EL ANALFABETA POLÌTICO
El peor analfabeta es el analfabeta polìtico èl no oye, no habla ni participa en los acontecimientos polìticos.
No sabe que el costo de la vida, el costo de los frijoles, del pescado, de la harina, del alquiler, del calzado y de las medicinas, dependen de las decisiones polìticas.
El analfabeta polìtico es tan animal que se enorgullece e hincha el pecho al decir que odia la polìtica.
No sabe el imbècil que de su ignorancia polìtica, proviene la prostituta, el menor abandonado, el asaltador y el peor de todos los bandidos que es el polìtico aprovechado, embaucador y corrompido lacayo de las empresas nacionales y multinacionales.  Bertolt Brecht..

domingo, 2 de agosto de 2015

Las revoluciones: en Cuba aplacada, en Venezuela perpleja y en México aplazada… por EEUU


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Las revoluciones: en Cuba aplacada, en Venezuela perpleja y en México aplazada…  por EEUU
Pedro Echeverría V.

1. Me preguntan: ¿Por qué todo lo que sucede en política, en economía, en ideología, en todo, se culpa a los EEUU y su gobierno? Culpar a los EEUU es un decir, la realidad es que no se culpa al pueblo; se culpa a los gobiernos, a los fabricantes de armas, a la poderosa clase imperialista  que con sus guerras, invasiones, saqueos e inversiones, ha dominado al mundo y se ha convertido en intervencionista seguro. Todas las protestas impulsadas por los empresarios y la derecha contra políticas populares han sido promovidas por los agentes proyanquis en cada país. Por ello el aplacamiento de la revolución en Cuba, el golpismo en Venezuela y el aplazamiento de una revolución tan necesaria en México, sólo tiene un nombre: la amenaza de los EEUU.

2. Que los gobiernos de los Castro en Cuba y los de Chávez y Maduro cometieron errores en sus gobiernos es obvio, pero son muy secundarios si analizamos lo que ha hecho el imperio de los EEUU en esos países. En Cuba –así como en Rusia en 1917- no sólo sus revoluciones tomaron el gobierno en esos países sino el poder. Fueron tan radicales aquellas revoluciones armadas y violentas que expropiaron a los expropiadores. Basta con ver lo que sucedió en los primeros siete años en Rusia y en los primeros siete años en Cuba. Las revoluciones estaban barriendo internamente con el sistema de explotación capitalista y se convertían en un ejemplo; había entonces para los gringos, pararlas, desvirtuarlas y aniquilarlas.

3. Los gobiernos yanquis y sus poderosos banqueros (los más grandes en el mundo) siempre han contado con toditos los elementos para hacer caer al gobierno que quieran o, por lo menos, meterlo en problemas graves. En Venezuela –donde no hubo una revolución violenta- aceptaron a Chávez (como a Fidel Castro en los primeros meses) pensando que sería otro gobierno servicial como todos los anteriores. Pero o, ¡sorpresa! Chávez comenzó a politizar al pueblo, a hacer reformas constitucionales, a contradecir al gobierno de los EEUU y, teniendo la experiencia de Castro, comenzaron a preparar –con empresarios y medios de información- un golpe de Estado que dieron en abril de 2002 que sólo duró 48 horas porque el pueblo salió a las calles.

4. ¿En México el pueblo no es cobarde o temeroso para luchar? Lo que ha sucedido es que la burguesía moderna lleva un siglo dominando y ha logrado una enorme capacidad de mediatización y control. La guerrillas que planteaban el poder para el pueblo desde 1965 (Gámiz, Jenaro, Lucio, EPR, EZLN, etcétera) demostraron no poder frente a un millón de soldados del ejército y la marina. Pero por otro lado –lo más importante- esa burguesía entregó gigantescos privilegios: subsidios, diputaciones, programas televisivos, privilegios, a partidos y políticos con la condición que se disciplinen a lo electoral. Aquí el imperio operó aconsejando al gobierno, presionándolo, vendiéndole armas, capacitando a las fuerzas armadas y endeudándolo hasta el copete.

