Somos un Colectivo que produce programas en español en CFRU 93.3 FM, radio de la Universidad de Guelph en Ontario, Canadá, comprometidos con la difusión de nuestras culturas, la situación social y política de nuestros pueblos y la defensa de los Derechos Humanos.

martes, 30 de abril de 2019

Deplorable situación de la clase trabajadora

Guatemala
En Guatemala, la clase trabajadora enfrenta un agravamiento de sus condiciones: falta de empleo digno, expulsión, sobrexplotación y represión.
En materia de trabajo digno, enfrenta los problemas de un modelo de acumulación que se reproduce a un escaso 31 % de economía formal. Esto provoca que la mayoría de la población económicamente activa no tenga empleo permanente, salario suficiente, condiciones laborales adecuadas, seguridad y previsión social.
Los trabajadores asalariados sufren cada año la caída del salario, mientras que la parte patronal aumenta sus ganancias. Así, en 2002 la remuneración de los salarios representó el 33.4 % del producto interno bruto y el excedente de explotación el 38.2 %. Sin embargo, en 2017 ambos representaron el 29.9 % y el 42.3 %, respectivamente. Es decir, mientras los salarios disminuyeron su importancia en 3.5 %, las ganancias de la parte patronal aumentaron en 4.1 %. En términos brutos, los salarios significan cada vez menos, mientras que las ganancias de la parte empresarial aumentan sustancialmente.
Las fuentes de empleo son cada vez más precarias. El empleo que el modelo de acumulación genera año tras año es insuficiente, por lo que miles de hombres y mujeres, especialmente jóvenes, son obligados a emigrar. Quienes logran acceder a un trabajo asalariado se encuentran con un salario mínimo vigente de Q2,992 (incluidos bonificación e incentivo), insuficiente para cubrir la canasta básica alimentaria, que en marzo de este año se situó en Q3,564, y, aún más, para garantizar la canasta básica ampliada, que asciende a Q8,230. Adicionalmente, el salario pierde cada año su valor adquisitivo, de modo que entre 2010 y 2019 su valor real bajó de 100 a 72 centavos por quetzal. En lo inmediato, en marzo de este año la inflación acumulada fue de 1.44 % y el precio de los alimentos aumentó en 9.77 %.
Según denuncias de organizaciones como la Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala Histórica (Unsitragua Histórica), el salario mínimo suele incumplirse, en especial en sectores agrícolas como los del café, el hule, la palma aceitera y la caña de azúcar, así como en la administración municipal, entre otros. Además, la misma organización sindical ha constatado cómo históricamente la representación empresarial ha propugnado por mantener sin alza el salario mínimo con la justificación de que su aumento vuelve al país poco competitivo y atractivo para la inversión. De hecho, para este año las partes patronal y gubernamental impidieron el incremento del salario nominal.
Las denuncias sindicales evidencian, además, constantes violaciones de derechos laborales como el incumplimiento del salario mínimo, el impago de horas extras y la falta de prestaciones laborales y de seguridad social, además de la implementación de mecanismos como la contratación por períodos cortos para quebrar la relación laboral, la modificación de pesas para pagar menos al trabajador a destajo y el afianzamiento de salarios mínimos diferenciados. En especial, a la mujer se le paga un salario inferior (en la agroindustria se registran pagos menores hasta en un 50 %), se le exige prueba de embarazo antes de ser contratada y se le despide al resultar embarazada. Además, las mujeres sufren problemas como el acoso laboral y el acoso sexual.
Las denuncias al Ministerio de Trabajo y a instancias judiciales resultan infructuosas. En general, el movimiento sindical evidencia una política antisindical para evitar que el trabajador defienda sus derechos. Esto se refleja en el escaso 1.7 % de sindicalización en el país y en las constantes amenazas, persecuciones y asesinatos que sufren los trabajadores cuando intentan sindicalizarse. La Unsitragua Histórica reporta 96 sindicalistas asesinados entre 2010 y 2019.
Mientras lo anterior es una constante y deplorable realidad, las políticas empresariales y estatales son contrarias al trabajo digno, por lo que la estabilidad, la remuneración necesaria, las condiciones adecuadas y la libertad de organización sindical no mejoran. Contrariamente, existe una política de intolerancia al sindicalismo y violaciones constantes de los derechos laborales.
Al llegar a un nuevo Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras, la situación de la mayoritaria clase trabajadora se agrava y hace crecer los desafíos en la defensa de sus derechos, así como los retos de transformar un Estado que no responde a su mandato como garante de derechos.

“La intromisión de Estados Unidos en la guerra de El Salvador fue terrible”

La secretaria de Monseñor Romero y exmilitante del ERP, María Isabel Figueroa, participa en un acto con vecinos en Valencia


Estuvo en la guerrilla y fue secretaria de Monseñor Romero. Hija de un pequeño propietario campesino, católico y sin militancia política, que cultivaba maíz, arroz, frijoles y verduras, María Isabel Figueroa (Suchitoto, Cuscatlán, 1948) se trasladó a estudiar a la capital, San Salvador. Su madre se dedicaba a las tareas domésticas y a cuidar de la familia numerosa, formada por 10 hermanos. En San Salvador la joven estudió el bachillerato, comenzó con la carrera universitaria –cursó un año de Filosofía- y a participar en las comunidades cristianas de base y el movimiento popular. Desempeñó su primer trabajo en una asociación de cooperativas dependiente del Arzobispado de San Salvador; y después en el archivo diocesano con Monseñor Luis Chávez y González (antecesor de Óscar Romero), quien estuvo al frente de la Archidiócesis de San Salvador entre 1938 y 1977; la muchacha tenía entonces 22 años y continuaba con el trabajo voluntario –en los barrios humildes y periféricos de la capital- con las comunidades eclesiales de base, “muy vinculadas a los sindicatos, las cooperativas y el movimiento universitario”, recuerda.
Seguía, como muchos salvadoreños, el mensaje del Concilio Vaticano II (1962-1965), promovido por el Papa Juan XXIII y entre cuyos objetivos figuraba el “aggiornamento” de la iglesia católica; además tomaba impulso para la acción en la II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano (CELAM), celebrada en 1968 en Medellín. “Íbamos casa por casa en las ‘comunidades marginales’, dándonos a conocer de parte de una parroquia y creando confianza y amistad con la gente; muchos eran católicos sólo porque se les había bautizado, cumplían con los sacramentos o asistían a misa los domingos, pero no tenían un entendimiento de lo que significaba el Evangelio”, explica Figueroa. El primer tema de reflexión -en torno a la Biblia- versaba sobre la injusticia.

