EL ANALFABETA POLÌTICO
El peor analfabeta es el analfabeta polìtico èl no oye, no habla ni participa en los acontecimientos polìticos.
No sabe que el costo de la vida, el costo de los frijoles, del pescado, de la harina, del alquiler, del calzado y de las medicinas, dependen de las decisiones polìticas.
El analfabeta polìtico es tan animal que se enorgullece e hincha el pecho al decir que odia la polìtica.
No sabe el imbècil que de su ignorancia polìtica, proviene la prostituta, el menor abandonado, el asaltador y el peor de todos los bandidos que es el polìtico aprovechado, embaucador y corrompido lacayo de las empresas nacionales y multinacionales.  Bertolt Brecht..

lunes, 20 de abril de 2015

El Caso SAT: el legado de la inteligencia militar


Centro de Medios Independientes

La noticia sobre las capturas de una estructura criminal que controlaba las Aduanas, y que se escudaba en puestos públicos con el aval del Ejecutivo, ha conmocionado el país. El capitán (retirado) Juan Carlos Monzón, secretario de la vicepresidenta Baldetti, era el que manejaba desde el Ejecutivo la estructura. Según noticias, desde los años noventa estaba en una banda de robacarros, junto con Byron y José Moreno, hermano y sobrino respectivamente del militar y narcotraficante Alfredo Moreno Molina, jefe de la Red Moreno. Esta estructura tenía vínculos con una importante línea de inteligencia militar asentada en el sistema de seguridad del gobierno del MAS, del FRG y de manera sui generis en el actual gobierno. En el presente caso, la presencia de militantes de la extrema derecha como Luis Mendizabal y del representante legal del periódico Siglo21 complementan el abultado cuadro.
Esto viene a sumarse a las problemáticas en torno al partido de gobierno, que en las últimas semanas se encuentra en intensas pugnas por lograr candidaturas para las elecciones de septiembre de este año. Según una publicación de Contrapoder, Sinibaldi está decidido a dejar el Partido Patriota y postularse con el Movimiento Reformador, un partido formado en 2002 con las bases de la Cámara de Comercio de Jorge Briz, que tras comprar la ficha le pertenece. Junto a Sinibaldi se podrían ir más de 100 alcaldes y 23 diputados, indica la publicación.
Lo que también significaría que buena parte de la Cámara de Industria y el G-8, que han apoyado al PP durante los últimos 10 años, estarían fuera de la alianza con el oficialismo. Un golpe muy fuerte en términos de financiamiento.
El caso SAT viene a sumar a otros en donde se ha denunciado la presencia de estructuras paralelas dentro del actual gobierno: el caso de Byron Lima y su relación con Mauricio López Bonilla, Ministro de Gobernación; la misteriosa muerte del Jefe del Estado Mayor de la Defensa, luego de ser acusado en fuero interno del ejército por haber desaparecido cientos de granadas; el velado apoyo al Cartel de los Huistas, del que se acusa al PP; y el papel del diputado oficialista Gudy Rivera en la elección a jueces el año pasado.
A meses de tener que decidir sobre la prórroga a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en medio de presiones por parte de Estados Unidos de hacerlo, y a punto de iniciar las elecciones, el presidente Otto Pérez Molina se encuentra en un franco jaque.
¿Qué era la Red Moreno?
De la noticia sobre la estructura La Línea, algo que llama poderosamente la atención es la presencia de un miembro de la antigua Red Moreno. Se trata de Francisco Javier Ortiz Arriaga, miembro del Grupo Salvavidas y la red Moreno, según dejó claro el comisionado Iván Velásquez, jefe de la CICIG.
La Red Moreno fue, según los archivos judiciales que encontró la organización WOLA y una vieja investigación de el Periódico, un grupo compuesto por oficiales del ejército y funcionarios del gobierno encargado de controlar las aduanas del país. Muchos de sus miembros habían formado parte de los grupos de inteligencia militares conocidos como La Cofradía y El Sindicato, vinculados al general (r) Francisco Ortega Menaldo y el general (r) Otto Pérez Molina, respectivamente.
La Red Moreno fue uno de varios engendros que nació dentro del Estado militar, en la década de los setenta. Los generales (r) Manuel Antonio Callejas y Francisco Ortega Menaldo fueron los arquitectos de una poderosa organización paralela al Ministerio de Finanzas Públicas. En esos años, el ejército de Guatemala estableció una oficina para detectar el tráfico de armas y municiones destinadas a grupos de la izquierda armada. Al consolidarse, la estructura se sirvió de su presencia y poder dentro del Estado para llevar a cabo operaciones de contrabando, narcotráfico y otras actividades ilícitas.
El salvadoreño Alfredo Moreno Molina era parte de este grupo, que fue capaz, según los juicios llevados a cabo del 2000 al 2002, de controlar el movimiento de contenedores, el valor de los productos importados y el tipo de mercancías que se movían. Tomaban control de los contenedores y eran devueltos al propietario después de pagar una suma de dinero. Este dinero era repartido dentro de la estructura, que involucraba a la Policía Nacional, la Guardia de Hacienda, el Ministerio de Finanzas Públicas, el ejército y el Ministerio Público.
Se concluyó en los juicios que Moreno no había pagado impuestos sobre más de Q80 millones al mes por un periodo no menor de 10 años.
Dentro de ese grupo se formó, a fines de la década de 1980, otro: el Grupo Salvavidas. Este fue un esfuerzo más concreto y visionario. Buscaban una red de hombres con influencia y conexiones en todas las instituciones importantes del Estado guatemalteco.
Fue hasta el gobierno de Álvaro Arzú que la red fue atacada. El Ministerio Público encontró más de 50 carnés de diferentes instituciones estatales, todas con las fotografías de Moreno. La evidencia implicó a varios militares de alto rango, entro los que destacaba el general Luis Francisco Ortega Menaldo, el coronel Juan Guillermo Oliva Carrera, el general Roberto Eduardo Letona Hora, el mayor José Fernández Ligorría, el coronel Salán Sánchez, Alfonso Portillo, el general Efraín Ríos Montt, el coronel Napoleón Rojas Méndez, el mayor Byron Barrientos, y Mario Guillermo Ruiz Wong, luego electo magistrado de la Corte de Constitucionalidad durante los años de Portillo.
La relación con Alfonso Portillo era importante: el 16 de septiembre de 1996 Portillo admitió haber recibido de Moreno Q70 mil para su campaña.
Luego de la victoria del FRG y de Portillo en la presidencia, el nuevo fiscal general, Rodolfo González Rodas, decidió suprimir la unidad de casos especiales que se había estado encargando del caso de Moreno y que había investigado las conexiones de Moreno con Portillo y Ríos Montt. En 2001 Moreno pagó un Q1 millón como fianza y fue dejado en libertad.