5. Obvio en México no fueron simples consejos, sino condiciones firmadas con el FMI. Es lo mismo que el imperio busca lograr con el futuro en Cuba en estos meses de apertura de relaciones y en Venezuela si Maduro acepta llegar a acuerdo con el empresariado y la derecha; si esto último no es aceptado seguirán las protestas derechistas provocadas con la “desaparición” de mercancías, carestía, presiones, con el dólar, comunicaciones y transportes. Mientras viva el imperio yanqui cualquier protesta, rebelión, revolución, será aplastada de una u otra forma. Por ello lo que sucede en China y en el BRICS y debilite a EEUU, debe interesarnos; así como cualquier rebelión interna de migrantes, negros, desempleados que se registre en EEUU.

6. Me pregunto: ¿Pudo Cuba después de su revolución en 1959 y expropiar a los expropiadores, al decretársele el bloqueo económico en 1962, mandando al carajo a todos, construir una isla económica dedicada al autoconsumo si su economía era esencialmente azucarera? ¿Puede Venezuela expropiar a los expropiadores o por lo menos a las 100 empresas más importantes y derechistas sin que los yanquis organicen y pongan en práctica otro golpe de Estado? A veces se piensa que los dirigentes no se atreven a radicalizar al pueblo para que él tome en sus manos el poder; pero también se piensa que los yanquis pueden bombardear, invadir y asesinar. Lo mismo se piensa en México: No podemos hacer nada porque estamos invadidos por todos lados.

7. Mis amigos conformistas dicen que estábamos peor en fuerza hace 50 años; aunque se enredan cuando escuchan que el 80 por ciento de la población sigue viviendo en condiciones de pobreza y miseria. Olvidan que hace 50 años las fuerzas armadas llegaban a 50 mil y hoy son de un millón para acordonar todas las manifestaciones. No recuerdan que en los años sesenta los mil agitadores teníamos claro que el gobierno, los empresarios y el imperialismo eran los enemigos de la nación; hoy el PRI, PAN, PRD, los empresarios y los medios de información –unidos a 100 mil policía yanquis controlados en su embajada- tiene el poder en el país y muy poco se dan cuenta porque todos los partidos y políticos han sido enredados en la maraña electorera. (1/VIII/15)

ALEPH: Cooperación: ¿sí o no?

Carolina Escobar Sarti

 Entre menos Estado-nación tengamos, más comunidad internacional vendrá a decirnos qué hacer. Y es que el juego de las naciones en el marco de la geopolítica no es malo ni bueno, lo malo o lo bueno es en qué condiciones juegan esas naciones. Guatemala está a dos horas en avión de la potencia más grande del planeta, lo cual ya le imprime un sello diferente a países que giran en otras órbitas. Además, somos parte del corredor migratorio más grande del mundo, lo cual agrega elementos para el análisis. Encima de todo, hemos sido colonia (de manera oficial o de facto) durante siglos, y los únicos diez años durante los cuales no tuvimos tan encima a españoles, ingleses o estadounidenses, fueron los de la primavera democrática, que terminaron pronto.
Por otro lado, el sobadísimo argumento de la soberanía puede ser un máximo deseable, pero no una realidad inmediata probable si consideramos lo anterior y lo sumamos a los niveles de desigualdad, subdesarrollo, corrupción, impunidad y exclusión que han caracterizado a Guatemala por décadas. Por ello, la soberanía sigue siendo esgrimida como menú a la carta: de pronto nos conviene, de pronto no la queremos. Si es en el tema económico sí (o no, depende de quien califica) y si es en el de Derechos Humanos no (o sí, depende de quien califica). Además, en el siglo de la inmediata comunicación en redes y de los países permanentemente interconectados, la soberanía necesita ser conceptualmente replanteada.

