La CIDH levantó la cautelar por la desaparición de Maldonado y reclamó por la causa
Página/12
El organismo
internacional de derechos humanos reclamó que el Estado esclarezca “de
manera diligente” las causas de la muerte del joven. Mantiene las
denuncias por el riesgo que corren los testigos del caso.
La
Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA levantó la medida
cautelar que había dictado sobre el Estado argentino por la desaparición
de Santiago Maldonado. Si bien esa medida era previsible, lejos de
desentenderse del asunto, ese organismo puntualizó que la investigación
para determinar las causas del fallecimiento del joven debe hacerse “de
manera diligente”. El hallazgo del cuerpo 78 días después de haber sido
visto por última vez durante una represión de Gendarmería en el
recuperado territorio mapuche de Cushamen hizo que variaran “los
requisitos de gravedad, urgencia y necesidad”, que había invocado por
entonces al dictar la medida solicitada por la familia. PáginaI12 pudo
saber que a pedido de la ONG Naturaleza de Derechos –que había sido la
peticionante de la cautelar originaria del expediente junto a otras casi
cuarenta agrupaciones– todas las denuncias por el riesgo que corren los
testigos del caso Maldonado fueron agregadas al expediente principal,
donde la CIDH recogió las pruebas sobre las sucesivas represiones y
persecuciones a esa comunidad mapuche de Chubut, al tiempo que dio por
concluida la parte relacionada al joven tatuador porque la medida se
volvió abstracta. Esto implica que, más allá de la aparición de su
cuerpo, la investigación sobre su muerte sigue bajo la lupa de la CIDH,
que instó a la administración macrista a “esclarecer” el caso tomando
“todas las hipótesis” y estableciendo las responsabilidades “de
cualquier índole”, incluso penales, tal como se sigue investigando en la
causa caratulada como desaparición forzada que instruye el juez federal
Gustavo Lleral.
“La CIDH lamenta la muerte del señor Santiago
Maldonado y, en virtud del cambio de circunstancias, considera que las
medidas han quedado sin materia, no encontrándose presentes los
requisitos de gravedad, urgencia y necesidad de prevenir un riesgo de
daño irreparable, correspondiendo levantar las presentes medidas
cautelares”, indica el documento. La cautelar había sido dictada en los
últimos días de agosto del año pasado, cuando Maldonado mantenía la
condición de desaparecido. Había sido visto por última vez con vida el 1
de agosto en el Lof de Cushamen, cuando un operativo desplegado por
cuatro escuadrones de Gendarmería reprimía un corte de ruta en el que él
participaba.
El reclamo por la aparición de Maldonado trascendió
las fronteras de la Argentina y llegó a la CIDH. Hasta que el 17 de
octubre fue encontrado muerto en el río Chubut y, aunque la autopsia
determinó que murió ahogado las circunstancias de su muerte aún no
fueron establecidas. Por eso la Comisión Interamericana remarcó que “el
Estado de Argentina se encuentra obligado a investigar de manera
diligente las circunstancias que dieron lugar a la muerte”.En los
considerandos finales expresó que “corresponde al Estado investigar de
manera exhaustiva la totalidad de las hipótesis que han surgido a lo
largo de la propia investigación, garantizando una adecuada
participación a sus familiares y representantes”. Sucede que a la sede
de la CIDH en Washington llegaron las pruebas sobre las sucesivas
obstrucciones y malos tratos que padeció la familia, tanto por parte del
gobierno nacional como de la fiscalía federal y del juez federal Guido
Otranto, al punto que este magistrado fue apartado del caso. La mención a
la “totalidad” de las hipótesis alude a los numerosos intentos de
desviar el eje de la causa para alejarlo de las responsabilidades que le
caben a los gendarmes que persiguieron a Maldonado y a los mapuches
hasta el río con camiones y armas de diversos calibres.
El 26 de
octubre, durante las sesiones que el organismo hizo en Montevideo, los
representantes del gobierno habían intentado que la cautelar fuera
levantada. En ese momento, la CIDH no concedió el deseo del gobierno.
Las ONG peticionantes ratificaron que los testigos seguían en peligro:
dos de ellos fueron torturados durante un operativo encabezado por
Otranto el 18 de septiembre, y ahora ese mismo juez que instruye la
causa por el corte de ruta tiene a los jóvenes testigos mapuches como
imputados. Como en la CIDH quedó en pie la denuncia iniciada por la
represión del 10 y 11 de enero en Cushamen, los peticionantes esperan
que el paraguas protectivo del sistema interamericano contenga cualquier
eventual embate contra ellos. La CIDH recordó que cuando fue informada
de los resultados de la autopsia, los representantes de la familia
Maldonado expresaron que el hallazgo del cuerpo “no eximía la
posibilidad de que lo ocurrido se hubiera tratado de una desaparición
atribuible al Estado”.
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