Francisco Javier Ortiz Arriaga, arrestado por la CICIG, sería de los herederos de esta red paralela.
Las aduanas y el pasado de un testigo protegido
La presencia de Francisco Ortíz Arriaga en la estructura es una sorpresa que viene a apoyar varias hipótesis que por muchos años se han estado barajando. ¿Quién es Ortíz Arriaga?
Cuando en 1996 se intentó desarticular a la Red Moreno, Francisco Ortíz Arriaga, funcionario de aduanas, salió entre los capturados. Según una investigación para el Hemisphere Initiatives, el ex funcionario aceptó cooperar con las diligencias del Ministerio Público y proporcionar detalles sobre la estructura de la banda y sus principales operaciones. Con la información que dio Ortíz, se pudo corroborar la participación de los generales retirados Manuel Callejas y Callejas y Francisco Ortega Menaldo, que como oficiales de inteligencia controlaban la red que Moreno dirigía.
El trabajo de Ortíz Arriaga le valió su libertad. Pero casi 20 años después volvió a ser capturado por el mismo delito.
Desde el inicio del actual gobierno, la vicepresidenta Roxana Baldetti mostró gran interés en las aduanas, al presionar por contrataciones al entonces jefe de la SAT, Miguel Gutiérrez. A inicio de octubre de 2013, el Ejecutivo analizó la posibilidad de intervenir las aduanas, ante la denuncia de empresarios por pagos indebidos y los problemas fiscales que desde el inicio de su gobierno ha tenido el gabinete de Pérez Molina. El 15 de ese mes Pérez Molina y Roxana Baldetti, a través de la Comisión Nacional contra el Contrabando y la Defraudación Aduanera (Conacon, coordinada por Baldetti), informaron que preparaban los requerimientos legales para la intervención de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), con un enfoque en la Intendencia de Aduanas. En comunicación oficial, Baldetti dijo: «No será fácil, vamos a darle seguimiento para que la intervención valga la pena, especialmente para los empresarios e industriales del país que generan desarrollo y empleo».
Lo que al final se llevó a cabo fue una intervención operativa, en donde 400 policías y 650 militares fueron desplegados en cinco aduanas. Para la intervención se nombró a Claudia Méndez Asencio (ex Jefa Fiscal de Santa Catarina Pinula, y cercana a Baldetti, según Contrapoder) y en la Empresa Portuaria Quetzal se nombró al exmilitar Carlos de Jesús Lainfiesta.
La idea era recaudar más de Q10 mil millones que el fisco perdía. Pero los resultados fueron otros. Para noviembre de 2013, empresarios de la Cámara Empresarial de Comercios y Servicios (Cecoms), parte del CACIF, y la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (Amcham) hicieron ver que los tiempos de descarga se habían duplicado, y en algunos casos triplicado. A fines de ese año, la recaudación de IVA a las importaciones tenía un agujero de Q673.6 millones. Y al siguiente año, según cifras de la SAT, se veía una reducción de un 10.2%.
Tras la captura de la estructura, uno de los primeros en pronunciarse fue Jorge Briz, presidente de la Cámara de Comercio (que representa a los importadores) y del CACIF, quien también se ha mostrado a favor de la continuidad de la CICIG en el país.
La segunda parte de la investigación, sin embargo, según se dijo en la primera audiencia del Caso SAT, sería investigar a los importadores que fueron clientes de esta red.
Miembros de la Red Moreno, de la vicepresidencia, de la SAT y aduanas, y empresarios. ¿Cómo se armó esta alianza?
¿Se rompe la alianza de dos redes de inteligencia militar en el gobierno?
Lo importante del historial de la Red Moreno es una: no fue disuelta ni sus principales miembros encarcelados. Las aduanas, siguiendo lo que la CICIG pronuncia, siguieron controladas.
Una minuciosa investigación realizada por El Observador en 2012 llamó la atención sobre algo que no tuvo repercusiones en los grandes medios de prensa: No sólo habían sido los militares los que llegaron a gobernar con el Partido Patriota; eran los militares de inteligencia.
Y lanzaron una hipótesis: siguiendo el rastro de los nombramientos en los principales puestos del sistema de seguridad e inteligencia del Estado, se podía pensar que el gobierno de Pérez Molina era una alianza de dos redes de inteligencia militar, históricamente peleados pero ahora unidos para hacer gobierno. ¿El símbolo de la alianza? Roxana Baldetti, secretaria de comunicación del ex presidente Serrano Elías, gobierno que aglutinó por última vez esas dos redes de inteligencia.
La hipótesis de El Observador decía que se dio una repartición entre las dos redes. Tanto la gente que había sido cercana a Pérez Molina en su paso por la Jefatura de Inteligencia del Estado Mayor de la Presidencia (D-2, con Serrano Elías, 1991-1993) y a cargo del Estado Mayor de la Presidencia (EMP, con de León Carpio, 1994-1995), como la cercana al oficial de inteligencia, general (r) Francisco Ortega Menaldo, en su paso por buena parte del sistema de inteligencia militar y el EMP, armaron una sistema de pesos y contrapesos en puestos en seguridad.
Ministerio de Gobernación, Sistema Nacional de Seguridad, Secretaría de Inteligencia Estratégica, Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia, Coordinara Nacional para la Reducción de Desastres, Dirección General de Inteligencia Civil; todas, instituciones en donde se ubican oficiales de inteligencia y contrainteligencia militar de ambas redes.
«Lo que destaca en esta sui géneris conformación es que, con excepción de Pérez Molina, todos tenían lazos comunicantes con Ortega Menaldo y, excluyendo a López Bonilla, también pertenecían a la llamada “Cofradía”», cierra la investigación.
La presencia de Francisco Ortíz Arriaga, vinculado a la Red Moreno y presente en la red del secretario de la Vicepresidenta, sería una especie de vínculo entre redes. Y lograría seguir la línea planteada por la hipótesis sobre la relación de esa red de inteligencia con el actual gobierno. La captura de personas vinculadas a Roxana Baldetti, lazo comunicante entre las dos redes pero más fiel a la de Ortega Menaldo (según ha dicho elPeriódico, antes cercano a Pérez Molina), puede llegar a afectar una alianza que tardó más de 25 años en lograrse, y que por momentos durante este gobierno se ha visto cuestionada, según un analista consultado.
Y la pregunta más complicada para la CICIG y la estabilidad del país: Luego de lidiar con los empresarios que fueron clientes de la red La Línea, ¿seguirán los altos mandos aun activos de la Red Moreno? O más aún, ¿qué relación tiene esto con la elección de las altas Cortes (2014-2019) donde se habló tanto de la participación de Pérez Molina y Baldetti Elías en la cooptación de magistrados a través de operadores como Gustavo Herrera y el militar (r) Juan de Dios Rodriguez, presidente del IGSS?