Eran los periodos de la presidencia del coronel Arturo Armando Molina (1972-1977) cuando, según recuerda el exdirector del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA), Benjamín Cuéllar, se produjo la “intervención militar” de la Universidad de El Salvador (1972); además en julio de 1975 “fueron masacrados estudiantes y pueblo que acompañaba su lucha”, apunta Cuéllar (El Mundo de El Salvador, julio 2017); el general Carlos Humberto Romero Mena, presidente del país entre 1977 y 1979, ejercía como ministro de Defensa y Seguridad Pública cuando se produjo la masacre.
El 24 de marzo de 1980 Óscar Arnulfo Romero fue asesinado por un “escuadrón de la muerte” ultraderechista, cuando oficiaba una misa en la Capilla del Hospital La Divina Providencia, en San Salvador; el día anterior al crimen concluyó de este modo la homilía: “En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios: ¡Cese la represión!” Unos minutos antes se hizo eco de los hechos “trágicos” de la semana; por ejemplo, “se registró uno de los más fuertes y dolorosos operativos militares en las zonas campesinas; los cantones afectados fueron La Laguna, Plan de Ocotes, El Rosario”, con un balance de “muchísimos ranchos quemados, acciones de saqueo y lo que nunca falta, cadáveres”. Asimismo Romero informó a los feligreses sobre un comunicado de Amnistía Internacional (AI), que le entregaron al entrar en la iglesia con el siguiente contenido: “AI recientemente condenó al Gobierno de El Salvador, responsabilizándolo de 600 asesinatos políticos”.
Romero fue designado Arzobispo de San Salvador en febrero de 1977. María Isabel Figueroa trabajó con el eclesiástico durante dos años y medio, en el despacho ubicado en la segunda planta del Seminario Mayor de San José de la Montaña; allí laboraba, también como secretaria, su compañera Silvia Maribel Arriola, religiosa asesinada por el ejército en enero de 1981, cuando hacía acompañamiento -como enfermera- en el frente de combate. María Isabel Figueroa recogía en el despacho la correspondencia -muy abundante-, la seleccionaba y resumía; la entonces secretaria destaca dos etapas respecto al posicionamiento de Romero: “Antes de ser arzobispo creo que fue un sacerdote-obispo con valores humanos y caritativos pero conservador, sin un compromiso muy definido con el pueblo”. Es más, si el papa Pablo VI lo designó cuarto Arzobispo Metropolitano de San Salvador, “no pensábamos que lo hiciera para favorecer a la iglesia de los pobres que construíamos a partir de Medellín”.
La activista destaca como punto de inflexión en el compromiso de Óscar Romero la muerte de su amigo, el sacerdote jesuita Rutilio Grande García, en marzo de 1977; Rutilio Grande fue acribillado junto a los feligreses Manuel Solórzano, de 72 años, y Nelson Rutlio Lemus, de 16, por “escuadrones de la muerte” de la Guardia Nacional en el municipio de Aguilares. “Fue notoria la ausencia de las autoridades que oficialmente suelen prestar ayuda en estos casos”, criticó en un comunicado el Arzobispado de San Salvador. “En la parroquia de Aguilares, en cuya jurisdicción se encontraba su pueblo natal, El Paisnal, Rutilio dedicó los cuatro últimos años de su vida a proclamar el Evangelio y la justicia del reino de Dios entre los campesinos; en la misma línea de Jesús, denunció al explotador e hizo conciencia en el explotado de la dignidad y sus derechos”, explica el director del Centro Monseñor Romero y profesor de Teología de la Universidad Centroamericana (UCA), Rodolfo Romero (“Rutilio Grande: mártir de la evangelización rural en El Salvador”, conferencia en Roma, marzo de 2019).
Dos días después del crimen, Monseñor Romero ofició una misa de exequias en todo el país –en la catedral de San Salvador- por Rutilio Grande, a la que asistieron miles de personas; “Romero empezó a denunciar la violencia en las homilías”, afirma María Isabel Figueroa (por ejemplo, en mayo de 1977, con motivo del asesinato del sacerdote Alfonso Navarro Oviedo y el menor Luisito Torres, perpetrado por la organización ultraderechista Unión Guerrera Blanca; o por la detención y expulsión del país del sacerdote jesuita Jorge Sarsanedas); en esta segunda etapa, “Romero se acercaba a los sacerdotes más comprometidos y se hizo más accesible a las comunidades que llegaban a compartirle qué pasaba en los cantones”, añade Figueroa, quien continuaba trabajando en las comunidades eclesiales de base, en barrios como Zacamil (San Salvador).
En 1980 María Isabel Figueroa ingresó en la guerrilla; estuvo cinco años en el campo y otros siete en la ciudad. El informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recogió la “acción coordinada” que, en mayo de 1980, encabezó el ejército de El Salvador con la colaboración de tropas hondureñas y que pasó a la historia como la masacre del río Sumpul (entre 300 y 1.500 campesinos muertos, según las fuentes, que intentaban entrar en Honduras); en la escabechina de El Mozote (departamento de Morazán), que también afectó a los cantones y caseríos cercanos, las fuerzas armadas salvadoreñas perpetraron la ejecución extrajudicial, en diciembre de 1981, de cerca de mil personas.
Cuatro décadas después en Valencia, donde ha participado en un acto con vecinos en la Asociación Vilanova del Grao, la activista hace memoria de aquellos años: “Las marchas y protestas populares eran reprimidas y había gente asesinada; entonces el pueblo se vio obligado a definir ‘frentes de guerra’, en los que comenzó a defenderse; la gente que tenía problemas en la ciudad se podía ir al campo, a estos ‘frentes’, y sentirse allí más protegidos, porque había ya grupos de compañeros (armados) del FMLN; se sabía que si el ejército venía a buscar a la gente, habría un enfrentamiento”.
Militó durante 12 años en el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), una de las cinco organizaciones que en octubre de 1980 constituyeron el FMLN; las otras cuatro fueron el Partido Comunista de El Salvador (PCS), las Fuerzas Populares de Liberación “Farabundo Martí” (FPL), la Resistencia Nacional (RN) y el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos (PRTC). María Isabel Figueroa estuvo en el Frente Paracentral y en la ciudad de San Salvador. De la experiencia revolucionaria extrae algunas conclusiones: “Sí que ha servido, porque a pesar de tanta sangre, lucha y sacrificio de la gente, si no hubiera sido así no habríamos alcanzado lo poco que tenemos ahora; al final el ejército y el gobierno llegaron a un empate de fuerzas con el pueblo alzado en armas; no pudieron continuar más y cedieron al diálogo”.
En enero de 1992 se firmaron los Acuerdos de Paz en el castillo de Chepultepec (México), que pusieron fin a 12 años de conflicto armado, con un balance de cerca de 75.000 personas asesinadas y 8.000 víctimas de desaparición forzada (entre ellas más de mil menores). La Comisión de la Verdad surgida de los acuerdos presentó en 1993 el informe “De la locura a la esperanza”; la Comisión registró más de 22.000 denuncias por “graves hechos de violencia”, como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas; los testimonios señalaron la responsabilidad de agentes del Estado, grupos paramilitares y “escuadrones de la muerte” en el 85% de los casos. Según el informe de la UCA “El Salvador: verdad, justicia y reparación”, de 2009, durante la guerra el Estado salvadoreño desplegó “estrategias militares de control y exterminio de la población civil para combatir a los grupos insurgentes”.
¿Qué influencia tuvo durante el conflicto Estados Unidos? “Ah!, la intromisión fue terrible”, responde María Isabel Figueroa; “creo que los problemas que tenemos en América Latina y el mundo son por el imperialismo; en El Salvador tuvimos la presencia real de los Estados Unidos dirigiendo la guerra; los cuerpos de los combatientes eran salvadoreños, pero hasta el tamal que se comían venía enlatado de Estados Unidos; parece que se gastaron millones diarios en la guerra con nosotros”. El historiador Héctor Ibarra Chávez, exmiembro del ERP y combatiente durante una década en la guerrilla, subraya la coyuntura de diciembre de 1983: “En este contexto de victorias militares del FMLN, y de un eventual ‘colapso moral’ de las Fuerzas Armadas, es que se inicia la escalada intervencionista de los Estados Unidos, y el riesgo de una inminente intervención con tropas norteamericanas”; se trataba de evitar, en los términos de la Administración estadounidense, “otra Nicaragua en Centroamérica” (“Brigada Rafael Arce Zablah ¡Misión Cumplida! (Expediente Abierto, 2008).
Actualmente María Isabel Figueroa participa en la Asociación Nuevo Amanecer de El Salvador (ANADES), surgida de un movimiento de mujeres adscritas a las comunidades eclesiales de base de Zacamil y su entorno, en 1986. El objetivo inicial -ampliado con los años a programas de sostenibilidad, niñez, salud y desarrollo comunitario- era apoyar a la infancia huérfana por los asesinatos y la tortura durante la guerra. “En la historia de El Salvador hay personajes nefastos”, asevera la activista ya en el final de la conversación. Menciona al exmayor Roberto d’Aubuisson (1943-1992), adiestrado en la Escuela de las Américas, a quien la Comisión de la Verdad atribuye la orden del asesinato de Óscar Romero y la dirección de un grupo de “escuadrones” paramilitares. D’Abuisson fue asimismo uno de los fundadores del partido derechista ARENA en 1981.
Figueroa cita además al grupo de militares de alta graduación de “La Tandona”, a quienes la UCA considera presuntos autores intelectuales –a partir del informe de la Comisión de la Verdad- del asesinato de seis jesuitas, una trabajadora y su hija en el recinto de la Universidad Centroamericana, en noviembre de 1989 (este sector de oficiales “llegaron a controlar la mayor parte de los puestos de poder en la Fuerza Armada y, en consecuencia, se sentían impunes a la hora de actuar ilegalmente”, detalló la UCA en un comunicado). En la trinchera contraria, “no lo conocí, pero Farabundo Martí me parece un líder valioso; y de la iglesia, Monseñor Romero”, concluye María Isabel Figueroa.

¿Será Joe Biden el candidato del Partido Demócrata a la presidencia?


