Más de 60 mil
personas huyeron de Nicaragua en el último año, en el marco de una de
las peores crisis políticas y económicas centroamericanas desde los años
ochenta. La mayoría de los refugiados están en la vecina Costa Rica,
donde enfrentan la incertidumbre y el ascenso de la xenofobia.
“Levanto la vista y veo huellas. No es una ni son dos, son decenas. Qué
digo decenas, son cientos. Pienso en las miles de personas que habrán
pasado por aquí en estos días, en este año. Todavía estoy en Nicaragua,
quizás a 300 metros de Costa Rica, pero aún no sé exactamente dónde
estoy.
Soy Marvia Padilla y desde ayer en la noche estoy
tratando de huir de mi país, Nicaragua. Nací en León, justo cuando esa
ciudad se convertía en bastión de una revolución, hace casi cuarenta
años. Estudié derecho, aunque aún no he egresado. En León tenía una
floristería, un “asado” (que es como un establecimiento donde preparamos
comida por las noches), y, además, soy cantautora.
Ahora ya han
transcurrido ocho horas desde que salí de una casa de seguridad en la
que me encontraba desde hace varios meses en Chichigalpa, 100
quilómetros al norte de Managua.
Decidí huir de mi país ayer a
la noche, el 8 de setiembre de 2018, justo unas horas después de que
tres hombres con armas blancas me persiguieron en el centro de León,
después de una manifestación en el parque central de mi ciudad. Yo soy
líder activista del Movimiento de Autoconvocados Azul y Blanco.
Salí anoche hacia Managua en bus, luego viajé hasta Rivas, una ciudad
más al sur. Allí contactamos a una persona que podría ayudarnos a pasar a
Costa Rica. Son grupos organizados dedicados a cruzar personas,
“coyotes”, como se les conoce popularmente. Queríamos irnos al otro lado
a como diera lugar y pagamos para ello. Creíamos que si íbamos a la
frontera de forma regular, nos detendrían y probablemente no contaríamos
la historia.
Levanto la mirada y sólo veo fango y bosque.
Trataremos de cruzar en un punto ciego a un quilómetro del puesto
fronterizo Peñas Blancas.”
En el último año, un número inédito
de solicitudes de refugio inundó Costa Rica. Según la Dirección Nacional
de Migración y Extranjería de Costa Rica, fueron más de 29.500 los
nicaragüenses que solicitaron refugio en ese año y otros 26 mil tienen
citas pendientes para formalizar la solicitud. De ahí se extrae la cifra
de 55 mil personas refugiadas en Costa Rica que el Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) difundió este 16 de
abril. De acuerdo con esa organización, entre abril de 2018 y abril de
2019 salieron de Nicaragua más de 60 mil personas.
Santiago
Navarro, integrante del Centro de Derechos Sociales del Migrante,
explicó a este semanario que hasta ahora la llegada a Costa Rica de
nicaragüenses se daba, principalmente, por factores económicos o de
estudio. “Era una migración forzada, pues no tenían trabajo u
oportunidades de sobrevivencia en su país, pero podían optar cuándo
migrar. Ahora la condición es distinta. La mayoría de las personas
llegan al país a solicitar refugio. Un solicitante de refugio se
diferencia del migrante económico, entre otros aspectos, porque no tiene
tiempo para tomar la decisión de salir del país, su vida corre peligro,
ya sea por su orientación política, sexual, religiosa u otras razones.
Para estos casos existen protocolos internacionales de derechos humanos
que deben ser atendidos”, sostuvo Navarro.
Ante tal emergencia,
Raquel Vargas, directora de Migración en Costa Rica, dijo a Brecha que
se ha aplicado una estrategia de atención que convocó a 37 instituciones
gubernamentales para que se analizaran todos los escenarios. “Los
plazos se mantienen altos, pero hay que tener presente que, una vez
recibida la solicitud, se da inicio a la revisión y el análisis por la
Comisión de Visas Restringidas y Refugio”, aclaró Vargas. De todas
maneras, Navarro se quejó de que en Costa Rica “hay un limbo legal
administrativo: la institucionalidad estatal está desbordada” y por eso
no se han podido procesar todas las solicitudes. La Dirección General de
Migración y Extranjería negó ese extremo y afirmó que todas las
solicitudes serán procesadas en un margen de tiempo de 18 meses. “Se
valora la posibilidad de emitir la resolución definitiva de cada caso en
2020 o 2021. De todos modos, a partir de la solicitud de refugio, las
personas ya se encuentran regulares en el país”, dijo la directora de la
institución.