Así se está pudriendo por dentro el imperio americano


Apoyo a los trabajadores de comida ràpida
Este artículo trata de cómo se está hundiendo el imperio americano: podrido por dentro pero todavía sacando pecho y con una engañosa apariencia de buena salud. A la manera de John Dos Passos en su Trilogía USA, fresco de aroma izquierdista de las primeras tres décadas del siglo XX, lo cuenta George Packer, periodista de la escuela de The New Yorker, en El Desmoronamiento. Treinta años de declive americano, editado por Debate. Aquí están las claves del proceso por el que, a partir de la crisis del petróleo de 1973 (“último año de la década de los 50”, según uno de los personajes del libro), EEUU se sumió en una crisis existencial y de identidad, en una fractura interna de la que ni siquiera la recuperación económica puede ya rescatarla.

Si Dos Passos presentaba a 12 personajes de ficción representativos de la realidad social de la época (desde un impresor, a una dependienta, un mecánico o un periodista y activista), Packer expone la experiencia vital de un puñado de personajes reales. A través de ellos refleja los claros y oscuros de un país en el diván del psiquiatra, fragmentado y dividido, de ciudades sin alma y en proceso de descomposición, cada vez más dependiente del vehículo privado, sin redes de transporte que faciliten la integración y la actividad comunitaria, con barrios arrasados por el tsunami de los desahucios.

Se trata de un país que, mientras ostenta aún la supremacía tecnológica y científica, aspira a mantener el liderazgo mundial, y da lecciones de moralidad y democracia, es más desigual que nunca, discrimina entre sus ciudadanos, les priva de derechos y servicios esenciales y destruye la clase media, el tejido con el que durante muchas décadas se vestía su modelo de grandeza. Con una analogía extrema, podría decirse que hoy la alternativa se sitúa entre ganar un millón de dólares al año o nueve dólares a la hora en un Wal-Mart.

Packer expone este desolador panorama en El desmoronamiento, sin el mismo aliento ideológico izquierdista de Dos Passos, dejando cierto margen a que no todos los lectores saquen las mismas conclusiones, pero con una eficacia similar. Sus personajes son parecidos y al mismo tiempo diferentes de los de la Trilogía USA. El hecho de que sean reales les dota de una superior fuerza como categorías. En el libro se les sigue a lo largo del tiempo, se les ve evolucionar, caer y levantarse, enfrentarse a las dificultades, confiar y desengañarse de los políticos, ilusionarse con proyectos empresariales condenados al fracaso y, con carácter excepcional, hacer realidad el individualista y casi siempre insolidario sueño americano.

Son gente como un periodista cargado de ideales que escarba en el pozo de mierda de las hipotecas subprime que hundieron a millones de familias y en la indefensión ante las entidades financieras; una obrera negra, madre soltera e hija de drogadicta, expulsada del aparato productivo por la crisis de la industria metalúrgica, y que se reconvierte en activista comunitaria; un visionario emprendedor que combate la crisis de la gasolina cara (una tragedia para el estilo de vida norteamericano hoy desactivada por la caída del precio del crudo) desarrollando la producción de biodiesel incluso a partir del aceite que desechan los restaurantes; un  magnate de Silicon Valley que se hace rico con Facebook, PayPal y otros proyectos tecnológicos, que luego cae hasta el borde de la ruina y que reniega de las universidades que no enseñan cómo gestionar una empresa; un asistente político y lobbista que es testigo de las miserias de la política y que mantiene durante décadas una lealtad a Joe Biden (actual vicepresidente) que no encaja con el perfil egoísta que se ofrece de éste; un magnate corresponsable del crash financiero que, pese a todo, termina de secretario del tesoro de Obama… y un Obama que representó la esperanza cuando fue elegido pero que, cada día que pasa, se revela más como otro presidente vendido a -o acogotado por- los poderes fácticos, empezando por el financiero.