El ex vicepresidente Joseph Biden acaba de anunciar oficialmente su intención de obtener la nominación del Partido Demócrata para las elecciones presidenciales de noviembre de 2020 en Estados Unidos.
Cubierto con un manto de falsas posiciones moderadas o de centro, Biden está dispuesto a venir al rescate del establishment político corporativo en un momento en que entre el electorado y las bases de ese partido devienen predominantes los reclamos y posiciones de respaldo a una agenda de corte popular.
Joe Biden es por supuesto la figura más conocida a nivel nacional -de entre más de una quincena de otros políticos que están en la lid por la nominación demócrata-, quizás con la excepción del socialdemócrata Bernie Sanders, muy admirado luego de su exitosa campaña de base popular en 2016.
Hace unos días el NY Times informaba que los demócratas que son parte del esfuerzo “Parar a Sanders” están angustiados por el impulso con que este cuenta. Un titular del Washington Post decía “Los demócratas de centro temen que las posiciones de la extrema izquierda conducirán a la derrota en 2020. De modo que ellos están impulsando alternativas”.
Además de contar con un nombre que parte del público identifica, Biden suma otras ventajas como son el favor de la elite política y financiera del país, y con ello acceso a las arcas que se necesita para librar una exitosa y costosa campaña electoral, así como el favor de la maquinaria nacional del Partido Demócrata y, se supone, que tendría también asegurada una cobertura favorable por parte de los grandes medios y cadenas televisivas.
No obstante, ese político tiene a su vez sus desventajas ante un electorado bastante escéptico y con claras tendencias de rechazo a esa misma elite de Washington y de Wall Street y, en general, a quienes conducen la política en la capital estadounidense, tendencia que se ha hecho más marcada en los últimos años.
Joe Biden tiene 76 años; ha sido miembro del Congreso nada menos que durante 36 años y vicepresidente del país durante otros ocho durante la Administración de Obama. Es sin dudas el más veterano y diestro de los servidores de la elite del país de entre los que han anunciado sus aspiraciones presidenciales.
Aunque con una imagen de posiciones de centro, su alineamiento con los intereses corporativos y financieros es bien amplio. Ha sido parte del rejuego correspondiente con políticas en favor de las grandes empresas, la banca, las compañías de seguros y al unánimemente favorecido aumento de los gastos militares, la desregulación financiera, etc.
Como casi todos los políticos y aspirantes presidenciales demócratas de las corrientes vinculadas a los Clinton y a Obama, que son las que tienen hegemonía en el partido, Biden cuenta con buena llegada y relaciones con elites establecidas en los sectores afroamericanos y el mundo sindical, lo cual no es igual a decir que tiene real aceptación o ascendencia sobre los trabajadores o las llamadas comunidades negras o latinas.
No se debe subestimar la fuerte y ya asentada actitud de rechazo, antes mencionada, que desde hace décadas muestra una gran parte del electorado estadounidense hacia los políticos y las elites en general.
Esos son factores que conspiran contra las potencialidades de Biden, aunque este tenga la ventaja de su cercanía con el establishment, los detentores del dinero y el favor de los grandes medios de difusión.
Otro asunto a considerar es la apatía de los votantes, tendencia también de larga data y que a la hora de contar los votos afecta particularmente a los demócratas. Parte de los factores que llevaron a la derrota de Hillary Clinton en 20l6 fue que al forzar su nominación, al favorecerla con todo tipo de manipulaciones, las estructuras y la dirección del Partido frustraron la posibilidad de motivar y energizar a sus bases, como lo estaba haciendo el senador independiente Bernie Sanders.
Se considera que para este ciclo electoral y para poder derrotar al candidato republicano, que muy probablemente sea el actual presidente Donald Trump, se requerirá movilizar e imprimir nuevos bríos al electorado demócrata y rescatar parte de los sectores populares que aquel les arrebató.
Aunque ese en definitiva es un partido del sistema, deberá morigerar su propensión neoliberal para reconectarse en alguna medida con sus bases, con las llamadas clases medias, buena parte de ellas trabajadores, y con mucha gente decepcionada con la política, con la desatención y el deterioro de sus condiciones de vida.
Eso fue parte de lo que dio oportunidad a Trump en 2016 de manipular la rabia y profunda insatisfacción entre los estadounidenses con el disfuncional sistema político del país, en particular los rejuegos simbolizados en Wall Street y en la capital federal, y por la desconexión de las esferas políticas con el común de la gente.
Aunque con una figura menos desagradable que Hillary Clinton, los demócratas, con Joe Biden (quien se asemeja a ella en muchos aspectos sustantivos), podrían correr el riego de repetir su desalentadora y fallida campaña en el pasado ciclo electoral.
Biden cuenta con antecedentes de abierta defensa del capitalismo y una solapada evasión acerca de las desigualdades de clase. Un largo record y secuela de sus posiciones que podrían hacerlo vulnerable ante sus contrincantes durante los próximos meses de campaña, y en la recta final si resultara nominado, record que incluye expresiones de corte racista, de marcado apoyo a la guerra, de favorecer la desregulación de la banca, etc.
O el haberse mostrado duro ante el delito, hasta planos de insensibilidad, como cuando en un discurso ante el pleno del Senado en 1993 dijo:
“No importa si se trata o no de personas que hayan estado en condición de menesterosos o marginados en su juventud. No importa si ellos tuvieron o no un pasado que les permitiera formar parte del tejido social. No importa si fueron o no víctimas de la sociedad. El resultado final es que ellos están a punto de golpear a mi madre…, dispararle a mi hermana…”, etc.

Se le señala como un firme acólito del Complejo Militar Industrial. Desde su poderosa posición como presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado en 2003, Biden proporcionó cobertura política para el masivo ataque militar contra Iraq autorizado por el presidente republicano George Bush. Algunos han expresado que hizo más que cualquier otro senador demócrata para que se diera luz verde a la invasión.
Es posible que la olvidadiza ciudadanía solo tenga una imagen nebulosa de esta personalidad cuyo nombre les resulta familiar, pero mucha es la carga y complejidad de su prontuario político. Para que Biden pueda hacerse con la nominación presidencial demócrata el próximo año, ello dependerá considerablemente de cuantos votantes en las primarias habrían llegado a conocer o no sobre los antecedentes de este consumado político; cuanto de su real historial saldrá a la palestra en los próximos meses.
Aunque es temprano para afirmarlo, e incluso considerando que el dinero y los grandes medios halarán las brasas hacia su sartén, estimo que a la larga las estructuras del Partido Demócrata, en cierta medida empujados por las bases, favorecerán una “cara nueva” de entre la docena o más de aspirantes presidenciales que ya se han lanzado al ruedo para que sea quien obtenga la nominación demócrata en la convención nacional a efectuarse en julio del próximo año en la ciudad de Milwaukee, estado de Wisconsin.

Con el FMI llegó el olor a muerte


Personeros del FMI con funcionarios de gobierno
Foto: la Tribuna.hn 

Tegucigalpa, DC.- Honduras se apresta a suscribir un nuevo convenio de cooperación (¿préstamo?) con el FMI (una misión técnica se encuentra en el país) que permita blindar la gestión ilegítima de Juan Orlando Hernández (JOH). Los personeros del FMI, la mayoría de cuarta y quinta categoría, ya que en Honduras la orden del día es acatar todo lo que recomienden para estabilizar la economía, por lo que no hay debate; han venido reuniéndose con personeros del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) y colegios profesionales para conocer que opinan de las propuestas adelantadas (partición de la ENEE, por ejemplo), y racionalización de las exoneraciones fiscales.

Como es la costumbre, el gobierno de la República ya había adelantado un plan estratégico para enfrentar la crisis financiera de la ENEE, que implica la partición de la empresa, pero además el ajuste de las tarifas por arriba de lo recomendado por técnicos del Colegio de Ingenieros Mecánicos, Electricistas y Químicos de Honduras (CIMEHQ). El gobierno aumentó las tarifas en más de un 10%, pero lo recomendable, según los expertos del CIMEHQ, debió ser arriba de 5%. Este sobreajuste no es cuestionado por el FMI, ya que necesita que el gobierno disponga de recursos para enfrentar la crisis financiera y garantizar el pago del servicio de la deuda externa con los organismos multilaterales y banca privada.

Recién el Congreso de la República, con mayoría simple y diputados del Partido Nacional y los partidos chingaste (Democracia Cristiana, Alianza Patriótica) aprobaron dos (2) decretos para la reestructuración de Educación y Salud, un cheque en blanco para que las autoridades publicas pueda despedir empleados públicos (médicos y maestros) y violar sistemáticamente sus derechos adquiridos con la vigencia de estatutos gremiales. El argumento del gobierno es que se necesitan recursos para comprar materiales, textos y mobiliario de apoyo a los maestros, lo que no se puede hacer dada la rigidez del gasto en salarios y la protección a los empleados que ofrecen las leyes vigentes. En Salud, se busca agilizar la compra de insumos, mobiliario, equipos y medicamentos, por lo que urge flexibilizar lo referido al manejo del gasto de personal. Igual, sino se aprobaban estos decretos, se corría el riesgo de perder 30 millones de dólares para apoyar las reformas.