Sostenemos muchas veces la visión provinciana o ingenua de que los trapos sucios se lavan siempre en casa, cuando sabemos que Estados Unidos, por ejemplo, tiene una agenda hemisférica y tanto ese país como otros, tienen intereses bien definidos. Aquí hay una lavandería completa que ha quedado expuesta a la mirada del mundo, por lo cual eso de los trapitos se queda corto. La soberanía no la gana una nación solo porque no tiene a la comunidad internacional encima, sino porque es una nación financieramente sólida, políticamente segura, jurídicamente cierta y socialmente justa.

No sirve pecar de inocencia o de ignorancia respecto de las agendas de las misiones diplomáticas en nuestro país. Basta buscar en internet para enterarnos de los propósitos de cada una de estas misiones. Por ejemplo, en la información de la Embajada de EE. UU., bajo el rubro “Misión de Estados Unidos en Guatemala” dice, entre mucho más, que “La Misión busca promover los intereses de Estados Unidos” en nuestro país, a través del contacto con el Gobierno y otros sectores de la sociedad guatemalteca. No es novedad: cada país trae su misión bajo el brazo.

Por ello, necesitamos un Estado más sólido y una democracia representativa y plena, con agenda propia. Porque desde el siglo pasado no han sido realmente nuestros gobiernos los que han negociado los niveles de presencia extranjera en el país, sino algunos grupitos de poder que los arrodillan y siguen haciéndolo (incluso estas últimas semanas) en Washington. Está bien que los grupos den a conocer sus propias agendas, pero lo que toca es que la agenda sea de nación, no sectorial. Sobre todo cuando son agendas que atentan contra la vida de millones de personas que habitan estos 108 mil kilómetros cuadrados.

En este momento de nuestra historia, la presencia internacional ha jugado y está jugando un papel fundamental. El espaldarazo permanente a la Cicig y el día de ayer a la fiscal del Ministerio Público, además de la presencia en el Congreso de la República en semanas anteriores y en juicios de casos paradigmáticos para Guatemala, están dejando clara su posición. Eso nos hace sentirnos menos solos frente a las mafias que tienen secuestrado al Estado. Quizás en unos años hayamos ganado músculo y democracia, y entonces podremos relacionarnos de otra manera con la cooperación. Por ahora, jugamos bajo estas condiciones y dejamos en el tintero un tema fundamental: la ética de la cooperación, sobre todo en un país como el nuestro.


cescobarsarti@gmail.com

Colombia. Violencia es a “desarrollo” extractivista, lo que hipocresía a capitalismo.

El nuevo rostro del capitalismo, ahora llamado neoliberalismo, nos muestra por doquier, mayor voracidad represión e injusticia al día de hoy, como lo podemos deducir, aquí o allá, en la realidad que estamos viviendo, a nombre de un mal llamado desarrollo; la perversidad del capitalismo desde su mismo inicio, ha estado presente en la afectación de las grandes mayorías y especialmente de los pobres, producto de la lucha de clases. Por los  años 80 en Colombia se construía una represa llamada Salvajina en el Departamento del Cauca y por aquella época no escuchábamos hablar de neoliberalismo y sin embargo, dicha obra, por aquella época desplazo del municipio de Suarez Cauca, a más de 18.000 seres humanos,  dejando a las comunidades, oro y pobreza.


Hoy escucharan información recogida en el foro “extractivismo y experiencias de resistencia en los territorios”, organizado por ASOQUIMBO y el Movimiento RIOS VIVOS, que se llevo a cabo en Bogotá, en el auditorio Luis Guillermo Vélez del Congreso de la Republica, el pasado 29 de julio.


Salió a relucir en las intervenciones de las comunidades, una verdad ya rebelada a gritos: el hecho de que la academia, cada día mas esta al servicio del mercado y de las Multinacionales, y que afectados por la Represa el Quimbo, refieren el nefasto papel de la Universidad Nacional. AHORA, EN BUENA MEDIDA, LA ACADEMIA ESTA COMPUESTA DE MERCACHIFLES, QUE SE ARRASTRAN TRAS LAS BORONAS QUE CAEN DE LA MESA DE LOS BURGUESES Y OLIGARCAS. 