No sólo los ciudadanos son personajes de El Desmoronamiento. También las ciudades, y dos muy en particular: Youngstown (Ohio) y Tampa (Florida). La primera fue siempre irrespirable, en sentido no figurado, porque las chimeneas de los altos hornos formaron parte del paisaje urbano y lo ensuciaban con sus pestilentes emanaciones. Sin embargo, al mismo tiempo, ese veneno inevitable era el símbolo de la prosperidad, garantizaba el pleno empleo y unos buenos salarios que daban a los habitantes la oportunidad de organizar sus vidas sin agobios materiales. Hasta que la crisis vació muchos barrios, atrapó a miles de familias que no podían pagar hipotecas descabelladas, multiplicó las cotas de delincuencia y la proporción de pobres dependientes de la asistencia social, y forzó un despoblamiento brutal e irreversible.

Algo parecido ocurrió en Tampa, aunque en ese rincón de Florida, la clave del desarrollo no fue la industria del acero, sino la del sol, la fuente de una calidad de vida que debía atraer a los adinerados de todo el país, lo que provocó una desaforada burbuja inmobiliaria en la que los nuevos barrios crecían como hongos, los precios de la vivienda se doblaban de un día para otro, donde el que no tenía ni donde caerse muerto se embarcaba en la compra inmobiliaria a crédito en la confianza de que poco después podría vender con ganancias fabulosas. Algo parecido a lo ocurrido en España, pero a escala aún más brutal. Porque lo que llegó fue una epidemia de desahucios. Cuando el globo se pinchó, en su interior atrapó a muchos ilusos. El peso de su inconsciencia, estimulada por especuladores sin escrúpulos, les hizo pegarse un batacazo del que la mayoría no se recuperarán ya jamás.

En eso quedó el sueño de Tampa de convertirse en La Próxima Gran Ciudad Americana, promovido incluso con dos finales de la Super Bowl y una convención republicana. Mientras tanto, la política, siempre la maldita política, y la emergencia explosiva del Tea Party, impedían que cuajasen proyectos de regeneración de la vida ciudadana como el de una línea de ferrocarril urbano que redujera la dependencia del automóvil privado, rehabilitase el centro como un punto de encuentro ciudadano y acabase con el aislamiento de los barrios alejados fruto de la pésima planificación urbanística y privados de los servicios más esenciales.

Al igual que Dos Passos, Packer trufa las historias individuales resultado de centenares de entrevistas con los retratos no siempre complacientes (y a veces destructivos) confeccionados a partir de fuentes secundarias de personajes conocidos como el escritor Raymond Carver, un clásico moderno que en la era de Reagan se convirtió en “cronista de la desesperanza obrera”; el político republicano Newt Gingrich que antes de estrellarse personificó el conservadurismo más reaccionario; el empresario San Walton, patrón del gigante de las ventas baratas, creador de Wal-Mart, adalid de los salarios de miseria y la intolerancia a los sindicatos;  la comunicadora Oprah Winfrey, el rapero Jay-Z, el financiero y secretario del Tesoro Robert Rubin, la activista Elisabeth Warren y la campeona de la comida sana y ecológica Alice Waters. Y junto a ellos, varios perdedores sin esperanza de redención, siempre en lucha desesperada por conseguir una asistencia médica adecuada, un cubil en el que malvivir o unos dólares para comprar algo de ropa y dar de comer a los hijos, con la alternativa de recurrir a la humillación de la siempre insuficiente caridad pública o privada.

El desmoronamiento, sostiene Packer, trajo paradójicamente “más libertad que nunca”. Libertad para ganar y perder (“el deporte favorito de los norteamericanos”), para superar el bache y rehacer tu vida en la tierra de las oportunidades, donde cualquiera puede llegar a ser presidente. Pero, sobre todo, libertad para que te despidan, te drogues, te declares en bancarrota, fracases, te quedes solo (el porcentaje de familias unipersonales es el más alto de la historia)…Libertad que hace desaparecer el tejido industrial, hunde las ciudades y los pilares ciudadanos, desde las iglesias a los sindicatos o las organizaciones cívicas.

Podría argüirse que, de forma mucho más clara que en España, ese desmoronamiento se ha frenado, que la economía de Estados Unidos lleva varios años en expansión, que la tasa de paro se ha reducido tanto que casi se puede hablar de pleno empleo, que lo peor ha pasado, que ha llegado de nuevo la hora del optimismo. Pero se trata de un espejismo, porque la forma en que políticos, banqueros y grandes empresarios se han enfrentado a esta crisis no ha cerrado las heridas, no ha reconstruido el tejido social preexistente. Y porque tener un empleo, en la era de la precariedad y la devaluación salarial, ya no es garantía de una vida digna. Ni allí ni aquí.

Tras la II Guerra Mundial hubo en EEUU algo parecido a una época dorada del capitalismo, más de dos décadas en las que el implícito contrato social establecía un reparto de la riqueza no equitativo pero tampoco demasiado abusivo, un sistema en el que todos ganaban (aunque unos pocos mucho más que la gran mayoría) y la paz social se salvaguardaba con el desarrollo económico. Pero el paisaje actual es muy diferente, muestra un deterioro sin vuelta atrás que arranca de la era de Reagan y que no han logrado detener ni siquiera las administraciones demócratas. Ni Carter, ni Clinton ni siquiera el Obama del Yes, we can.