Los decretos han sido rechazados por la población hondureña, en especial los colegios magisteriales y sindicatos de salud, a los cuales se han sumado los “Comandos Insurreccionales” del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), y la bancada de la decencia del partido Liberal en el Congreso de la República. Las centrales obreras están divididas, ya que la dirigencia de la Central General de Trabajadores (CGT) apoya el decreto y se pronuncia a favor de la ratificación por el Congreso de la República, ya que sus principales dirigentes enfrentan procesos judiciales por el saqueo del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

En el frente interno, la Alcaldía Municipal del Distrito Central ha decidido aumentar el monto de pago sobre impuestos de bienes inmuebles, violando la Ley. Ello ha llevado a empresarios agrupados en la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), a interponer un recurso de amparo para que se desista de este nuevo trancazo que se suma al de las tarifas eléctricas y de los derivados de petróleo.

Frente a ello, las organizaciones de profesores y maestros han llamado a un paro nacional, hasta que el Congreso de la República derogue dicho decreto y retome las mesas de diálogo que ya se habían instalado. Las protestas a nivel nacional, pero sobre todo en la ciudad capital, municipios de Yoro y Choluteca, terminaron en represión y violencia, lastimosamente con varios muertos según reportan los dirigentes magisteriales y miembros del partido LIBRE.

Para el FMI los muertos no cuentan, y su danza de negociaciones para imponer las nuevas reformas (¿trancazos?) continúa. En caso que no se hagan dichas reformas, el gobierno no tendrá acceso a recursos de los organismos financieros ya negociados, pero también puede aumentar su riesgo-país y complicarse en cuanto al cumplimiento de los objetivos y metas de estabilización económica, en especial la reducción del déficit fiscal, control de la inflación y pago del servicio de la deuda.

En esta coyuntura, la única alternativa que tienen las organizaciones gremiales y populares, es la presión al gobierno/congreso y el paro nacional, ya que la condicionalidad del FMI es tan fuerte que el gobierno de la República puede terminar imponiendo, como en el pasado, esta voluntad, no importando el costo.

En este marco, llama la atención la poca creatividad de funcionarios de gobierno y de los miembros de las comisiones de reforma nombrados, para identificar alternativas de solución que no sean la flexibilidad en los rubros de gasto, en especial de los sueldos y salarios, lo que se considera una clara violación de los derechos laborales adquiridos. Los sueldos y salarios en estas dos (2) Secretarias de Estado son gastos rígidos, que se programan anualmente en el presupuesto; lo que no han hecho es medir y evaluar la productividad de dichos gastos a lo cual no se oponen los dirigentes de los colegios profesionales. En tal sentido, debería existir un compromiso compartido de cumplir los objetivos y metas en salud y educación, deduciéndose responsabilidades en caso de incumplimiento.

En paralelo, un programa masivo de capacitación a los maestros es exigido por las dirigencias magisteriales (incluyendo clases de inglés e informática), sumado al fortalecimiento y descentralización de los servicios de salud para contribuir a eliminar la regresividad en el sistema.

Ningún docente, médico o enfermera se opone a la mejora de la calidad de la educación y salud. El problema es el pensamiento único, la propuesta única y las acciones unilaterales e impuestas; una ideología convertida en política de Estado.

https://www.alainet.org/es/articulo/199589

España, más de izquierdas que de derechas


Pedro Sánchez

Se acabó la demoscopia. Tiempo de analizar los votos. La lectura del resultado electoral en España tiene muchas aristas:

1. Estaba dicho, pero ahora es definitivo: se acabó el bipartidismo. Pasamos de 2 a 5 partidos con dimensión estatal. Los dos grandes partidos, PSOE y PP, suman ahora el 46% de los votos (53,7% del Congreso), mientras que en 2008 tenían el 85,25% (92,3%).

2. Muere el bipartidismo, pero no acaba el clivaje ideológico derecha/izquierda. Sin contar los partidos regionales y nacionalistas, la suma de las tres derechas, PP, Ciudadanos y Vox, (42,8%) no supera lo que acumula el progresismo, PSOE y Unidas Podemos (42,99), ni en votos ni diputados.

2. El PSOE vuelve a ser la primera fuerza política e insufla aire a una socialdemocracia muy golpeada en Europa. Casi duplica al segundo partido en escaños. Crece mucho, tanto en votos (6%) como en diputados. Sacó rédito a la censura y a los meses de gobierno; destacó su lado más progresista y eso siempre es valorado por su potencial electorado. Quienes vaticinaron su pasokización desestimaron la fortaleza de la estructura territorial del PSOE en España, su capacidad de resucitar y el sistema de reparto. Lo normal es que Pedro Sánchez sea el próximo presidente.

3. Batacazo del PP, que compromete su futuro como partido alfa de la derecha. A poco más de 200.000 votos de Ciudadanos, con ningún escaño en Euskadi y sólo 1 en Cataluña, su propia continuidad está comprometida. Obtiene la mitad del porcentaje de votos del 2016: pasa de tener 33% en la anterior cita electoral (año 2016) al actual 16,6%. Pierde 3.600.000 votos. Una hemorragia que parece imparable si no se da un gran viraje en su estrategia. Se equivocaron en pretender arrebatarle a la ultraderecha su discurso. Y, en elecciones, es mejor no olvidar que “siempre se elige el original y no la copia”.

4. El discurso duro programático de derechas “sin complejos” fue representado por Vox, y le arrebató dos millones y medio de votos (10%) al PP. Irrumpe en el parlamento con 24 escaños. Y son lo que son: los restos del franquismo sociológico que todavía perduran en la sociedad española. Aún es prematuro saber cuál será su futuro. Lo que es cierto es que la ultraderecha ya está presente en las instituciones, con gran fuerza, con voz y voto, aunque tampoco debemos sobrevalorarlo.

5. Ciudadanos sale bien parado de esta cita electoral, como tercera fuerza en votos (15,85%) y escaños, muy cerca del segundo (PP). Se sitúan con éxito como una derecha-liberal más moderna, y claramente muy españolista. Con su crecimiento, cada día está más próximo a disputar la hegemonía de la derecha.

5. Podemos aguanta. Se deja algo más de 320.000 votos y algunos escaños de lo que logró en 2016. Sufre una fuerte penalización de la ley electoral en la España vaciada. En el juego de las expectativas sale mejor parado de lo que le pronosticaban, y esta vez puede ser que con “menos sea más”, porque es la fuerza clave para conformar Gobierno.

6. La plurinacionalidad es una realidad que no se puede obviar. Las fuerzas nacionalistas, catalanas y vascas, salen muy reforzadas electoralmente. Si contamos las fuerzas con arraigo autonomista que serán clave para conformar Gobierno estaríamos ante la cuarta fuerza en el Congreso, con 48 diputados. En este terreno, dos claves de interpretación que marcarán el futuro: 1) Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) vence en la disputa por la hegemonía del independentismo a la derecha independentista de Puigdemont; 2) paradójicamente, en el escenario de mayor fuerza histórica del independentismo en el Congreso, el PSOE podría gobernar con la izquierda sin el independentismo catalán.

Todo parece indicar que asoma algo de estabilidad a la política española. Será difícil, incluso para el poderoso establishment político-mediático español, evitar un Gobierno a la portuguesa, con un PSOE que tendrá que contar con Unidas Podemos y alianzas puntuales con fuerzas autonomistas. Para los primeros, lo ideal sería un apoyo parlamentario estable; para los segundos, entrar en el Gobierno. Se abre un ciclo largo de negociación en el que el PSOE cuenta con la mejor mano de cartas, pero en política, como en el póker, eso no siempre es suficiente.

