Somos un Colectivo que produce programas en español en CFRU 93.3 FM, radio de la Universidad de Guelph en Ontario, Canadá, comprometidos con la difusión de nuestras culturas, la situación social y política de nuestros pueblos y la defensa de los Derechos Humanos.

miércoles, 31 de enero de 2018

Buscar la Belleza

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Esto no es noticia.
Fernando Buen Abad Domínguez
Rebelión/Instituto de Cultura y Comunicación UNLa
Un asunto tan importante como la Belleza jamás ocupa los “encabezados” a no ser que se trate de exhibir mujeres o hacer publicidad al concepto de “arte” secuestrado por algunos muesos o galerías mercantilizados. Contra eso, y desde sus entrañas, debe desarrollarse una producción simbólica, una revuelta de los signos, un ascenso semiótico, artístico, comunicacional, revolucionario definitivo, comprensible y comprensivo.
Es simplemente un error que un “reformismo de la belleza” cumpla con emblematizar a la Revolución estética que lucha por nacer, porque aun sus mejores triunfos -siempre perfectibles- están bajo acechanza. Mientras el Imperialismo genera muerte, destrucción, miseria y barbarie en los países coloniales y semi-coloniales; mientras pinta con desolación los imaginarios actuales, mientras hace lo indecible por secuestrar y fulminar al porvenir… mientras padecemos el gran embrollo de las mafias mercantiles trasnacionales. La producción de un movimiento estético genuino, desde las bases, no se logrará sólo con escarbar en los repertorios “folklóricos” para revivir lo que le “gusta al pueblo” y disfrazar de “popular” aquello que decide una élite. Las condiciones y los tiempos no lo toleran. No se madura una estética revolucionaria sólo por inventar fraseologías novedosas “lindas”, en audiovisuales, estaciones radiofónicas, realizaciones revisteriles o cibernéticas…
No nacerá la estética de la Revolución plagiándose la vieja estética de las oligarquías, su pasión dudosa por los “clásicos del arte”, ni sus adoraciones demagógicas por la “ilustración”. El surgimiento de un proyecto estético revolucionario no nacerá de la imitación de los costumbrismos, de los conservadurismos, de las burocracias ni de las sectas sino de sus contradicciones sociales de fondo. No será obra de los funcionarios ni de los empresarios. Es imposible revitalizar el mundo en que vivimos, es inútil aferrarse a él, es preciso atreverse a cambiarlo críticamente desde sus logros mejores y desde abajo. Si hay un movimiento estético naciente en las entrañas mismas del monstruo, lo hay porque hay proceso revolucionario y a él responde. No hay mejor motor hacia una producción estética radical (desde las raíces) que la propia revolución que germina desde adentro. Pero se trata de una producción en transición que refleja su dialéctica y sus urgencias.
La belleza de la Revolución no nace de los “mass media”, no sale de los discursos, no nace de los congresos ni de los simposios. Nace de las contradicciones que, por millares, van estallando desde el alma misma del sistema. Pero su nacimiento es una gestación y parto difícil y es necesaria una “mayéutica” que ponga atentos y obedientes a cuantos actores sean capaces de apoyar, proteger y construir la transición, el parto. Que nazca la Belleza nueva no implica que viva, habrá que hacer miles de cosas para que tal belleza, “convulsiva” y transformadora, crezca, embarnezca y luzca plena para todos. Mayéutica lucha adentro, alma adentro, cerebro adentro con campesinos, estudiantes y obreros. Mayéutica con todos y en todos.
Esa estética de la Revolución humanista requiere medios de comunicación para hacer visible la Belleza Revolucionaria, que todos la vean y comparen lo que aportan, que todos la miren activamente, sus medios y modos, que se hagan visibles las herramientas y las relaciones sociales para producirla y que las luchas las extiendan y perfeccionen, que sean -esos medios- la revolución Bonita de Carne y hueso, que no la den por “terminada”, que no la den por institucionalizada, que no la den por “definitiva”. Que la hagan Revolución Permanente. Radiodifusoras, televisoras, periódicos, páginas web… revolucionarios y revolucionándose incluso, claro, en la estética también. La clave es insistir, insistir, evaluar y volver a probar con un programa consensuado e incisivo. La Belleza misma.
La Belleza nueva transformará, en su escala, el estado de cosas que la humanidad heredó. Transformará todo con una lucha semiótica contra los conceptos o significados que la han frenado. Tomará de ellos lo mejor y avanzará permanentemente. O será nada. Hay que capacitarse para dominar las técnicas y capacitarse para liberarnos de los esquemas ideológicos más pertinaces, clichés que repetimos inconscientemente, o casi. Educarnos para des-educarnos y re-educarnos. Educarnos para superar lo que nos enseñaron, educarnos para ser sensibles a nuestras sensibilidades nuevas. Educarnos para una estética que no conocemos, que nos impone desafíos nuevos. Entonces educarnos para superar lo que hemos sido y ser esta vez mejores… eso sería hermoso ¿No?
Una transformación en la Belleza desde la médula misma de todas las contradicciones sociales, no es asunto sólo de artistas, galerías, políticas culturales o sabihondos del “buen gusto”. Poetas, pintores, músicos, teatristas, vídeoastas, intelectuales, bailarines… no son más dueños ni más cuentapropistas de la Belleza. La estética revolucionaria en tanto que producción ha de ser tarea de todos los sectores que se dispongan a interrogarse inteligentemente, dispuestos a auto-transformarse crítica y dialécticamente. Una revolución estética que redefina lo hermoso por revolucionario no por cualquier otra razón. Eso no niega la “belleza” que hubo antes, sólo que la hace distinta y tan de todos que uno tiende a eclipsarse legítimamente subyugado bajo la hermosura de las cuentas claras, de las escuelas ganadas, de los enfermos atendidos y curados, del hambre desterrada, de la ternura disciplinada, los acuerdos, alianzas… amores solidarios contra toda alienación de los seres humanos con su trabajo, por todas partes.
Es la belleza de los consensos nuevos, en las elecciones ganadas por los pueblos, en los debates abiertos y con lealtad, en las tareas asumidas y en todo lo que está pendiente, incompleto. Es también el sudor en el trabajo creador, en los médicos y en los voluntarios, es todos esos que traen ganas de poner el pellejo para defender el corazón. La belleza nueva de una Estética militante, y magnética, para la reclasificación programada y espontánea de las cosas según un orden más profundo y más preciso e imposible de dilucidar mediante la razón de la miseria. Belleza como una categoría social que expresa cierto grado de desarrollo del sentido del gusto, de la armonía y del papel de la estética en el conjunto de las relaciones humanas. Contra la esclerosis mercantilista que se empeña en fabricar estereotipos y palabrería banal para excluir de su mundo “hermoso” a todos aquellos que no entran el las tallas, modas y el merchandising estándar de la “belleza” de mercado. La “belleza” nueva crece y derrota al horror conceptual y fáctico labrado por ideologías hegemónicas frecuentemente horribles, por su apariencia y sus trasfondos, para danos el placer enorme de liberar todos los caudales expresivos de la humanidad hoy encerrados entre estereotipos de clase.  “La ética sea la estética del futuro”.

Dr. Fernando Buen Abad Domínguez
Director del Instituto de Cultura y Comunicación
Universidad Nacional de Lanús

Honduras sufre una terrible crisis de derechos humanos

Elecciones fraudulentas y usurpación presidencial anuncian futuro sombrío para el país

Rel-UITA
Juan Orlando Hernández tomó posesión de su segundo mandato en medio de una profunda crisis social que está muy lejos de acabar. En Tegucigalpa y en varias partes del país, miles de hombres y mujeres sufrían la brutal arremetida de las fuerzas de seguridad.

En su discurso pronunciado en un estadio medio vacío y ante el sólo cuerpo diplomático acreditado en el país -ningún mandatario participó del evento- Hernández abrió la puerta al diálogo y la reconciliación, vaticinando escenarios de paz, progreso y desarrollo que nada tienen que ver con la realidad dramática del país.

Más del 60 por ciento de la población sigue hundida en la pobreza, el 44 por ciento de la cual en pobreza extrema. Los índices de violencia e impunidad siguen situándose entre los más altos a nivel mundial.


Además, la corresponsabilidad de las principales instituciones en la legitimación del fraude electoral, así como el uso desproporcionado de la fuerza para intentar acallar las multitudes que se han levantado contra este abuso, han contribuido a derrumbar lo poco que quedaba de la institucionalidad en Honduras.

De acuerdo con el Monitoreo de violaciones de derechos humanos en la coyuntura del fraude electoral realizado por la Coalición contra la Impunidad, entre el 26 de noviembre 2017 y el 23 de enero 2018 se registraron 33 muertes de personas que participaban en la protesta contra el fraude electoral.

Asimismo, se registraron más de 200 personas heridas, más de 1350 detenidas, 34 personas desplazadas por violencia y más de 60 casos de grave violación a la libertad de expresión. También hay una persona desaparecida.

En particular, los derechos a la libertad de expresión, opinión e información fueron estratégicamente atacados por las fuerzas militares y policiales para mantener el manto de silencio y el cerco mediático.

Esta estrategia se llevó a cabo tanto con ataques sistemáticos contra destacados defensores y defensoras de derechos humanos y líderes del movimiento social, como contra medios de comunicación alternativos. 

Un Estado violador de derechos humanos

“Estamos ante un Estado completamente violador de los derechos humanos, que no sólo quiere reprimir la protesta contra el fraude, sino que lo hace con crueldad, de forma deshumanizada, violentando los protocolos internacionales”, dijo a La Rel, Gilda Rivera, directora del Centro de Derechos de Mujeres (CDM), una de las 40 organizaciones que integran la Coalición.