Simultáneamente al desarrollo del foro, un grupo de campesinos y campesinas, tomaban las oficinas del INCODER, para obligar al Gobierno Nacional a la instalación de una mesa Nacional de Tierras, como efectivamente sucedió, para resarcir a los miles de campesinos que han sido afectados por los megaproyectos de las Multinacionales.


Entre otras, los defensores de Derechos Humanos y de la naturaleza, son estigmatizados y victimizados, aunque para ello se recurra a la fuerza, o a lo que para los dueños del poder, sea necesario. PESE A ELLO, PAOLA SALGADO, UNA DE LAS DETENIDAS, VICTIMA DE "FALSOS POSITIVOS JUDICIALES", HABLANDO A NOMBRE DE SUS COMPAÑEROS DE CAUSA, ENVÍA SU MENSAJE, POR ESTE MEDIO. 


A propósito, se ha hecho efectiva medida de aseguramiento en contra de los trece jóvenes  procesados inicialmente por un delito y posteriormente por otro, victimas de un falso positivo judicial; según el diario el espectador,  la abogada Gloria Silva, quien defiende los intereses de la contratista del Distrito, Paola Salgado, anunció que presentará una denuncia en contra de la jueza 72 de garantías por el delito de prevaricato por acción, por la presunta reunión que se habría adelantado en la mañana del pasado martes, pocos minutos antes de iniciarse la audiencia con un general de la Policía, en su despacho.


Y RECUERDEN……
Todos los sábados, “Alternativa Latinoamericana del Canadá”  http://alternativalatinoamericana.blogspot.com/                 trasmite en español un programa de tres horas y en la primera hora del programa se transmite “Reporte Colombia”, un programa de 30 minutos sobre el acontecer colombiano, realizado por el colectivo “Radicales Libres”, que puede ser escuchado igualmente, en directo,   por CFRU.CA  http://cfru.ca/,   a partir de las 6 PM hora canadiense. Este sábado 1 de AGOSTO, TRANSMITE “Reporte Colombia”.
SIGANOS EN: el siguiente enlace de la página de Ivoox, le permitirá descargar y escuchar el audio del programa.
Facebook: Reporte Colombia






Visite: en el siguiente enlace, podrá usted también encontrar en la sección “radio”, los respectivos audios de “reporte Colombia”, los cuales también podrán ser descargados y escuchados.






Y para quienes desean escuchar el programa radial en directo, les recomendamos visitar el enlace CFRU.CA  http://cfru.ca/ los días sábados a partir de las 6 PM hora Canadiense, que unas veces coincide con la hora Colombiana y otras, se halla atrasada una hora con relación a Colombia.

sábado, 1 de agosto de 2015

Programa Alternativa Latinoamericana y Tiempo de Mujeres en CFRU 93.3 FM la radio comunitaria de Guelph sabado 1o de agosto 2015

Desde cfru 93.3 fm, Radio de la Universidad de Guelph 

en Ontario,Canadá

Madeleine Speed, Hilda Venegas y Sergio Pochón


escúchanos en www.cfru.ca los sábados de las 18.00 a las 21.00 hrs

tiempo del Este.