- Alfredo Serrano Mancilla y Sergio Pascual, Celag.

https://www.alainet.org/es/articulo/199568

Vamos al paro nacional del 25 de abril


Anarkismo
El gobierno Duque*
El gobierno de Iván Duque busca hacer aprobar su plan nacional de desarrollo para el periodo 2018-2022, el proyecto “Pacto por Colombia, pacto por la equidad” con la consigna de mayor legalidad, mayor emprendimiento, radicado desde el 6 de febrero en el Congreso. Este plan, que supone la proyección de las líneas estratégicas de la coalición uribista, conservadora y evangélica hoy en el gobierno, profundiza la política económica neoliberal que justamente ha reforzado la enorme desigualdad social en el país, sujetando las finanzas públicas al pago de la regla fiscal y la deuda externa, disminuye los aportes tributarios de los empresarios para socializarlos entre las consumidoras populares, establece facultades extraordinarias para un presidente autoritario y concentra funciones administrativas en instituciones fuertemente centralistas, descuida los recursos específicos para el proceso de paz, implica un recorte de subsidios a los servicios públicos de la población más empobrecida y aumento de las cotizaciones de seguridad social las trabajadoras independientes más precarizadas. 
El gobierno neoconservador se ve en la necesidad de continuar el ajuste económico que el especulador bancario y Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, director de la política económica del plan, viene impulsando desde el año pasado. Necesita también recuperar la iniciativa política tras su caída en las encuestas, el hundimiento en el Congreso de sus ilegales modificaciones a la JEP enmarcados en su política de destrucción paulatina del proceso de paz con las FARC, y la parcial derrota sufrida ante el movimiento estudiantil el año pasado y el movimiento indígena de forma más reciente. Su discurso de legalidad, supone la continuidad del programa uribista de consolidación democrática, y un apoyo abierto al liderazgo en la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez, abogado de Odebrecht y del grupo Sarmiento Angulo, cuestionado por su implicación en grandes casos de corrupción. 
Luchas actuales 
La convocatoria del paro del 25 de abril, ha sido organizada por la Coordinadora de Organizaciones Sociales (COS), antigua Coordinadora Sindical y Social, que ha intentado construir sobre la base de un pliego de exigencias a nivel nacional y distrital, una agenda de movilización abierta a la participación de diferentes sectores, con resultados modestos. La organización de esta articulación, tras el fracaso de organismos como la COMOSOCOL o las rutas por la paz, es una nota positiva del panorama de los movimientos populares a nivel nacional, aunque las formas de construcción siguen estando mediadas por el verticalismo y la burocratismo de la mayoría de organizaciones, por lo que la urgente tarea de construir la unidad real desde abajo sigue distante. 
Este 25 de abril, se desarrolla la huelga de docentes del sector público organizadas en FECODE tras el paro parcial del pasado 14 de febrero, y la convocatoria a los asalariadas del sistema judicial agremiadas en ASONAL Judicial, que retoman su lucha contra los decretos de la mal llamada descongestión judicial, cuyo última gran movilización viene de noviembre del año pasado. Además se esperan movilizaciones de los sectores barriales descontentos en Bogotá por la fallida política de la administración Peñalosa y de las estudiantes universitarias que buscan reorganizarse tras su movimiento anterior, amén de otros posibles sectores que puedan sumarse a la convocatoria. 
El paro se da en medio de la movilización de las obreras de la USO de la industria del petróleo ante los proyectos gubernamentales de privatización de Ecopetrol y la protesta más recientes de las trabajadoras de la EPS Sanitas, el fortalecimiento del movimiento de mujeres como lo muestra la importante movilización del 8 de marzo y reactivación de la actividad de las disidencias contra los actos de odio y exclusión, tras los hechos del centro comercial Andino. Su convocatoria se da en un año movido por la protesta en defensa de los acuerdos de paz y contra el asesinato de las líderes sociales, la reivindicación de las organizaciones populares de la región Caribe en febrero por malos servicios públicos y sobre todo el desarrollo el pasado mes, de la Minga de Resistencia Social en el Cauca y otras zonas del sur occidente. Su antecedente más inmediato y significativo es el inmenso paro nacional universitario liderado por la UNEES en octubre-noviembre del año pasado. De ese movimiento, saldrán un conjunto de acciones colectivas que incluyen nuevas jornadas de movilización, el campamento humanitario de lideresas sociales amenazadas y el refuerzo a la convocatoria de un 1 de mayo. 
La tradición del paro cívico
El paro cívico nacional es una herramienta de protesta poderosa de la clase trabajadora, los sectores sociales y el pueblo, en la historia moderna del país. Así, hacemos presente importantes huelgas de masas en toda la geografía del Estado, que han tomado el nombre de paro cívico. Así se anota con la huelga general en 1945 en defensa de los pliegos sindicales de industria, en 1947 contra la política laboral divisionista del gobierno Ospina Pérez y ya en 1949 contra la dictadura conservadora. Unos años después, se da con gran despliegue el paro empresarial de 1957 que fuerza la caída de la dictadura de Rojas Pinilla y más adelante los paros nacionales de 1965, 1969 y 1971 contra la inflación, la represión y la política laboral autoritaria de los gobiernos frente nacionalistas. 
A partir de este periodo se desarrollan importante protestas cívicas en pueblos y ciudades intermedias regados por toda la geografía nacional, desde Mesitas hasta Pasto, Medellín y Barrancabermeja. Un nuevo salto supuso el paro cívico nacional del 14 de septiembre de 1977, la protesta obrera y popular más grande de la segunda mitad del siglo XX, contra la política social del gobierno de López Michelsen. Son también valiosos los desarrollos del segundo paro cívico del 21 de octubre de 1981 contra el represivo gobierno de Turbay Ayala y el tercer paro del 20 de junio de 1985 contra la política laboral de Belisario Betancur. Más adelante se registran en contra el gobierno neoliberal de Virgilio Barco, los paros regionales campesinos de 1987 en el nororiente en defensa de los derechos humanos, las huelgas generales de 1988 contra el asesinato de líderes obreros en Urabá y en 1990 contra las políticas de estado de sitio y privatización de Cesar Gaviria. 
Grandes paros urbanos también han impactado Bogotá, como lo muestran los movimientos de Suba en 1988 y Ciudad Bolívar en 1993. De forma más reciente tenemos el paro cívico nacional contra el plan de desarrollo del gobierno de Andrés Pastrana en 1999, las protestas de 2002, 2004 y 2006 contra las reformas laborales y pensionales de Uribe Vélez. Así mismo registramos los movimientos fracasados del 12 de octubre de 2012, así como los movimientos limitados de apoyo general al segundo y tercer paro agrario nacional de 2014 y 2015. En el último ciclo de protestas tenemos el intento de paro nacional del 17 de marzo de 2017, el pequeño movimiento del paro del sur de Bogotá el 27 de septiembre ese mismo año contra la ampliación del relleno sanitario doña Juana, y la protesta del 28 de noviembre del año pasado, jalonada por las estudiantes universitarias. 
Los paros entonces pueden ser orientados por diferentes fuerzas políticas y sociales, tener éxito o fracasar, y contar con diferentes grados de adhesión regional o sectorial. En relación con sus antecedentes generales es claro que el actual es un movimiento pequeño y localizado en términos sectoriales. Sin embargo, el 25 de abril puede suponer una superación de las protestas inmediatas anteriores en términos de su actividad y despliegue. Justamente a esto lo apostamos. 
Perspectivas sobre el actual movimiento
Como proponíamos ya 2013, sigue siendo fundamental organizar un paro unitario del campo y la ciudad, que junta la potencia los movimientos sociales del mundo rural y urbano, paralizando no solo las carreteras, sino el proceso general de producción y circulación de la economía toda. Sin embargo, es claro que la organización de la clase trabajadora y los sectores populares urbanos es notablemente más débil, que la de la población agraria de zonas de colonización campesina como el Catatumbo o de regiones de mayoría indígena como el norte del Cauca, que cuentan con el movimiento social más fuerte del país. 
A sí mismo creemos, sosteniendo nuestra línea anterior, que es importante incorporar el paro de 1977 a nuestro acervo de experiencias colectivas. Esto implica no solo comprender el contexto y el desarrollo del movimiento, sino también sus características originales, aquello que lo puede asemejar o diferenciar de nuestro presente. Más que replicar con exactitud el gran movimiento anterior, circunstancia por lo demás imposible e indeseable, debemos analizar las líneas gruesas que llevaron al éxito de la convocatoria y a la protesta colectiva y organizada a millones de personas. 
La apelación al paro cívico nacional como mecanismo de protesta sigue siendo importante, pero debemos superar el vaciamiento político y programático que ha sufrido este concepto, poniendo en perspectiva la necesidad criticar las construcciones puramente formales y rituales por arriba y fortalecer el trabajo social, amplio y constante con los diferentes sectores sociales, discutir y elaborar los pliegos de exigencias y los programas de acción desde la base, proponiendo alternativas de acción que interpelen y alimenten el descontento popular. 
En conclusión apostamos en centros de trabajo, barrios, universidades y otros espacios sociales, por el paro activo y total de las actividades, por su discusión informada entre los diferentes sectores sociales, por decidir la participación común en deliberaciones y asambleas de base, por su preparación colectiva y desde abajo. Apostamos por un paro con movilización masiva, agitación extensa y elaboración programática. Apostamos un paro que sea un eslabón que se conecte y alimente un ciclo de múltiples luchas más largas, protagonizadas por sectores obreros, campesinos, vecinales, de mujeres, disidencias sexuales y ecologistas. 
Vamos entonces al paro del 25 de abril, a protestar en la calle contra el gobierno Duque y a fortalecer la organización, la resistencia y la lucha popular. 
¡A parar para avanzar, vamos al paro nacional!
¡Arriba las que luchan!
*Escribimos intencionalmente en femenino, refiriéndonos al término incluyente de personas. 