Principales responsables de las violaciones en el marco de la crisis post electoral son las fuerzas de seguridad del Estado, en especial la Policía Militar de Orden Publico (PMOP), las Fuerzas Armadas y la Secretaría de Seguridad a través de la Policía Nacional y la Dirección Policial de Investigación (DPI).

En el informe se identificaron 11 patrones de violación de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad, entre otros, uso desproporcionado de bombas lacrimógenas, allanamientos ilegales, aplicación de castigos y humillaciones públicas y empleo de instrumentos militares y policiales no autorizados.

También se registró la infiltración de agentes de seguridad en las protestas para identificar a líderes y dirigentes, acciones de seguimiento, hostigamiento y persecución, y el uso desproporcionado de la fuerza en contra de personas detenidas.

La Coalición contra la Impunidad señala también el “papel deficiente e irrelevante” del Mecanismo Nacional de Protección de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos

“Honduras vuelve a colocarse como un país donde no existe el marco legal formal de respeto a los derechos humanos para quienes se oponen a la dictadura.

Sufrimos una violencia de Estado, con instituciones cooptadas por los grupos de poder económico y político, que tienen muy clara su estrategia represiva y que son expertas en reprimir, violentar derechos y acosar a la población”, aseguró Rivera.

Un pueblo que resiste

El informe evidenció también la reacción de la población al fraude electoral, subrayando las diferentes formas de resistencia y lucha.

“Los actores sociales y políticos de esta coyuntura opuestos al fraude electoral son los movimientos sociales, las organizaciones territoriales, las organizaciones campesinas, comunitarias y pueblos originarios.

En las movilizaciones ha sido protagónico el papel de las mujeres, de la juventud y los sectores de clase media.

Defienden con profunda dignidad el respeto a la soberanía popular contra quienes violentan la Constitución. Ha sido lo más trascendental en estos dos meses de lucha”, concluyó Rivera.

Fuente: Rel-UITA

Gira de Tillerson augura peligros para la paz en América Latina y el Caribe

Alainet

En la primera semana de febrero, el secretario del Departamento de Estado estadounidense Rex Tillerson realizará una gira por diversos países de América Latina y el Caribe. El objetivo central de la gira es incentivar y organizar una nueva escalada de ataques contra la República Bolivariana de Venezuela, bajo el ya remanido pretexto de la “ayuda humanitaria”. Los destinos a visitar, todos gobiernos implicados en el “grupo de Lima”, no dejan dudas.
Luego de una breve escala en la Universidad de Texas en Austin, donde disertará sobre las políticas previstas por la administración Trump en relación a la región, arribará a México el 1° de Febrero para reunirse con el canciller Videgaray y el presidente saliente Peña Nieto.
A partir del 3 de Febrero, el turno será de Argentina. Tillerson viajará primero a Bariloche y luego a Buenos Aires, para encontrarse con Macri y el ministro Faurie con el objeto de discutir – según informa el comunicado del DoS “la agenda bilateral de crecimiento económico y la cooperación en seguridad”.
Acto seguido, el secretario viajará a Lima, para encontrarse con el presidente Kuczynski y su ministra de Relaciones Exteriores Aljovin. Entre los asuntos a tratar figura la preparación de la próxima Cumbre de las Américas en Abril, en la que participará Donald Trump.
El día 6 Tillerson visitará Colombia. En la reunión con Juan Manuel Santos y su canciller Holguín se abordarán “el apoyo de Estados Unidos” – así el comunicado – “a los esfuerzos de Colombia para enfrentar el crecimiento de los cultivos de coca, la producción de cocaína, aspectos económicos y el crecimiento de la población de refugiados”.
Por último, Tillerson se encontrará con el primer ministro jamaiquino Andrew Holness y su ministra de Asuntos Exteriores Kamina Johnson-Smith. Entre los temas a tratarse en Kingston figuran “la seguridad bilateral y regional, esfuerzos energéticos y las exitosas reformas de Jamaica en materia económica.”
Nada bueno augura esta gira para la región
A la luz del anuncio de la realización de elecciones presidenciales en Venezuela en Abril próximo y de una oposición debilitada y desunida, el periplo de Tillerson se vislumbra como un nuevo capítulo de la opción intervencionista de la administración Trump.
Un propósito similar tuvo el recorrido que emprendió el vicepresidente Mike Pence en Agosto pasado por Colombia, Argentina, Chile y Panamá, En aquella oportunidad el saldo fue infructuoso debido al cerrado rechazo que recogió ante la mención de la “opción armada” contra Venezuela, incluso por parte de estrechos aliados.
Por lo demás, el viaje de Tillerson apunta a dar continuidad a la estrategia de fortalecer la acción concertada del bloque de gobiernos de derecha, hoy agrupada en el “grupo de Lima”, con el objeto de bloquear toda posibilidad de integración regional de carácter emancipador.
Esta es la primera vez que el secretario de Estado recorre la región y obedece también a la necesidad de EEUU de mostrar presencia, frente a la propuesta que hizo China a la CELAC en la reciente ronda de reuniones en Santiago de Chile de incorporar a la región al gigantesco proyecto de infraestructura conocido como La Franja y La Ruta o la Nueva Ruta de la Seda.
Asimismo la inminente concreción del Tratado Transpacífico entre once naciones de América Latina y Asia, a ser firmado en Chile en Marzo próximo sin la participación de EEUU, es un desafío comercial ante el cual el gobierno norteamericano no puede permanecer impasible.
El comunicado emitido por el Departamento de Estado informando sobre la gira prevista, indica que el secretario instará a sus socios a promover un hemisferio “seguro, próspero, democrático y con seguridad energética”. Por otra parte, la atención que Tillerson dedicará durante las conversaciones a Venezuela, es explícita.
Más allá de códigos formales, “seguridad” implica venta de armas y tecnología de vigilancia y represión ante posibles estallidos sociales, al par que un aumento de la retórica belicista contra Venezuela, bajo la excusa de constituir un peligro para la democracia. Democracia de la que ha dado una muestra espléndida el reciente fraude en Honduras, uno de los principales enclaves asociados a EEUU en la región.
Alarmante, más allá de los aspectos de retórica diplomática y propaganda, es la mención de “apoyo” a Colombia. En el marco de una campaña electoral presidencial que los sectores conservadores polarizarán con referencia a Venezuela para ocultar (y canalizar) el descontento social frente al retroceso económico del país, el “apoyo” estadounidense significa una cosa: apoyo a los sectores de derecha – presentables o impresentables - frente a la posibilidad cierta de una derrota política que descomprima la región fronteriza con Venezuela.
En un momento de recrudecimiento de los asesinatos a líderes campesinos y miembros del ahora partido FARC, la remilitarización es un escenario bienvenido por los halcones en Washington y Bogotá, echando así por tierra los avances logrados con la finalización del conflicto armado. La amenaza para Venezuela y el incremento de la tensión en la región sería el efecto directo de ese desatino.
Del mismo modo debe interpretarse el aspecto de “seguridad energética”. Es conocida la estrategia de EEUU para que los estados insulares del Caribe, beneficiados por la política preferencial de PetroCaribe, retiren su apoyo diplomático a Venezuela a cambio de integrarse en una política de “energías limpias”. Esta política implica, entre otras cosas, ampliar la reconversión energética que ya se viene llevando a cabo en América Central con el objetivo de minimizar la influencia de la exportación petrolífera de Venezuela, recortando así su principal ingreso.
Es difícil creer con seriedad que el ex ejecutivo de Exxon, ahora canciller de un país renuente a aceptar compromisos ecológicos retirándose del Acuerdo de París, esté interesado en políticas de conservación medioambiental.
Otro escenario a tener en cuenta es la Cumbre de las Américas de la OEA proyectada para Abril en Perú. Teniendo en cuenta las muestras de parcialidad dadas por el secretario Luis Almagro, constituyéndose en un alfil conspirativo de EEUU contra Venezuela, es altamente probable que en esa reunión – por enésima vez y a pesar del retiro en curso de la nación bolivariana de esa organización – se quiera lograr una “condena” contra el país caribeño que incluya sanciones a nivel regional. Para esto, EEUU y sus socios deberán contar con mayorías que no pudieron lograr anteriormente, a pesar de haberlo intentado repetidamente en los momentos más críticos del 2017.
A los problemas sociales que deberán afrontar los habitantes de varios países de América Latina y el Caribe gobernados por el dictamen neoliberal, se suma en el horizonte la posible tragedia de una escalada bélica. Frente a ello, el repudio generalizado a las acciones conspirativas de una potencia en declive y la defensa irrestricta de la paz son esenciales.
Javier Tolcachier es un investigador perteneciente al Centro Mundial de Estudios Humanistas, organismo del Movimiento Humanista.