*** 

Bienvenidos al Programa

con Sergio Pochon
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Nuestro resumen semanal de noticias 
El acontecer latinoamericano de ésta semana
con las noticias mas destacadas de los ultimos dias

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Reporte Colombia  
Luis Alberto Castaño con su 
Colectivo Radicales Libres
Silvia Oviedo, Leandro Murillo
nos hablan de la situación en Colombia
***
Entrevista con el periodista y activista mexicano
el Maestro Pedro Echeverria hablamos sobre Cuba, Venezuela y Mexico 
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Desde cfru 93.3 fm la Radio de la Universidad de Guelph
en Ontario, Canadá
escuchalo cada sabado en www.cfru.ca

MUJERES POR LA DEMOCRACIA

Bienvenida al programa de hoy
Noticias de Género en la Red



Género en la mira con

 Daniela Villegas
de vacaciones por motivos academicos

una de las definciones sobre violencia institucional más acertada me parece la que marca el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina que indica que “ Violencia institucional: Aquella realizada por las/los funcionarias/os, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública, que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta ley. Quedan comprendidas, además, las que se ejercen en los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil.”, luego entonces las leyes existen y están ahi pero no se aplican, lo que siginfica un delito de comisión por omisión en donde organismos o instituciones no hacen lo que deben hacer produciendo peores males o delitos, esto es aplicable a Organismos Internacionales también ya que llevan a cabo tratados con diversos países sin darles un debido seguimiento de cumplimiento conformando sólo nuevas propuestas y nuevos tratados que de seguir la forma no nos harán llegar muy lejos, esto es lo que sucede con la Agenda de Desarrollo Posterior a 2015 de la ONU, donde ya tiene fuertes críticas ya que carece con urgencia de una estrategia de implementación clara y rendición de cuentas que permita poder obligar a loss gobiernos a rendir cuentas con respecto a su aplicación y seguimiento, interesante no creen?

Y seguimos con la ONU, que en octubre cumple 15 años de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad y el histórico documento sobre mujeres, paz y seguridad que reconoce el impacto desproporcionado que tienen los conflictos armados sobre la población femenina, que como sabemos, queda excluida de los procesos de paz, la resolución aboga por incluir a las mujeres participando total y equitativamente en la prevención de conflictos, las negociaciones de paz, la respuesta humanitaria y la reconstrucción, pero a la resolución 1325 le siguieron otras seis y a pesar de todos esos compromisos sobre el papel, la implementación de la agenda de mujeres, paz y seguridad en el terreno sigue rezagada, qué sucede que no avanzamos con la ONU ?? 

Pero dentro de lo malo lo bueno, y tenemos una muestra de como la organización de las mujeres produce aciertos con lo sucedido en Ciudad Juárez las organizaciones Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, y Justicia para Nuestras Hijas logró llevar a un juicio que sentenció a 697 años de prisión a cinco responsables de una red de trata de personas, vinculados al menos con 11 feminicidios, un arduo trabajo de las mujeres que ante la falta de responsabilidad de las autoridades por resolver los feminicidios lograron resolver lo que las Instituciones encargadas de la seguridad no han hecho dando con esto una gran esperanza de verdadera justicia

y continuamos con el programa de   nuestra querida amiga María Néder y sus Mujeres de Puerto Almendro, un espacio para conocer de las mujeres latinoamericanas instrumentistas, compositoras y cantautoras a lo largo del tiempo

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Oscuro informe de la ONU sobre los derechos humanos en Canadá


Crédito de la foto: ONU

Leonora Chapman | amlat@rcinet.ca

La reputación de Canadá como líder mundial en los derechos humanos ha recibido un golpe.