En 1980, el 50% de los norteamericanos pensaban que la próxima generación viviría peor que la suya. Hoy la cifra ha ascendido hasta un aterrador 80%. El cáncer de la desigualdad hace metástasis, corroe la sociedad entera. Los ricos son más ricos que nunca. Y los pobres más pobres. Packer no hace de predicador, se limita a contar historias y reflejar hechos. Oficialmente no toma partido. Ni falta que hace, porque las conclusiones son unívocas.

El desmoronamiento no es el primer libro que ilustra esta tragedia existencial, ni será el último. Sin embargo, o mucho me equivoco o está llamado a quedar como referencia de la crisis más destructiva de la historia de EEUU. A fin de cuentas, ése fue el gran mérito de Dos Passos con La trilogía USA: que es inevitable referirse a esas novelas para analizar aquella época convulsa, aunque quizá no tanto como la actual, cuando el imperio pretende aún marcar la pauta en el mundo mientras la podredumbre le corroe las entrañas.

- Luis Matías López es Exredactor jefe y excorresponsal en Moscú de EL PAIS, miembro del Consejo Editorial de PUBLICO hasta la desaparición de su edición en papel.

Fuente: Público.es
http://www.alainet.org/es/articulo/169039  

México y América Central frente al imperialismo


Lejos de ser un anacronismo, un desvelo de intelectuales de izquierda trasnochados o una pieza de anticuario en el museo de las ciencias sociales latinoamericanas, el imperialismo es un proceso histórico en permanente actualización, intrínsecamente vinculado al desarrollo del capitalismo ya no solo como modo de producción, sino como patrón civilizatorio; y por lo tanto, se expresa en todos los ámbitos de la vida de los pueblos que lo sufren: ese amplio arco que va de la política a la economía, y de la cultura a la ideología. 

Desde esta perspectiva, México y América Central, como espacios geográficos y formaciones sociales que han sido objeto privilegiado de los apetitos del “Norte revuelto y brutal” –al decir de José Martí-, representan hoy casos dolorosos de la huella del imperialismo estadounidense -durante más de un siglo- y del capitalismo neoliberal sobre la vida de millones de personas y, en especial, sobre nuestra manera de pensar y pensarnos como latinoamericanos.

El ensayista mexicano Gustavo Ogarrio ha propuesto una alegoría, a la que él mismo califica como escatológica, para explicar el impacto que tenido en su país la imposición de la democracia formal –funcional a los de arriba- como única vía posible de democratización, y del libre mercado imperialista como horizonte unívoco de las relaciones entre Estado y sociedad, situaciones problemáticas que también se manifiestan con toda su crudeza en los países de América Central. Para Ogarrio, “después de devorarnos política y culturalmente, el estómago del imperio nos devuelve bañados en los jugos gástricos de la ensoñación, la marginación y la persecución”. Antes de regurgitarnos, el imperialismo estadounidense devora nuestra soberanía política, nuestros recursos naturales y a cientos de miles de migrantes forzados al exilio económico por hambre y desempleo, que acaso solo pueden alimentar sus ilusiones con la promesa del American way of life y el acceso al paraíso del consumo prometido por la cultura de masas.

Tres estrategias combinadas, entrelazadas unas con otras, son claves en el desarrollo del fenómeno imperialista en el siglo XXI: 1) la dominación comercial y productiva impuesta a través de tratados de libre comercio asimétricos, que empobrecieron a millones de campesinos mesoamericanos (solo en México, a lo largo de los 20 años de vigencia del TLCAN, se han perdido 1,9 millones de empleos en el sector agropecuario) y sectores de la clase media, acentuaron la pérdida de soberanía alimentaria y debilitaron los mercados internos y los sistemas productivos nacionales; 2) la implementación de iniciativas de seguridad regional para combatir a los cárteles del narcotráfico y a las bandas del crimen organizado –que se nutren de los capitales estadounidenses y producen para el mercado del norte-, lo que reposicionó militarmente a los Estados Unidos en la región, y le permite proyectarse hacia otros espacios (Suramérica, el Caribe) en función de sus intereses geopolíticos; y finalmente, 3) el establecimiento de ententes con las élites gobernantes, a las que ofrecen apoyo político a cambio de su alineamiento con Washington, y alianzas para la prosperidad que solo amplifican los mitos del neoliberalismo, pero poco aportan a las transformaciones estructurales que requieren los pueblos mexicanos y centroamericanos. 

La violencia física –ya no solo política o simbólica- con la que el capitalismo neoliberal fortalece su avanzada en la región, al tenor de lo que David Harvey llama acumulación por desposesión, va perfilando algunos de los nuevos rasgos del proyecto imperialista en nuestros países. Las desapariciones, masacres y asesinatos colectivos de hombres, mujeres y colectivos que protestan frente el entreguismo de las élites gobernantes (los 43 estudiantes de Ayotzinapa, México, por ejemplo, o la impunidad de los crímenes contra activistas sociales en Honduras); o la represión de los pueblos indígenas que se resisten a la explotación de sus tierras por el capital extranjero y al desplazamiento forzado por el “desarrollo” (Santa Cruz Barillas en Guatemala, o la comarca Ngöbe-Buglé en Panamá), son puntos de inflexión que marcan un ajuste brutal respecto de las formas en que, en adelante, se ejercerá la dominación imperialista.

