. Podría agregarse, hoy día, la producción de biomasa destinada a la generación de carburantes o agrocombustibles (etanol, reemplazo de la gasolina y del diesel), tales como la palma africana, la caña de azúcar, la remolacha. 
Algunas de estas actividades extractivas son de muy larga data, como la minería. Desde la aparición del cobre hace 9,000 años hasta los elementos hoy conocidos como estratégicos (coltán, niobio, iridio, torio -futuro sustituto del petróleo-), la historia de la humanidad va de la mano de la investigación minera. 
La generación de energía es cada vez más vital. ¿Por qué entonces las llamadas industrias extractivas están causando tanto daño, produciendo tanta conflictividad social, siendo tan resistidas por las poblaciones? Por la forma en que se hacen. 
En Guatemala, estas industrias extractivas (centrales hidroeléctricas, minería, cultivos extensivos dedicados a la generación de agrocombustibles) constituyen hoy uno de los principales conflictos abiertos en términos político-sociales. Dado que se realizan en territorios donde habitan los pueblos originarios de origen maya (con 4,000 años de pertenencia a esos sitios), para los habitantes de esas regiones la llegada de estas iniciativas no representó, precisamente, una buena noticia. ¿Por qué? Por las características con que esa industria extractiva, dada por capitales multinacionales asociados en general a grandes capitales nacionales, se ha venido comportando. De hecho, ha producido el despojo de los territorios ancestrales de los pueblos originarios, con argucias legales o por la fuerza. Los movimientos campesinos-indígenas allí asentados (este es un fenómeno que se da similarmente en toda Latinoamérica) protestan por ese despojo, por lo que hoy representan la principal afrenta al sistema capitalista dominante. La lucha de clases, que nunca ha desaparecido, se expresa hoy a través de ese conflicto. 
Por otro lado, esas industrias son altamente contaminantes, agresivas para el medio ambiente, al menos en la forma en que se vienen realizando: dejan sin agua o sin tierra cultivable a los pueblos originarios, lanzan desechos químicos tóxicos que contaminan mortalmente la flora y la fauna atentando también contra la vida humana, crean problemas que nunca solucionan más allá de las promesas, destruyendo el equilibrio natural. 
Quizá sin representar una propuesta clasista, revolucionaria en sentido estricto (al menos como la concibió el marxismo clásico, como han levantado los partidos comunistas tradicionales a través de los años en el siglo XX), estos movimientos de protesta representan una clara afrenta a los intereses del gran capital transnacional y a los sectores hegemónicos locales. En ese sentido, funcionan como una alternativa anti-sistémica, una llama que se sigue levantando, y arde, y que eventualmente puede crecer y encender más llamas. De hecho, en el informe “Tendencias Globales 2020 - Cartografía del futuro global”, del Consejo Nacional de Inteligencia de los Estados Unidos, dedicado a estudiar los escenarios futuros de amenaza a la seguridad nacional de ese país, puede leerse: “A comienzos del siglo XXI, hay grupos indígenas radicales en la mayoría de los países latinoamericanos, que en 2020 podrán haber crecido exponencialmente y obtenido la adhesión de la mayoría de los pueblos indígenas (…) Esos grupos podrán establecer relaciones con grupos terroristas internacionales y grupos antiglobalización (…)que podrán poner en causa las políticas económicas de los liderazgos latinoamericanos de origen europeo. (…)Las tensiones se manifestarán en un área desde México a través de la región del Amazonas”. 
Sin dudas, la apreciación geoestratégica de Washington no se equivocaba: vemos claramente en Guatemala -así como se ve también en otros países de la región- estos movimientos indígenas y campesinos en una fuerte lucha contra toda la industria extractiva, vivida como invasión, como factor de exterminio. 
La respuesta del Estado, defensor en definitiva de los capitales (nacionales y multinacionales) y no juez ecuánime entre todas las partes, es la represión. Los despojos de tierras ancestrales en muchos casos son hechos por la propia policía y/o el ejército, instituciones del Estado pagadas con los impuestos de toda la población. Pero en estos momentos, la situación se pone peor aún para los sectores populares. Se vuelven a repetir modalidades que se dieron en los peores años de la guerra contrainsurgente. Es decir: asistimos a mecanismos de terror, con desapariciones, amenazas veladas y abiertas, asesinatos selectivos de líderes comunitarios. Ello, acompañado de la criminalización de todas las luchas campesinas. ¿Vendrán luego las masacres de poblaciones completas? 
De hecho, en estos últimos días esa represión se ha intensificado. En el último mes se ha presenciado la muerte de 7 líderes campesinos que enarbolaban luchas por sus justas reivindicaciones, con el silencio cómplice del Estado. En los norteños departamentos de Alta Verapaz y Baja Verapaz , la situación está al rojo vivo. 
¿Quién había dicho que la lucha de clases terminó? ¿Dónde quedó aquello de “resolución pacífica de conflictos”?

¿Dónde están los niños?

No hay cifra oficial de cuántos son

Una antigua instalación de Job Corps (un programa de capacitación para jóvenes de bajos ingresos), ubicado en Homestead, Florida, fue convertido en albergue para menores separados de sus padres, tras cruzar sin documentos la frontera sur de Estados Unidos.

Una niña de seis años repetía un número de teléfono que aprendió rogando a los agentes de migración que llamaran a su familia, un juez preguntado sobre cómo podrá comunicarse un menor con sus padres dijo que no tenía respuesta, oficiales no explican a madres detenidas cómo localizar a sus hijos arrebatados de sus brazos hace un día, una semana, un mes; algunos agentes de la Patrulla Fronteriza han dicho a padres que nunca más verían a sus hijos.