Un estudio de diez años realizado por las Naciones Unidas concluye que Canadá no solo está fallando en cumplir con las metas y obligaciones internacionales, sino que está retrocediendo cada vez más.
Y lo más preocupante es el hecho de que activistas de derechos humanos en Canadá se preguntan  si a los responsables de la defensa de nuestros derechos les importa realmente el tema.
Escuche
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© CBC
Violencia contra las mujeres aborígenes, ley antiterrorista, uso excesivo de la fuerza en las manifestaciones: el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas presentó un balance crítico de Canadá en esta materia.
El primer informe de la ONU sobre Canadá en 10 años publicado el jueves, mide si el país ha cumplido con sus obligaciones de derechos humanos.
Al menos 26 organizaciones de derechos humanos, entre ellas la Asociación Canadiense de Libertades Civiles, Amnistía Internacional Canadá y Human Rights Watch, presentaron sus propios informes por separado al comité independiente de 18 miembros sobre las distintas cuestiones.
La mitad del informe concierne los derechos de los pueblos aborígenes, con un enfoque en las mujeres aborígenes muertas o desaparecidas.
“Se habla también de su sobrerrepresentación en la cárcel, su derecho al consentimiento libre e informado cuando uno va en su territorio para explotar los recursos, los servicios a los niños”, dice la directora ejecutiva de Amnistía Internacional para el Canadá francófono, Beatrice Vaugrante.
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Béatrice Vaugrante, directora general, Amnistía Internacional del Canadá francófono © Radio Canada
El Comité recomienda que Ottawa lleve a cabo una investigación nacional y pública de las mujeres aborígenes asesinadas o desaparecidas. Una demanda exigida por muchos grupos de defensa de derechos indígenas, líderes de las Primeras Naciones y ex primeros ministros.
“Este es exactamente el tipo de investigación que queremos, igual que los enviados especiales que investigaron [...] todos van en la misma dirección”, dijo la coordinadora del programa en Administración Pública aborigen de la  ENAP, Michelle Audette.
El Comité de la ONU pide también a Ottawa implementar las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación sobre las escuelas residenciales, además de poner fin a la asimilación de las lenguas de las Primeras Naciones. Según la Sra. Audette, eso sería “un buen paso” por parte del Gobierno, con el que el diálogo se “cortó” desde el advenimiento de los conservadores.
Ley antiterrorista, manifestaciones y desigualdades salariales
La Ley Antiterrorista aprobada en 2015, proveniente del proyecto de Ley C-51, también es parte de las deficiencias señaladas por el informe de la ONU.
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Manifestaciòn contra la ley C51 © CBC
La vigilancia masiva y el aumento de los poderes del Servicio de Inteligencia de Seguridad Canadiense (CSIS) representan un riesgo para los derechos humanos, indica el análisis de la ONU. Una vez aplicados plenamente, podría incluso llevar a Canadá a violar convenios internacionales que ha suscrito.
También se informa de las violaciones de los derechos humanos cometidos en el extranjero por las empresas mineras canadienses. Debe crearse un mecanismo independiente para que las víctimas de estos abusos puedan utilizarlo, sugiere el comité.
Otro aspecto abordado es la situación de los migrantes y denuncia el encarcelamiento sin límite de tiempo de algunos solicitantes de asilo.
Sobre el derecho a manifestar, Naciones Unidas está preocupada por el uso excesivo de violencia por parte de las autoridades y las detenciones masivas que tuvieron lugar durante ciertos eventos. Nombra como ejemplo las que se produjeron durante la Cumbre del G-20, en 2010, así como la de primavera de los estudiantes en Quebec, en 2012, y más recientemente, las manifestaciones en 2015.
“Claramente, estamos diciendo: atención, estamos tocamos incluso a los defensores de los derechos humanos. El espacio del derecho a disentir, el espacio del derecho a decir que no estamos de acuerdo, y a mostrarlo en una manifestación, está siendo atacado. ” – Béatrice Vaugrante, secretaria general de Amnistía Internacional para el Canadá francés
El informe recomienda al Gobierno  ”garantizar que todas las denuncias de uso excesivo de la fuerza sean procesadas ​​con prontitud e imparcialidad.”
El uso de la ley de impuestos contra organizaciones no gubernamentales y la brecha salarial entre hombres y mujeres – en particular en Alberta y Terranova y Labrador – también han sido señalados.
Y por primera vez en este informe publicado cada 10 años, el comité denunció la falta de cooperación del gobierno en algunos expedientes.
A los ojos de Béatrice Vaugrante, este informe de la ONU se  resume en una regresión de los derechos humanos en el país.
Canadá deberá ahora explicar por escrito cómo se propone el seguimiento de este informe, para mejorar su historial de derechos humanos.
Lista de algunas de las críticas y  recomendaciones del comité de la ONU:
*Negocios: “abusos de los derechos humanos por parte de empresas canadienses que operan en el extranjero, en particular, las empresas mineras,” deben ser abordado por una autoridad independiente y un marco que dé a las víctimas la posibilidad de recursos legales.
*Igualdad de género: El comité señala “la persistencia de las desigualdades entre mujeres y hombres” en Canadá y quiere una legislación de ingreso justo en todo el país “, con un enfoque especial en las minorías y las mujeres indígenas.”
*Violencia contra las mujeres: la violencia persistente contra las mujeres en Canadá, y “la falta de datos estadísticos sobre la violencia doméstica”, lleva al Comité a pedir mejores protecciones legales para las víctimas, y más refugios y servicios.
*Mujeres aborígenes desaparecidas y asesinadas: A raíz de los informes sobre las mujeres asesinadas y desaparecidas, el comité dijo que “las mujeres y las niñas indígenas son desproporcionadamente afectadas por las formas de violencia, homicidios y desapariciones que amenazan la vida». Dice que debería haber una investigación nacional.
*Proyecto de ley C-51: la nueva ley antiterrorista de Canadá permite la vigilancia de masas y demasiado intercambio de información dice el comité. Sugiere que Canadá debería revisar esa ley y permitir mejores garantías jurídicas.
*El uso de la fuerza por la Policía: El comité señala la fuerza excesiva durante las protestas como las del G-20 en 2010 y recomienda investigaciones imparciales rápidas, junto con el enjuiciamiento de los responsables cuando se justifique.
*Los refugiados y la inmigración: al comité le preocupa que a las personas provenientes de países designados como “seguros” se les niega una audiencia de apelación ante la División de Apelación de Refugiados y sólo se les permite una revisión judicial ante el Tribunal Federal” – lo que aumenta el riesgo de que puedan ser expulsadas.
El comité de la ONU pide al gobierno responder en el plazo de un año respecto a lo que se propone hacer sobre estos temas planteados en repetidas ocasiones.
CBC/Radio Canada