lunes, 29 de abril de 2019

El tema migratorio se ha salido de control en México y CA: académico

Ya no hay puertas abiertas

Preocupa a colectivo que se condicione la detención para regularizar o atender una solicitud de refugio

En sólo unos meses la política migratoria del gobierno mexicano pasó de ser de puertas abiertas, casi de libre tránsito de los flujos de personas, a una ejercida con mucha mayor cautela, donde se han pausado los trámites y permisos migratorios, aseguró David García Contreras, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Estimó que esta postura se debe esencialmente a la oleada de caravanas migratorias que se prevé no dejen se sucederse en los próximos meses y quizás años, no sólo de centroamericanos, sino también de otras nacionalidades, como es el caso reciente de personas procedentes de Haití, Cuba y naciones africanas como Angola, Camerún y Congo.
Con una visión similar, el colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sur Mexicano –formado por una docena de organizaciones civiles, nacionales y extranjeras– alertó sobre el número de operativos de detención que se han puesto en marcha en las últimas semanas, en los que se encuentran presentes agentes de migración, policías federales, municipales y estatales, lo que habla de una lógica de criminalizar la migración.
Nos vuelve a preocupar el hecho de que se condicione la detención migratoria para acceder a alguna forma de regularización o solicitud de refugio, a la asistencia humanitaria, y que sea parte del ciclo de detención y deportación sistemática sin tomar en cuenta las necesidades de protección y garantía de derechos, particularmente de niños, niñas y adolescentes, señaló el colectivo en su más reciente vigilancia sobre la situación que prevalece, principalmente en Chiapas.
En entrevista, el académico de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón y especialista en relaciones internacionales, consideró que el tema migratorio se ha salido de control, tanto de las naciones de Centroamérica como de México, sobre todo de aquellos países de origen como Honduras, Guatemala y El Salvador, que han visto cómo oleadas de migrantes cruzan sus fronteras y todo lo que ello significa respecto de la presión internacional que han recibido para tratar infructuosamente de limitar dichos flujos.
En entrevista, García Contreras se refirió también no sólo al cambio que se ha dado en la posición y quehacer del gobierno y autoridades mexicanas, que en las últimas semanas, por ejemplo, ha dilatado los procesos migratorios para otorgar a los solicitantes los permisos correspondientes, entre otros, para transitar por territorio nacional y de forma segura poder llegar a la frontera con Estados Unidos e intentar cruzar a ese país.
No obstante, también advirtió que ya se observa cierto cambio en algunos sectores de la sociedad mexicana sobre este tema, quienes ya no ven con tanta simpatía la llegada de un mayor flujo migratorio al país.
Señaló que se trata de un asunto sumamente complejo, el cual estará presente de manera importante en los próximos años en la agenda de todos los países de Centroamérica, México y Estados Unidos, con una enorme carga político-electoral.

Periódico La Jornada

Assange demanda a periodista español por extorsión


Madrid. Abogados de Julian Assange presentaron una demanda ante la Audiencia Nacional de España contra el periodista José María Santos y tres expertos en informática por una supuesta extorsión contra el fundador del portal Wikileaks, quien fue víctima de espionaje cuando estuvo refugiado en la embajada de Ecuador en Londres, informó este sábado una fuente de la defensa del analista y la prensa local.
La fuente anónima agregó que la demanda se extiende a funcionarios de la legación y del ministerio de exteriores ecuatoriano que puedan ser responsables. Además, se acusa a elementos la compañía de seguridad Promsecurity, empleados en la embajada desde que Lenín Moreno llegó en 2017 a la presidencia de Ecuador, según el diario El País.
La querella apunta a los delitos de organización criminal, extorsión en territorio español, delito contra la intimidad, el honor y contra la confidencialidad entre abogado y cliente.
Según la demanda, una cuenta de Twitter, con nombre falso, pero número telefónico y correo electrónico reales, ofreció documentación de Assange obtenida en la embajada, donde se refugió desde 2012 para evitar ser extraditado a Suecia por supuestos delitos de agresión sexual.
Agrega que Kristinn Hrafnsson, editor en jefe de Wikileaks, se puso en contacto y días después recibió un correo, firmado por Pepe, con el mensaje: Tenemos ésto y mucho más, aparte audios muy importantes (comprometedores). El precio es de 3 millones de euros, o empezaremos a publicarlos.
La demanda añade que Hrafnsson viajó a Madrid para reunirse con Pepe y tres de sus técnicos los pasados 2 y 3 de abril.
Parte de los videos, obtenidos por los diarios españoles El Mundo y El País muestran a Assange haciendo ejercicio mientras cocina en un diminuto cuarto. Alguien, fuera de cuadro, le dice que el presidente Moreno ya pactó su entrega. En otro aparece jugando con su gato.
El editor vio una lista de 103 ficheros encriptados con información de Assange, como las comunicaciones con su abogado Baltasar Garzón , los paquetes que recibía y las citas con sus médicos.
Hrafnsson levantó la denuncia y reconoció como Pepe a José Santos en un álbum de sospechosos que le mostró la policía española. Identificó a los otros tres sujetos al ver el organigrama de la empresa Agencia 6, dirigida por el comunicador, que reveló el material grabado ilegalmente de Assange, al no obtener pago de Hrafnsson.
Lenín Moreno afirmó al diario británico The Guardian que Assange trató de instalar un centro de espionaje en la legación, y por eso le retiró el asilo diplomático y expulsó de su embajada al periodista el pasado 11 de abril.

Periódico La Jornada

Se cimbran las placas tectónicas de Asia: Kim en Rusia y Cumbre de Ruta de la Seda en Pekín