El presidente Donald Trump declaró este jueves que, junto con su orden de poner fin a las separaciones de niños de sus padres migrantes, había girado instrucciones para la reunificación de las familias separadas. Queremos ponerlas juntas, no deseamos te­ner a los hijos separados de sus padres, comentó en una reunión con su gabinete. Agregó que instruyó a varias dependencias federales que trabajen para “mantener juntas a las familias inmigrantes ilegalesdurante el proceso de inmigración y reunificar a estos grupos previamente separados”.
Pero esto podría ser difícil, ya que muchos padres no saben dónde están sus hijos, de quienes fueron separados al cruzar la frontera; algunos se encuentran en albergues ubicados a miles de kilómetros. De hecho, nadie tiene ni las cifras precisas de cuántos son; miles de los que fueron colocados con otros familiares o cuidadores no pueden ser ubicados por el gobierno (según un reportaje reciente de McLatchy, éstos podrían sumar 6 mil).
La agonía y angustia tanto de padres como de hijos al ser separados por la fuerza, y después para saber dónde está cada quien, y poder entrar en comunicación –con algunas madres diciendo que sus hijos son tan pequeños que aún no saben hablar–; tal sufrimiento, que pediatras y sicólogos advierten de daños irremediables para los menores y que ha llevado a algunos padres hasta el suicidio, ha girado sobre la pregunta ¿dónde están los niños?
Hasta que Donald Trump firmó una orden ejecutiva, el miércoles, supuestamente poniendo fin a la práctica universalmente condenada de separar a los niños de toda familia capturada al ingresar sin documentos a Estados Unidos por la frontera con México, por lo menos 2 mil 300 menores de edad fueron enviados en los últimos dos meses primero a centros de detención y después a una red de lo que han llamado albergues, pero privados de libertad. Los cálculos de niños separados desde el año pasado hasta la fecha son de más de 4 mil en total, pero aún no hay datos oficiales completos.
Según la llamada política de cero tolerancia anunciada en abril –pero aplicada desde meses antes–, todo migrante capturado al ingresar ilegalmente es acusado por el Departamento de Seguridad Interior de cometer un delito federal. Anteriormente, familias indocumentadas que solicitaban asilo eran liberadas y enfrentaban un proceso judicial civil. Sus hijos son separados e inmediatamente clasificados como menores de edad no acompañados, sumándose a más de 11 mil (la mayoría de los cuales ingresaron al país sin padres) que están bajo supervisión de la oficina de refugiados (ORR) de la Secretaria de Salud y Servicios Humanos.
Los menores son colocados en albergues –casi todos operados de manera privada bajo contrato con ORR–, donde pueden permanecer un promedio de 51 días. De ahí, el gobierno tiene la obligación de colocar a esos menores con guardas, en su gran mayoría padres y familiares que residen en el país. Los que no tienen familiares pueden permanecer mucho más tiempo en los albergues mientras se buscan guardas. En tanto, sus padres son procesados ante jueces de migración y potencialmente son deportados.
Los niños forzosamente separados –-incluso bebés de tres meses de edad– después de sus estancias en centros de la Patrulla Fronteriza, han sido colocados en albergues en por lo menos 12 estados, y tal vez hasta 20; nadie sabe exactamente. Todos son administrados por organizaciones privadas bajo contrato con el Departamento de Salud, en lo que se ha convertido en una in-dustria multimillonaria en auge.
El gobierno federal ha sido ­renuente a ofrecer detalles, y ni gobernadores o alcaldes son informados de estas operaciones, ni de quiénes están ingresando (el Washington Post está solicitando información del público para armar un mapa de instalaciones donde podrían estar los niños separados).
Algunos de los nuevos albergues se especializan en menores de 13 años, otros sólo alojan a cientos; otros a más de mil. El flujo de niños en las semanas recientes ha provocado que el sistema esté llegando a su máxima capacidad, y por lo tanto el gobierno está preparando abrir más instalaciones, incluso en bases militares.
Políticos, abogados y periodistas han logrado ingresar tanto a algunos de los centros de detención como a los albergues para menores de edad, donde han recogido testimonios e imágenes de niños muy pequeños gritando desconsolados por sus madres; de niños viviendo en jaulas y más ho­rrores que finalmente desataron una condena universal.
A la vez, se han revelado condiciones alarmantes. Este jueves, el gobernador de Virginia ordenó una investigación sobre quejas de abuso por adolescentes en un centro de detención de inmigrantes, donde afirman que fueron golpeados mientras estaban esposados y colocados en aislamiento, desnudos y temblando en celdas frías. Una investigación de la organización Reveal informó que el gobierno ha pagado más de mil millones 500 mil dólares durante cuatro años a empresas que administran albergues para niños inmigrantes que han sido acusado de prácticas graves, incluso en uno en Houston, donde algunos pequeños fueron inmovilizados e inyectados con poderosos fármacos antisicóticos. Southwest Key Programs, que ha firmado contratos multimillonarios con el gobierno para manejar más de 12 albergues, tiene más de 150 violaciones a las normas de salud.
Aun antes de la nueva orden, el gobierno no contaba con un método para reunir a padres e hijos, muchos de los cuales no saben dónde están unos y otros. Algunos han tardado meses para dar con sus pequeños, mientras eso se dificulta aún más para los adultos que han sido deportados sin sus hijos.
Foto Ap
David Brooks, Corresponsal
Periódico La Jornada
Nueva York

Trump acusa a México y a demócratas del caos migratorio que él generó en EU

Melania visita albergue en Texas

Se ha pedido al Pentágono preparar alojamiento para unos 20 mil indocumentados

Lo que más llamó la atención de la visita de Melania Trump a un albergue para niños separados de sus padres en Texas fue su chamarra con la leyenda: Realmente no me importa. ¿A ti?

El día después de que Donald Trump emitió una orden ejecutiva para, supuestamente, poner fin a la separación de niños y ahora enjaularlos junto con sus familias, prevaleció la confusión entre funcionarios y tribunales sobre cómo implementarla, mientras el Pentágono recibió la orden de preparar alojamiento provisional en bases militares hasta para 20 mil indocumentados y la primera dama realizó un visita sorpresa a Texas, donde aparentó ofrecer apoyo a los afectados por la catástrofe generada por su esposo.