Políticamente desconectados de los procesos de integración, recuperación de la soberanía y reconfiguración de los equilibrios de fuerzas que han tenido lugar en América del Sur durante los últimos 15 años, como lo evidenció la reciente Cumbre de las Américas en Panamá –salvo los casos de Nicaragua y El Salvador-, ¿será posible todavía imaginar un futuro diferente, cualitativamente superior, para México y América Central? ¿Cuáles serían los caminos a seguir y cuáles nuestras alternativas? ¿Qué función están llamados a cumplir las organizaciones populares, los movimientos sociales, los partidos políticos progresistas, los intelectuales comprometidos con los cambios necesarios y urgentes? 

Son preguntas a las que solo la praxis política transformadora, la unidad frente al imperialismo y la audacia para interpretar los problemas de la realidad y construir soluciones que apunte al bienestar de las mayorías, pueden dar respuesta. Por lo pronto, cabe recordar aquí otra idea de Ogarrio, quien también escribió mirando de reojo a la otra realidad posible que soñamos: “Atrapados en la ilusión de la servidumbre estratégica, que obtiene beneficios mínimos, podemos recordar también nuestra condición de fantasmas del Tercer Mundo y transformar ese recuerdo en una débil esperanza: seguimos siendo parte de la orilla latinoamericana…”

Hacia esa orilla debemos remar, desde todos los frentes posibles.

- Andrés Mora Ramírez / AUNA-Costa Rica


http://www.alainet.org/es/articulo/169051  

¿Yihadistas en Chihuahua para invadir Estados Unidos?


Bajo la Lupa
Alfredo Jalife-Rahme

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Tropas iraquíes en Bagdad se dirigen a Ramadi para reforzar la lucha contra combatientes del Estado IslámicoFoto Ap

Desde agosto de 2014 Judicial Watch (JW) clama la inminencia de ataques terroristas a Estados Unidos desde Ciudad Juárez, por lo que el Fuerte Bliss, el puesto militar en El Paso (Texas), ha incrementado las medidas de seguridad ( http://goo.gl/esMpC5 ).

JW es un grupo de monitoreo legal de corte conservador fundado por el israelí-estadunidense Larry Klayman, vinculado al Partido Republicano y que recibió generosos donativos del multimillonario Richard Mellon Scaife, que intentó demoler la imagen de los Clinton.

Lo de menos es lo que alegue el polémico portal JW –de motivaciones políticas más que legales y con una agenda antimexicana e islamófoba–, sino que cite a fuentes de espionaje y de aplicación de las leyes de Estados Unidos para sustentar sus perturbadores asertos, sin haber sido desmentido.

JW alegó hace casi nueve meses que las agencias de Seguridad del Hogar, Justicia y Defensa fueron puestas en alerta ante la inminencia (sic) del ataque tanto de los yihadistas de Daesh/ISIS/ISIL como de Al Qaeda, y que siempre no ha ocurrido.

¿Se profundiza la colombianización tanto del hilarante ASPAN foxiano como del fallido Plan Mérida de Calderón? ¿Fue pretexto el inminente ataque para pisotear lo que queda de la elusiva soberanía del entreguista “México neoliberal itamita” que aprobó la portación de armas por agentes de Estados Unidos en territorio mexicano? ¿Tuvo que ver algo la alerta en la reciente compra histórica del gobierno mexicano por mil 300 millones de dólares de armas a Estados Unidos?

Se conjuga en forma explosiva la supuesta operatividad de los yihadistas a la de por sí inseguridad mutidimensional de Ciudad Juárez: desde la epidemia criminal pasando por el narcotráfico, hasta los feminicidios sin resolver.

¿Es Ciudad Juárez un laboratorio de experimentación de los caños transfronterizos del poder paralelo?

Casi nueve meses más tarde al inminente ataque terrorista doblemente yihadista y de Al Qaeda que no fue, otra vez JW vuelve a la carga y asevera que los yihadistas de Daesh/ISIL/ISIS, esta vez sin Al Qaeda, operan en un campamento en Chihuahua cerca de la frontera texana, lo cual fue confirmado por las autoridades mexicanas ( http://goo.gl/PiQ8TL ). ¿Se puede saber quiénes son?

La poco profesional cancillería mexicana no ha de tener tiempo, por lo visto, ni de enterarse, debido a lo atareada que está en arreglar a modo los exámenes de ingreso para favorecer en forma flagrante a los egresados del ITAM por encima de la UNAM y otras universidades públicas, lo cual adelanta la privatización neoliberal de la política exterior mexicana.

JW cita el testimonio anónimo –el viejo truco– de dos mexicanos: un militar de alto grado y un inspector de la Policía Federal, sobre el sitio exacto de los yihadistas, quienes parecen gozar de patente de corso y de licencia para asesinar en Anapra, al oeste de Ciudad Juárez y a ocho millas de la transfrontera.

Un segundo campamento yihadista –sin Al Qaeda– opera en Puerto Palomas, al oeste de Ciudad Juárez, y tiene como objetivo Columbus y Deming (Nuevo México).

¿Por qué nadie a escala municipal, estatal o federal en el “México neoliberal itamita” impidió el asentamiento de tales campamentos yihadistas sin siquiera proponer su desmantelamiento por simple seguridad nacional, que parece no importar?

Llama la atención plural que el portal europeo Dedefensa ( http://goo.gl/UejDWT ), Infowars de Estados Unidos ( http://goo.gl/aQNdrj ) y Russia Today http://goo.gl/OOIu6j ) hayan procurado profusa difusión a la perturbadora revelación de JW.