La Cumbre de las Américas y la insolencia de la derecha peruana


En el mes de abril tendrá lugar en Lima la VII Cumbre de las Américas, cita en la cual se ha previsto el encuentro de todos los jefes de Estado y de Gobierno del continente; y que curiosamente, en la circunstancia, debatirá temas vinculados a la democracia, la gobernabilidad y la corrupción, virus que corroe la base misma de la sociedad en nuestro tiempo.
Es bueno recordar que este evento constituye la continuación de otros, ocurridos a partir de 1994, cuando -en Miami- se produjo por primera vez, bajo la férula del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica.
Cuando ella ocurrió, el escenario continental era otro. Básicamente estaba bajo el dominio de las fuerzas tradicionales de Poder que al compás de Washington regían, lo que llamara el poeta, “una sociedad sin esperanza”.
Fue precisamente a partir de aquellos años que la situación comenzó a cambiar en la tierra de los libertadores. En Argentina, la crisis tocó fondo, y cayeron –una a una– diversas administraciones corruptas en tanto se afirmaba el fresco y honrado mensaje de don José de San Martín en la conciencia de millones.
En la Patria de Bolívar, entre tanto, también soplaban aires nuevos. El Comandante Hugo Chávez Frías usaba un lenguaje distinto, y buscaba diseñar caminos propios para encarar los problemas de su pueblo.
América comenzaba a moverse nuevamente tomando en sus manos viejas banderas. Los sueños de Pancho Villa y Emiliano Zapata, de Augusto Sandino y Farabundo Martí, asomaban otra vez entre las nubes del cielo americano y brillaban con luz propia, alumbrando nuevos derroteros.
La década de los 90 no parecía la mejor, por cierto. Luego de la caída de la URSS y de la quiebra del socialismo en Europa del Este, Washington cantaba victoria.
Cuba atravesaba lo que se dio en llamar “el periodo especial” y su pueblo heroico hacia frente con singular estoicismo a retos inéditos en la construcción de una nueva sociedad. En Chile se salía de la dictadura asesina de Pinochet en una discutible “sucesión” que dejara el Poder en manos de la derecha reaccionaria. Y en el Perú se afirmaba la dictadura Neo Nazi de Alberto Fujimori.
En otros países de la región, y casi sin variantes, una burguesía parasitaria administraba una crisis asegurando con empeño mantener intactos los privilegios de las grandes corporaciones imperiales.
Por eso Washington aceptó instalar la Cumbre de las Américas, convencida como estaba la Casa Blanca que la historia había terminado y que sólo se abría entonces una puerta: el mundo unipolar, bajo la hegemonía yanqui. Fukuyama dixit.
Pero la vida de los pueblos cambia. Y poco a poco se fue modificando la correlación de fuerzas en el plano continental.
Surgieron los Kitchner en Argentina; Lula, en Brasil; Ortega, en la Nicaragua Sandinista; Evo Morales, en Bolivia; Correa, en Ecuador; se afirmó el proceso bolivariano en Venezuela; triunfó el Farabundo Martí, en El Salvador; se formaron coaliciones más avanzadas en Chile; asomaron gobiernos progresistas en Honduras y Paraguay, bajo la dirección de Manuel Zelaya y Fernando Lugo, respectivamente. Y en otros países, como México, Perú, o Colombia –con distintos matices y diverso grado- se hicieron presentes segmentos que proclamaron voluntad de enfrentar al dominio yanqui.
Por eso fue que en la VI Cumbre celebrada el 2015 en Panamá, Estados Unidos no pudo oponer resistencia, y Cuba brilló con fuerza propia en ese escenario continental.
Cuando en abril se reúna la VII Cumbre en Lima, sin embargo, habrá nuevos vientos de fronda, y ellos serán azuzados por una oligarquía envilecida y en derrota. Tras ella, la siniestra figura del Imperio digitará los hilos, para agredir a los pueblos.
En el Perú, por ejemplo, la “Prensa Grande” y los sectores más reaccionarios de la vida nacional, han re-iniciado una violenta ofensiva contra la administración de Caracas y en particular contra el Presidente Nicolás Maduro. Sin empacho alguno, le han cargado todos los epítetos para denigrar su imagen y afear su rostro.
Como parte de ese operativo de alcance continental, ha arribado al Perú un prófugo de la justicia -Alfredo Ledezma- a quien Pedro Pablo Kuzcynski ha recibido en su casa sin importarle, en absoluto, la naturaleza de sus delitos en la Venezuela de hoy. Y como parte también, en los próximos días la flamante “Canciller” peruana, Cayetana Aljovín, visitará la Casa Blanca, en tanto que el Secretario de Estado yanqui vendrá a Lima.
Nada de eso debiera sorprendernos. No sólo porque PPK es un adulón del Imperio sino porque, además, es amigo cercano de otros asesinos de horca y cuchillo, como Alberto Fujimori a quien llama –con proverbial servilismo- “ex Presidente”, y cuyos execrables crímenes “pasa por alto“, considerándolos apenas “errores” y “excesos”.
En el continente, la campaña contra el Presidente Nicolás Maduro, no es sólo contra él. Forma parte de un despliegue mucho más amplio, y se expresa contra Lula, en Brasil, al que se le busca excluir del proceso electoral de su país con aviesas maniobras seudo legales; en Bolivia, donde amaga una ofensiva desestabilizadora contra Evo Morales a fin de impedir la renovación de su mandato presidencial; en Ecuador, país en el que busca profundizar las diferencias entre el actual presidente, y Rafael Correa, al que la reacción detesta; en Argentina, donde destila todas sus baterías contra Cristina Fernández; en Nicaragua, contra Ortega y el régimen Sandinista; y en Honduras, país en el que busca perpetuar en el Poder, por medios ilícitos, a un “régimen suyo”, el gobierno de Hernández, cuestionado en las ánforas en los recientes comicios en los que legítimamente triunfara la Oposición.
La campaña contra Nicolás Maduro busca también distraer la atención del pueblo respecto a la perniciosa presencia de Donald Trump en nuestro suelo. Busca preservarlo del masivo repudio ciudadano, que sin duda ocurrirá cuando llegue a estas tierras rebeldes y contestatarias.
Los que dicen que Maduro es “un asesino”, no dirán una palabra contra Trump que ahora mismo tiene tropas en Irak matando cotidianamente a centenares de personas; que tiende la mano y proporciona armas a los terroristas que atacan al gobierno legítimo y constitucional de Siria; que golpea a Palestina azuzando a la camarilla sionista de Israel contra los pueblos árabes; que alienta la guerra en Corea enfrentando a dos pueblos hermanos –el del norte y el del sur- para preservar su bases militares instaladas en las cercanía de Seúl, contra los rusos.
Pero Trump, no es solo enemigo de los pueblos del Medio Oriente y el sud este asiático Es también irreconciliable enemigo de los pueblos de América latina, a los que considera “poblaciones inferiores”. No hace mucho, hizo una alusión procaz contra Haití y algunos pueblos africanos. Y es que ese concepto, es el que anida en su espíritu atravesado por el odio y por la guerra.
Si alguien quiere una prueba de ello, debiera leer simplemente las expresiones de Trump contra el pueblo mexicano, al que busca mantener “detrás de un muro”; pero, además, percibir la esencia de lo que constituye hoy la “política migratoria” que impulsa la administración yanqui. Y que se orienta, sin ninguna duda, a discriminar, y aún expulsar, a los latinoamericanos que radican en los Estados Unidos, considerándolos poco menos que “indeseables”.
Si miramos las cosas con objetividad, debiéramos considerar que la Cumbre de las Américas podría -desde el punto de vista de los pueblos- calificarse como la tumba política de Trump y de sus inclinaciones neonazis.
Gustavo Espinoza M. Colectivo de dirección de Nuestra Bandera