Y el presidente, para variar, culpó a México –y a los demócratas– de casi todo.
En el transcurso del día, diferentes agencias ofrecieron versiones contradictorias sobre los próximos pasos a dar, mientras abogados y expertos señalaban que la orden ejecutiva no necesariamente pondrá fin a las separaciones.
Aunque Trump declaró este jueves que, con base en su orden ejecutiva, ha girado instrucciones a las dependencias relevantes del gobierno para mantener juntas a familias mientras sus casos son procesados y, más aún, reunificar a las familias que han sido separadas, la política de cero tolerancia del Departamento de Justicia que procederá penalmente contra todo inmigrante capturado que cruce la frontera sigue vigente.
Pero para mantener juntas a estas familias detenidas durante sus procesos tanto penales como de migración, se requiere modificar una orden judicial que prohíbe mantener a los niños en centros de detención por más de 20 días. Este jueves el Departamento de Justicia solicitó a un tribunal que aflojara los límites bajo esa orden judicial emitida en 1997, en lo que podría ser un alargado litigio que condiciona la implementación de la orden ejecutiva.
A la vez, analistas legales y otros expertos indicaron que la orden de Trump está redactada de tal manera que hay un amplio margen para continuar separando a familias, mientras organizaciones de derechos migrantes y sus aliados denuncian que esta solución sólo sustituye la detención de padres y familias separadas por la orden de encarcelar a todos juntos. Esto sólo es canjear una crueldad por otra, consideró la representante federal Pramilia Jayapal.
Trump, a su vez, continuó con su vitriólico discurso antimigrante, insistiendo en la necesidad de una frontera fuerte con un muro para defender al país de una inundación de migrantes que amenazan la existencia del país. En su reunión con el gabinete, de nuevo culpó a los demócratas de todo, al asegurar que a ellos no les importan los niños.
Al mismo tiempo, decidió atacar otra vez a México por no ayudar a frenar la inmigración indocumentada hacia Estados Unidos. México no está haciendo nada por nosotros, excepto tomar nuestro dinero y darnos drogas, acusó.
Por otro lado, el procurador general Jeff Sessions sorprendió a todos en una entrevista en la cual declaró: nunca realmente tuvimos la intención de separar familias, contradiciendo todo lo que argumentó anteriormente.
Pero también se envió otro mensaje: el régimen de Trump instruyó al Pentágono preparar alojamiento provisional en bases militares hasta para 20 mil migrantes; no quedó claro si eran para niños, como se reportó primero, o para familias enteras.
A la vez, protestas y condenas de todo tipo continuaron en diferentes puntos del país.
En Washington, más de cien integrantes de la Campaña de los Pobres –incluido su líder, el reverendo William Barber– fueron arrestados en el Capitolio luego de un acto de desobediencia civil para denunciar los ataques contra niños y familias.
En Nueva York, en las primeras horas del jueves, cientos de activistas respondieron a un llamado urgente de organizaciones de latinos, judíos y de defensa de derechos civiles, y hasta Michael Moore, para presentarse en el aeropuerto de LaGuardia y esperar a menores de edad que llegaron con el fin de ser ingresados a un albergue de niños inmigrantes; ahí fueron recibidos con gritos de no están solos y denuncias contra la política de Trump.
Poco antes, varias aerolíneas –American, United y Southwest, entre ellas– informaron a las autoridades que no estaban dispuestas a ofrecer transporte para trasladar a niños inmigrantes separados de sus padres por la fuerza.
Los gobiernos de 10 estados presentaron una demanda judicial con la intención de asegurar que el régimen de Trump no pueda continuar separarando a los niños de sus familias.
Alcaldes de unas 20 ciudades del país junto con líderes religiosos llegaron a una instalación para niños migrantes en El Paso, donde acusado a Trump de generar una crisis humanitaria.
La portada de la revista nacional Time muestra a un Trump gigantesco frente a la diminuta niña hondureña de dos años de edad llorando mientras su madre es detenida (imagen que capturó la atención del país) y un solo titular: Bienvenidos a America. La imagen de la aterrada niña se publicó en estas páginas el lunes pasado, https://bit.ly/2M10UJaMThe New Yorker ofreció una portada con un dibujo de niños escondiéndose en las faldas de la Estatua de la Libertad.
Por otro lado, ayer por la mañana la esposa del presidente, Melania Trump, realizó un viaje sorpresa a una instalación en McAllen, Texas, donde están detenidos 55 niños recién separados de sus padres. Visitó el albergue, anunciando que iba para ver en qué podría ayudar para reunir a las familias lo antes posible. Visitó unas aulas y platicó con los niños preguntado: ¿cuánto tiempo estarás aquí? ¿De dónde eres?, y al despedirse les dijo: sean amables y buenos entre ustedes. Ok. Fue un placer conocerlos.
Pero lo que captó la atención más allá de este esfuerzo de control de daños por el desastre que había provocado su marido, fue que al subirse al avión rumbo a Texas llevaba puesta una chamarra (reporteros de investigación encontraron la prenda en el catálogo de Zara)que tenía un lema en la espalda que decía: Realmente no me importa. ¿A ti?
De regreso llevaba una chamarra diferente
Foto Ap
David Brooks, Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 22 de junio de 2018, p. 27
Nueva York

La Federación de Maestros rechaza separación de niños migrantes de sus familias




La Federación de Maestros de Puerto Rico, (FMPR) rechaza e impugna la política impulsada por el Presidente Donald Trump de Cero Tolerancia para separar las niñas y niños inmigrantes de sus familias a la llegada a Estados Unidos. Es deplorable y una clara violación a los derechos humanos de cualquier ciudadano del mundo. Se estima que más de 2,000 niñas y niños inmigrantes han sido retenidos entre los meses de abril, mayo y junio del 2018. En estos momentos hay cientos de niñas y niños en lugares que han llamado refugios improvisados, pero a clara vista son jaulas.
El gobierno de Trump, imita al régimen nazi creando lo que en aquel fatidico momento llamaban campos de concentración. La política de cero tolerancia es una de cero derechos humanos. Separar los niños bruscamente de sus padres provocará un daño permanente, irreversible e irremediable que no debe ser tolerado por la comunidad mundial.
La FMPR se une ante el reclamo de justicia para los cientos de niñas y niños detenidos en jaulas, a sus padres, familiares y todo obervador de derechos humanos, así como a los grupos defensores de inmigrantes ante una política y practica inmoral de los procesos migratorios de separación de familias. Recomendamos un proceso de libertad y de liberación para cada uno una de las niñas y niños detenidos.
Reclamamos un proceso inmediato para que cada familia se reencuentre con sus hijas e hijos. Qué se le dé asilo político de manera temporal o permanente dentro de los Estados Unidos hasta que sus casos sean tramitados de buena fé. Qué prevalezca la seguridad y el porvenir de los menores y se les haga justicia en los foros internacionales.
La FMPR declara que las niñas y niños detenidos no representan ningún peligro para el gobierno de Donald Trump. Y que su practica podría estar representando un tráfico de menores, ya que en algunas de las imágenes sólo se observan niños.
En el caso de las niñas no habían revelado el lugar donde se encuentran y mucho menos la seguridad de las mismas, cuando se supone que se encuentren en los lugares menos restrictivos posible.
Desde Puerto Rico, las maestras y maestros reclaman y piden, que dejen de tipificar a los menores de edad como foráneos no acompañados, ya que la realidad es que las autoridadaes los han separados de sus padres y familiares.
La FMPR repudia toda inciativa o proceso para someter cargos, separar niños de sus padres, o cualquier otra manera ilegal o procesos penales a gente inocente que sólo busca una mejor calidad de vida. Nos unimos a la solidaridad internacional para que se haga justicia. ¡Enviamos un saludo sindical a todos los colegas en todo Estados Unidos, levantando la voz por las luchas!

El Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco condena los campos de concentración en EE.UU.



El Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco –MSICG- condena las políticas criminales impulsadas contra los migrantes por el Gobierno de Donald Trump que se ha valido de la separación de las familias y el sometimiento de la niñez a campos de concentración como un mecanismos de expresión más de odio xenófobo que de una política de Estado.
Más condenable y menos sostenible es la postura servil, sumisa y avergonzante del Presidente guatemalteco Jimmy Morales hacia el Gobierno de Donald Trump y que le ha llevado a expresar públicamente su apoyo y respaldo a la implementación de estos tratos indignantes hacia sus compatriotas y hermanas y hermanos latinoamericanos.
Debe apuntarse que el Presidente de Guatemala ha sumado a estas actitudes una actitud cobarde e irresponsable al pretender paliar los efectos de su servilismo y falta de dignidad nacional con la destitución de vocero presidencial aduciendo que las declaraciones rendidas no expresan la posición del Presidente de la República, esto a pesar de que él mismo ofreció en su oportunidad mano de obra barata para construir un muro en la frontera estadounidense y desafió a la comunidad internacional para apoyar el Genocidio israelí contra el Pueblo Palestino mediante el trasladado de la embajada guatemalteca a Jerusalén, esto a pesar de existir resoluciones de los principales organismos de la Organización de Naciones Unidas que desconocen la decisión del Estado israelí de tomar Jerusalén como su capital.
No obstante, y más allá de esto, al MSICG le preocupa profundamente que este odio xenófobo contra otros seres humanos, propio del fascismo y de ideas que han dejado profundas marcas de dolor en la humanidad, que se manifiesta de parte del Gobierno de Donald Trump hacia el pueblo latinoamericano y que es apoyado por el Presidente Jimmy Morales, no parezca una actitud aislada de sociópatas solitarios, sino que se perciba como posturas y acciones en otros Estados, como lo es el caso del Gobierno Italiano, con la intención de realizar un censo del Pueblo Gitano con fines segregacionista y la postura de algunos Gobiernos Europeos respecto a quienes buscan refugio huyendo del terrorismo y de las guerras.
El MSICG llama la atención que la migración o la búsqueda de refugio no se realiza con fines turísticos ni como actividad de placer para los migrantes y para sus familias, es la consecuencia de las políticas excluyentes y de saqueo impuestas por Estados Unidos y las potencias mundiales, sea a través de la presión financiera, la guerra de saqueo, la irrupción en las democracias nacionales para su desestabilización o la imposición de modelos de globalización que impiden el desarrollo de las sociedades a las que asignan la condición de excluidos del mundo, la economía e incluso de la humanidad.
El MSICG demanda del Presidente Jimmy Morales la renuncia a su papel servil hacia el Gobierno de Donald Trump y la reversión de todas las medidas adoptadas en esa lógica incluyendo la relacionada con el traslado de la Embajada Guatemalteca a Jerusalén y, en caso de no encontrarse esto dentro de sus posibilidades que, en respeto de la dignidad del pueblo de Guatemala presente su renuncia dando lugar a que pueda ocupar su lugar un Gobernante que represente los intereses plasmados en la Constitución Guatemalteca de la República de Guatemala.
Igualmente, el MSICG demanda de la comunidad y organismos internacional la congruencia necesaria para aplicar el derecho internacional y sancionar a los responsables de estos actos de odio como parte de un solo estándar y a los pueblos de mundo a reaccionar, cuestionar e impedir que el odio de la humanidad contra la humanidad se continúe propagando.
 ¡Una sola voz, una sola fuerza!
MOVIMIENTO SINDICAL, INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO

Díaz-Canel: “Hay que ser creativos y correr riesgos”


OnCuba

Para los primeros seis meses de 2018 el gobierno cubano estima un “desempeño aceptable” de la economía, aseguró Alejandro Gil, viceministro primero de Economía y Planificación, en una reunión del Consejo de Ministros realizado esta semana.
Gil dijo que estos resultados se logran “a pesar de las tensiones que la caracterizan”, entre las que citó la “insuficiente disponibilidad de recursos”, las afectaciones climatológicas, el incumplimientos en los ingresos por exportaciones, y el “recrudecimiento del bloqueo norteamericano y sus efectos extraterritoriales”, según informa el diario Granma.
No obstante, el viceministro estimó “moderados incrementos” en la construcción y el comercio, y “cumplimientos favorables” en las principales producciones agrícolas y la industria alimentaria. Además, dijo que es “positivo” que el turismo haya sobrepasado los 2 millones de visitantes, “gracias al rápido restablecimiento de todos los daños causados por el huracán Irma“.
Afirmó que la economía aún puede “seguir avanzando”, e insistió en “enfocar el trabajo a lograr mayores niveles de actividad y eficiencia”.
Miguel Díaz-Canel, quien presidió el Consejo de Ministros, comentó al importancia de priorizar inversiones de “impacto productivo” y puso como ejemplo las inversiones hidraúlicas “que aseguran agua tanto para la población como la agricultura”, las de la industria alimentaria “que sustituyen importaciones” y las realizadas en el turismo, “que aportan ingresos inmediatamente”.
Presupuesto del Estado en 2017
El Consejo de Ministros también analizó el presupuesto del Estado el año pasado. Al presentar un informe sobre el tema, la ministra de Finanzas y Precios, Lina Pedraza, dijo que la ejecución presupuestaria “registró un déficit fiscal inferior al aprobado por la Asamblea Nacional” por el “sobrecumplimiento de los ingresos y la inejecución de algunos gastos”.
De acuerdo con el informe, los ingresos tributarios y no tributarios del sector estatal representaron aproximadamente el 86 por ciento de la recaudación, “lo que ratifica a las empresas estatales como principales aportadoras”. Por su parte, las formas de gestión no estatal participaron en un 11 por ciento. El reporte de Granma no aclara a quién pertenece el 3 por ciento restante.
Se informó que el 29 por ciento del presupuesto se destinó a la salud pública y la asistencia social, 22 por ciento a la educación y 16 por ciento a la seguridad social, y que en 2017 más de 21,000 cubanos recibieron subsidios para acciones constructivas en sus viviendas, cuya entrega “tienen que agilizar” los gobiernos locales.
Sobre este tema, Díaz-Canel afirmó “que la población debe conocer más a fondo lo que el país invierte en materia de educación, salud y asistencia social, para que valore la influencia que la ejecución del Presupuesto tiene en sus vidas diarias”, informa Granma.
Gladys Bejerano, Contralora General de la República, dijo que en las auditorías practicadas a la liquidación del Presupuesto de 2017 se apreciaron “discretos avances” y comentó que se analizaron “varios casos de pagos excesivos por la realización de labores constructivas en diferentes instituciones estatales”, que son investigados por el Ministerio del Interior y la Fiscalía General.
Exportaciones e inversión extranjera
Rodrigo Malmierca, ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, aseguró que resulta “fundamental” incrementar los ingresos por exportaciones y la inversión extranjera, así como acceder a recursos externos mediante créditos de mediano y largo plazos.
Malmierca dijo que a pesar del incremento registrado tras la aprobación en 2014 de la Ley para la inversión extranjera, estas todavía tienen “un peso muy bajo en relación con la inversión total del país”. Explicó que, además de los efectos del embargo y la dualidad monetaria y cambiaria, “subsisten factores de carácter subjetivo y organizativo” que limitan las exportaciones, el uso de los créditos y la atracción de inversión extranjera.
Los avances en estas tres actividades “serán determinantes” en los resultados económicos de Cuba, enfatizó.
El Consejo de Ministros aprobó un grupo de medidas, entre ellas la realización de despachos mensuales para chequear “caso a caso” las exportaciones, los negocios con inversión extranjera y la gestión y ejecución de los créditos externos. Además, se incrementará el control sobre las empresas que realizan operaciones de comercio exterior.
Díaz-Canel dijo que “hay que ser creativos y correr riesgos” con las inversiones extranjeras, aunque “sin afectar nuestra soberanía”. El mandatario se refirió a la importancia de impulsar las inversiones, “por lo que representa para el desarrollo del país”, tal como ya ha hecho en intervenciones recientes.
Una semana atrás, aseguró que en Cuba “hay inversión extranjera para crecer, para exportar más, para tener más dinero” durante una reunión sobre la marcha del programa inversionista y las exportaciones en la que también exhortó a que las negociaciones sean “más viables” y “menos engorrosas”.