Bajo la lupa

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▲ El presidente ruso, Vladimir Putin, a la derecha, brinda con el líder de Norcorea, Kim Jong Un, después de sus conversaciones en Vladivostok, Rusia.Foto Ap
El zar Vlady Putin y el mandarín Xi cimbraron las placas tectónicas del norte de Asia que ponen en riesgo la geoestrategia de Estados Unidos (EU) del siglo XX e inicios del XXI, basada en el axioma del británico Halford Mackinder (https://bit.ly/2eREfAf), retomado por Brzezinski (https://amzn.to/2vplQ62).
El zar ruso hizo valer que ostenta 18 kilómetros de frontera con Norcorea y recibió en el puerto ruso de Vladivostok al mandatario Kim Jong Un, después de sus dos fracasos con el supuesto gran negociador Trump en Singapur y Hanoi, debido a la intransigencia de dos marionetas del casinero israelí Sheldon Adelson (https://bit.ly/2DCVqST): el evangelista sionista Mike Pompeo, ex director de la CIA y hoy mediocre secretario de Estado, y el neoconservador John Bolton, pugnaz asesor de Seguridad Nacional.
Después de haber negociado durante cuatro horas (sic) con el zar ruso, Kim pone a la defensiva a Trump y se da el lujo de colocar un veto (sic) a la presencia de Mike Pompeo en caso de la reanudación de las negociaciones.
El movimiento de ajedrez de Putin se reflejó en el tuit de Trump quien agradeció su intervención cuando el fracaso de sus negociaciones puede ser explotado en la elección presidencial de 2020 (https://nyti.ms/2UFBFzX).
La prensa iraní –que hay que leer ahora más que nunca debido a las filtraciones que quizá le transmiten desde Moscú y Pekín– destaca que el juvenil Kim arremetió contra EU por su mala fe en las charlas de Hanoi (https://bit.ly/2Vthf1E).
El primer encuentro entre el zar y el juvenil Kim tendrá muchas reverberaciones telúricas que se reflejarán en el noreste asiático.
Inmediatamente después de la cumbre de Vladivostok, el zar ruso asistió a la segunda Cumbre de la Ruta de la Seda en Pekín con la presencia de alrededor 30 dignatarios del mundo.
Putin fue la gran estrella en Pekín donde se le entregó el doctorado honoris causa de la Universidad Tsinghua, previo a una cumbre bilateral con el mandarín Xi, lo cual es interpretado por Lee Jeong-ho, del portal SCMP de Hong Kong, como el apoyo de Putin a la Ruta de la Seda de Xi frente a la hostilidad de EU (https://bit.ly/2J1QkmL).
Más se alejan Rusia y China de EU, por diferentes motivos, y más se acercan el zar y el mandarín, quienes se catalogan como buenos amigos. Ambos hicieron votos para construir la gran integración económica de Eurasia en medio de las crecientes rivalidades económica y militar con EU.
Al zar ruso, dotado de sus letales armas hipersónicas, se le vio más suelto y firme que nunca en su sutil crítica al unilateralismo de EU: las crecientes tendencias al proteccionismo, las sanciones ilegítimas (sic) impuestas que eluden al Consejo de Seguridad de la ONU y aún las guerras comerciales, ralentizan la economía mundial y crean nuevos conflictos).
Cabe señalar que la integración euroasiática de China y Rusia es el antídoto de los axiomas Mckinder/Brzezinski cuyo objetivo era impedir la conectividad entre Rusia y Alemania –que dio pie a la gestación de la hoy disfuncional OTAN–, así como la dislocación –en la fase de Carter a Obama, pasando por los Bush y los Clinton–, de cualquier amago de acercamiento entre Rusia y China.
Días antes de la segunda Cumbre de la Ruta de la Seda, el ministro del Exterior de España, Josep Borrell, juzgó que China, mediante su esquema de infraestructura y su comercio global demuestra que ya es una potencia global (https://bit.ly/2Po50h8). ¡Cómo que le urge a España integrarse a la Ruta de la Seda en imitación a Italia!
La creación de un eje Rusia/China/Alemania quizá marque el fin de la hegemonía unipolar de EU.
Visto en el túnel del tiempo, EU no pudo aniquilar (literal) a Rusia: el verdadero pivote euroasiático.
La parusía militar hipersónica de Moscú, que resucitó del cementerio geoestratégico, opera ahora su invaluable conectividad con China que, curiosamente, empieza a seducir a la Unión Europea (https://bit.ly/2unQnkr).
No hay Ruta de la Seda que valga sin la protección de las armas hipersónicas rusas.
Twitter: @AlfredoJalifeR_
Facebook: AlfredoJalife

Más de 200 organizaciones denuncian la demanda multimillonaria de una empresa minera estadounidense contra Guatemala

Movimiento M4

27 organizaciones y redes guatemaltecas e internacionales firmaron la carta que fue entregada hoy a instancias del Gobierno guatemalteco y la embajada de los Estados Unidos en Guatemala. En ella se denuncia la demanda de US$300 millones de dólares de la empresa minera estadounidense Kappes, Cassiday & Associates (KCA) en contra del estado centroamericano por ser un intento descarado de socavar la voluntad de las comunidades afectadas por su proyecto así como la decisión de las cortes en Guatemala. La empresa presentó su demanda en diciembre de 2018 ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por supuestas violaciones al Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA).
Miembros de la resistencia pacífica "La Puya" presentaron la carta a representantes del Gobierno durante una cita en el Congreso, incluyendo representantes de los Ministerios de Energía y Minas, de Ambiente y Recursos Naturales, y de Economía, además del Procurador de los Derechos Humanos, entre otros.
Las organizaciones firmantes constatan que la demanda “representa un nuevo ataque al sistema judicial de Guatemala”. Señalando un aumento de presión sobre la Corte Constitucional por parte del Presidente Jimmy Morales por decisiones judiciales tomadas en torno a proyectos mineros, además de su intención de frenar investigaciones sobre corrupción en los altos niveles del Gobierno.
“Nos preocupa que con esta demanda, KCA intenta presionar a las autoridades en Guatemala para lograr un arreglo y desestimar los múltiples problemas judiciales y la oposición social que le han prevenido operar su mina de oro Progreso VII Derivada. Esto sería otro claro ejemplo del ‘efecto escalofriante’ de las políticas regulatorias que tratados como el DR-CAFTA conllevan”, dijo Manuel Pérez-Rocha del Institute for Policy Studies de Washington D.C.
La suspensión de la mina de KCA fue ordenada por la Corte Suprema de Justicia en Guatemala en el 2016 por falta de consulta previa con las comunidades indígenas de los municipios de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo, al norte de la ciudad de Guatemala. Dicha suspensión sigue vigente, mientras que la decisión final de la Corte Constitucional está pendiente.
Sin embargo, aún y cuando la Suprema Corte ordenó la suspensión, la empresa siguió operando la mina. A consecuencia de ello, el propietario Daniel Kappes y el representante legal de la compañía también se encuentran bajo investigación penal en Guatemala por el delito de explotación ilegal de recursos naturales. Además, la empresa fue condenada por haber operado sin licencia de construcción.
“El proyecto de KCA está plagado de ilegalidades y aún así los dueños se sienten libres para entablar un arbitraje en contra de Guatemala. Este tipo de chantaje, el cual busca socavar las decisiones de la Corte, así como la resistencia pacífica y los derechos de las comunidades no se debería permitir. Desgraciadamente, ya hemos visto antes que se utilice este tipo de arbitraje por las mismas razones”, dijo Carla García Zendejas del Centro de Derecho Ambiental Internacional (CIEL por sus siglas en inglés).
En marzo de este año, la resistencia pacífica "La Puya" celebró siete años de mantener un plantón las 24 horas al día, los 7 días de la semana afuera de la entrada de la mina. La oposición se ha centrado en los posibles impactos de la mina en el agua y el ecosistema de esta zona seca, la cual pone en perjuicio la salud pública y el ambiente. Por su lucha persistente, miembros de la resistencia han sufrido intimidaciones, amenazas y criminalización, además del intento de asesinato de un miembro del grupo en junio de 2012. Desde que KCA presentó su demanda surgieron preocupaciones por la militarización de la zona, además de nuevas amenazas y actos de intimidación en contra de miembros de la resistencia. El Gobierno guatemalteco ha fichado a la resistencia pacífica ‘La Puya’ por estar en contra del desarrollo, acusando a las comunidades de ser las responsables de la demanda multimillonaria.
“La demanda de KCA es un ejemplo actual de colonialismo empresarial. Un miembro del elite de interés extranjero espera beneficiarse a costa del pueblo y del planeta empleando la violencia junto con maniobras legales y políticas”, comentó Laura Martin, Directora Ejecutiva de la Alianza de Liderazgo Progresista de Nevada (PLAN por sus siglas en inglés).
Los representantes de PLAN también entregaron la carta a la empresa en sus oficinas en la ciudad de Reno en el estado de Nevada este miércoles.
En solidaridad con "La Puya" y los residentes de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo, las 227 organizaciones hacen un llamado a KCA y al Gobierno guatemalteco para que se abstenga de intimidar a los jueces de la Corte Constitucional, y se permita no solo la independencia del proceso judicial, sino la toma de decisiones conforme a derecho. Al respecto, exigen que la empresa KCA desista de su demanda.

Turbulencias en medio de la crisis

Nadie cree en las medidas que toma el Gobierno
La Arena

Entre un control de precios que nació desinflado, una imagen presidencial en picada y un establishment que aúpa a Vidal, la economía cruje fuerte otra vez.

Las medidas de emergencia tomadas en el marco del también programa de emergencia acordado con el FMI fueron el centro de todos los debates y cambio de opiniones de estos días. Medidas que no están destinadas a controlar la inflación -que en marzo pegó un brinco más que alarmante- sino apenas a morigerar su impacto, complementadas por retraso en los aumentos tarifarios y planes de crédito que solo harán incrementar el nivel de endeudamiento de los más necesitados. Medidas, hay que reconocerlo, en las que nadie cree, o en las que nadie apuesta por su efectividad aunque desearían que las tengan.