Otro macro(n)fracaso de Macri

UE-Mercosur

La firma del tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea sumó un nuevo revés ante la posición de Francia de continuar protegiendo al sector ganadero de ese país, pese al desmedido afán de los gobiernos de Argentina y Brasil, encabezados por Mauricio Macri y el golpista Michel Temer.
La decisión de ambos gobiernos de bajar banderas, que despertara a fin de año temor y desconfianza entre los empresarios, trabajadores e industriales conosureños, no fue suficiente para traspasar los obstáculos que impone un importante lobby empresario europeo y los líderes de la Comisión Europea, un organismo supranacional que tomó carácter propio.
Macri fue a buscar en Francia un gesto que no consiguió. El presidente de Francia, Emmanuel Macron se manifestó públicamente en favor de continuar protegiendo al sector ganadero de su país. El próximo martes hay una nueva reunión por el acuerdo en Bruselas.
En Europa los industriales a favor del acuerdo, discuten contra el lobby agrícola que frena el acercamiento. Macri fue a buscar a Francia un gesto que no consiguió. El próximo martes hay una nueva reunión por el acuerdo en Bruselas.
Los gobiernos conosureños, en especial Argentina y Brasil, desde fines del año pasado tratan de anunciar con bombos y platillos el acuerdo que ya lleva dos décadas negociándose. Pero Macron le dio un nuevo parate al anuncio. Macri intentó superar con él las diferencias en relación a dos temas comerciales emblemáticos (carne y biocombustibles) ante el ostracismo europeo de ofrecer una mayor apertura para las exportaciones mercosureñas.
De la filtración de 19 textos de las negociaciones confidenciales de la UE y los gobiernos del Mercosur (de las que dio cuenta el economista Jorge Marchini), dos asumen temas que no habían sido puestos en el conocimiento público: los capítulos de los entendimientos alcanzados -o en debate pendiente- que se han venido elaborando en forma secreta, incluyendo los relacionados con servicios , inversión y comercio electrónico que pueden restringir y/o distorsionar en una medida inédita la capacidad de regulación económica y financiera de los países mercosureños.
Entre las filtraciones puestas al descubierto llama en particular el capítulo relacionado con la solución de diferencias, ya que pone en evidencia cómo podrían ser forzados los países del Mercosur a ceder soberanía jurídica y aceptar exigencias aún mayores que las definidas por Europa en otros TLCS con países periféricos.
La UE podría demandar a los gobiernos del Mercosur en un tribunal internacional por no cumplir con el TLC y si el país mercosureño perdiera, la UE podría elevar los aranceles de importación para los productos del Mercosur hasta que estos cambiaran normas, políticas y acciones de forma de cumplir con los fallos.
Las filtraciones demuestran que no solo la UE ha profundizado sus demandas exigiendo una mayor liberalización para la participación de las empresas europeas en las compras públicas de los países del Mercosur, inhibiendo una herramienta tradicional elemental para la promoción de nuevas industrias y servicios de economías con menor grado de desarrollo
Asimismo, sumó la exigencia de mayor flexibilización y menor control en las normas de origen, lo cual permitiría dar mayor penetración , por ejemplo, a las muy conocidas marcas europeas de prendas de vestir y diseño, para poder generar la mayor parte del valor de su producción en países con bajos costos para ser presentados , etiquetados y contar las ventajas de liberalización “europea” para su penetración en los mercados sureños.
Impuso, además, sus demandas de una mucho mayor protección de la propiedad intelectual para extender y profundizar privilegios monopólicos, lo que llevaría a un aumento sustancial de precios de medicamentos, restringiendo el desarrollo de la industria farmacéutica local de genéricos y limitando aún más el acceso a la salud a ellos.
Un análisis del diario argentino Página12 señala que los sectores manufactureros argentinos que mayor impacto podrían recibir son el automotor, maquinaria y bienes de capital y el químico, aunque las cámaras representativas de casi todos los industriales han manifestado públicamente sus reparos con el acuerdo. En Brasil también se esperan consecuencias industriales negativas. Su manufactura tiene más potencial exportador aunque también se perjudicaría si Argentina, su principal cliente en el capítulo industrial, accede a los productos europeos sin aranceles.
Uruguay y Paraguay tienen un sector industrial mínimo, con lo cual el impacto negativo es casi nulo. De hecho, Uruguay llegó a plantear la firma un acuerdo de libre comercio con China. Europa podría perder mercado en manos sudamericanas en determinados sectores agrícolas, como en carnes, etanol, vinos, lácteos y cereales.
Más allá de la mayor productividad del Mercosur en algunos de estos sectores y de la posibilidad de la baja de aranceles en Europa, hay relativo consenso alrededor de la idea de que los subsidios europeos no van a mermar y por lo tanto el acceso a ese mercado, incluso con la firma del acuerdo, no se allanará. Esa cerrazón europea la vivieron en carne propia Australia y Nueva Zelanda, que también trataron de negociar un relajamiento de las normas proteccionistas pero no lo lograron a causa del fuerte lobby agrícola, señala Página 12.
El analista Eduardo Febbro indica –desde París- que el mundo sin fronteras ni regulaciones pegajosas que constituye la tabla de la ley de los liberales del mundo tiene muros muy sólidos. Mauricio Macri no los pudo atravesar, pese a haber hecho los deberes que Occidente exige de todo candidato que quiera atraer a los nuevos colonialistas, es decir, los inversores.
El acuerdo comercial chocó con las “líneas rojas” que planteó el presidente francés. Incondicional de un mundo circulante y enemigo de cualquier aislamiento, Macron no despejó las trabas que desde hace décadas bloquean la firma del pacto entre los dos bloques. Las expectativas de arrancar un gesto de Macron para liberar el acuerdo eran más que escasas luego de que, la víspera, durante un encuentro con agricultores franceses en el centro de Francia, Macron les dijera que le presentaría a Mauricio Macri “líneas rojas que Francia no desea sobrepasar”. Y así fue.
Si bien España y Alemania han variado su postura, Francia lidera el grupo de tres países más hostiles a los avances con el Mercosur: los otros son Polonia e Irlanda. Hay varios puntos en discordia, empezando por el etanol. La UE impone un límite de 600 mil toneladas de etanol. La oferta es inaceptable para el bloque sudamericano. Las patentes y el sector bovino son otras de las líneas rojas. El Mercosur reclama mucho más espacios para la exportación. La oferta del sur es demasiado frondosa según los europeos. Estos temas ya impidieron que el pacto se firmara en 2017 en la Argentina durante la conferencia de la Organización Mundial de Comercio.
Esta semana se iniciará otro ciclo de negociaciones en Bruselas. Sin embargo, la decepción parisina fue considerable. Las posiciones son, por ahora, inconciliables: Francia pide demasiado para respetar sus líneas rojas y les deja a los miembros del Mercosur, en particular a la Argentina y Brasil, la responsabilidad de ceder. París miró ya con muy malos ojos las concesiones que hizo la Comisión Europea en lo que atañe al etanol y la carne a cambio de una mayor apertura para su sector automotriz.

Rodolfo Koé Gutiérrez, periodista económico argentino, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, ww.estrategia.la)

Defensores de migrantes, blanco de persecución en EU

Denuncian estar bajo ataque por organizar la resistencia contra las deportaciones


Foto
Una juez federal de Manhattan ordenó ayer la liberación de Ravi Ragbir (al centro, en imagen de archivo), uno de los líderes del Movimiento Nuevo Santuario, detenido hace dos semanas y quien enfrenta un proceso de deportación. El activista ha denunciado injusticias del sistema de inmigración estadunidense

En respuesta a la ofensiva antimigrante del gobierno de Donald Trump, el movimiento santuario se ha multiplicado en el país otorgando asilo a inmigrantes perseguidos, estableciendo comités de defensa legal y denunciando violaciones a los derechos humanos, pero ante ello, sus activistas ahora son blanco de las autoridades migratorias, afirman sus coordinadores.
La respuesta de parte de la comunidad religiosa a las políticas antimigrantes de Trump ha sido un llamado a la resistencia, organizado en un movimiento nacional de santuarios hoy integrado por más de mil 100 congregaciones en el país, que se comprometen a ofrecer refugio físico y defender a inmigrantes perseguidos por las autoridades.
Trabajando en 40 redes y coaliciones estatales, también organizan equipos de defensa de deportación, grupos para acompañar a inmigrantes a citas con las autoridades y acciones para presionar a autoridades locales, estatales y federales a resistir la ofensiva antimigrante, informó este lunes Myrna Orozco, de Church World Service, integrante del movimiento y coautora del primer informe sobre El santuario en la época de Trump.
El año pasado, 37 personas ingresaron a santuarios físicos en iglesias o centros religiosos; nueve de los cuales salieron después de que les concedieron prórrogas o la anulación de sus órdenes de deportación. Hoy día, 36 residen en santuarios en 26 estados (Carolina del Norte tiene el mayor número, con cinco), según el informe.
Ingrid Encalada Latorre se encuentra actualmente en el santuario físico de una iglesia en Boulder, Colorado, con sus dos hijos, porque no tenía opción en este sistema de inmigración descompuesto, comentó en una teleconferencia con medios ayer lunes. Cuenta que la agencia de migración federal ICE detuvo a su compañero el 11 de enero como si fuera un criminal, lo que interpreta como una represalia por la protesta que representa su resistencia pública. Nos están atacando como activistas a escala local y nacional, pero no nos podrán silenciar porque nosotros también tenemos derechos, afirmó.
Maru Mora Villalpando, de la organización Resistencia en el Centro de Detención del Noroeste, en el estado de Washington, contó de las acciones en defensa de los inmigrantes detenidos, incluyendo una serie de huelgas de hambre que han logrado cambiar las condiciones. Denunció que los que están en la resistencia contra esta maquinaria de deportación ahora se encuentran bajo ataque, incluso ella misma, pues recién recibió una carta de ICE en la cual le informan que hay un proceso de deportación en su contra. Esto es sólo un ejemplo de la represión política, indicó, e informó que fue invitada por la senadora federal de su entidad para asistir al informe anual del presidente en el Congreso este martes: ya que vinieron a mi casa, ahora yo iré a la casa de Trump, allá en Washington. No podrán silenciarme (...) sobre sus prácticas crueles e injustas.
Estos son sólo algunos de los defensores de migrantes que han sido perseguidos en los meses recientes, entre ellos también un activista humanitario de No More Deaths que se dedica a dejar agua en el desierto, en la zona de la frontera, y dos de los coordinadores de la coalición del Movimiento Nuevo Santuario de Nueva York.
Pero también hubo celebración este lunes, cuando una juez federal ordenó la excarcelación de Ravi Ragbir, uno de los líderes de la coalición santuario en Nueva York detenido hace dos semanas para ser deportado, al determinar que las autoridades actuaron de manera cruel. Sin embargo, su caso de deportación sigue pendiente. Fue claramente perseguido por sus denuncias contra nuestro injusto sistema de inmigración, comentó Amy Gottlieb, abogada estadunidense y esposa de Ragbir.