“La Educación superior no puede ser tratada como mercancía”

CRES 2018, Entrevista a Dr. Aldo Bona (ABRUEM):
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Dr. Aldo Nelson Bona
Imagen de UNICENTRO / gentileza M. Nei dos Santos

Entrevista colaborativa del Foro de Comunicación para la Integración de NuestrAmérica (FCINA) al Dr. Aldo Nelson Bona, realizada en el marco de la III Conferencia Regional de Educación Superior (CRES 2018).

Aldo Bona es rector de la Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná (Unicentro), presidente de la Asociación Brasileña de Universidades Estaduales y Municipales (ABRUEM) y miembro del Consejo de Gobierno de IESALC-UNESCO.

Pressenza: ¿Cuáles son los logros más sobresalientes de esta III Conferencia Regional de Educación Superior?

Entre los logros más destacados de la CRES está sin duda la renovación de la defensa de la educación superior en nuestro continente como un bien público, social, derecho universal y deber de los estados. Esta es una cuestión fundamental para la educación superior en América Latina en que los pueblos necesitan de la actuación de los estados en defensa de sus necesidades y derechos.

Esta reafirmación de la CRES es la cuestión central, la educación superior no puede ser tratada como mercancía y sobre todo, debe estar al servicio del desarrollo de las personas.

Pressenza: ¿Cómo se piensa avanzar en la integración y articulación del sistema público de universidades en América Latina y el Caribe?

Esta pregunta se articula con la primera. Yo pienso que otro de los logros de la Conferencia fue la renovación de la integración de nuestras redes universitarias. A partir de lo planteado en la CRES, el trabajo de nuestras redes se hace más fuerte, sus integrantes se conocen cada vez más, cada vez mejor y esa articulación que se promueve a través de los contactos es fundamental para la continuidad de la integración.

Pienso que IESALC[1] es un instituto fundamental para esta articulación. De la misma forma, las redes universitarias deben articularse entre sí.

La perspectiva de la cooperación Sur-Sur, que fue muy debatida en estos días, es decisiva para que nuestras Universidades se articulen y tengamos una educación superior fortalecida en nuestro continente.

[1] Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe

Agencia Latinoamericana de Información (ALAI): En relación al financiamiento de buena parte de la investigación por parte de grandes empresas (nacionales o transnacionales), cuyos intereses buscan influir en los resultados de la investigación (por ejemplo respecto al impacto de agrotóxicos en la salud); Este tema no parece estar presente en la declaración de la CRES2018. ¿Se discutió sobre esto en la Conferencia? ¿Cómo se defiende la autonomía y la ética académica ante estos intentos de injerencia y condicionamiento por parte de empresas privadas?

Yo no acompañé todas las discusiones y foros de la Cres, pero pienso que la cuestión de la financiación privada para la investigación en las universidades fue algo que se discutió en el Foro sobre la investigación para el desarrollo de Nuestra América.

En este particular, la Declaración final de la CRES resalta la cuestión central de la autonomía universitaria. No sólo por cuenta de la relación con el Estado, con los gobiernos, pero sobre todo respecto a la financiación privada para investigaciones en nuestras instituciones públicas.

Pienso que no es del todo malo y no se debe rechazar la investigación privada en nuestras universidades. Hay que promover una integración cada vez mejor y cada vez mayor entre nuestras universidades y sus comunidades, sean éstas las comunidades más necesitadas o aquellas que buscan la universidad en favor de la solución de sus problemas.

Pero esta financiación privada no puede determinar los rumbos y mucho menos determinar los resultados de las investigaciones. Si es una financiación que encomienda resultados determinados, entonces no es investigación seria, no es investigación que merece crédito universitario. En este sentido, no sólo la autonomía de la universidad está en riesgo, sino también la posición ética de la institución y de los investigadores necesita ser cuestionada.

Por mi parte, pienso que debe haber integración y colaboración de nuestras universidades también con las grandes empresas, con la producción de conocimiento para la resolución de problemas que generen también riquezas, pero eso no puede ser determinante de resultados en la investigación.

Pressenza: ¿Cómo han afectado a las universidades públicas en Brasil las actuales políticas del régimen de Michel Temer?

El gobierno de Michel Temer ha afectado directamente no sólo nuestras universidades sino todo el sistema nacional de ciencia, tecnología, producción de conocimiento. Las investigaciones están bajo riesgo constante por la falta de financiamiento, de presupuesto para tales actividades.

Es un régimen político que se estableció a partir de una toma de poder a través de una acción política sin legitimidad nacional y que se ha mostrado al servicio de intereses del Banco Mundial, de grandes grupos empresariales, con reformas en la estructura nacional. Entre los sectores afectados está la educación, con reformas – discutidas por la sociedad – en la educación media, en la educación básica y también con serias restricciones de presupuesto para nuestras universidades.

Es un momento muy difícil, muy triste en nuestro país y esperamos que el proceso electoral de este año que se realizará en Octubre pueda traernos nuevas alternativas y nuevas esperanzas para que la educación superior en nuestro país, que es una referencia, busque crecer cada vez más en calidad y no esté sujeta a estos ataques que están representando una verdadera desestructuración.

Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (Arpas): En el día de ayer (14/06) autoridades, docentes, empleados y estudiantes de la única universidad pública del país, la Universidad de El Salvador (UES), que se manifestaban pacíficamente contra una ley privatizadora del agua, fueron reprimidos por fuerzas de seguridad cuando intentaron entrar a la Asamblea Legislativa. Incluso gas lacrimógeno fue lanzado a la cara del rector de la Universidad y a varios estudiantes y trabajadores universitarios. ¿Quisiera Ud. emitir un mensaje al respecto?

Me gustaría transmitir un mensaje de solidaridad a la Universidad de El Salvador. Toda represión violenta es un atentado contra la democracia. No debería existir en ninguna forma en nuestro continente y en ninguna parte del mundo. La democracia, aún si no es un régimen perfecto de gobierno, es sin duda lo mejor porque se respeta las libertades individuales, el derecho de libre manifestación. La universidad debe estar siempre en defensa de estos derechos.

No conozco el caso específico, pero si los estudiantes y los trabajadores de la universidad reivindicaban y manifestaban pacíficamente en defensa de algo en lo que creen, pienso que la represión violenta sin duda alguna debe ser rechazada, no sólo por los medios académicos, sino también por toda la sociedad.

Es lamentable que esto haya acontecido. Nuestra solidaridad desde Brasil, desde la Asociación Brasileña de Universidades Estaduales y Municipales y mi solidaridad en tanto miembro del Consejo de Gobierno de IESALC a los pueblos, trabajadores y estudiantes de la Universidad de El Salvador.

Fundación para la Integración Latinoamericana (FILA): ¿Se estimula en las universidades públicas la formación de pensamiento crítico?