viernes, 31 de julio de 2015

El canal interoceánico por Nicaragua


Gilberto López y Rivas

La Academia de Ciencias de Nicaragua (ACN) –prestigiada agrupación establecida con el propósito fundamental de fomentar y difundir la ciencia, la investigación y la cultura científica como elementos básicos para el desarrollo humano sostenible– está por publicar la segunda edición ampliada de un libro imprescindible para el análisis de la actual coyuntura que atraviesa la entrañable patria de Sandino: El canal interoceánico por Nicaragua, aportes al debate (Managua, 2014, segunda edición, 2015).

Producto de cuatro foros organizados por la ACN en 2013 y 2014 y un taller internacional con 15 expertos mundiales, el texto reúne, además de importantes notas introductorias, presentación, introducción y los anexos documentales correspondientes, los trabajos de 13 connotados especialistas en biología, biotecnología, ingeniería ambiental, zoología, ecología, filosofía, derecho, economía, finanzas públicas, agronomía y sociología. Los capítulos de la obra versan en torno a las consideraciones ambientales del proyecto; las contradicciones entre el desarrollo económico y la protección ambiental; la importancia de los ecosistemas acuáticos; el aprovechamiento óptimo y la protección del gran lago de Nicaragua (Cacibolca); los posibles efectos del canal sobre la biodiversidad; el proyecto en el contexto del cambio climático; las consideraciones jurídicas sobre la ley 840 y el acuerdo marco de la concesión canalera; los aspectos jurídicos-contractuales; su impacto en la hacienda pública; la ilusión del desarrollo; su incidencia en la construcción de la nación nicaragüense y sobre los pueblos indígenas y afrodescendientes, así como las vías de desarrollo para el país en el contexto de las grandes inversiones internacionales.