La mayoría del empresariado acepta pero no comparte estas medidas. Las ven como un regreso al intervencionismo estatal, una restricción a la economía de mercado y la libertad de comercio. Para más el Gobierno por un DNU impuso reformas a la Ley de Lealtad Comercial (de tiempos de la dictadura) que establecen mayores controles en el comercio, penalidades económicas y diversas sanciones. Todo para garantizar el «acuerdo de caballeros» pero en contra del relato oficial.
Por necesidad
Los consumidores desconfían del congelamiento, precios fijos o como se los quiera llamar, en el que ven una suerte de trampa. Porque este congelamiento fue precedido de aumentos de precios en los productos ahora llamados esenciales, y el Gobierno convalidó esos aumentos. Al mismo tiempo saben que se mantiene el programa de precios cuidados, pero que este vence en mayo y habrá nuevos aumentos para los más de 500 productos, que lo componen, excluidos los esenciales.
Una mirada más profunda permitiría ver una maniobra del Gobierno (con acuerdo del empresariado) para adelantar la inflación. Que resulte más fuerte ahora y más suave en los meses previos a las elecciones. En síntesis no lo hacen por convicción sino por necesidad, no pensando en los consumidores y los más necesitados, sino en la caída de las encuestas y en los votantes.
Los rumores se sustentan en la fragilidad de la situación económica pero fueron disparados por los resultados de una inesperada encuesta -se dice que de la encuestadora preferida de la Casa Rosada- que da como ganadora en segunda vuelta a CFK por un holgado margen de nueve puntos. Otras indagaciones del momento también dan ganadora a la expresidenta pero por márgenes menores. El rumor no se hizo esperar, Mauricio Macri se bajaba de su candidatura para dar lugar al Plan V, esto es María Eugenia Vidal candidata presidencial por Cambiemos. Ya pasó otras veces en los últimos meses, pero esta vez fue tan fuerte que no bien regresó de sus cortas vacaciones pascuenses el presidente convocó a los empresarios que ingresaron al programa de precios congelados para ajustar detalles y comprometerlos en su cumplimiento pero también para confirmarles, una vez más, que era candidato, que no se bajaba y comentarles una nueva encuesta que arroja resultados similares a los del 2015, cuando resultó electo.
Incapacidad
Tanto las encuestas como los focus groups dan cuenta que la principal causa de la caída en la intención de voto de Macri (y su contrapartida, el ascenso de CFK) es la ausencia de un liderazgo fuerte a tono con la crisis y la manifiesta incapacidad de gestión del equipo de Gobierno, que no puede recuperar la economía, que no logra controlar la inflación, que cada tanto el dólar se le escapa…
En el establishment preocupa que, según resulte la compulsa de las PASO, una nueva corrida cambiaria termine desmadrando todo, además temen que un éxito electoral del kirschnerismo dé por tierra con las reformas pro-mercado impulsadas por el Gobierno. Así las cosas el sector que aglutina a la banca, las petroleras, las empresas de servicios públicos privatizados, los exportadores de servicios y el sector más concentrado de la agroindustria se debaten entre sostener la continuidad de Macri o la alternativa del Plan V. Esto quedó registrado en la forma que más de 350 empresarios recibieron alborozados a Vidal en la cena del Cicyp este martes. Allí la gobernadora tuvo que reafirmar que no será candidata a la presidencia. Mientras tanto los grandes industriales, el comercio, la patria contratista, los sindicatos tradicionales ven en la figura de Roberto Lavagna la posibilidad de una candidatura que amalgame un programa más industrialista, más mercado internista que pueda contener las demandas sociales y lograr consenso para las reformas que el capital necesita, incluso se especula con una interna Lavagna-Vidal. Todos perciben que el impulso de Macri está agotado, por el contrario Vidal-Lavagna todavía pueden vender futuro. De todas maneras todo está atado al dólar y se definirá en los próximos dos meses.
Imagen en picada
Son estas variantes sustentadas en que la imagen presidencial se derrumba al ritmo de la inflación y el riesgo país, las que empujan los debates al interior de Cambiemos, especialmente en la UCR, que también se filtran en Alternativa Federal mientras que CFK crece en las encuestas sin ser todavía candidata.
Más allá de estas especulaciones y alquimias políticas la crisis sigue su curso. La caída de la economía no se detiene, el riego país volvió a subir y bate récords; el índice de precios mayoristas dado a conocer esta semana indica que la inflación no cederá en el corto plazo, mientras la desocupación va en ascenso. Ninguno de los candidatos o precandidatos arriesga a decir cómo resolverá la crisis, por ahora solo importan los votos, luego se verá. La desconfianza de los mercados se generaliza.
El destino de los argentinos no parece que caerá en buenas manos.
Eduardo Lucita. Integrante del colectivo EDI (Economistas de Izquierda).

OEA, quien paga manda


La obsesión de Estados Unidos por controlar toda América Latina y el Caribe ha sido una constante desde mucho antes de que se fundara el 30 de abril de 1948 la Organización de Estados Americanos (OEA). 
Las raíces de la organización hemisférica están profundamente ligadas a las de Estados Unidos ya que fue creada para servir a los intereses hegemónicos de la “potencia colonial” en la búsqueda de dominar a los países de Nuestra América. Sus antecedentes son el llamado Destino Manifiesto y la Doctrina Monroe.
Desde las trece colonias hasta el siglo XXI, el Destino Manifiesto ha mantenido la convicción de que Dios eligió a Estados Unidos para ser una potencia política y económica, una "nación superior" y así se fue adueñando de territorios con diferentes artimañas o guerras.
La expresión fue expuesta por primera vez en 1845, por el periodista John L. O'Sullivan quien escribió en la revista Democratic Review de Nueva York: "El cumplimiento de nuestro destino manifiesto es extendernos por todo el continente que nos ha sido asignado por la Providencia, para el desarrollo del gran experimento de libertad y autogobierno..."
El enunciado fue adoptado por el entonces presidente James Knox Polk, impulsor de la guerra contra México en 1846-48, para anexar a Estados Unidos más de la mitad del territorio Mexicano.
La Doctrina Monroe (América para los americanos o mejor dicho para los norteamericanos) fue elaborada por el sexto presidente John Quince Adams en 1823 y anunciada con anterioridad por el quinto presidente James Monroe, dirigida principalmente a las potencias europeas con la intención de que Estados Unidos no toleraría ninguna interferencia o intromisión de las potencias europeas en América.
Su implementación hacia la región se desbocó a finales de 1889 al convocar el vigésimo tercer presidente Benjamín Harrison a la Primera Conferencia Panamericana.
De entonces a la fecha se sucedieron ocho conferencias similares, tres reuniones de consulta y varias reuniones sobre temas especiales, estableciéndose así el avance de la penetración económica, política y militar de los Estados Unidos en América Latina.
En aras de esa Doctrina, Estados Unidos ha intervenido más de un centenar de ocasiones en las naciones latinoamericanas o ha propiciado golpes de estado contra gobiernos progresistas y hasta atentados y asesinatos contra líderes nacionalistas en la región.
La OEA, con diseño y reglas confeccionadas por Estados Unidos vino a redondear la política de control que Washington ha mantenido por más de un siglo sobre América Latina.
Como reafirma un viejo refrán, el que paga manda, y la organización se confeccionó a la medida de los intereses del gigante del norte.
Por tanto, las ataduras para toda la región se vieron reforzadas porque el principal financista ha sido Estados Unidos que según datos oficiales aporta casi el 60 % del presupuesto y tiene los votos a favor para imponer sus directrices. Otro 30 % corre a cargo de sus socios menores, Canadá, Brasil y México, mientras los restantes 30 miembros lo hacen en conjunto para un 10 %.
Un ejemplo reciente fue cuando en marzo de este año, el secretario de Estado, Mike Pompeo, anunció en rueda de prensa que su país reduciría su aporte a la organización para las campañas a favor del aborto y enfatizó que “las instituciones de la OEA deberían estar concentradas a encarar las “crisis de Nicaragua, Cuba y Venezuela”.
Otro dato de esta realidad es que el 80 % del presupuesto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la OEA lo entrega Washington, y de ahí que éste refleje las prioridades políticas e intereses de La Casa Blanca.
Al aportar el mayor financiamiento, Estados Unidos también ha impuesto siempre al candidato que ocupará la presidencia de la organización, después de que sus servicios de inteligencia analizaran la idiosincrasia y posición política de los candidatos.
Ahora la obsesión de Estados Unidos es derrocar a los legítimos gobiernos de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia y para esos fines, además de fuertes campañas de desinformación, utiliza a su principal maquinaria para la región: la OEA dirigida por el funesto Luís Almagro.
Pero recordemos que otro adagio asegura que no hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista.
Hedelberto López Blanch, periodista, escritor e investigador cubano.   

Populismo, anexionismo, mesianismo

Weekly Worker

Traducido del inglés para Rebelión por J. M.


Moshé Machover observa el crecimiento y el papel cada vez más influyente de los fanáticos religiosos