La migración nicaragüense a Costa Rica no es
novedosa: desde hace casi cien años, miles de personas viajan del norte
al sur para trabajar en el campo, la construcción, la seguridad o el
servicio doméstico costarricense. Organizaciones de defensa de personas
migrantes estiman en 500 mil la cantidad de nicaragüenses que viven en
ese país, un 10 por ciento de la población total. Para Quxabel Cárdenas,
activista por los migrantes en Costa Rica y fundadora de la
organización Enlaces Nicaragüenses, existen en el país miles de familias
binacionales. “El tema de migración dejó de ser un tema de población
extranjera para ser un tema de integración, ya que más de 100 mil
costarricenses han nacido de padre y madre nicaragüenses, pero la cifra
podría ser de 250 mil si se tiene cuenta a los hogares binacionales”,
aseguró Cárdenas a Brecha.
***
“Hace un
momento pasé por un retén militar nicaragüense. Sentí pánico. Pensé que
hasta ahí llegaríamos y que nos devolverían y nos encarcelarían o nos
matarían. La persona que nos llevaba me preguntó si me preocupaba algo.
Le dije que sí, que me perseguía el gobierno y que corría riesgo de que
me encarcelaran.
—Tomá mi cédula –me dijo.
Y pasé con la
cédula de ella. Ahora, caminando, pienso en mi familia, en mis
compañeros, en los muchos que no han podido huir y que enfrentan a un
gobierno que los persigue, los encarcela o tortura.”
La
recepción de nicaragüenses en Costa Rica es conflictiva. El aumento del
ingreso de personas refugiadas ha generado una respuesta negativa de un
sector de la sociedad costarricense, que ha llevado a una escalada del
discurso xenofóbico a tal punto que, en agosto de 2018, se realizó por
primera vez de manera abierta y pública una manifestación costarricense
contra los inmigrantes. Para Guillermo Acuña, sociólogo de la
Universidad Nacional, esa violencia discursiva “se está haciendo notable
a nivel físico. Es decir, en las últimas manifestaciones que tuvimos en
la capital tuvimos enfrentamientos violentos entre la población”.
Carlos Sandoval, especialista en temas de migración y académico de la
Universidad de Costa Rica, ve con preocupación no sólo el crecimiento de
los sentimientos xenofóbicos, sino la colaboración de algunos medios de
comunicación en ese auge. “El malestar no nace espontáneamente. Hay
algunos temas que han servido como desencadenante de este momento de
xenofobia y hostilidad hacia los nicaragüenses. Por ejemplo, la
percepción de que los extranjeros son responsables de la violencia, del
deterioro de los servicios de salud, de la falta de empleo, constituye
el núcleo duro de muchas noticias falsas, a veces incluso fomentadas por
los medios”, dijo Sandoval a Brecha. Agrava ese malestar la frágil
situación económica de Costa Rica, con un déficit fiscal cercano al 7
por ciento, un desempleo de cerca del diez por ciento y una pobreza
estancada en un 20 por ciento desde hace más de treinta años.
***
“Somos ocho personas y la que nos ayudó a pasar la frontera desapareció
de un momento a otro, aunque le habíamos pagado para que nos llevara de
forma segura hasta San José. Caminamos por un bosque por varias horas
hasta ver una carretera. Todavía no sabemos dónde estamos, no tenemos
geolocalizador, pero al ver los automóviles en el camino ya sólo se ven
placas costarricenses.
—¡Estamos en Costa Rica! –grito aliviada.”
En los últimos años, la economía nicaragüense venía en alza. Según
datos del Banco Mundial, la incidencia de la pobreza, en 2005, estaba en
48 por ciento y, en 2016, el gobierno de Daniel Ortega había logrado
bajarla a 25 por ciento. El ingreso nacional bruto per cápita, el valor
de todos los bienes y servicios producidos en el país dividido entre la
población, en 2005, estaba en 1.180 dólares y, en 2017, llegó a 2.130,
un dato que no refleja la desigualdad, pero que da cuenta de un
crecimiento económico del país. Este auge coincidió con un cogobierno
tácito entre el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y el
Frente Sandinista de Liberación Nacional (Fsln), el partido político
liderado por Ortega. Durante más de diez años, integrantes de la gremial
patronal ostentaron cargos en comisiones, comités o juntas directivas
de instituciones públicas. Esa alianza entre el sector privado y el
gobierno, que fue admitida en medios nacionales e internacionales por
José Adán Aguerri, presidente del Cosep, se terminó en abril de 2018,
justo cuando iniciaron las protestas.
Ya habían sucedido varias
manifestaciones contra la intención gubernamental de construir un canal
interoceánico y ante la débil respuesta al incendio en la reserva
forestal Indio Maíz. Pero fue el 18 de abril que se encendió la mecha
con el descontento generado por la reforma de la seguridad social. Una
vez retirado ese cuestionado proyecto de ley, las protestas continuaron,
pero ahora contra la permanencia de Ortega en el poder. El
empresariado, la Iglesia Católica, antiguos cuadros del sandinismo y
partidos de todo el espectro político apoyaron las revueltas.