El deber de la universidad pública es la formación, la enseñanza para el pensamiento crítico. Si esto no ocurre, la universidad pública no cumple su rol, su misión, su objetivo. Pienso que en la mayoría, sino en todas las universidades, esto se estimula. No se puede decir que todas las instancias de la universidad estén trabajando en favor del desarrollo del pensamiento crítico, ya que las distintas carreras de la Universidad tienen también autonomía en su trabajo. Pero yo pienso que las universidades sí trabajan para el desarrollo del pensamiento crítico y que ésta es una función principal de la universidad.

FILA: ¿Qué significará para las universidades públicas la mercantilización de la enseñanza y del conocimiento?

La mercantilización del conocimiento y de la enseñanza es un gran problema, que se expande cada vez más en nuestro continente, que se establece en otros países de otros continentes; pero que en nuestra región de modo particular no es nada conducente, en razón de la necesidad que tenemos de atender a las personas que no tienen las condiciones para acceder a la educación superior si no es a través de la universidad pública.

Además lo que más preocupa en la cuestión de la mercantilización es el tema de la calidad. Cuando la educación se convierte en bien de mercado, no se está teniendo como objetivo mayor la calidad de la enseñanza sino los lucros, las ganancias financieras de los grupos que trabajan con la educación.

Pienso que el Estado debe ejercer firmemente su papel de regulación para garantizar la calidad. Como tal, regular la explotación de la educación con fines comerciales. Ésta no es deseable, sin duda, pero si no es posible contenerla en este momento en nuestro continente, se debe regular para que la calidad no deje de ser observada.

El audio de la entrevista completa


Entrevista FCINA Dr Aldo Nelson Bona (ABRUEM), por Javier Tolcachier




Participaron de la entrevista ALAI, ARPAS, FILA, Pressenza

Realización: Javier Tolcachier (Pressenza)

Edición de audio: María Cianci Bastidas (ALER)

Agradecimiento especial por su colaboración al profesor Marcio Nei dos Santos (UNICENTRO)



https://www.alainet.org/es/articulo/193624  

Zona de desastre

Guatemala

En Guatemala la vida se ha vuelto una prueba de resistencia contra adversidades. 
Al clausurar la zona devastada por las recientes erupciones del volcán de Fuego por ser de alto riesgo, las autoridades guatemaltecas ponen un sello a la búsqueda de víctimas y con ello impiden a los deudos cerrar su duelo. La tragedia, por lo tanto, continuará para cientos de familias sumidas en la incertidumbre y el dolor de haber perdido no solo sus hogares sino también a familiares, vecinos y amigos. Para quienes no hemos experimentado una pérdida semejante resulta imposible comprender la dimensión del drama de estas personas quienes, además de quedar a la deriva, se enfrentan a la dura realidad de depender de un Estado incapaz de ofrecer el apoyo mínimo que corresponde en estos casos.

Guatemala se ha convertido en zona de desastre y no alrededor de un volcán, sino alrededor de un congreso y un palacio de gobierno. Los extremos de ineptitud, indolencia y rapacidad (literal: adicto al robo y la rapiña) de sus autoridades han socavado las bases mismas de la institucionalidad y transformado al Estado en un monumento a la perfidia política. Hoy es imposible remontar hacia una ejecución transparente del presupuesto nacional o a la hipotética implementación de políticas públicas favorables al desarrollo de los sectores más necesitados. Quienes claman por un giro de timón de un presidente ausente e incapaz saben de antemano que no hay salida digna para esta administración, más que una renuncia en masa.

Para hacer el cuadro más ilustrativo del estado de la Nación hay que echar un vistazo al sector justicia, un pilar fundamental para la sostenibilidad del estado de Derecho en cualquier país del mundo. Las presiones descaradas contra los pocos jueces probos e incorruptibles dan testimonio del pánico presente entre los empresarios y políticos cuyas acciones han llevado al país al extremo de inestabilidad en el cual se encuentra. El avance de los procesos contra ex gobernantes, militares y miembros prominentes del sector empresarial ha sido torpedeado con recursos legales pero ilegítimos gracias a las trampas pergeñadas por los congresistas desde ya hace muchas décadas.

El acoso descarado de los magistrados de la Sala Tercera contra la jueza Erika Aifán, quien tiene a su cargo casos paradigmáticos contra la impunidad y la corrupción, demuestra sin lugar a dudas el nivel de pánico de quienes se ven afectados por el desempeño ético y probo de una representante del poder judicial y es una prueba contundente de los extremos a los cuales es capaz de llegar un pacto de corruptos cuyo único propósito es apoderarse de todos los estamentos del Estado y eliminar cualquier posibilidad de recuperación de la integridad institucional.

En Guatemala se habla de colapso del Estado, pero la realidad es una ausencia de Estado en toda su extensión. Es como si este hubiera sido reemplazado por una estructura paralela con intereses totalmente ajenos y opuestos al bienestar de la población, enseñando claramente cuáles son sus planes para la apropiación total de cualquier espacio de poder político y económico. La catástrofe no se avecina, ya está presente en el país y cualquier posibilidad de reversión de las malas decisiones ha sido bloqueada nada menos que desde las más altas instancias del gobierno. Se podría formular una ecuación matemática con los componentes actuales del poder (gobierno militar con careta civil) y desde ahí calcular las perspectivas de salir de la crisis actual sin perder del todo las oportunidades de consolidar un sistema democrático ya medio ausente del escenario. La crisis no viene, ya está instalada y solo queda buscarle la salida.

Las fumarolas anuncian desastre desde las instituciones mismas del Estado.  

viernes, 22 de junio de 2018

65 millones de refugiados y Julián Assange


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En medio de un sufrimiento y angustia tremendos, niños, niñas, mujeres, hombres, adolescentes, ancianas y ancianos escapan de bombas, masacres, degüellos, persecuciones. Cárcel y tortura siguen siendo motivo de huida en muchos lugares del mundo. Existen 65 millones de personas que han dejado de manera forzada su hogar. Esto que se reduce a estadísticas y cifras, significa perder la casa de la abuela, que parecía eterna, y que hoy es un agujero bordeado de negro por el fuego de la bomba maldita; dejar sus colores, sus olores, los amigos del barrio hoy destruido, el árbol aquel dónde te enamoré, el panadero y la vendedora de dulces; el parque y sus juegos infantiles, el autobús en el que íbamos al colegio y el carro de papá o el huerto de la vecina; el canto del gallo o la campana del colegio para el recreo.

Muchas veces perder al papá y la mamá, o la hermanita, o caer en el camino y jamás volverlos a ver. Y nos acostumbramos a ver esas fotografías de tragedia sin llorar. Todo ello han debido de abandonar sesenta y cinco millones de personas incluyendo la protección, aunque endeble, de sus estados y su país de origen, para irse a vivir a campamentos o en el mejor de los casos, a poblados y aldeas donde son mejor o peor recibidos por los lugareños.

Según cifras del Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR) cada 3 segundos una persona deja su hogar por causas de conflicto. Estas cifras ya parecen no asustar a nadie. Vemos barrios de ciudades preciosas como Bagdad, Trípoli o Damasco convertidos en tétricos esqueletos de edificios. La OTAN y los EEUU se empeñaron en la destrucción de países que habían alcanzado importantes niveles de desarrollo en la región como Libia, Irak, Siria y ahora los EEUU buscan la confrontación con Irán.