La obra atravesaría el país de este a oeste, tendría 287 kilómetros de largo y cruzaría 105 kilómetros del lago de Nicaragua; su profundidad sería entre 27.6 y 30 metros, con una anchura variable entre 230 y 520 metros. La concesión por 50 años, prorrogables a 50 más, incluye, al menos, dos puertos, un aeropuerto internacional, carreteras, una zona de libre comercio, complejos turísticos, un lago artificial de 395 kilómetros cuadrados, así como plantas de acero, cemento y electricidad.

En las notas a la segunda edición, escritas por los colegas Manuel Ortega Hegg y Jorge A. Huete Pérez, se destacan tres tipos de preocupaciones de la comunidad científica nicaragüense respecto de este singular megaproyecto: en primer lugar, la falta de trasparencia que implicaron la negociación secreta, la ausencia absoluta de discusión entre la ciudadanía y los pueblos, la adjudicación directa sin ningún tipo de licitación y, como colofón de esta opacidad, la aprobación de la concesión por una Asamblea Nacional obediente al Poder Ejecutivo, en el tiempo récord de tres días y tres horas de debates. En segundo lugar, el otorgamiento de la concesión sin estudios de factibilidad previos de carácter ecológico, jurídico, social, financiero, hacendario, económico o de cualquier otro tipo. En tercer lugar –lo más preocupante para esta comunidad científica nacional (e internacional)–, el elevado riesgo y daño ambiental que la obra implicaría para el lago de Nicaragua, el mayor cuerpo de agua del país y Centroamérica, y el mayor lago tropical del continente. En este último punto se señala que el dragado sería constante y más costoso que la propia construcción del canal, debido a la dinámica hídrica constante y agresiva del lago, que a diario remueve miles de toneladas de lodo y arena; además, se vislumbra la eventualidad de un derrame de petróleo en un cuerpo de agua cerrado, que representaría su muerte y la de su rica diversidad, a lo que hay que sumar los efectos de alterar los cursos actuales de los ríos, la construcción de un lago artificial y la interrupción del corredor biológico mesoamericano, que debido al canal ya no permitiría el flujo migratorio de las especies. En suma, los científicos dan cuenta de los activos ambientales que podrían perderse, como servicios ecosistémicos, biodiversidad, y sobre todo, seguridad en el abastecimiento de alimentos y agua.

A esto hay que sumar las enormes repercusiones en la vida socio-cultural del país; a “la ACN le preocupa también el riesgo de que este proyecto se convierta en disociador de la cohesión social campo-ciudad, conseguida tan trabajosamente después de la guerra de los años 80, y peor aún, en un factor que pudiera echar por la borda el esfuerzo de construcción de nuestra nación multiétnica y pluricultural, reconocida en la Constitución. Nos referimos –señalan los autores mencionados–, al conflicto abierto por este proyecto con las comunidades campesinas y comunidades indígenas.” Precisamente, una de las ponencias incluidas en la segunda edición sostiene que la ley canalera usurpa las funciones de los Consejos Regionales y Municipales en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur, en violación fragante del Estatuto de Autonomía, la Constitución y el marco jurídico internacional en materia de derechos indígenas, específicamente el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas.

Otro aspecto que destaca del libro en comento tiene relación con las debilidades jurídicas y la inconstitucionalidad de la concesión canalera (ley 840); las obvias y graves afectaciones a la soberanía nacional, particularmente, a lo que establece el artículo primero de la Carta Magna, que reivindica la obligación patriótica de legítima defensa del interés nacional cuando se encuentre amenazado o menoscabado: “La independencia, soberanía y autodeterminación nacional son derechos irrenunciables del pueblo y fundamentos de la nación…Es deber de todos los nicaragüenses preservar y defender estos derechos.”

Es imperativo que las decisiones que se tomen sobre un proyecto de tal envergadura –que cambiaría el país radicalmente– pasen por la consulta previa, libre e informada, que es la base fundamental de toda democracia.