Foto Ap
David Brooks
Corresponsal Periódico La Jornada

Niños sin abogado en EU, atropello a principios jurídicos


La Jornada 

La novena corte de circuito de apelaciones de Estados Unidos, con sede en San Francisco, confirmó ayer una orden de deportación en contra de un menor hondureño que llegó a ese país en 2014, cuando tenía 13 años, huyendo de la violencia que azota a la nación centroamericana, a pesar de que al afectado se le negó la asistencia de un abogado defensor en el curso del proceso. De esta manera, dicha instancia jurídica del país vecino dictaminó la inoperancia del derecho a una defensa gratuita en el caso de menores indocumentados, basada en que el Congreso no ha emitido una legislación específica.
El caso –que sienta precedente jurídico– muestra hasta qué punto ha llegado el sistema estadunidense de justicia en la negación de principios jurídicos básicos y universales.
Un ejemplo de lo anterior es la situación que han sufrido los sujetos presos en Guantánamo y otros centros de detención que Washington tiene en diversos países, algunos de los cuales han pasado más de tres lustros sin ser sometidos a juicio, en una negación casi total de sus derechos básicos y sin estatuto legal alguno: ni presuntos delincuentes ni prisioneros de guerra, y calificados de combatientes enemigos ilegales, condición que los sustrajo de todo marco legal y los colocó en una total indefensión ante sus captores.
En el episodio del menor hondureño, a la negación del derecho de asilo, se suma la del derecho a la defensa, que es un pilar fundamental de cualquier régimen jurídico moderno. Por añadidura, se niega a los padres del afectado la facultad de procurar su tutela por medio de un litigante que lleve su caso.
Resulta alarmante, por otra parte, que instancias judiciales estadunidenses se sumen de esta manera a la tendencia xenofóbica que impera en el Poder Ejecutivo bajo la presidencia de Donald Trump y la conviertan en acciones procesales contrarias a derecho, construyendo tratos discriminatorios y de excepción en contra de los extranjeros indocumentados.
La situación descrita es indicativa de que en el país vecino las actitudes racistas no se constriñen a los muros de la Casa Blanca e ilustra que la mentalidad trumpiana dista, por desgracia, de ser una mera anomalía en la nación más poderosa del mundo.
Para hacerse una idea del estado de indefensión en que se encuentran millones de migrantes en territorio estadunidense, ha de sumarse a lo referido la tibieza y la vacilación que ante la persecución racista exhiben los gobiernos de los países de origen de los afectados, entre los cuales se encuentra, lamentablemente, el de México.
Es urgente y necesario dejar de lado las complacencias y denunciar ante las instancias internacionales correspondientes el maltrato y el atropello de diversas instituciones de Estados Unidos en contra de los trabajadores indocumentados, no sólo por elemental sentido de solidaridad nacional y de justicia sino incluso por mero pragmatismo, porque al fin de cuentas esos trabajadores son en buena medida el sostén económico de sus respectivas naciones.

martes, 30 de enero de 2018

Correogate, la denuncia que Macri no pudo apagar

Nuestras Voces

La investigación de Nuestras Voces que destapó el escandaloso intento de autoperdón de 70 mil millones de pesos de Mauricio Macri a la empresa familiar Correo Argentino es uno de los pocos frentes judiciales que el presidente no ha podido controlar, pese a complicidad de jueces y fiscales.
El 8 de febrero de 2017 Mauricio Macri cumplió 58 años. Era su segundo cumpleaños como presidente, pero seguramente no hubo humor para festejos. Ese día, Nuestras Voces reveló el intentó condonarle a su familia más de 70.000 millones de pesos producto de la histórica deuda de Correo Argentino, una de las empresas de la familia Macri, con el Estado.
El escándalo del Correo fue tal que ni siquiera los medios oficialistas pudieron evitar mencionarlo. Y hasta el día de hoy, aunque parece estancado, es casi el único frente judicial que Macri no logró cerrar gracias a la complicidad de jueces y fiscales que dictaron sobreseimientos express para las causas que molestaron al Gobierno. Con todo, Macri y su familia aún no pagaron un peso de su deuda.
Corrupción, vaciamiento, conflictos de interés, y la eterna herencia de los empresarios cuyo único talento fue aprovecharse de un Estado que, ahora, controlan.
La pesada herencia
Los Macri han significado un costo muy alto para el país. Multiplicaron sus empresas y estatizaron sus deudas privadas en tiempos dictatoriales para pasar, ya en democracia, a encabezar la patria contratista de los 90. Uno de sus últimos trofeos fue la concesión del servicio postal que les otorgó Carlos Menem en 1997. A cambio, los Macri se comprometieron a pagar un canon semestral de 51.600.000 pesos durante los 30 años que durara la concesión. Pero al poco tiempo dejaron de pagar el canon y empezó el conflicto que dura hasta la actualidad. El 19 de septiembre de 2001, Correo Argentino presentó un concurso preventivo de acreedores ante la Justicia. Ya debían 296 millones de pesos. Hasta hoy, no pagaron un centavo.
Durante 15 años, algo totalmente anómalo, el concurso de Correo Argentino quedó inmerso en la bruma judicial. Que los Macri no pagaban sus deudas con el Estado era vox populi, pero la cuestión quedó fuera de la agenda pública durante años. En 2016, sin embargo, todo cambió. Macri, una vez presidente, mutó una vez más la relación de su familia con el Estado. Ahora ya no era algo externo con el que hacer negocios, sino el Estado directamente bajo su control. Así, de los dos lados del mostrador, buscó cerrar el asunto de la deuda del Correo con la solución más beneficiosa para sí mismo: condonándola.
Pero algo falló. El personaje clave de esta historia es la fiscala Gabriela Boquin, que advirtió la maniobra y logró abortarla. Aquel 8 de febrero de 2017, con un dictamen que ampliaba otro ya firmado el 30 de diciembre de 2016, desnudó la maniobra. Tal como reveló Nuestas Voces, la fiscala Boquin pidió que se rechace la homologación de un acuerdo entre la familia Macri y el Gobierno de Macri que, en sus palabras, legitimaba una propuesta que era “ abusiva, implica perjuicio fiscal y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado Nacional ”.
En su dictamen, Boquin detallaba la operación. El día clave fue el 28 de junio de 2016, cuando se realizó una audiencia entre Correo Argentino y el Estado ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. Fue todo un paso de comedia, cuyo inicio ya era sospechoso. Fue el Estado Nacional quien solicitó la audiencia el 19 de mayo de 2016 y “ adelantó -según consta en el expediente- que podría prestar conformidad en caso de mejorarse la propuesta ”.
El funcionario que encabezó la negociación, Juan Manuel Mocoroa, tenía órdenes expresas del entonces ministro de Comunicación Oscar Aguad de aceptar una propuesta exactamente igual a la que ofreció la familia Macri. Propuesta que, en lo concreto, implicaba una quita de 70.163 millones de pesos.
Recular en chancletas
Macri estuvo callado varios días. Salieron a defenderlo varios de sus funcionarios. El primero fue Mocoroa, que afirmó: “ No le perdonamos ni un mango a Franco Macri, nada, ni siquiera los intereses”. Desde el Gobierno intentaron minimizar el tema y le aseguraron a los medios oficialistas que “la fiscal hizo una interpretación arbitraria y caprichosa”, pero no pudieron frenar el escándalo.
En Comodoro Py se radicaron 4 denuncias contra Macri, Aguad y otros funcionarios, que fueron unificadas por el juez Ariel Lijo y el fiscal Juan Pedro Zoni.
A las 48 horas la fiscala Boquin encontró nuevos elementos que empeoraron la situación. Tal como informó Nuestras Voces, Boquin presentó un nuevo dictamen donde denunciaba la mala fe procesal de la familia Macri. Mientras el gobierno de Macri le perdonaba a su familia más de 70.000 millones de pesos la misma familia Macri demandaba al Estado por 2.365 millones de pesos. La causa sigue abierta.
Las máximas autoridades de Gobierno salieron en defensa de Macri, pero pronto empezaron a notarse las contradicciones. Aguad, que en un principio dijo que Macri no sabía nada del asunto, luego reconoció que le había comentado el tema a Marcos Peña, el Jefe de Gabinete. Peña reconoció entonces que Aguad “ nos ha mencionado al pasar que había que resolver este tema; con tranquilidad, nunca entramos en detalle ni en discusión porque le dijimos que se haga lo que corresponde, lo que tenga que ver con la ley” .
¿Foja cero?
Macri apreció 8 días después de que Nuestras Voces destapara este escándalo. Dio una conferencia de prensa y habló por primera vez del tema Correo Argentino. “Instruí a Aguad para volver a foja cero. No hay ningún hecho consolidado, no sucedió nada, no se pagó ni se cobró “, sostuvo. Esto mostraba la promiscuidad de esta operación. Macri le daba a Aguad instrucciones públicas sobre el tema, es decir, se metía en el tema que involucraba directamente a su familia. Aseguraba que una causa de miles de fojas volvía a foja cero, algo no sólo imposible sino que, en todo caso, era una decisión de las juezas y no del presidente. Por último, cuando sostuvo que “no sucedió nada”, olvidó mencionar que el Estado había aceptado condonarle más de 70.000 millones de pesos a su familia. “ Volvamos a la Justicia. Empecemos de cero. Queremos un acuerdo integral “, insistió Macri, en clara alusión a la estrategia de su familia de pagar su deuda con lo que le cobrara al Estado en otros juicios, algo que la Corte Suprema ya le había negado en 2009.
Así como no participé en nada de lo que llevó a cabo el ministro Aguad, quiero estar alejado de cualquier mala interpretación “, insistió Macri. De nuevo las contradicciones: o su ministro no le informó sobre un tema clave de la gestión o Macri sabía y mintió.
Que no se note
Desde el estallido del escándalo del Correo el Gobierno tuvo un objetivo central: que no empañara la campaña electoral. Tuvo éxito, ya que logró erradicar el tema de los medios oficialistas y evitar su propagación en la agenda de campaña.
Los medios no fueron los únicos cómplices. Cuando la fiscala Boquin pidió que se filmara la nueva audiencia entre los Macri y el Estado, las juezas María Lila Gómez Alonso de Díaz Cordero y Matilde Ballerini se lo negaron.
No hubieran filmado mucho igual, ya que el Gobierno logró suspenderla. Antes de que comenzara la reunión, Juan Bernabé Araoz, apoderado del ministerio de Comunicación, presentó una nota donde pidió “la suspensión de la audiencia” y “la suspensión de todos los plazos que estuvieran corriendo en la presente causa por el término de ciento veinte días”. La excusa fueron los dos decretos para regular los conflictos de interés anunciados por Macri en la apertura de sesiones legislativas y que el Gobierno estaba preparando. Los 120 días pasaron y nunca más hubo ninguna audiencia para avanzar con el pago de las deudas de la familia presidencia.
Este medio también reveló que el Estado Nacional no fue el único que rechazó durante años las estrategias de la familia Macri para el pago de la deuda de Correo Argentino. El Banco Nación también se negó a aceptar propuestas de pago de una deuda que calificó técnicamente de irrecuperable.
Chau Balbin
El 13 de febrero, a los pocos días de revelado el escándalo, el fiscal Sergio Rodriguez, titular Procuraduría de Investigaciones, le pidió al Procurador del Tesoro Carlos Balbín que investigara lo sucedido en este expediente. Balbín ordenó un sumario administrativo y una auditoría sobre todo lo actuado en la causa Correo Argentino. Semanas después sería uno de los motivos principales de su salida del Gobierno.
La auditoría, hecha por el funcionario de carrera Guillermo García, arrojó un resultado a todas luces crítico para Macri. “ No parece justo imputar las demoras que registra la causa exclusivamente al órgano judicial. También el Correo Argentino SA generó peticiones de todo tipo, varios de las cuales fueron sorprendentemente receptadas por los Tribunal y silenciosamente aceptadas por el Estado. En verdad, el Estado, activa o pasivamente, ha terminado, también, consintiendo con la marcada extensión del proceso ”. La auditoría mostró a todos los responsables de este escándalo: los Macri-las juezas-algunos abogados (no todos) del Estado.
Con las auditoría en sus manos, Balbín firmó un memorándum que molestó a Macri, no sólo porque cuestionó la actitud de su familia para no pagar sus deuda, sino, y fundamentalmente, porque opinó sobre una cuestión central: el pago de los intereses.
Los intereses son clave para entender porqué este memorándum de Balbín molestó a Macri y su familia. Si bien la ley plantea (y el Gobierno usó esto como argumento) que los intereses se suspenden desde la presentación del concurso (o sea, desde 2001), para Balbín “ la doctrina advierte que tal suspensión no es absoluta ” y esta doctrina “ podría ser invocada ” en este caso. Esto pone en jaque a la familia Macri: hay miles de millones de pesos en juego.
Esta opinión, junto a las incipientes investigaciones del caso Odebrecht, fueron el detonante de la salida de Balbin del Gobierno.
Vaciamiento
A tiempo, la fiscala Boquin emitió un nuevo dictamen que denunciaba las maniobras de vaciamiento de Correo Argentino en beneficio de otras empresas del clan Macri. En un minucioso dictamen, Boquin reconstruyó cómo habían logrado, con la complicidad judicial de la jueza Marta Cirulli, sacar de las cuentas congeladas de Correo Argentino un total de 1.645.923 pesos y 185.213 dólares durante 2016. “ La mayoría de los fondos detraídos habrían tenido como beneficiario final las arcas de las controlantes de la concursada (SOCMA-SIDECO) ”, afirmó Boquin.
El dictamen de Boquin detalla todas la maniobras de vaciamiento de Correo Argentino, que en lugar de mantener sus fondos para el eventual pago de sus deudas una vez que concluyera su concurso de acreedores, se dedicó a transferir dinero a otras empresas de la familia Macri. Lo que se desprende del minucioso escrito de Boquin es que Correo Argentino hizo negocios con otras empresas del Grupo Macri que eran sus controlantes, negocios en los cuales no obtuvo ningun beneficio más que vaciarse y desviar dinero hacia otros negocios de la familia presidencial.
Los Macri lanzaron un repliegue táctico dentro de su estrategia de vaciamiento de Correo Argentino, pero lograron que tanto la jueza Cirulli como las sindicaturas que actúan en el concurso demoraran los peritajes sobre las cuentas de la familia Macri.
Lo mismo hizo el juez Lijo, que cajoneó más de tres meses los pedidos del fiscal Zoni para investigar los balances de las empresas Macri. En el medio, el Gobierno desplegó una fuerte operación de prensa combinada con una amenaza de juicio político contra Lijo, mientras la familia Macri acomodaba los papeles de sus compañías. La impunidad mediática de Macri es tan grande que blanquearon la situación en el diario oficialista La Nación. En diciembre, en un nuevo paso de comedia, Lijo les pidió que presenten los papeles ya acomodados a piacere.
La Auditoría General de la Nación (AGN), que tiene que expedirse sobre el caso, también se tomó su tiempo. Aún con los plazos vencidos, pasó la publicación de sus conclusiones par
Nepotismo por Correo
Alrededor del escándalo del Correo hay, al menos, dos casos en los que Macri utilizó una vez más su rol de presidente en su propio beneficio, aunque sea de forma indirecta.
Por un lado, propuso para conjuez de la Corte Suprema a Julio Cesar Rivera. Se trata de un ex apoderado de empresas de los Macri, e incluso el abogado que tramitó el divorcio del actual presidente con Isabel Menditeguy. Rivera está a cargo de la sindicatura general del concurso de acreedores de Correo Argentino, es decir, de controlar el normal devenir del caso. Algo que, a todas luces, no hizo y por lo que fue imputado penalmente junto a Macri en la causa penal que instruye el juez Lijo.
El segundo caso es el pedido enviado al Senado para nombrar jueza a Agustina Diaz Cordero, hija de la jueza que controla la causa de Correo Argentino hace más de 15 años. Tal como reveló Nuestras Voces, se trata del intento de designar a esta joven abogada, asesora del ministro de Justicia Germán Garavano, tras un proceso plagado de irregularidades.