Lo más relevante –en caso de ser cierta la revelación de JW en la era de desinformación y de los montajes hollywoodenses al estilo 11/S– es que durante un operativo conjunto (¡supersic!) la semana pasada, el Ejército Mexicano y las agencias de aplicación de la ley (sic) de Estados Unidos descubrieron (sic) documentos en árabe y urdu, así como planos del Fuerte Bliss y alfombras de rezo islámico.

¿Cómo pueden descubrir documentos en árabe y urdu, además de alfombras voladoras de rezo islámico sin haber detenido a un solo yihadista? Very weird!

La intención de la semiótica yihadista es notable en referencia al idioma urdu practicado ampliamente en el subcontinente indio, en particular en el binomio Afganistán/Pakistán, añejo laboratorio de experimentación trasnacional del teledirigido terrorismo islámico.

En espera del advenimiento redentor del Comando Norte/NorthCom del proyecto Norteamérica, ahora resulta que los militares de Estados Unidos tienen pavor a los cárteles y grupos criminales en la transfrontera.

Las mismas fuentes de información que nutren a JW reportan que la zona en torno de Anapra está dominada por el cártel de Juárez con su brazo ejecutor La Línea y el grupo criminal Barrio Azteca (formado tras las rejas en El Paso).

¿Quién realiza estos guiones hollywoodenses? ¿Cómo pudieron descubrir alfombras voladoras de rezo islámico, planos del Fuerte Bliss y documentos (cuyo contenido se ignora) en árabe y urdu, en la zona inexpugnable de Anapra? ¿A cuánto asciende el número de yihadistas en Chihuahua?

JW enuncia que los coyotes que trasladan a los migrantes “trabajan para el cártel de Juárez”, ayudan a los yihadistas (¿sin Al Qaeda?) en el desierto, a lo largo de la frontera entre Santa Teresa y Sunland Park (Nuevo México), al este de El Paso y Ciudad Juárez, y en la porosa (sic) frontera entre Acala y Fort Hancock (Texas).

Lo más impactante es que después de ocho meses de alerta terrorista ningún yihadista haya sido detenido.

Según JW, el espionaje mexicano –no especifica si se trata del Cisen, más dedicado a vendettas familiares de su director como al trivial recorte de periódicos– reporta que los yihadistas intentarán explotar las instalaciones aeroportuarias y ferroviarias en la cercanía de Santa Teresa (Nuevo México) y han colocado observadores en East Potrillo Mountains (Nuevo México) para ayudar las operaciones terroristas de cruce.

Desde ahora los yihadistas conducen misiones de reconocimiento en las universidades regionales, en el Campo de Misiles de Arenas Blancas (nota: campo de cohetes del ejército de Estados Unidos en cinco condados del sur de Nuevo México), en las instalaciones del gobierno de Estados Unidos en Alamogordo (Nuevo México), Fuerte Bliss, y en las plantas eléctricas cerca de Anapra y Chaparral (Nuevo Mexico). ¡Los yihadistas conocen demasiado la infraestructura urbano-militar de Estados Unidos!

En Siria, una notable proporción de yihadistas proviene de los países escandinavos, lo cual refleja su carácter global, más allá de sus atrocidades locales ( http://goo.gl/JBLfTq ). Se calcula que hasta 6 mil europeos –entre ellos mil 450 franceses– se han sumado a los yihadistas en Siria e Irak ( http://goo.gl/Zrl9Ww )”.

¿Por qué dejan viajar sin trabas a los europeos reclutados, ya no se diga a los yihadistas de habla árabe y urdu?

¿Cuál será la identidad genética de los fantasmagóricos yihadistas de Chihuahua con sospechosa carga lingüística?

A ver con qué sale la próxima vez la serie telenovelesca de JW, que apunta al nuevo montaje hollywoodense para avanzar el Comando Norte/NorthCom, como aquel de Al Qaeda en Pemex ( http://goo.gl/wm06ZU ), que cumplió con creces su misión.

El TTIP contra el Derecho Internacional de los Derechos Humanos


Protesta contra el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos
Desde la perspectiva de los derechos humanos, el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones entre la Unión Europea y Estados Unidos (TTIP) desprecia, en su filosofía y en sus propuestas de regulación, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Su modelo confronta y destruye las normas internacionales de protección de los derechos humanos.

Los defensores del TTIP suelen afirmar que el acuerdo entre los dos mayores bloques económicos del mundo ofrecerá la posibilidad de crear estándares, normas y reglas que se adoptarán a nivel global, lo que beneficiará a terceros países. Pero los negociadores del tratado deberían respetar el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y no crear estándares elaborados a medida del capital transnacional.

En relación con el TTIP, debe tenerse en cuenta que, por encima de toda la arquitectura jurídica y económica que propone este tratado, existen derechos protegidos por normas internacionales que deben ser respetados. Y es que hay principios esenciales que son de obligado cumplimiento:

1. Todos los seres humanos, de donde quiera que sean, nacen libres e iguales en su dignidad y son titulares, sin ninguna discriminación, del conjunto de libertades y derechos humanos, tanto individual como colectivamente, que les son inherentes en su condición de seres humanos.

2. Toda la ciudadanía, y en particular los grupos más vulnerables, deben participar de manera determinante en las decisiones que afecten a sus vidas y a su entorno.

3. Todos los Estados tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, es decir, los derechos civiles, políticos, sociales económicos, culturales y medioambientales, tanto en su territorio como fuera del mismo.

4. Los derechos humanos, y el conjunto de normas para su aplicación, son universales, indivisibles e interdependientes.

De este modo, cualquier norma que no respete estos principios en su “esencia normativa” colisiona con la legalidad internacional.