El
líder sandinista va por su tercer mandato consecutivo al frente del
país. En la elección más reciente, en 2016, consiguió el 72 por ciento
de los votos válidos en una elección con la participación de más del 60
por ciento del padrón electoral. Antes había triunfado en 2011 con 62
por ciento y en 2006 con 38 por ciento. Mucho antes, entre 1979 y 1990,
había gobernado Nicaragua como resultado de la revolución que sacó del
poder a la familia Somoza tras una feroz dictadura de 40 años.
Para el historiador Pablo Morales, docente de la Universidad de Costa
Rica, “las críticas a Nicaragua se dan en el marco de una disputa en la
región sobre la democracia y lo que ella implica. A los efectos de la
legislación nicaragüense, Daniel Ortega no es un dictador. Ese mote es
utilizado como discurso político contra Ortega, pero es un presidente
constitucional. Muchas fuerzas externas juzgan la cultura política
nicaragüense a partir de criterios foráneos, y eso no es válido. En
Nicaragua es normal que las instituciones estén vinculadas al partido de
gobierno, tal como era en Costa Rica hace pocos años. Puede ser un
error, pero es la cultura política del país”. El actual gobierno
sandinista ha creado más bienestar social que el anterior, opinó Morales
en diálogo con Brecha: “Ortega obtiene su legitimidad porque en esta
segunda etapa de su gobierno ha generado incluso más obra social que la
hecha en la primera, durante el período revolucionario, porque ahora no
hay una guerra”.
***
“Dejé atrás a tres
hijos: uno de 7 años, otro de 16 y una de 20. También dejé a mi mamá.
Dejé una vida hecha allá, con mucho trabajo y labor social. En Nicaragua
me persiguen por varios delitos que me endilgan, como incitación al
odio. Incluso me han enjuiciado en ausencia, pero yo sé que es
persecución política. He estado en contra del régimen desde hace varios
años, organicé tranques y movilizaciones. El Movimiento Azul y Blanco es
muy heterogéneo, hay de todo dentro de él. Yo soy pacifista, pero sé
que hay personas que quieren tumbar al gobierno por las armas.”
El Fsln es todavía el partido más grande de Nicaragua, el más
organizado. La oposición, aunque beligerante, no tiene una organización
partidaria única, unida. Está dividida en corrientes, partidos
minoritarios, estudiantes, otros movimientos sociales y empresariado.
Una encuesta de Cid Gallup mostró en setiembre de 2018, en pleno auge de
las protestas, que aunque el 61 por ciento de la población demandaba
nuevas elecciones, el Fsln conservaba todavía un 21 por ciento de apoyo.
El siguiente partido en la lista era el Liberal Constitucionalista, con
un 4 por ciento.
En las calles de Managua puede verse
constantemente a personas particulares con la bandera roja y negra, del
Fsln. La oposición dice que son personas que trabajan para el gobierno y
que están obligadas a llevarlas, pero ellos lo niegan. Josefina es
sandinista y acusó al gobierno de Estados Unidos de generar “caos y
confrontación” en el país. Dijo a Brecha que el gobierno de Ortega es
“el que más ayuda ha llevado a las familias pobres” y que por eso lo
quieren tumbar. En cambio, Jorge, con la cara tapada con un pañuelo
blanco y azul, calificó a Ortega de “dictador” y “corrupto” y pidió que
se realicen elecciones anticipadas. Alexandro, por su parte, votó por el
Fsln, pero ahora cree que ambos bandos cometen errores. La represión no
es la solución, pero la violencia en contra del gobierno tampoco,
opinó. Marvia Padilla no está de acuerdo con las elecciones anticipadas y
piensa que la oposición no tiene articulación política para ganarlas.
De hecho, ya se ven en las calles carteles que dicen “Daniel 2021”, que
es la fecha en la que deberán realizarse nuevas elecciones, según el
cronograma electoral regular, y en las que, probablemente, Daniel Ortega
vuelva a ser candidato.
“Llegué a San José. Aún no me siento a
salvo, pero estoy más tranquila. No conozco nada ni a nadie aquí.
Trajimos dinero para 15 días, pero no creo que nos alcance para ese
lapso. Todo es más caro en Costa Rica. Ahora soy una de las 8.252 que ya
obtuvo la cita para formalizar la solicitud de refugio en 2019. Estoy
buscando trabajo para poder sobrevivir y no pienso abandonar la lucha en
Nicaragua. De todas formas, veo difícil que Ortega se vaya. Durará
hasta las elecciones de 2021 y podría incluso ganarlas, así que todavía
no vemos una salida a esta encrucijada.”
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