Se definen las tendencias político electorales

Se acentúa la polarización en Bolivia

Mientras los potenciales candidatos presidenciales de oposición, los ex Vicepresidentes Carlos Mesa y Jorge Quiroga, el ex Ministro Samuel Doria Medina y el actual Gobernador de Santa Cruz Rubén Costas, se han lanzado en una fuerte campaña de crítica al gobierno de Evo Morales; el partido del actual mandatario, el Movimiento Al Socialismo (MAS), y los Movimientos Populares y Sindicales han proclamado la candidatura del Jefe de Estado valorando las transformaciones económicas, sociales, culturales, políticas y diplomáticas de los últimos doce años.
Morales, en su informe anual del 22 de enero, presentó un panorama de importantes cambios estructurales producidos durante su gestión a partir de la nacionalización de los hidrocarburos, la recuperación de empresas estatales, la redistribución social de la riqueza, la aprobación de una nueva Constitución Plurinacional, la participación mayoritaria de mujeres, indígenas y jóvenes en las instancias de gobierno, la construcción de infraestructura caminera que integra todo el país, la unidad nacional en la demanda de una salida al mar y la defensa de la soberanía y dignidad de Bolivia.
Al iniciar el año 2018, previo al de las elecciones nacionales de diciembre de 2019, se han marcado ya las tendencias políticas, sociales y electorales que estarán disputando la conducción democrática del país, tomando en cuenta que los enfrentamientos y la polarización comenzaron a finales del pasado año con dos hechos importantes: la decisión del Tribunal Constitucional de habilitar la candidatura para la reelección de Evo Morales, por una parte, y la fuerte movilización de sectores sociales en contra del Sistema del Código Penal con el respaldo de las fuerzas opositoras, por otra.

FUERZAS EN APRONTE
De esta manera, prácticamente se han adelantado las campañas electorales bajo la consigna opositora de desgastar y debilitar al gobierno sobre la base de la generación de conflictos sociales, sectoriales, regionales o gremiales por demandas específicas como fue el caso del conflicto médico en contra de un artículo del nuevo sistema penal que consideraba el tema de la negligencia médica y provocó la adhesión de varios sectores, organizaciones denominadas ciudadanas y partidos conservadores que ampliaron las observaciones a la norma legal. Esta situación obligó al gobierno a abrogarla e iniciar un nuevo proceso de consulta.
El factor articulador de estas acciones, tradicionalmente diferenciadas, se ha trasladado a los medios de comunicación y a las redes sociales que adquieren mayor impacto en la población de los sectores medios y jóvenes más vinculados al consumo de los mismos; de esta manera con argumentos mentirosos en unos casos, y rumores y medias verdades en otros, se amplifican en radioemisoras, canales de televisión, agencias de noticias y periódicos provocando un alto impacto informativo y de expectativa en la población.
Por otra parte, la controversia en torno a la legalidad de la nueva candidatura de Evo Morales ha sido planteada en términos de que el referendo de consulta al respecto, realizado el 21 de febrero de 2016, tuvo un resultado de rechazo a la misma con un porcentaje de 51.3% en medio de una campaña de desprestigio y mentiras en torno al Presidente, campaña conducida por funcionarios de la Embajada de Estados Unidos, redes virtuales, medios de comunicación y oposición que fueron denominadas el “cartel de la mentira”.
Esta modalidad de acción ha sido aplicada en varios países de la región bajo el mismo formato: rumores, escándalo y denuncian sin fundamento lanzadas a pocos días de las elecciones. Al respecto, los movimientos sociales, el MAS y el gobierno no han podido contrarrestar este aparato mediático y de influencia en la opinión pública, quedando Evo Morales es una situación de objetivo central de la campaña opositora.