África saqueada, sigue pagando ser el continente que despierta codicias ilimitadas. América Latina no se queda atrás. Colombia con 7 millones de desplazados internos y medio millón de refugiados reconocidos en el exterior. Venezuela cercada, genera migraciones forzadas y ahora Nicaragua agredida a más no poder, con violencia creada por una contrarrevolución resurrecta, parece ser de nuevo el campo experimental de la CIA, para la destrucción de las nuevas democracias populares.

En la Embajada de Ecuador en Londres está asilado un ser humano, se llama Julián Assange. Él es merecedor de la protección internacional, porque desde WikiLeaks, reveló miles de documentos que revelan la decisión de afectar, dañar, conspirar, contra muchos países del mundo. Publicó, gracias a la filtración de uno o varios agentes, lo que la CIA preparaba en sus maquinaciones contra gobiernos y partidos progresistas.

Los principales diarios del mundo recogieron esta información y la publicaron para compartir con su público, con sus lectores, temas de interés universal y por supuesto para aumentar sus tirajes y ventas. Este es el delito de Assange. El delito de transparentar y compartir información, que todos absolutamente todos consideramos importante y preocupante. Por ello Julián Assange fue merecedor de la protección internacional a través del gobierno soberano del Ecuador, que en ese momento dirigía el Presidente Rafael Correa. (Aparecieron contra Assange, dos acusaciones en Suecia por haber hecho el amor sin preservativo, que allá es delito si no es mutuamente consentido. Una de ellas fue retirada, la otra ha prescrito.) Aquí en Quito hemos visto por la televisión y la prensa, cómo se trata de ridiculizar la figura del Asilo (el Asilo en una Embajada es un instrumento de protección latinoamericano). Hemos visto cómo se desmerece el enorme servicio que entregó Julián Assange en defensa de la soberanía de este y muchos otros países. Hemos escuchado desde las voces más retrógradas que Assange debe salir de la Embajada de Ecuador, ser consignado a las autoridades inglesas, quienes a su vez lo entregarán a los Estados Unidos (qué duda cabe) dónde será juzgado por traición (él es ciudadano australiano y ecuatoriano, por lo tanto no hay traición alguna) y seguramente condenado a muerte o a cadena perpetua. Todo ello si no lo asesinan o desaparecen por la calle.

Julián Assange merece la Protección Internacional como cualquier ser humano y en particular la merece por sus servicios prestados en defensa de la soberanía de países y gobiernos. (Me refiero a los gobiernos a los que les preocupa la soberanía)

Estados Unidos, bajo la presidencia de ese personaje demoniaco llamado Donald Trump, síntesis de la codicia y la maldad, anuncia su salida del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y defiende el hecho de separar a niños y niñas de sus padres y mantenerlos en jaulas. En este contexto, hoy más que nunca debemos reafirmar la necesidad de defender los Derechos Humanos y entre estos derechos, el derecho al refugio y al asilo. Hoy que 65 millones de personas requieren de protección internacional y hoy en el Día Mundial de los Refugiados y de las Refugiadas reafirmamos esta necesidad, justamente en defensa de una Patria Altiva y Soberana, desde la militancia de la Patria Grande.

Hoy más que nunca, Assange debe ser protegido y los miles de refugiados y solicitantes de refugio en Ecuador deben tener esas garantías de esa protección.

Luis Varese fue durante 24 años funcionario del ACNUR




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El retiro de EEUU del Consejo de Derechos Humanos

Gaza: una de las causas del retiro de EEUU del Consejo de Derechos Humanos
Foto: HispanTV



Este 19 de junio, Estados Unidos anunció oficialmente que se retira del máximo órgano de derechos humanos de Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos. En las líneas que siguen se intentará analizar las razones por las que Estados Unidos ha optado por retirarse, no sin antes exponer brevemente cómo se conforma este órgano de Naciones Unidas.

La membresía al Consejo de Derechos Humanos en breve

Se trata de un órgano intergubernamental creado en el 2006 y que se denominaba antes del 2006 Comisión de Derechos Humanos (véase enlace oficial). Es integrado por 47 Estados (véase lista de Estados Miembros en la actualidad) y es considerado como el principal foro de discusión sobre derechos humanos dentro del organigrama de Naciones Unidas. Por parte de América Latina participan en la actualidad como miembros Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Perú y Venezuela.

Nótese que cualquier Estado Miembro de Naciones Unidas puede presentar su candidatura para ser electo por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas como integrante del Consejo de Derechos Humanos: Estados Unidos obtuvo en octubre del 2009 un puesto, con 167 votos a favor, al igual que Bélgica y Noruega por parte del Grupo Occidental (véase nota oficial de Naciones Unidas sobre el detalle de las elecciones realizadas en el 2009). En octubre del 2014, tuvimos la oportunidad de analizar la elección de España y de Venezuela (véase nota publicada en DIPúblico ilustrada con los "regalos" de rigor a cada delegación por parte de los Estados que participaron en esta contienda).

En el caso específico de Costa Rica su candidatura fue superada por las de Bolivia, El Salvador y Paraguay en octubre del 2014, reuniendo Costa Rica tan solo 120 votos, y sin que optara por reconducir una candidatura desde entonces: véase nuestra breve nota sobre la no elección de Costa Rica en el 2014 publicada en DIPúblico, que concluimos indicando que "debiera también ser entendida como una clara señal invitando a Costa Rica a buscar la forma de recuperar paulatinamente el liderazgo que durante muchos años ostentó en materia de derechos humanos en el ámbito multilateral").

Es desde la antigua Comisión de Derechos Humanos (hoy Consejo de Derechos Humanos) que se fraguaron todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos adoptados desde 1945. Precisamente en este 2018, la comunidad internacional celebra los 70 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos, objeto de una reciente publicación en España (véase enlace) y cuya lectura se recomienda. Diversas actividades, foros y publicaciones, así como actos oficiales conmemorarán de muy diversas maneras el aniversario del texto fundacional del derecho internacional de los derechos humanos y es de esperar que en cada latitud del planeta, colectivos y organizaciones hagan ver a sus autoridades la necesidad de contribuir a este aniversario.

La sombra de Gaza detrás de la decisión de Estados Unidos

El pasado 18 de mayo, el Consejo de Derechos Humanos aprobó crear un mecanismo de investigación sobre la situación en Gaza, mediante una resolución adoptada con 29 votos a favor, 14 abstenciones y dos votos en contra (Estados Unidos y Australia) - véase nota de prensa de Europa Press. Por parte de América Latina, el único Estado en abstenerse fue, como previsible, Panamá. El tablero de votación se puede apreciar a partir de los 30 segundos en este enlace de Youtube.