Además, los convenios, los tratados y las normas comerciales y de inversión —incluido, por supuesto, el TTIP—, junto con las disposiciones, las políticas de ajuste y los préstamos condicionados aprobados por las instituciones internacionales económico-financieras, favorecen el poder de las empresas transnacionales y atentan contra los derechos de las mayorías sociales. ¿Por qué no se evalúan los efectos sobre el conjunto de la ciudadanía de los más de 3.000 tratados aprobados en todo el planeta?

Por poner un caso concreto, ¿en qué condiciones se encuentran los pueblos, los hombres y las mujeres de México 20 años después de la firma del Tratado de Libre Comercio entre su país, EEUU y Canadá (NAFTA)? La sentencia de la última sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos, realizado en noviembre de 2014, es incontestable: “Los testimonios que se presentaron a la largo de la audiencia final permiten afirmar que la inserción de México en la globalización neoliberal está asociada con un aumento extraordinario de sufrimiento en el pueblo mexicano. La economía se globaliza y las instituciones democráticas que tutelan los derechos de las mayorías se ubican en un espacio subordinado y marginal; las instituciones globalizadas sustituyen el control democrático por la regulación opaca del comercio global”.

El Derecho Internacional de los Derechos Humanos —incluido el Derecho Internacional del Trabajo y el Derecho Internacional Ambiental— es jerárquicamente superior a las normas de comercio e inversiones, nacionales e internacionales, por su carácter imperativo y como obligaciones erga omnes, esto es, de toda la comunidad internacional y para toda la comunidad internacional. Sin embargo, el TTIP prioriza el libre comercio, la inversión, los privilegios y las ganancias de los inversionistas y de las empresas transnacionales frente a los derechos de los pueblos y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

La Declaración Universal de Derechos Humanos, la Carta de las Naciones Unidas, los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales —aunque este último no haya sido ratificado por Estados Unidos—, y otros tratados y convenciones internacionales de derechos humanos y ambientales revisten carácter de normas imperativas y de Derecho Internacional General. Por tanto, la nulidad de los tratados y los acuerdos de libre comercio e inversión deviene de invocar la preeminencia de una norma jerárquicamente superior: el artículo 53 de la Convención de Viena establece que todo tratado que afecte a una norma imperativa de Derecho Internacional es nulo.

Los principios jurídicos vinculados a las normas de libre comercio e inversión —trato nacional, nación más favorecida, trato más favorable, trato justo y equitativo, la protección retroactiva del tratado, la libre disponibilidad de divisas, la cláusula de sobrevivencia posterior a su denuncia, etc.— deben subordinarse a las normas internacionales de derechos humanos. Porque una interpretación fundamentada en la equidad implica tratar igual a los iguales, no igual a los desiguales. Es decir, que no permitir cláusulas de acción positiva a favor de los sectores sociales y económicos más desfavorecidos —tal y como hace el TTIP— significa apuntalar prácticas discriminatorias.

Firmar contratos, aprobar tratados de comercio e inversiones y aceptar ajustes estructurales bajo la falsa premisa de la igualdad entre las partes, es situar a las relaciones asimétricas de poder en el centro de la técnica jurídica. El TTIP se sustenta en esta interpretación del principio de igualdad: trata igual a las empresas transnacionales, a las pequeñas empresas nacionales y a la ciudadanía, lo que es esencialmente discriminatorio.

El TTIP sólo refleja los principios que favorecen al capital y a las grandes corporaciones transnacionales. ¿Por qué hay que respetar los contratos firmados por corporaciones transnacionales sustentados en el enriquecimiento injusto o en el abuso de derecho? En ningún caso, además, debe permitirse que las disputas inversor-Estado se sometan a la decisión de órganos arbitrales —tribunales privados—, ya que implican un menoscabo de la protección ya concedida por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos a la soberanía de los Estados, a los derechos de las personas y los pueblos.

Frente a todo ello, proponemos la eliminación de los tribunales arbitrales y la creación de una corte mundial sobre corporaciones transnacionales y derechos humanos, que garantice que las personas y comunidades afectadas por las operaciones de estas empresas tengan acceso a una instancia judicial internacional independiente para la obtención de justicia por las violaciones de los derechos civiles, políticos, sociales, económicos, culturales y medioambientales.

También debe crearse un centro público para el control de las transnacionales, que se encargue de analizar, investigar e inspeccionar las prácticas de las grandes corporaciones y que sea gestionado con la participación de gobiernos, movimientos sociales, sindicatos y pueblos autóctonos.

De acuerdo con los Principios de Maastricht, los Estados tienen la obligación de respetar, proteger y cumplir los derechos civiles, políticos, sociales, económicos, culturales y medioambientales, tanto dentro de su territorio como extraterritorialmente, y la violación de esta obligación puede dar lugar a que quede comprometida la responsabilidad internacional del Estado. Por tanto, los Estados deben aprobar normas internas que regulen la responsabilidad extraterritorial por las prácticas de las empresas transnacionales, sus filiales de hecho o de derecho y sus proveedores, subcontratistas y licenciatarios, y que permitan a las comunidades afectadas por dichas prácticas efectuar demandas en los tribunales del Estado matriz.

Por el contrario, los textos fundamentales del TTIP colisionan frontalmente con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Por eso, porque los circuitos del comercio y de las inversiones deben estar subordinados a los derechos humanos y a los derechos de los pueblos, mañana estamos convocados a la movilizaciones que tendrán lugar en todo el mundo en el día de acción de global contra los tratados de libre comercio e inversiones #18ANoalTTIP. Ahí nos vemos.

- Juan Hernández Zubizarreta es profesor de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU).

http://www.alainet.org/es/articulo/169023  

El hoy de nuestra América Latina. . . . 20-04-2015






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