MOVILIZACIÓN POPULAR Y DEBATE POLÍTICO
Esta situación, al parecer, tiende a ser enfrentada por el partido de gobierno y las autoridades con una mayor información y debate político con los sindicatos, movimientos populares, campesinos y urbano populares de acuerdo a la declaración realizada por el nuevo Ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, quien definió que las dos tareas prioritarias serán la lucha intransigente contra la corrupción y la organización de debates políticos, capacitación e información en el campo popular.
A su vez el gobierno ha desarrollado una campaña de información en torno a los logros conseguidos en estos doce años: la reducción de la pobreza y la extrema pobreza en 20%, el crecimiento económico del PIB con tasas promedio de 5%, la elevación anual de los salarios y del salario mínimo, la reducción del desempleo, la reducción de las brechas entre los más ricos y los más pobres, el control de la inflación, las millonarias ganancias conseguidas por los sectores privados de la banca y las finanzas, la minería, los hidrocarburos, la agroindustria y el comercio y la recuperación de la soberanía y dignidad de Bolivia y los bolivianos.
Asimismo, a diferencia de la oposición, ha planteado un programa estratégico Agenda Patriótica 2025 para conseguir la eliminación de la pobreza extrema y la conquista de soberanía en los campos económico, político, cultural, financiero, tecnológico, ambiental, entre otros. Y, en su último mensaje, Morales ha marcado las prioridades de este periodo: Industrialización, empleo y calificación técnica especialmente para los jóvenes, salud universal, educación de mayor calidad y transformación de la justicia.

ANTECEDENTES Y PERSPECTIVAS ELECTORALES
En términos de las perspectivas electorales se tienen los antecedentes de los triunfos de Morales con porcentajes de votos de 53% en 2005, 64% en 2009 y 61% en 2014 que llevó a plantear que ya se había conseguido una hegemonía social y político-cultural consolidada, sin embargo la nueva coyuntura es más compleja debido al papel de los medios de comunicación y las redes, por una parte, y la emergencia de algunos sectores medios con marcada tendencia conservadora, por otra, lo que requiere de un análisis de la dinámica de los factores que marcan las tendencias hegemónicas.
Actualmente el panorama se presenta de la siguiente manera: Samuel Doria Medina ha conseguido en las elecciones de 2014 el 24% de votos, tiene una bancada parlamentaria, la administración del Municipio de El Alto y ha desarrollado un trabajo político y social en diversos sectores sociales; Ruben Costas tiene respaldo regional en Santa Cruz, encabeza la Gobernación de ese Departamento y cuenta con el apoyo del Municipio de Cochabamba; Jorge Quiroga si bien ha conseguido parlamentarios en las últimas elecciones, ha perdido la sigla partidaria y está muy relegado; Carlos Mesa genera mucha expectativa, sin embargo no cuenta con un partido y niega su candidatura, aunque sus asesores realizan intensas actividades de promoción y organización.
En un segundo plano se encuentran el Gobernador de La Paz, Felix Patzi, ex Ministro del actual gobierno, con su propuesta del “tercer sistema” con respaldo en la región occidental del país; y Luis Revilla, Alcalde de La Paz, quien se encuentra en campaña para conseguir firmas que le permitan el reconocimiento como fuerza política nacional.
Desde la izquierda, Evo Morales cuenta con respaldo nacional a través del MAS, los movimientos sociales agrupados en el Pacto de Unidad y la Coordinadora Nacional por el Cambio (CONALCAM), que integran a campesinos, mujeres campesinas e indígenas, cocaleros, colonizadores (interculturales), indígenas del oriente y occidente del país, los sindicatos afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB), organizaciones vecinales y otras del campo popular.
Eduardo Paz Rada. Sociólogo boliviano y docente de la UMSA. Escribe en publicaciones de Bolivia y América Latina.

Los nuevos tipos de empleo conllevan riesgos en salarios y prestaciones: Cepal

Advierte que tecnologías inteligentes pueden destruir gran cantidad de puestos de trabajo



Las cadenas globales de producción y el acelerado desarrollo de tecnologías generan nuevas modalidades de empleos (temporal, a tiempo parcial, subcontratado por agencia, freelance, independiente, teletrabajo o con plataformas como Uber) que conllevan riesgos en los salarios y prestaciones sociales, además de la destrucción, que se prevé ocasionen, en un importante porcentaje de la fuerza de trabajo a escala mundial, advirtió la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
La desigualdad en la región puede crecer con los nuevos empleos porque la mitad de la población ocupada se encuentra en la informalidad, por lo que recomendó no dejar todo al mercado, sino crear políticas laborales con el fin de proteger a esos trabajadores, de la misma manera que se ha hecho con los que tienen un puesto tradicional o típico, que se caracteriza por ser de tiempo indeterminado o permanente, de jornada completa y con un contratista identificado.
Los mercados por sí mismos no pueden administrar el complejo proceso de ajuste relacionado con los cambios tecnológicos y las políticas e instituciones proactivas del gobierno son fundamentales para apoyar dichos procesos. La evidencia indica que los países asiáticos que lograron crecer rápida y eficientemente mejorando la calidad de vida de su población transformaron su estructura industrial para favorecer a los sectores de alta tecnología, indicó la Cepal a partir de analizar estudios sobre el tema.
En las nuevas formas no estandarizadas de empleo, refirió que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) identifica el trabajo temporal o por contratos de tiempo determinado, por tareas, estacional o casual; a tiempo parcial con jornadas inferiores a las de un empleado típico, el subcontratado por agencia u otra institución; autoempleo dependiente que son relaciones de labores ocultas o fraudulentas, figuradas o encubiertas, así como los que se realizan mediante plataformas en línea para servicios de transporte, turismo o teletrabajo, y los cuales evaden la legislación laboral existente.
Las nuevas formas de empleo y que están en proceso de crecimiento ponen en riesgo desde la perspectiva de la seguridad social incluso a los segmentos tradicionalmente formales y estables de la economía, puntualizó la Cepal en el estudio El mundo del trabajo. Cambios y desafíos en materia de inclusión, a cargo de Marta Novick y Simone Cecchini, consultora de la división de desarrollo social y oficial superior de asuntos sociales del organismo.
Destacó que con la fragmentación productiva y la expectativa de que el sector servicios crecerá más que los otros y habrá mucha relocalización de tareas, varios países en desarrollo con-fían en que se generarán más empleos en sus territorios en áreas de marketing, investigación y desarrollo o finanzas, pero se observa un movimiento inverso en el que tecnologías inteligentes de manufactura ubicadas en países desarrollados podrían ser repatriadas desde naciones de bajos ingresos, lo que destruiría una importante cantidad de fuentes de baja calificación.
La OIT calcula que dos terceras partes de la fuerza laboral del planeta están vinculadas a las cadenas globales de producción y que el número de trabajadores involucrados a las mismas se incrementó 53 por ciento al pasar de 296 millones en 2013 a 453 millones en 2013.
El análisis de la Cepal menciona cómo varían los pronósticos que diversos autores, organismos o gobiernos han hecho sobre el desempleo tecnológico, es decir, el remplazo de mano de obra que ocasionará la automatización o robotización de los procesos productivos.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), por ejemplo, calcula que sólo 9 por ciento de los puestos laborales en sus países afiliados están amenazados de ser sustituidos por la robotización, pero se eleva a 12 por ciento en Austria, Alemania y España, mientras es de 6 por ciento o menos en Finlandia, Estonia o Corea. En cambio, un estudio de la Universidad de Oxford de 2013 calculaba que 47 por ciento de los trabajadores en Estados Unidos serían remplazados por máquinas.