En el párrafo operativo 5 de esta resolución, se lee que el Consejo de Derechos Humanos:

"5. Decide enviar urgentemente una comisión de investigación internacional e independiente, que designará el Presidente del Consejo de Derechos Humanos, para que investigue todas las presuntas violaciones y transgresiones del derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, en particular en la Franja de Gaza ocupada, en el contexto de los ataques militares contra las protestas civiles a gran escala que comenzaron el 30 de marzo de 2018, ya fuera antes, después de las protestas o durante ellas; establezca, con la ayuda de expertos competentes y de titulares de mandatos de procedimientos especiales, los hechos y circunstancias de las presuntas violaciones y transgresiones, incluidos los que pudieran constituir crímenes de guerra; identifique a los responsables; formule recomendaciones, en particular sobre medidas relacionadas con la rendición de cuentas, con miras a impedir y erradicar la impunidad y asegurar la rendición de cuentas ante la ley por dichas violaciones y transgresiones, incluida la responsabilidad individual penal y de mando, y proteger a los civiles frente a nuevos ataques; y presente, en forma oral, información actualizada al respecto al Consejo en su 39º período de sesiones, así como un informe final escrito en su 40º período de sesiones".

El texto completo de esta resolución adoptada el pasado 18 de mayo y pocamente difundida en medios de prensa internacionales puede ser consultado en los diversos idiomas oficiales en este enlace oficial de Naciones Unidas.




 


Tablero de votación al decidir el Consejo de Derechos Humanos el 23 de julio del 2014 crear un mecanismo de investigación para examinar la situación en Gaza a raíz de la ofensiva militar israelí durante el verano del 2014

A diferencia del Consejo de Seguridad, en el seno del Consejo de Derechos Humanos no existe posibilidad de vetar las resoluciones que se adopten por parte de algunos de sus integrantes: las decisiones se toman por el voto, en caso de ausencia de consenso entre sus 47 Estados Miembros. En la actualidad la situación en Burundi, Myanmar y Siria es objeto de procedimientos de investigación por parte del Consejo (véase enlace oficial en el que se puede apreciar que la situación en Siria es objeto de tres mecanismos distintos de investigación).

¿Investigaciones del Consejo de Derechos Humanos que perturban?

Resulta oportuno precisar que el 23 de julio del 2014, se creó un mecanismo de investigación para examinar la situación en Gaza a raíz de la ofensiva militar israelí durante el verano del 2014, con 29 votos a favor, 17 abstenciones y un solo voto en contra (Estados Unidos): los Estados de América Latina votaron todos a favor de este texto. El informe final de la comisión de investigación fue públicado en junio del 2015 y está disponible en este enlace.

Entre los diversos puntos de la agenda del Consejo de Derechos Humanos para este 2018, las graves exacciones cometidas por Israel en Gaza contra civiles palestinos desde el pasado 30 de marzo serán analizadas en el marco del punto 7 de la agenda de esta sesión que inició el 20 de junio en Ginebra. Se trata de un tema sobre el que Estados Unidos se ha mostrado particularmente irascible, buscando justificar el uso indiscriminado y desproporcional de la fuerza por parte de Israel contra los manifestantes palestinos: el detalle de estas exacciones fue precisamente presentado el mismo 19 de junio al Consejo de Seguridad en Nueva York (véase informe), de conformidad con lo establecido en la resolución 2334 adoptada en diciembre del 2016.

Cabe recordar con respecto a la resolución 2334 del Consejo de Seguridad, un hecho insólito en la historia política en Estados Unidos: el entonces Presidente electo de Estados Unidos presionó al Presidente en ejercicio y a Presidentes de otros Estados en aras de evitar a toda costa la adopción de esta histórica resolución. No logró su cometido, pese a las presiones ejercidas en la misma dirección por parte de Israel: véase breve nota nuestra sobre esta resolución adoptada gracias a la abstención de Estados Unidos, publicada en DIPúblico.

De algunas (pocas) reacciones a la decisión de Estados Unidos

La decisión de Estados Unidos de retirarse del Consejo de Derechos Humanos fue objeto de diversas reacciones oficiales, como por ejemplo la de la misma Unión Europea (UE) que aprovechó la ocasión para recordar el histórico papel de Estados Unidos en la defensa de los derechos humanos y el hecho que la Declaración Universal de Derechos Humanos celebrará sus 70 primaveras este 2018 (véase comunicado oficial de su vocera).

Suiza por su parte externó (véase comunicado oficial de la DFAE) que: "La Suisse est convaincue qu’un engagement actif des Etats-Unis aux travaux du Conseil a un effet positif sur la situation des droits de l’homme dans le monde. Elle respecte toutefois la décision souveraine des Etats-Unis et poursuivra sa collaboration constructive avec les Etats-Unis dans le domaine des droits de l’homme."

Mucho más moderada, la diplomacia británica se limitó a calificar de "regrettable" esta decisión norteamericana (véase comunicado oficial), al tiempo que Francia tituló su comunicado oficial (véase texto) "La France regrette la décision des États-Unis, annoncée hier, de se retirer du Conseil des droits de l’Homme des Nations unies".

Es muy probable que otras reacciones oficiales hagan ver la desaprobación e incluso el repudio a esta nueva decisión de la administración del Presidente Donald Trump, en particular por parte de los Estados que integran en la actualidad el Consejo de Derechos Humanos, así como por parte de entidades internacionales y de otros Estados que han posicionado el tema de los derechos humanos como parte de su política exterior.

A modo de conclusión

La alianza incondicional entre el actual ocupante de la Casa Blanca y las máximas autoridades israelíes es un hecho notorio y la decisión de Estados Unidos de retirarse del máximo órgano de derechos humanos responde a esta inédita situación. La solidez de esta alianza se evidenció el pasado 14 de mayo con la apertura de la embajada norteamericana en Jerusalén: una decisión unilateral que ningún Presidente de Estados Unidos se había atrevido a poner en práctica, por más solicitudes recibidas por parte de Israel. El único 15 de mayo, fueron 59 los palestinos que fallecieron durante las manifestaciones en Gaza y la cifra se ha duplicado desde entonces. A esta dramática cifra, hay que añadir más de 14.000 palestinos heridos por las fuerzas israelíes (véase informe al 12 de junio del 2018).

El pasado 15 de mayo, la delegada de Estados Unidos se retiró de la sala de sesiones del Consejo de Seguridad al iniciar su alocución el delegado de Palestina. Este 20 de junio, la silla del delegado norteamericano se mantuvo vacía al iniciarse la sesión anual del Consejo de Derechos Humanos, evidenciándose en un caso como en otro, la aislada posición de Estados Unidos. Cabe precisar que un intento de Estados Unidos de presentar un texto condenando expresamente a Hamas se presentó en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el pasado 1ero de junio, dando lugar a una inédita situación en los anales de Naciones Unidas: de quince votos posibles, el texto norteamericano obtuvo un solo voto a favor (Estados Unidos).

Es posiblemente la primera vez desde 1945 que Estados Unidos exhibe ante los demás integrantes del Consejo de Seguridad una soledad tan pronunciada, la cual evidencia la total pérdida de credibilidad de la diplomacia norteamericana.

Nicolás Boeglin
Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, UCR.
Contacto: nboeglin(a)gmail.com