Susana González G. 
Periódico La Jornada
Lunes 29 de enero de 2018, p. 21

Ex presidentes de AL expresan su apoyo a editor del diario Página/12

Firman carta pública de condena a la censura en Argentina



Queremos vivir en un continente sin miedo y con pluralidad de voces y condenamos cualquier forma de persecución o censura, sostienen en una carta pública, siete ex presidentes de América Latina y centenares de personalidades de la región y de Europa al denunciar la persecución contra el editor del periódico argentino, Página 12, Víctor Santa María, también presidente del Partido Justicialista porteño y secretario general del Sindicato de Trabajadores de Edificios.
Bajo el título No a la persecución o la Censura en Argentina, los ex presidentes Rafael Correa (Ecuador), Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff (Brasil), José Pepe Mujica (Uruguay), Ernesto Samper (Colombia), Fernando Lugo (Paraguay) y José Manuel Zelaya Rosales (Honduras) junto al resto de firmantes dicen no a las operaciones mediáticas que pretenden silenciar las posiciones críticas, sembrando la confusión y la sospecha sobre ciudadanas, ciudadanos y dirigentes opositores a las políticas neoliberales que se imponen en diferentes países de Latinoamérica.
En este sentido se solidarizan con Santa María frente a la ola de ataques que viene sufriendo y repudiamos enérgicamente cualquier denuncia que no sea avalada por la justicia como poder independiente y sin presiones de ninguna índole.
La carta se publicó en la edición dominical de Página 12 y refleja la preocupación por una indetenible persecución política, mediática y judicial, que tiene en su mira a importantes personalidades políticas , dirigentes sociales, sindicales, periodistas y abarca a todos los sectores de la sociedad que no se alinean a las políticas oficialistas.
De hecho el gobierno del presidente Mauricio Macri ha sido denunciado penalmente por el último Decreto de Necesidad y Urgencia, que anula nueve leyes y modifica otras 140, e impone peligrosas y graves medidas violando la Constitución y desconociendo al Congreso de lo que ha llevado a varios demandantes a mencionar que esto convierte al ejecutivo actual en un gobierno de facto o un Estado de excepción.
En estos momentos se registra en todo el país una ola de despidos a nivel estatal y privado y entre las situaciones más graves se detalla lo que está sucediendo en la región minera de Santa Cruz, donde fueron cesados 200 trabajadores de Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCF) y hay otros 500 en la lista de despidos, lo que afecta a todo un pueblo que vive alrededor de su zona de trabajo, en uno de los lugares más solitarios del país. La respuesta del gobierno es el envío de más gendarmes y existe ya un llamamiento de diversos sectores para evitar una tragedia ya que la ministra de Segruidad, Patricia Bullrich, ha anunciado que en toda la Patagonia actuarán fuerzas conjuntas de seguridad. Como se sabe durante 2017 la acción de estas fuerzas dejaron dos víctimas de la represión estatal: Santiago Maldonado en Esquel Chubut y Rafael Nahuel en Río Negro.
Bullrich también ha violado la Constitución al dar vía libre a la represión ordenando a esas fuerzas que no deben pedir ninguna autorización a jueces para actuar y además ascendiendo al gendarme acusado directamente de haber intervenido en la desaparición y muerte de Maldonado.
En este momento organismos humanitarios recurrirán al mundo ante las graves violaciones a los derechos humanos que se cometen. En la pasada represión de fuerzas conjuntas en esta capital el 14 y el 18 de diciembre pasado fueron heridos golpeados y maltratados manifestantes, diputados opositores, periodistas y fotógrafos en una verdadera “cacería “ de personas nunca vista en esa dimensión desde el retorno a la democracia en 1983.
Entre los detenidos, muchos de los cuáles ni siquiera participaban en la manifestación figura Esteban Rossano, un joven de 19 años, arrestado y golpeado por la gendarmería y luego brutalmente maltratado por los penitenciarios y los presos.
En una entrevista con Página 12 al recuperar su libertad después de una ilegal y arbitraria detención, el joven Rossano relató la pesadilla vivida desde el momento en que lo detuvieron, lo increparon “¿Así que vos sos el piquetero que tira piedras para lastimar a mis compañeros?”
Durate todo el tiempo en que estuvo detenido en distintos lugares fue golpeado y maltratado lo que sucedió a la mayoría de los detenidos, mujeres y hombres.
No estamos viviendo en democracia. Me tuvieron detenido 42 días mientras me investigaban por algo que no cometí. Y todavía soy sospechoso. No me parece justo para nada, dijo el joven a Página 12.
ARA San Juan
El gobierno de Macri continúa sin dar explicaciones a los familiares de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan, desaparecido en el Atlántico sur el 15 de noviembre pasado.
De acuerdo a las revelaciones de la juez federal de Caleta, Olivia, Marta en una inspección realizada a la nave después de la reparación de media vida que se hizo entre 2008 y 2015, se advirtió en forma expresa que había falencias que ponían en duda la navegabilidad del submarino.
Esto surgió de los documentos encontrados en allanamientos a oficinas de la Marina ordenados por la magistrada a principios de diciembre pasado. En los allanamientos se llevaron unas doce cajas de documentos.
De comprobarse que la nave fue enviada a sabiendas de esas falencias esto se constituiría en un delito y ahora ordenó nuevos allanamientos en las bases navales de Mar del Plata y Puerto Belgrano, y en el Edificio Libertad, sede de la armada en esta capital, a la vez que comienzan a rendir testimonio ante la justicia, importantes jefes de la Marina y otros oficiales.
Sin embargo nunca se han hecho la pregunta de que por qué estaba el submarino en Usuhaia Tierra del Fuego el 31 de octubre, cuando –sin que nadie del gobierno informara- se realizaban maniobras con Estados Unidos, Gran Bretaña y Chile, que no autorizó nunca el Congreso de la Nación.
Sólo con autorización residencial y del mi misterio de Defensa, podía desplazarse el submarino ARA San Juan, y de hecho no hubo ninguna información oficial.
No es sólo Ma marina la que deberá responder sino el gobierno nacional ante un hecho gravísimo que desnudó una situación que afecta la soberanía nacional a puntos que aún falta develar.

Stella Calloni
Corresponsal
Periódico La Jornada
Lunes 29 de enero de 2018, p. 24
Buenos Aires.

American Curios: Reportando desde el manicomio


David Brooks

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Luego de un año en el gobierno, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump (en imagen de archivo), ha demostrado que está dispuesto a atacar a cualquiera de sus colegas, subordinados o amigos que se atrevan a criticarlo. La mayoría de analistas políticos coinciden en señalar que el caos impera en la Casa BlancaFoto Ap
Si no cae antes –la eterna esperanza de mayorías en este país y seguramente del mundo– estamos ante otro año más de reportar sobre el manicomio estadunidense, cuyo rey insiste en que toda verdad que se le oponga o lo cuestione es fake news. Pero no sólo se trata de la locura arriba, sino una especie de locura abajo, una insistencia de que a pesar de calificar el gobierno de Trump como un peligro para la democracia, para el país, para el planeta, hasta ahora le han permitido operar con todas sus consecuencias brutales para millones de personas aquí –primero que todos, los inmigrantes– y en el mundo cada día.
Periodistas –incluso de los medios más institucionales– han hecho tal vez su mejor esfuerzo en tiempos recientes para documentar y revelar la locura oficial, pero hasta ahora, todo sigue funcionando más o menos normal, incluyendo reportar desde este manicomio. Tal vez los mejores periodistas ahora, porque se atreven a desnudar el emperador, siguen siendo los comediantes.
Todo mundo sabe la regla de que un bully sólo puede obrar si los demás se lo permiten, y eso está ocurriendo mientras observadores, entre ellos nosotros los periodistas, reportamos y comentamos sobre el más reciente atropello, humillación, engaño o escándalo. Todos los días se advierte y se denuncia cómo todo esto amenaza a la democracia, y no sólo por los de abajo, sino en lugares como Davos, donde George Soros reiteró su alarma sobre los efectos nocivos del ocupante de la Casa Blanca, sumándose a un coro de premios Nobel, y hasta gente dentro del propio gobierno, incluso entre el gabinete del loco (su secretario de Estado supuestamente habló de él en términos de fucking idiot).
Esta locura ya contagió a toda la cúpula política. Nada más esta última semana, los republicanos intensificaron su campaña de hace tiempo de minar la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la injerencia rusa en las elecciones y los posibles intentos de Trump para frenar la indagatoria, al acusar que hay un complot dentro de la propia FBI y otras partes de la burocracia permanente (a lo que llaman el estado profundo) para derrocar al presidente. Denuncian que desde el inicio –tal como también ha sugerido Trump– todo ha sido políticamente motivado por los demócratas.
Pero el hecho es que los principales actores en estas investigaciones –el presidente, el liderazgo de ambas cámaras del Congreso, el procurador general, el subprocurador general, el jefe de la FBI y el propio Mueller– son todos republicanos. El presidente está dispuesto a atacar a cualquiera de sus colegas, subordinados y amigos que se atrevan a criticarlo (ha despedido u obligado la salida de unos 15 colaboradores en los primeros 12 meses de su gobierno, y continúan los rumores de que está considerando despedir o está encabronado con su procurador general, su secretario de Estado, el jefe de la FBI, y ahora hasta con su propio jefe de gabinete, entre otros). En el Congreso, todos saben que tienen enfrente a un presidente absurdo y obsceno, pero siguen en el juego, tratando de usarlo para lograr obtener todo lo que puedan de sus agendas.
Tenemos una Presidencia del caos y un Congreso del caos, y para oponerlo, necesitamos otro tipo de política que restaure la fe del pueblo en cuestiones públicas, incluyendo el propio Congreso, comentó recientemente el representante federal demócrata Jamie Raskin.
Todas las encuestas registran que la mayoría de este pueblo no confía en su gobierno, sea el presidente o la legislatura. Durante todo su primer año, Trump ha tenido el índice más bajo de aprobación de cualquier presidente en la era moderna. Este próximo martes dará su primer informe presidencial ante el Congreso, donde el mensaje central, según fuentes oficiales, será que él está construyendo un Estados Unidos seguro, fuerte y orgulloso. Sin embargo, según la encuesta más reciente de NBC News/Wall Street Journal, la palabra más usada por el público para calificar esta presidencia es indignado. O sea, la mayoría no está engañada. ¿Entonces?
Según el cuento oficial de la democracia, el pueblo –y no el presidente ni los multimillonarios– es el rey. Supuestamente, los periodistas son los que tienen la responsabilidad de informar y revelar la verdad al público, y con ello obligar a que los representantes rindan cuentas al poder soberano.
Aquí, desde que llegó, el periodismo fue tachado por este rey del manicomio como enemigo del pueblo estadunidense, porque su régimen depende de descalificar y hasta de anular la verdad. Se entiende: algunos de los mejores momentos del periodismo en este país fueron cuando se enfrentó y derrotó al poder corrupto o abusivo con la verdad (sin olvidar que también en sus peores momentos ha hecho justo lo opuesto, ser cómplice en difundir la mentira oficial). No es accidente que la película The Post, de Steven Spielberg, saliera ahora, contando la historia de uno de esos momentos gloriosos donde un periódico se atrevió a publicar, en 1971, la verdad secreta sobre la guerra en Vietnam en el caso célebre de Los papeles del Pentágono filtrados por Daniel Ellsberg, (ejemplo y héroe para otros filtradores que deseaban dar a conocer la verdad al público en tiempos recientes, incluidos Edward Snowden y Chelsea Manning). Fueron periodistas y editores los que se atrevieron a confrontar a otro presidente que los calificó de enemigos del pueblo, Richard Nixon, en el llamado escándalo de Watergate, cuyos fantasmas de nuevo rondan en la Casa Blanca de Trump.
Vale recordar que fue un periodista (junto con un oficial militar) quien finalmente frenó al senador Joe McCarthy, que periodistas de todo tipo –desde Frederick Douglas, Mark Twain, John Reed, John Steinbeck, I.F. Stone, Bill Moyers, Molly Ivins y Pete Hamill, hasta un amplio número de periodistas actuales– han sido fundamentales para generar resistencia contra fuerzas antidemocráticas a lo largo de la historia de este país. El periodismo sólo puede ser enemigo del pueblo si no cumple con su función esencial de cuestionar al poder y la historia oficial.